Christian Rafael Contreras Herrera

Expediente 1303/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1303/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • Christian Rafael Contreras Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a trece de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado en el juicio de amparo en que se actúa, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en 05/08/23 10:28:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a8.98 MARTIN NARVAEZ SOSA relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso a), se establece que el este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se sobreseyó al presente juicio; debiéndose conservar en las instalaciones del Juzgado por el término de tres años, contados a partir del presente proveído y una vez transcurrido dicho lapso y concluido el procedimiento a que alude el párrafo tercero del aludido numeral, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. A su vez, se requiere a la parte quejosa, para que, de ser el caso, acuda dentro del término de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación personal del presente proveído, a recuperar los documentos originales que hubiere exhibido en el expediente, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, dichos documentos tendrán el mismo destino que el presente expediente. 05/08/23 10:28:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a8.98 MARTIN NARVAEZ SOSA Amparo indirecto 1303/2021- VII Asimismo, háganse las anotaciones, en el libro de gobierno de correspondiente que se lleva en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las responsables. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Martín Narváez Sosa, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a las nueve horas con veintisiete minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós, hora y día señalados para la audiencia constitucional del juicio de amparo 1303/2021-VII, promovido por Christian Rafael Contreras Herrera, por propio derecho. Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistido del licenciado Martín Narváez Sosa, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia, sin asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias de autos entre las cuales destacan el escrito inicial de demanda; auto admisorio de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno; constancias de notificación de las partes e informes justificados. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendido los informes justificados de las autoridades responsables que lo suscriben, el cual será tomado en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. Abierto el período probatorio, el Secretario certifica que las autoridades responsables, ofrecieron pruebas documentales dentro del presente procedimiento y las demás partes no hicieron uso de ese derecho. De igual manera obra en autos el informe solicitado por este Juzgado de Distrito al Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Santa María del Oro, Nayarit, mediante auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós (foja 96). El Juez acuerda: Con fundamento en lo previsto en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia naturaleza, las pruebas documentales aludidas en el apartado precedente y por precluido el derecho de las demás partes para ello. Se cierra el período de pruebas. A continuación, procede a abrir el período de alegatos. El Secretario hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. El Juez acuerda: Téngase por hecha la certificación que antecede; y, por precluido el derecho de las partes para hacerlo. Se declara cerrado el período de alegatos. Cerrado el período de alegatos y no habiendo diligencias pendientes por desahogar, ni promoción que acordar; se declara cerrada la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1303/2021VII, promovido por Christian Rafael Contreras Herrera, por propio derecho. ANTECEDENTES: PRIMERO. DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa promovió demanda ante el Juez de Primera Instancia en materia Familiar Especializado en Violencia Familiar, quien la radicó con el número de expediente 845/2021, en la cual ejercitó la acción de guardia y custodia de su menor hija, quien vive con su tutora; las autoridades responsables, han sido omisas en llevar a cabo la práctica de un estudio socioeconómico en materia de Trabajo Social, así como el dictamen técnico valorativo de circunstancias humanas, en lo que ve a las condiciones en que vive el quejoso, y el del domicilio donde habita su menor hija. Dicha omisión constituye el acto reclamado. SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: Veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 7 a 11). Incompetencia por materia planteada por el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit: Treinta de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 18 a 21). Aceptación de competencia y prevención de demanda: Dos de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 29 a 32). Cumple prevención y admisión de la demanda sin incidente de suspensión: Quince y Dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 40 a 46). Emplazamiento al Ministerio Público adscrito con pedimento: Diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno (foja 51), quien no formulo alegatos. Celebración de la audiencia constitucional: Dieciséis de junio de dos mil veintidós. CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza civil, el presente juicio de amparo fue radicado después de la entrada en vigor del Acuerdo General 3/2020, mediante el cual, entre otras cosas, se determinó la transformación del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; a su vez, las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción.1 SEGUNDO. FIJACIÓN DE LITIS. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, se desprende que la autoridad responsable y el acto reclamado son los siguientes:2 1 Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdos Generales 19/2009, en el que se creó el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales; el 17/2019 en el que se estableció la competencia para conocer de procesos penales federales y de amparo en materia penal y 3/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura, éste último aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual, en su artículo 1, estableció que este órgano jurisdiccional, además de conocer de los asuntos a que se refieren los artículos 52, 53, 53 bis, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mantendrá su competencia para continuar conociendo de los asuntos de amparo en materia penal que se hubiese recibido bajo la anterior denominación de este Juzgado de Distrito. 2 Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." 1)Juez de Primera Instancia en materia Familiar Especializado en Violencia Familiar. 2) Directora del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Nayarit. a)La omisión de llevar a cabo la práctica de un estudio socioeconómico en materia de Trabajo Social, la realización y entrega del dictamen técnico valorativo de circunstancias humanas, en lo que ve a las condiciones en que vive el quejoso, y el del domicilio donde habita su menor hija. Autoridad Responsable Acto Reclamado Certeza Fojas Juez de Primera Instancia en materia Familiar Especializado en Violencia Familiar Omiso no se presume cereza 72 Directora del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Nayarit El citado en el inciso a) Niega 52 TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable (2) Directora del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Nayarit, pues así lo expuso al rendir su informe justificado; al efecto agregó que desde el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dio contestación a la investigación solicitada por el Juzgado de Primera Instancia Especializado en Violencia Familiar, y que se relaciona con el acto reclamado sin que la parte quejosa hubiera desvirtuado dicha negativa con prueba alguna, como más adelante se expondrá. Por su parte, la autoridad responsable (1) Juez de Primera Instancia en materia Familiar Especializado en Violencia Familiar, al rendir su informe justificado (foja 72), fue omiso en señalar si era cierto o no el acto que por esta vía se le reclamado, al efecto agregó que el tres de diciembre de dos mil veintiuno, ordenó remitir el expediente 845/2021, al Juzgado Mixto de Primera Instancia con residencia en Santa María del Oro, Nayarit, para que siga conociendo hasta su culminación del mismo; autoridad que mediante oficio 045/2022 de veinte de enero de dos mil veintidós, aceptó la competencia planteada, remitiendo para tal efecto, copia certificada de las constancias que integran el expediente mencionado (fojas 73, 74 y 88), sin que haya lugar a presumir la certeza del acto por las razones que más adelante se expondrán; máxime, que como se advierte, la parte quejosa no señaló como autoridad responsable al Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Santa María del Oro, Nayarit; no obstante que, mediante auto de vientres de diciembre de dos mil veintiuno, notificado personalmente el veintiocho de dicho mes y año (foja 78), este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 111 de la Ley de Amparo, le puso a la vista el informe justificado de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en materia Familiar Especializado en Violencia Familiar, de Tepic, Nayarit, para que manifestara si era su deseo señalar al Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Santa María del Oro, Nayarit, como autoridad responsable, pues de las constancias allegadas se advertía que esta autoridad tiene participación en el acto reclamado, quien ahora conoce del asunto del que deriva la omisión reclamada, manifestando mediante escrito de doce de enero de dos mil veintidós, que no era necesario ampliar su demanda de amparo contra el Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Santa María del Oro, Nayarit, ya que apenas estaba conociendo el asunto. De ese contexto, es claro que la existencia de los actos reclamados constituye un requisito sine qua non, en el Amparo indirecto 1303/2021VII planteamiento y análisis de la acción constitucional, toda vez que en lo general la autoridad ocasiona un perjuicio en detrimento de los derechos sustantivos tutelados del gobernado a través de los actos reclamados; estos "actos reclamados" consisten en un hacer o en un no hacer, los que el agraviado, atribuye a la autoridad responsable, como violatorios en su esfera jurídica de derechos. Los actos reclamados impugnables en materia de amparo, tienen una clasificación doctrinal atendiendo a su naturaleza, a saber: ? Actos positivos. Consisten en un hacer de las autoridades voluntario y efectivo, que se presenta con la imposición de obligaciones al individuo, traducidas en un hacer o en un no hacer y que implica una acción, una orden, una privación o una molestia. ? Actos negativos. Implican una omisión, una abstención o un no hacer, o una negativa por parte de las autoridades. ? Actos negativos con efectos positivos. Se trata de los que sólo en apariencia son negativos, porque en realidad producen los efectos de un acto positivo. ? Actos prohibitivos. Son los que imponen al gobernado un no hacer o una abstención. En consecuencia, implican una actuación de la autoridad por la que se ordena al gobernado que se abstenga de llevar a cabo determinada conducta. ? Actos declarativos. Son actos por los que la autoridad evidencia o constata la existencia de una determinada situación jurídica, por lo que a través de ella no se crean, modifican o extinguen o transmiten derechos u obligaciones. Ahora bien, el análisis del fondo del asunto, sólo podría proceder cuando el acto reclamado se acreditara, puesto que por razón de técnica jurídica, dicho análisis requiere como primer paso, la existencia del acto reclamado; como segundo, que no exista causal de improcedencia alguna; y tercero, que el propio acto no sea contrario a derecho; esto es, tres requisitos previos que deben cumplirse a fin de, en lo general, poder estudiar el caso planteado ante esta Potestad Federal, siendo lógico que si no se cumple con el primer requisito, no pueden surtirse los demás. Es de resaltar, que el acto reclamado que aquí nos interesa, se encuentra en la categoría de los actos omisivos, cuya existencia fue negada por la autoridad responsable, al rendir su informe justificado. Además, no puede decirse que, las autoridades responsables estuvieran obligadas a probar la existencia de algo que negaron, por lo que en ese supuesto debe estarse a la regla de que "El que afirma debe probar", pues tratándose de un acto autoritario como se planteó, de no ser admitido por su emisor, por lógica de razón no puede decirse que se esté en un caso de excepción a esa regla genérica y, por tanto, atribuirse a las autoridades, imputándoles el deber de acreditar algo que afirman en el contenido de sus informes que no existe.3 3 "Resulta aplicable al caso, la tesis con registro digital: 187728, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: VI.2o.A.4 K, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 903, que dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas Ahora, del expediente 845/2021 allegado al sumario, se aprecian diversas constancias que integran la investigación solicitada mediante oficio 1159/2020, relacionada con el quejoso y Flor Elizabeth Flores Arcadia, (fojas 53 a 59). En ese sentido, también se advierte que desde el catorce de junio de dos mil veintiuno (fojas 63 a 66), la Directora del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Nayarit, había remitido el estudio socioeconómico a fin de que se determinara el estado de necesidad, la posibilidad económica y el entorno social en que se desenvuelve el hoy quejoso. Mismo que fue recibido por el juez responsable en la fecha antes indicada; de igual manera, de las copias certificadas que remitió el Juez Mixto de Primera Instancia de Santa María del Oro, Nayarit, se advierte que desde el dos de julio de dos mil veintiuno (fojas 162 a 169) la Trabajadora Social adscrita al Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de aquella población, informó al citado juez, el estudio socioeconómico y entorno social de la menor de edad y su tutora. A las documentales recibidas se les otorga valor probatorio conforme a los artículos 133, 197, y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles,4 de aplicación supletoria a la Ley de autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". 4 "Artículo 133. Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129." "Artículo 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.". "Artículo 203. El documento privado forma prueba de los hechos mencionados en él, sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa. El documento proveniente de un M Amparo, conforme a su numeral 2o., con el que se demuestra que la parte quejosa realizó el pago de referencia. De todo lo cual por lo que, se permite determinar que previo a la presentación de la demanda de amparo -veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno-, ya se había llevado a cabo el estudio socioeconómico a fin de que se determinara el estado de necesidad, la posibilidad económica y el entorno social en que se desenvuelve la citada menor y el hoy quejoso; sin que la parte quejosa haya aportado elemento de convicción eficaz con el cual desvirtuara lo manifestado por la autoridad responsable y el juez informante, con el cual demostrara la existencia de la omisión reclamada, de ahí que, se tiene por inexistente el acto que se reclama.5 Máxime que mediante proveídos de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 70 y 71) y once de mayo de dos mil veintidós (fojas 223 a 226) se dio vista personalmente a la parte quejosa con las constancias que acompañó la autoridad responsable y la autoridad informante Juez Mixto de Primera Instancia de Santa María del Oro, Nayarit, para que manifestara lo que su interés conviniera, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta. En caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas. El escrito privado que contenga una declaración de verdad, hace fe de la existencia de la declaración; más no de los hechos declarados. Es aplicable al caso lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 202." 5 Sobre el particular, es dable establecer que el acto reclamado fue inexistente y no hubo una cesación de efectos, dado que, previo a la presentación de la demanda de amparo, no existía el acto reclamado, lo anterior de conformidad con la tesis con datos de localización: Registro digital: 210237, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Materias(s): Común, Tesis: II. 1o. C. T. 217 K, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Octubre de 1994, página 313, de rubro y texto: "INEXISTENCIA Y CESACION DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." MARTIN NARVAEZ SOSA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a8.98 05/08/23 10:28:40 Juicio de Amparo Indirecto 1303/2021-VII [11] Amparo indirecto 1303/2021VII En efecto, se reitera que la demanda de amparo fue presentada el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno y la autoridad informó al juez responsable respecto al estudio socioeconómico a fin de que se determinara el estado de necesidad, la posibilidad económica y el entorno social en que se desenvuelve el hoy quejoso, desde el catorce de junio del año en cita; y la menor, el dos de julio de dos mil veintiuno, por lo que resulta inconcuso que las omisiones reclamadas no existían cuando se promovió el juicio de amparo. 6 Por tanto, al no existir la omisión que reclama la parte quejosa a las autoridades responsables, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 637, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado en los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente: 6 Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 206346, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." 7 Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, promovido por Christian Rafael Contreras Herrera por conducto de su apoderado, contra el acto y la autoridad precisada en el considerando segundo, y por las razones en el diverso tercero de esta resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese; y, procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Martín Narváez Sosa, Secretario que autoriza y da fe. mns

  3. Principal

    En veintitrés de mayo de dos mil veintidós, el secretario CERTIFICA: Que en esta fecha está señalada para su verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación y cuenta que anteceden, se advierte que para esta fecha está señalada la audiencia constitucional en el presente juicio; sin embargo, del estado que guardan los autos se aprecia que mediante proveído de once de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el expediente familiar 12/2022 que remitió la autoridad responsable, por lo que se encuentra transcurriendo el término de ocho días, que debe concederse respecto de la vista dada a las partes con las documentales de mérito. En tal virtud, para dar margen a que transcurra dicho plazo, se difiere la aludida audiencia constitucional y, para su verificativo, se señalan las nueve horas con veintisiete minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Martín Narváez Sosa, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En once de mayo de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez con la promoción registrada en oficialía de partes de este juzgado federal con el folio 8574. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, once de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexo, signado por la Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Santa María del Oro, Nayarit, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional el dieciocho de marzo del presente año, remite copias certificadas del expediente familiar 12/2022 de su registro. En ese sentido, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa la responsable a su oficio, sin perjuicio de ser relacionada nuevamente en la audiencia constitucional. Pónganse a la vista de las partes por el término de ocho días, a fin de que se impongan de su contenido. En el entendido de que para consulta del presente juicio de amparo, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en el que se encuentra el sistema "Agenda OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes, de conformidad con el artículo 3o. del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Con las documentales remitidas por la autoridad oficiante y para el mejor manejo del presente juicio de amparo, ábrase el anexo I. Juicio de amparo indirecto 1303/2021-VII MARTIN NARVAEZ SOSA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a8.98 05/08/23 10:28:40 Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Martín Narváez Sosa, Secretario que autoriza y da fe.

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