Christian Ramírez Domínguez y Otros.
Expediente 923/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 923/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/10/2021
Partes del expediente
- Christian Ramírez Domínguez
- Christian Ramírez Domínguez y Otros.
Actuaciones
- Principal
AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL COMUNICADO MEDIANTE EL CUAL EL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TENANGO DE VALLE, MÉXICO, REMITE LA NOTIFICACIÓN REALIZADA A ., EL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL ACUERDO DE VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, DERIVADA DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. DE LO ANTERIOR, SE TOMA CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. INTÉGRESE A LOS AUTOS LA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA DE QUIENES SUSCRIBEN EL PRESENTE ACUERDO.
- Principal
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, A VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. DE LA CERTIFICACIÓN PRECEDENTE, SE ADVIERTE QUE DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO, LA PARTE PROMOVENTE NO INTERPUSO EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY MENCIONADA, CONTRA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, POR EL CUAL, SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; POR TANTO, CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES 288, 355 Y 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE LA MATERIA EN TÉRMINOS DE SU ORDINAL 2°, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. AHORA, EL ESTADO PROCESAL DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO EVIDENCIA QUE NO EXISTE MÁS POR CUMPLIMENTAR; EN CONSECUENCIA, SE DECLARA PROCEDENTE REMITIRLO AL ARCHIVO DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO; ASIMISMO, HÁGANSE LAS ANOTACIONES RESPECTIVAS EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. EN TÉRMINOS DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, DE DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, SE HACE LA INDICACIÓN QUE: 1. ESTE ASUNTO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, ARTÍCULO 21, FRACCIÓN D), DEL REFERIDO ACUERDO. 2. A CONSIDERACIÓN DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL PRESENTE SUMARIO CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; ADEMÁS, NO ENCUADRA EN SUPUESTO ALGUNO DE LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 15 DE DICHO ACUERDO. AHORA BIEN, SE HACE LA PRECISIÓN QUE NO EXISTEN DOCUMENTOS ORIGINALES EXHIBIDOS POR LA PARTE PROMOVENTE DE LOS REFERIDOS EN EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XVIII, DEL ACUERDO DE REFERENCIA. SE COMUNICA AL PROMOVENTE QUE DE CONFORMIDAD EN EL ARTÍCULO 21 DEL REFERIDO ACUERDO, EL PRESENTE EXPEDIENTE, PERMANECERÁ EN EL ARCHIVO DE ESTE JUZGADO FEDERAL DURANTE EL PLAZO DE TRES AÑOS, YA QUE DESPUÉS DE ESTE LAPSO, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES, PROCEDERÁ LA DESTRUCCIÓN DEL MISMO, Y SE REMITIRÁ EL ACTA DE BAJA DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN ATENDIENDO A LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19, SE REQUIERE AL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TENANGO DEL VALLE EN EL ESTADO DE MÉXICO, QUE POR SU CONDUCTO REALICE LA NOTIFICACIÓN AL PROMOVENTE ***, DEL PRESENTE ACUERDO, DEBIENDO REMITIR A ESTE JUZGADO FEDERAL LA CONSTANCIA CORRESPONDIENTE EN LA CUAL OBRE LA FECHA, EL NOMBRE Y LA FIRMA DE RECIBIDO POR PARTE DE LOS QUEJOSOS. CONSTANCIA, QUE DEBERÁ ENVIAR DE INMEDIATO AL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL ***, Y CONFIRMAR CON EL SECRETARIO ENCARGADO DEL CORREO INSTITUCIONAL. APERCIBIDA QUE DE SER OMISA, CON FUNDAMENTO EN LOS PRECEPTOS 237, FRACCIÓN I, Y 259 DE LA LEY DE AMPARO, CON RELACIÓN AL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, VIGENTE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE, POR EL QUE SE DECLARARON REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO, SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA POR EQUIVALENTE A CINCUENTA UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, SIN PERJUICIO DE NOTIFICAR A SU SUPERIOR JERÁRQUICO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. INTÉGRESE A LOS AUTOS LA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA DE QUIENES SUSCRIBEN EL PRESENTE ACUERDO.
- Principal
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, A OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL COMUNICADO MEDIANTE EL CUAL EL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TENANGO DE VALLE, MÉXICO, REMITE LA NOTIFICACIÓN REALIZADA A ***, EL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DERIVADA DEL PRESENTE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN E INFORMA QUE NO ENCONTRÓ REGISTRO O ANTECEDENTE ALGUNO EN LOS ARCHIVOS QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LA SECRETARIA GENERAL DE ESE CENTRO PENITENCIARIO, A NOMBRE DE ***. DE LO ANTERIOR, SE TOMA CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. AHORA, RESPECTO DEL PROMOVENTE ***, NOTIFÍQUESE POR LISTA EL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y EL PRESENTE PROVEÍDO, ASÍ COMO LOS SUBSECUENTES. INTÉGRESE A LOS AUTOS LA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA DE QUIENES SUSCRIBEN EL PRESENTE ACUERDO. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, SE NOTIFICA AL PROMOVENTE EL AUTO DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, EN EL QUE SE ACORDÓ EN LO CONDUCENTE: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, A VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. VISTO EL ESCRITO DE DEMANDA PRESENTADO POR ***, DEFENSOR PARTICULAR DE LOS SENTENCIADOS ***, CONTRA EL ACTO DEL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y OTRAS AUTORIDADES, POR VIOLACIÓN A LOS SUS DERECHOS FUNDAMENTALES PREVISTOS EN LOS ARTÍCULO 14, 16 Y 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CONSISTENTE EN LA ORDEN DE TRASLADO DE LOS QUEJOSOS, A DIVERSO CENTRO PENITENCIARIO. RAZÓN POR LA CUAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DE AMPARO, SE ORDENA FORMAR EXPEDIENTE Y REGÍSTRESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE ESTE JUZGADO BAJO EL NÚMERO 923/2021-II-A. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA ATENDIENDO LO ANTERIOR, EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA, ESTABLECE QUE EL JUEZ DE DISTRITO EXAMINARÁ LA DEMANDA Y SI EXISTIERA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA LA DESECHARÁ DE PLANO, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: . EN RELACIÓN CON LO REFERIDO, DIVERSOS TRIBUNALES DE LA FEDERACIÓN SE HAN PRONUNCIADO EN EL SENTIDO DE QUE LO MANIFIESTO SE DA CUANDO EL MOTIVO DE IMPROCEDENCIA SE ADVIERTE EN FORMA PATENTE Y CLARA DE LA LECTURA DE LA DEMANDA; EN TANTO QUE LO INDUDABLE RESULTA DE QUE SE TENGA LA CERTIDUMBRE Y PLENA CONVICCIÓN QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE QUE SE TRATE ES OPERANTE EN EL CASO CONCRETO, DE MODO QUE, AUN EN EL SUPUESTO DE QUE SE ADMITIERA LA DEMANDA Y SE SUBSTANCIARA EL PROCEDIMIENTO, NO RESULTARÍA FACTIBLE FORMARSE UNA CONVICCIÓN DIVERSA, CON INDEPENDENCIA DE LOS ELEMENTOS QUE DE MANERA EVENTUAL PUDIERAN ALLEGAR LAS PARTES. EN OTRAS PALABRAS, EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DEBE SER CLARO, SIN LUGAR A DUDAS, EVIDENTE POR SÍ MISMO Y QUE SURJA SIN NINGÚN OBSTÁCULO A LA VISTA DEL JUZGADOR Y QUE NO PUEDA SER DESVIRTUADO POR NINGÚN MEDIO DE PRUEBA DURANTE EL JUICIO. . PRECISADO LO ANTERIOR, DEBE DECIRSE QUE EN EL CASO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE AMPARO, YA QUE PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, LA PARTE PROMOVENTE DEBIÓ AGOTAR CONTRA EL ACTO RECLAMADO EL RECURSO QUE PREVÉ LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, EN RAZÓN DE LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES. EL REFERIDO ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE AMPARO, ESTABLECE LO SIGUIENTE: . EL PRECEPTO LEGAL TRANSCRITO PREVÉ EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS, Y RADICA EN QUE EL JUICIO DE AMPARO SÓLO PROCEDE CONTRA ACTOS DEFINITIVOS, ENTENDIDOS COMO AQUÉLLOS CONTRA LOS CUALES NO PROCEDE JUICIO, RECURSO O MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA SUSCEPTIBLE DE NULIFICARLOS, REVOCARLOS O MODIFICARLOS. TAL PRINCIPIO ENCUENTRA SU JUSTIFICACIÓN EN EL HECHO DE QUE, AL SER EL JUICIO DE AMPARO UN MEDIO EXTRAORDINARIO DE DEFENSA CONSTITUCIONAL, LA PARTE QUEJOSA DEBE PREVIAMENTE ACUDIR A LAS INSTANCIAS QUE PUEDAN PRODUCIR LA INSUBSISTENCIA DEL ACTO DE AUTORIDAD QUE LE PRODUCE AFECTACIÓN, SALVO LOS CASOS DE EXCEPCIÓN PREVISTOS LEGAL Y JURISPRUDENCIALMENTE. EN EFECTO, LOS ARTÍCULOS 1, 2, 5, 9, 10, 30, 107 A 115, 117, FRACCIÓN I, 122, 124 Y 131 A 135 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVÉN LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SISTEMA PENITENCIARIO, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PENAL, EL CUAL CONTIENE, ENTRE OTROS, UN MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO "PETICIONES ADMINISTRATIVAS", A TRAVÉS DEL CUAL LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD PUEDEN RECLAMAR, SIN MAYORES FORMALISMOS, ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA O EL JUEZ RESPECTIVO, LOS DERECHOS ATINENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. ESTE MECANISMO DE CONTROL CONSTITUYE UN VERDADERO PROCEDIMIENTO CONFORMADO DE DIVERSAS ETAPAS, EL CUAL INICIA CON LA PRESENTACIÓN DE UNA PETICIÓN FORMULADA POR EL INTERNO ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA CORRESPONDIENTE, EN DONDE PUEDE OFRECER PRUEBAS O QUE LA AUTORIDAD LAS RECABE DE OFICIO; EN EL CASO DE QUE EL ACTO SEA URGENTE PUEDE SER SUSPENDIDO DE OFICIO Y DE INMEDIATO POR UN JUEZ DE EJECUCIÓN, O BIEN, QUE ÉSTE ORDENE LAS ACCIONES POSITIVAS NECESARIAS PARA QUE CESE, EN CASO DE CONSTITUIR UNA OMISIÓN; ASIMISMO, SE PREVÉ LA POSIBILIDAD DE QUE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD PENITENCIARIA RELACIONADAS CON LA PETICIÓN SEAN IMPUGNADAS A TRAVÉS DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES. EN ESA VIRTUD, EL CITADO MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL CONSTITUYE UN MEDIO DE DEFENSA SENCILLO, RÁPIDO Y EFICAZ POR MEDIO DEL CUAL LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PUEDE RECLAMAR LOS DERECHOS ATINENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, POR LO QUE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE AGOTAR DICHO MECANISMO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA POR LA LEY REFERIDA. LOS ARTÍCULOS 116, 117 Y 122 A 125 DE LA MENCIONADA LEY DISPONEN LO SIGUIENTE: . DE LO ANTERIOR, SE CONCLUYE QUE LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD PODRÁ FORMULAR SOLICITUD POR ESCRITO ANTE LA ADMINISTRACIÓN DEL JUZGADO DE EJECUCIÓN, PRECISARÁ EL NOMBRE DEL PROMOVENTE, DATOS DE LOCALIZACIÓN, EL RELATO DE SU INCONFORMIDAD, LOS MEDIOS DE PRUEBA EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL ACTO CUANDO CONSIDERE QUE SE TRATA DE CASO URGENTE Y LA FIRMA O HUELLA DIGITAL. EL JUEZ DE EJECUCIÓN, DEBERÁ RESOLVER EN UN PLAZO NO MAYOR A SETENTA Y DOS HORAS SOBRE DICHA CUESTIÓN CUANDO SE TRATA DE CUESTIONES URGENTES, Y EN UN PLAZO DE MÁXIMO DE DIEZ DÍAS, PREVIO PERIODO PROBATORIO, EN AUDIENCIA RESOLVERÁ LA CUESTIÓN EFECTIVAMENTE PLANTEADA. TRATÁNDOSE DE TRASLADOS, LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS A OBSERVAR, ASÍ COMO LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA CONOCER DE ELLOS. AL RESPECTO, EN LO QUE INTERESA, SE ESTABLECE: . DE LO ANTERIOR, SE DESPRENDE QUE CORRESPONDE AL JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS AUTORIZAR EL TRASLADO DE LOS INTERNOS, YA SEA EL VOLUNTARIO, INVOLUNTARIO O EL URGENTE O EXCEPCIONAL, A DIVERSO CENTRO PENITENCIARIO, YA EJECUTADO O POR EJECUTARSE; POR TANTO, ES INCONCUSO QUE LA CONTROVERSIA RESPECTO A DICHO TRASLADO DEBEN PLANTEARLA ANTE LA REFERIDA AUTORIDAD, EN LA JURISDICCIÓN EN QUE SE ENCUENTRA RECLUIDO. AHORA, ES MENESTER RESALTAR QUE, EN EL CASO DE UNA SITUACIÓN URGENTE, EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVÉ LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O HECHO QUE LA MOTIVÓ SIN QUE EXIJA MAYORES REQUISITOS DE LOS QUE ESTABLECE LA LEY DE AMPARO, PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN, PUESTO QUE SU TRAMITACIÓN SE CIRCUNSCRIBE A QUE LA SOLICITE LA PERSONA LEGITIMADA Y QUE EL JUEZ DE EJECUCIÓN DE OFICIO SUSPENDERÁ DE INMEDIATO EL HECHO O ACTO QUE MOTIVÓ LA PETICIÓN Y SUS EFECTOS. MIENTRAS QUE EN LOS NUMERALES 128 Y 132 DE LA LEY DE AMPARO, PARA QUE SE OTORGUE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO, SE REQUIERE QUE LA SOLICITEN LOS DISCONFORMES; QUE NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO Y QUE SE OTORGUE GARANTÍA BASTANTE PARA REPARAR EL DAÑO E INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS A TERCEROS, EN TRATÁNDOSE DE CASOS URGENTES -ARTÍCULO 126-, SE PRONUNCIARÁ EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. POR TANTO, LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, NO PREVÉ MAYORES REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS, QUE LOS QUE ESTABLECE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS REPROCHADOS, INCLUSO, TOMANDO COMO PARÁMETRO SU TRAMITACIÓN ES DABLE AFIRMAR QUE BRINDA UNA MAYOR COBERTURA AL ORDENAR QUE DE INMEDIATO SE SUSPENDERÁ LA EJECUCIÓN, ES DECIR, DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE Y SIN MAYOR REQUISITO QUE LA SIMPLE SOLICITUD. ENTONCES, QUEDA EN EVIDENCIA QUE LOS ACTOS COMBATIDOS EN ESTA INSTANCIA CONSTITUCIONAL, NECESARIAMENTE TIENEN QUE VER CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN Y SE SUSCITA EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PENAL, POR ENDE, NO PUEDEN SER COMBATIDOS EN ESTA VÍA DE AMPARO, SIN SUJETARSE PREVIAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONFORME A LOS CUALES SE PUEDE FRENAR LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, ASÍ COMO DE CAMBIO DE DORMITORIO, MÓDULO O PASILLO, MEDIANTE SOLICITUD AL DIRECTOR DEL CENTRO DE RECLUSIÓN Y EN AUSENCIA DE RESPUESTA O CONTESTACIÓN NO FAVORABLE, O EN SU CASO, DE SER FACTIBLE, LA REINSTALACIÓN DE LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD EN DONDE SE ENCONTRABA, PREVIA SOLICITUD ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN O DE CONTROL, QUIEN TIENE POTESTAD PARA MODIFICAR, REVOCAR O NULIFICAR LA CONDICIÓN GENERADA POR LA OMISIÓN DE RESPUESTA O LA NEGATIVA OTORGADA. POR ELLO, LA ORDEN QUE SE RECLAMA EN LA ESPECIE, NO PUEDE SER SUJETA DE ANÁLISIS INMEDIATO EN ESTA VÍA BIINSTANCIAL, TODA VEZ QUE SE DEBIÓ AGOTAR EL MULTICITADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES, RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD QUE CONSIDEREN VULNERADAS SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO Y, EN CASO DE NO OBTENER RESPUESTA FAVORABLE, LA PROPIA LEY ESPECIAL EN COMENTO, LOS FACULTA PARA ACUDIR ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN PARA LA SOLUCIÓN JURISDICCIONAL DE LAS PETICIONES QUE EN SU CASO LE FORMULEN LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. . ELLO ES ASÍ, YA QUE DEL ANÁLISIS DE TALES CRITERIOS, SE ADVIERTE QUE LA SUPREMA CORTE LOS EMITIÓ EFECTUANDO EL EXAMEN DE LOS CASOS SOMETIDOS A SU POTESTAD, A LA LUZ DE LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE JUNIO DE DOS MIL ONCE, QUE SUFRIERON LOS ARTÍCULOS 18 Y 21 DE LA CARTA MAGNA; EN DONDE SE VEDARON LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA DECIDIR RESPECTO A LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITARAN EN RECLUSIÓN Y SE ACTIVARON EN FAVOR DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES; POR ENDE, LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS CARECÍAN DE COMPETENCIA PARA ORDENAR TRASLADOS; PUES DE HACERLO SE TRATARÍA DE ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD FUERA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL. CON OTRAS PALABRAS, EN ESOS CRITERIOS, LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SOSTUVO QUE CUANDO EL PRECEPTO 22 CONSTITUCIONAL, SE CONTRAE A UN ACTO QUE CONSTITUYA UN ATAQUE A LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO, SE REFIERE A LAS ACTUACIONES QUE PUEDEN DESPLEGAR LAS AUTORIDADES QUE NO REVISTEN UN CARÁCTER JURISDICCIONAL, ES DECIR, SE TRATA DE ACTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES CUALQUIER OTRA AUTORIDAD QUE OSTENTE DIVERSA NATURALEZA PRETENDA AFECTAR LA LIBERTAD A UNA PERSONA, PERO SIN QUE MEDIE UN DEBIDO PROCEDIMIENTO. SIN EMBARGO, EL PANORAMA CAMBIÓ CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, YA QUE SE CREÓ UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ESPECÍFICO QUE REGULA LOS TRASLADOS; ASÍ COMO LA FACULTAD DE LOS INTERNOS DE EJERCER UNA ACCIÓN QUE INICIE UNA CONTROVERSIA JUDICIAL, PARA COMBATIR ESE TRASLADO. REVISTE IMPORTANCIA EL ÚLTIMO SUPUESTO MENCIONADO, YA QUE LA LEY DE EJECUCIÓN FACULTA A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS A EMITIR UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE ORDENE EL TRASLADO, QUE POSTERIORMENTE DEBE SER REVISADA POR UNA AUTORIDAD JUDICIAL, COMO TODO ELLO OCURRE EN EL CONTEXTO DE UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY SE TRATA DE ACTOS OCURRIDOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO, A DIFERENCIA DE LO ANALIZADO POR EL ALTO TRIBUNAL, DONDE SE EXAMINARON ACTOS EMITIDOS FUERA DE PROCEDIMIENTO; DE AHÍ QUE NO RESULTEN APLICABLES TALES CRITERIOS AL CASO A ESTUDIO.. POR LO EXPUESTO, FUNDADO Y MOTIVADO, ATENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE AMPARO, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA PRESENTADA POR ***, DEFENSOR PARTICULAR DE LOS SENTENCIADOS ***, POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. ES APLICABLE EN LO CONDUCENTE, EL CRITERIO SUSTENTADO POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, EN LA TESIS CONSULTABLE EN LA PÁGINA 316 DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCTAVA ÉPOCA, TOMO X, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, QUE ESTABLECE: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA." CON LO ANTERIOR NO SE DEJA DE APLICAR EL PRINCIPIO PRO HOMINE NI SE DEJAN DE OBSERVAR DISPOSICIONES DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, QUE RECOGE EL ARTÍCULO 1 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, YA QUE SU APLICACIÓN NO IMPLICA DESCONOCER LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES, QUE EL ESTADO IMPLEMENTA PARA UNA MEJOR EFICACIA DE SUS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN O DEFENSA. DETERMINACIÓN QUE TAMPOCO ES VIOLATORIA DEL DERECHO HUMANO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, YA QUE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA ESTÁ LIMITADO A LOS PLAZOS Y CONDICIONES CONTENIDAS EN LA LEY, LAS CUALES PUEDEN VERSAR SOBRE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES NECESARIOS PARA EL ESTUDIO DE FONDO DE ALGÚN ASUNTO. POR LO TANTO, SI LA PROPIA LEY DE AMPARO CONTIENE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA, QUE TIENEN SU RAZÓN DE SER EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL, AL EVITAR LA SATURACIÓN DE LOS TRIBUNALES CON ASUNTOS ESTÉRILES, EN PERJUICIO DE TODOS LOS USUARIOS DEL SISTEMA, ERGO, NO ES VIOLATORIO DE DERECHOS FUNDAMENTALES LA VIGILANCIA DE SU CORRECTA APLICACIÓN, COMO ACONTECE EN EL CASO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE PROMOVENTE POR OTRA PARTE, EN TÉRMINOS DEL ORDINAL 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA, SE TIENE COMO DOMICILIO DE LOS AGRAVIADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, ESTO ES EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TENANGO DEL VALLE, EN EL ESTADO DE MÉXICO. AHORA, RESPECTO DEL PROFESIONISTA QUE SEÑALA, SE TIENE COMO AUTORIZADO EN AMPLIOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO, SIEMPRE QUE ACREDITE TENER LA INSCRIPCIÓN DE SU CÉDULA PROFESIONAL EN EL "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO", DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 261 Y 264 DEL ACUERDO GENERAL QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO; PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE, REFORMADO MEDIANTE DIVERSA PUBLICACIÓN DEL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, CASO CONTRARIO, SÓLO ESTARÁ FACULTADO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 12, SEGUNDO PÁRRAFO, ESTO ES, SÓLO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES..
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NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, A VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. VISTO EL ESCRITO DE DEMANDA PRESENTADO POR ***, DEFENSOR PARTICULAR DE LOS SENTENCIADOS ***, CONTRA EL ACTO DEL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y OTRAS AUTORIDADES, POR VIOLACIÓN A LOS SUS DERECHOS FUNDAMENTALES PREVISTOS EN LOS ARTÍCULO 14, 16 Y 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CONSISTENTE EN LA ORDEN DE TRASLADO DE LOS QUEJOSOS, A DIVERSO CENTRO PENITENCIARIO. RAZÓN POR LA CUAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DE AMPARO, SE ORDENA FORMAR EXPEDIENTE Y REGÍSTRESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE ESTE JUZGADO BAJO EL NÚMERO 923/2021-II-A. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA ATENDIENDO LO ANTERIOR, EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA, ESTABLECE QUE EL JUEZ DE DISTRITO EXAMINARÁ LA DEMANDA Y SI EXISTIERA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA LA DESECHARÁ DE PLANO, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: . EN RELACIÓN CON LO REFERIDO, DIVERSOS TRIBUNALES DE LA FEDERACIÓN SE HAN PRONUNCIADO EN EL SENTIDO DE QUE LO MANIFIESTO SE DA CUANDO EL MOTIVO DE IMPROCEDENCIA SE ADVIERTE EN FORMA PATENTE Y CLARA DE LA LECTURA DE LA DEMANDA; EN TANTO QUE LO INDUDABLE RESULTA DE QUE SE TENGA LA CERTIDUMBRE Y PLENA CONVICCIÓN QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE QUE SE TRATE ES OPERANTE EN EL CASO CONCRETO, DE MODO QUE, AUN EN EL SUPUESTO DE QUE SE ADMITIERA LA DEMANDA Y SE SUBSTANCIARA EL PROCEDIMIENTO, NO RESULTARÍA FACTIBLE FORMARSE UNA CONVICCIÓN DIVERSA, CON INDEPENDENCIA DE LOS ELEMENTOS QUE DE MANERA EVENTUAL PUDIERAN ALLEGAR LAS PARTES. EN OTRAS PALABRAS, EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DEBE SER CLARO, SIN LUGAR A DUDAS, EVIDENTE POR SÍ MISMO Y QUE SURJA SIN NINGÚN OBSTÁCULO A LA VISTA DEL JUZGADOR Y QUE NO PUEDA SER DESVIRTUADO POR NINGÚN MEDIO DE PRUEBA DURANTE EL JUICIO. . PRECISADO LO ANTERIOR, DEBE DECIRSE QUE EN EL CASO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE AMPARO, YA QUE PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, LA PARTE PROMOVENTE DEBIÓ AGOTAR CONTRA EL ACTO RECLAMADO EL RECURSO QUE PREVÉ LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, EN RAZÓN DE LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES. EL REFERIDO ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE AMPARO, ESTABLECE LO SIGUIENTE: . EL PRECEPTO LEGAL TRANSCRITO PREVÉ EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS, Y RADICA EN QUE EL JUICIO DE AMPARO SÓLO PROCEDE CONTRA ACTOS DEFINITIVOS, ENTENDIDOS COMO AQUÉLLOS CONTRA LOS CUALES NO PROCEDE JUICIO, RECURSO O MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA SUSCEPTIBLE DE NULIFICARLOS, REVOCARLOS O MODIFICARLOS. TAL PRINCIPIO ENCUENTRA SU JUSTIFICACIÓN EN EL HECHO DE QUE, AL SER EL JUICIO DE AMPARO UN MEDIO EXTRAORDINARIO DE DEFENSA CONSTITUCIONAL, LA PARTE QUEJOSA DEBE PREVIAMENTE ACUDIR A LAS INSTANCIAS QUE PUEDAN PRODUCIR LA INSUBSISTENCIA DEL ACTO DE AUTORIDAD QUE LE PRODUCE AFECTACIÓN, SALVO LOS CASOS DE EXCEPCIÓN PREVISTOS LEGAL Y JURISPRUDENCIALMENTE. EN EFECTO, LOS ARTÍCULOS 1, 2, 5, 9, 10, 30, 107 A 115, 117, FRACCIÓN I, 122, 124 Y 131 A 135 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVÉN LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SISTEMA PENITENCIARIO, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PENAL, EL CUAL CONTIENE, ENTRE OTROS, UN MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO "PETICIONES ADMINISTRATIVAS", A TRAVÉS DEL CUAL LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD PUEDEN RECLAMAR, SIN MAYORES FORMALISMOS, ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA O EL JUEZ RESPECTIVO, LOS DERECHOS ATINENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. ESTE MECANISMO DE CONTROL CONSTITUYE UN VERDADERO PROCEDIMIENTO CONFORMADO DE DIVERSAS ETAPAS, EL CUAL INICIA CON LA PRESENTACIÓN DE UNA PETICIÓN FORMULADA POR EL INTERNO ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA CORRESPONDIENTE, EN DONDE PUEDE OFRECER PRUEBAS O QUE LA AUTORIDAD LAS RECABE DE OFICIO; EN EL CASO DE QUE EL ACTO SEA URGENTE PUEDE SER SUSPENDIDO DE OFICIO Y DE INMEDIATO POR UN JUEZ DE EJECUCIÓN, O BIEN, QUE ÉSTE ORDENE LAS ACCIONES POSITIVAS NECESARIAS PARA QUE CESE, EN CASO DE CONSTITUIR UNA OMISIÓN; ASIMISMO, SE PREVÉ LA POSIBILIDAD DE QUE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD PENITENCIARIA RELACIONADAS CON LA PETICIÓN SEAN IMPUGNADAS A TRAVÉS DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES. EN ESA VIRTUD, EL CITADO MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL CONSTITUYE UN MEDIO DE DEFENSA SENCILLO, RÁPIDO Y EFICAZ POR MEDIO DEL CUAL LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PUEDE RECLAMAR LOS DERECHOS ATINENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, POR LO QUE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE AGOTAR DICHO MECANISMO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA POR LA LEY REFERIDA. LOS ARTÍCULOS 116, 117 Y 122 A 125 DE LA MENCIONADA LEY DISPONEN LO SIGUIENTE: . DE LO ANTERIOR, SE CONCLUYE QUE LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD PODRÁ FORMULAR SOLICITUD POR ESCRITO ANTE LA ADMINISTRACIÓN DEL JUZGADO DE EJECUCIÓN, PRECISARÁ EL NOMBRE DEL PROMOVENTE, DATOS DE LOCALIZACIÓN, EL RELATO DE SU INCONFORMIDAD, LOS MEDIOS DE PRUEBA EN CASO DE CONTAR CON ELLOS, LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL ACTO CUANDO CONSIDERE QUE SE TRATA DE CASO URGENTE Y LA FIRMA O HUELLA DIGITAL. EL JUEZ DE EJECUCIÓN, DEBERÁ RESOLVER EN UN PLAZO NO MAYOR A SETENTA Y DOS HORAS SOBRE DICHA CUESTIÓN CUANDO SE TRATA DE CUESTIONES URGENTES, Y EN UN PLAZO DE MÁXIMO DE DIEZ DÍAS, PREVIO PERIODO PROBATORIO, EN AUDIENCIA RESOLVERÁ LA CUESTIÓN EFECTIVAMENTE PLANTEADA. TRATÁNDOSE DE TRASLADOS, LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS A OBSERVAR, ASÍ COMO LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA CONOCER DE ELLOS. AL RESPECTO, EN LO QUE INTERESA, SE ESTABLECE: . DE LO ANTERIOR, SE DESPRENDE QUE CORRESPONDE AL JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS AUTORIZAR EL TRASLADO DE LOS INTERNOS, YA SEA EL VOLUNTARIO, INVOLUNTARIO O EL URGENTE O EXCEPCIONAL, A DIVERSO CENTRO PENITENCIARIO, YA EJECUTADO O POR EJECUTARSE; POR TANTO, ES INCONCUSO QUE LA CONTROVERSIA RESPECTO A DICHO TRASLADO DEBEN PLANTEARLA ANTE LA REFERIDA AUTORIDAD, EN LA JURISDICCIÓN EN QUE SE ENCUENTRA RECLUIDO. AHORA, ES MENESTER RESALTAR QUE, EN EL CASO DE UNA SITUACIÓN URGENTE, EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVÉ LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O HECHO QUE LA MOTIVÓ SIN QUE EXIJA MAYORES REQUISITOS DE LOS QUE ESTABLECE LA LEY DE AMPARO, PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN, PUESTO QUE SU TRAMITACIÓN SE CIRCUNSCRIBE A QUE LA SOLICITE LA PERSONA LEGITIMADA Y QUE EL JUEZ DE EJECUCIÓN DE OFICIO SUSPENDERÁ DE INMEDIATO EL HECHO O ACTO QUE MOTIVÓ LA PETICIÓN Y SUS EFECTOS. MIENTRAS QUE EN LOS NUMERALES 128 Y 132 DE LA LEY DE AMPARO, PARA QUE SE OTORGUE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO, SE REQUIERE QUE LA SOLICITEN LOS DISCONFORMES; QUE NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO Y QUE SE OTORGUE GARANTÍA BASTANTE PARA REPARAR EL DAÑO E INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS A TERCEROS, EN TRATÁNDOSE DE CASOS URGENTES -ARTÍCULO 126-, SE PRONUNCIARÁ EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. POR TANTO, LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, NO PREVÉ MAYORES REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS, QUE LOS QUE ESTABLECE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS REPROCHADOS, INCLUSO, TOMANDO COMO PARÁMETRO SU TRAMITACIÓN ES DABLE AFIRMAR QUE BRINDA UNA MAYOR COBERTURA AL ORDENAR QUE DE INMEDIATO SE SUSPENDERÁ LA EJECUCIÓN, ES DECIR, DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE Y SIN MAYOR REQUISITO QUE LA SIMPLE SOLICITUD. ENTONCES, QUEDA EN EVIDENCIA QUE LOS ACTOS COMBATIDOS EN ESTA INSTANCIA CONSTITUCIONAL, NECESARIAMENTE TIENEN QUE VER CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN Y SE SUSCITA EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PENAL, POR ENDE, NO PUEDEN SER COMBATIDOS EN ESTA VÍA DE AMPARO, SIN SUJETARSE PREVIAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONFORME A LOS CUALES SE PUEDE FRENAR LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, ASÍ COMO DE CAMBIO DE DORMITORIO, MÓDULO O PASILLO, MEDIANTE SOLICITUD AL DIRECTOR DEL CENTRO DE RECLUSIÓN Y EN AUSENCIA DE RESPUESTA O CONTESTACIÓN NO FAVORABLE, O EN SU CASO, DE SER FACTIBLE, LA REINSTALACIÓN DE LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD EN DONDE SE ENCONTRABA, PREVIA SOLICITUD ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN O DE CONTROL, QUIEN TIENE POTESTAD PARA MODIFICAR, REVOCAR O NULIFICAR LA CONDICIÓN GENERADA POR LA OMISIÓN DE RESPUESTA O LA NEGATIVA OTORGADA. POR ELLO, LA ORDEN QUE SE RECLAMA EN LA ESPECIE, NO PUEDE SER SUJETA DE ANÁLISIS INMEDIATO EN ESTA VÍA BIINSTANCIAL, TODA VEZ QUE SE DEBIÓ AGOTAR EL MULTICITADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES, RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD QUE CONSIDEREN VULNERADAS SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO Y, EN CASO DE NO OBTENER RESPUESTA FAVORABLE, LA PROPIA LEY ESPECIAL EN COMENTO, LOS FACULTA PARA ACUDIR ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN PARA LA SOLUCIÓN JURISDICCIONAL DE LAS PETICIONES QUE EN SU CASO LE FORMULEN LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. . ELLO ES ASÍ, YA QUE DEL ANÁLISIS DE TALES CRITERIOS, SE ADVIERTE QUE LA SUPREMA CORTE LOS EMITIÓ EFECTUANDO EL EXAMEN DE LOS CASOS SOMETIDOS A SU POTESTAD, A LA LUZ DE LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE JUNIO DE DOS MIL ONCE, QUE SUFRIERON LOS ARTÍCULOS 18 Y 21 DE LA CARTA MAGNA; EN DONDE SE VEDARON LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA DECIDIR RESPECTO A LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITARAN EN RECLUSIÓN Y SE ACTIVARON EN FAVOR DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES; POR ENDE, LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS CARECÍAN DE COMPETENCIA PARA ORDENAR TRASLADOS; PUES DE HACERLO SE TRATARÍA DE ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD FUERA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL. CON OTRAS PALABRAS, EN ESOS CRITERIOS, LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SOSTUVO QUE CUANDO EL PRECEPTO 22 CONSTITUCIONAL, SE CONTRAE A UN ACTO QUE CONSTITUYA UN ATAQUE A LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO, SE REFIERE A LAS ACTUACIONES QUE PUEDEN DESPLEGAR LAS AUTORIDADES QUE NO REVISTEN UN CARÁCTER JURISDICCIONAL, ES DECIR, SE TRATA DE ACTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES CUALQUIER OTRA AUTORIDAD QUE OSTENTE DIVERSA NATURALEZA PRETENDA AFECTAR LA LIBERTAD A UNA PERSONA, PERO SIN QUE MEDIE UN DEBIDO PROCEDIMIENTO. SIN EMBARGO, EL PANORAMA CAMBIÓ CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, YA QUE SE CREÓ UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL ESPECÍFICO QUE REGULA LOS TRASLADOS; ASÍ COMO LA FACULTAD DE LOS INTERNOS DE EJERCER UNA ACCIÓN QUE INICIE UNA CONTROVERSIA JUDICIAL, PARA COMBATIR ESE TRASLADO. REVISTE IMPORTANCIA EL ÚLTIMO SUPUESTO MENCIONADO, YA QUE LA LEY DE EJECUCIÓN FACULTA A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS A EMITIR UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE ORDENE EL TRASLADO, QUE POSTERIORMENTE DEBE SER REVISADA POR UNA AUTORIDAD JUDICIAL, COMO TODO ELLO OCURRE EN EL CONTEXTO DE UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY SE TRATA DE ACTOS OCURRIDOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO, A DIFERENCIA DE LO ANALIZADO POR EL ALTO TRIBUNAL, DONDE SE EXAMINARON ACTOS EMITIDOS FUERA DE PROCEDIMIENTO; DE AHÍ QUE NO RESULTEN APLICABLES TALES CRITERIOS AL CASO A ESTUDIO.. POR LO EXPUESTO, FUNDADO Y MOTIVADO, ATENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE AMPARO, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA PRESENTADA POR ***, DEFENSOR PARTICULAR DE LOS SENTENCIADOS ***, POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. ES APLICABLE EN LO CONDUCENTE, EL CRITERIO SUSTENTADO POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, EN LA TESIS CONSULTABLE EN LA PÁGINA 316 DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCTAVA ÉPOCA, TOMO X, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, QUE ESTABLECE: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA." CON LO ANTERIOR NO SE DEJA DE APLICAR EL PRINCIPIO PRO HOMINE NI SE DEJAN DE OBSERVAR DISPOSICIONES DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, QUE RECOGE EL ARTÍCULO 1 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, YA QUE SU APLICACIÓN NO IMPLICA DESCONOCER LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES, QUE EL ESTADO IMPLEMENTA PARA UNA MEJOR EFICACIA DE SUS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN O DEFENSA. DETERMINACIÓN QUE TAMPOCO ES VIOLATORIA DEL DERECHO HUMANO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, YA QUE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA ESTÁ LIMITADO A LOS PLAZOS Y CONDICIONES CONTENIDAS EN LA LEY, LAS CUALES PUEDEN VERSAR SOBRE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES NECESARIOS PARA EL ESTUDIO DE FONDO DE ALGÚN ASUNTO. POR LO TANTO, SI LA PROPIA LEY DE AMPARO CONTIENE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA, QUE TIENEN SU RAZÓN DE SER EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL, AL EVITAR LA SATURACIÓN DE LOS TRIBUNALES CON ASUNTOS ESTÉRILES, EN PERJUICIO DE TODOS LOS USUARIOS DEL SISTEMA, ERGO, NO ES VIOLATORIO DE DERECHOS FUNDAMENTALES LA VIGILANCIA DE SU CORRECTA APLICACIÓN, COMO ACONTECE EN EL CASO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE PROMOVENTE POR OTRA PARTE, EN TÉRMINOS DEL ORDINAL 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA, SE TIENE COMO DOMICILIO DE LOS AGRAVIADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, ESTO ES EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TENANGO DEL VALLE, EN EL ESTADO DE MÉXICO. AHORA, RESPECTO DEL PROFESIONISTA QUE SEÑALA, SE TIENE COMO AUTORIZADO EN AMPLIOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO, SIEMPRE QUE ACREDITE TENER LA INSCRIPCIÓN DE SU CÉDULA PROFESIONAL EN EL "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO", DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 261 Y 264 DEL ACUERDO GENERAL QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO; PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE, REFORMADO MEDIANTE DIVERSA PUBLICACIÓN DEL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, CASO CONTRARIO, SÓLO ESTARÁ FACULTADO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 12, SEGUNDO PÁRRAFO, ESTO ES, SÓLO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES..
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