Christián Plata Rosales
Expediente 369/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 369/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 03/11/2021
Partes del expediente
- Christián Plata Rosales
- Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
L. Toluca, Estado de México, tres de noviembre de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente como concluido. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Por cuanto hace a la documental y DVD´s remitidos por la autoridad responsable Presidenta del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México; se ordena su devolución, en virtud de que los mismos no son necesarios que permanezcan en este órgano de control constitucional, en el entendido que se tendrá como acuse la constancia de notificación respectiva. En acatamiento a los artículos 18, fracción I, incisos a) y b), de la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de noviembre de dos mil veinte del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptible de depuración al haberse concedido la protección constitucional, así como el original del incidente, pues, por un lado, se negó y por el otro se concedió la medida cautelar. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente, de conformidad con el artículo 15, del Acuerdo General referido, el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de septiembre de dos mil veintiuno. SE CALIFICA CUMPLIMIENTO Vista la certificación y el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no formuló manifestaciones con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este juzgado de distrito; por lo que, se procede a calificar el mismo y a analizar aquellas. Mediante sentencia emitida el veintidós de julio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, realizara lo siguiente: "Deje insubsistente la resolución de quince de abril de dos mil veintiuno en autos del toca de apelación 29/2021 de su estadística, y emita una determinación nueva en la que señale fecha y hora para que se verifique la audiencia, en la que con libertad de jurisdicción resuelva el recurso de apelación conforme a derecho corresponda, la que deberá llevarse a cabo siguiendo los lineamientos previstos en los arábigos 477 y 478, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la que, por ya haberse celebrado la diversa de alegatos aclaratorios, únicamente dictará la sentencia que corresponda de forma oral y, posteriormente la emitirá por escrito. En el entendido de que esta sentencia se tendrá por cumplida una vez que la autoridad responsable remita copia certificada a este juzgado del auto en donde deje insubsistente la sentencia de quince de abril de dos ml veintiuno, cite a las partes para la emisión de una diversa en forma oral y, la plasme posteriormente el forma escrita, no siendo materia de cumplimiento el sentido en que se dicta esa determinación." En auto de diecinueve de agosto anterior, causó ejecutoria la sentencia y, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento respectivo. Asimismo, el veintiséis de agosto de la presente anualidad, se acordaron las constancias exhibidas por la responsable con las que pretendió acreditar el cabal cumplimiento al fallo protector. En ese mismo proveído se ordenó dar vista a la parte quejosa con su contenido, para que realizara las manifestaciones que considerara convenientes, y en su caso alegara el defecto o exceso del cumplimiento dado por la responsable a los efectos de la sentencia y ejecutoria de mérito. De la revisión de esas constancias, se obtiene que mediante determinación de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dictada en los autos del toca penal 29/2021, la responsable dejó insubsistente el auto de quince de abril de dos mil veintiuno (como se advierte de la foja cincuenta y siete de la resolución), y emitió una sentencia diversa. Por tanto, de lo relatado y de una comparativa entre los efectos emitidos en la sentencia que amparó a la parte quejosa y las acciones tomadas por la autoridad responsable, se estima que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial. En ese contexto, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo no se advierte que se hubiese llevado a cabo un pronunciamiento de manera parcial o incompleta, pues por el contrario, se ajustó al tenor exacto del fallo, no extralimitándose en su cumplimiento, es decir, no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. En las relatas circunstancias, al advertirse que la sentencia protectora se observó cabalmente, sin exceso o defecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la presente determinación la emite el suscrito secretario encargado del despacho, atendiendo a que, el cumplimiento de una ejecutoria de amparo es de orden de público y también es considerada como urgente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias, de ahí se justifique la emisión de la presente determinación. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 22/2021 (10a.), con número de registro 2023104, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1891, la cual es del tenor literal siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo de juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión, así como a su asesora jurídica y, por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Agréguese el escrito signado por la asesora jurídica Luceli del Carmen Mendoza Martínez, mediante el cual informa que el treinta de agosto pasado, se constituyó en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social denominado "Santiaguito", ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, a fin de brindar la asesoría jurídica al quejoso Christian Platas Rosales, para lo cual anexa copia del acta de visita, de la que se advierte la manifestación del quejoso en la que refiere haber recibido dicha atención; circunstancia de la cual se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de agosto de dos mil veintiuno. ACEPTACIÓN DE CARGO Agréguese el escrito signado por la asesora jurídica Luceli del Carmen Mendoza Martínez, mediante el cual, refiere acepta y protesta el cargo conferido, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, proporciona correos electrónicos y números telefónicos para comunicación procesal. En consecuencia, se tiene por aceptado y protestado el cargo que refiere y, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Ahora, de conformidad con el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de mejorar la comunicación procesal, se toma nota de los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona, los cuales se usarán únicamente cuando este juzgador lo considere conveniente. Finalmente, se hace conocimiento del quejoso que la asesoría jurídica que se le brinda, será única y exclusivamente respecto al juicio de amparo. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
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