Christian Pineda Saucedo
Expediente 277/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 277/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 08/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Christian Pineda Saucedo
- Procurador General de Justicia en el Estado de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, término que a la fecha ha transcurrido; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós.****************************************Agréguese únicamente para que obre como legalmente corresponda el oficio número 8280/2022, signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de trece de septiembre del año en curso, manifiesta la imposibilidad con que cuenta para remitir copias certificadas de diversas constancias que integran el procedimiento de ejecución ********************, en el que, obra la audiencia de veintidós de marzo de esta anualidad, a través del cual, se decretó la libertad definitiva del directo quejoso ********************toda vez que con fecha veintitrés de los actuales, fueron recibidas las documentales de referencia, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.****************************************Cúmplase.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veintitrés´de septiembre de dos mil veintidos, el cual en lo conducente señala: ...Agréguese a los autos oficio y constancias remitidas por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Morelia; mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de trece de septiembre del año en curso, remite copia certificada de diversas constancias que integran el procedimiento de ejecución CE-249/2018, en el que, obra la audiencia de veintidós de marzo de esta anualidad, a través del cual, se decretó la libertad definitiva del directo quejoso.... En la inteligencia que el aludido oficio ha sido previamente certificado por la Secretaria de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245, del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente Por tanto, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tiene como pruebas de la citada autoridad responsable la documental que acompaña, misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que, mediante proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de amparo promovida por..., a favor de..., contra los actos del Fiscal Especial de Unidad Especializada en Combate al Secuestro y otras autoridades, el cual se hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO. La incomunicación y actos de tortura de que ésta siendo victima mi hijo..., quien se encuentra en las instalaciones de la procuraduría general de justicia del estado de esta ciudad por lo que pido, SE CONSTITUYA EL ACTUARIO en las instalaciones de los separos del área antisecuestros, actos que le atribuyo a las autoridades responsables." Ahora, cabe precisar que por acuerdo de treinta de marzo del año pesado, se decretó la suspensión de plano respecto a los actos aquí reclamados y se ordenó la localización del directo quejoso, a fin de que ratificara su demanda de amparo; empero, no se logró su localización. No obstante lo anterior, por acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, se tomo conocimiento que el directo quejoso contaba con una carpeta de investigación..., con número único de caso..., por su probable responsabilidad en la comisión del delito de extorsión, cometida en agravio de...; por esa razón, se requirió al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia y a la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, para que informaran sobre el paradero del directo quejoso. De ahí que, por acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se recibieran las constancias del Magistrado de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en el que remitió las constancias del procedimiento de ejecución PDSA-371/2018 y sus acumulados CE-294/2018, que le sigue al directo quejoso, en el que se le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Ahora, de las constancias de cuenta se advierte que obra copia certificada de las comparecencias mensuales que realizó el directo quejoso ante la responsable, comenzando el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve y finalizó el veinticinco de febrero de dos mil veintidós; por tanto, el veintidós de marzo de esta anualidad, el juez de ejecución ordenó la libertad definitiva de Christian Pineda Saucedo en razón que, bajo el beneficio que accedió, cumplió la pena de prisión, quedando sin efecto la pena de prisión, multa y suspensión de derechos políticos. En mérito de lo anterior, en el caso concreto se actualiza la causa considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que cesaron los efectos del acto reclamado. A fin de explicar la referida causal de improcedencia conviene traer a colación el contenido del citado artículo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En ese sentido, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien por una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener efectos jurídicos. De tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso; y, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J.9/98, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, página 210; que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Criterio aplicable en tanto que no se oponen a la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, por lo que continúa su vigencia, conforme al artículo sexto transitorio de la citada ley. De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, crea una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de perjudicar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser restituida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia en estudio se encuentra orientada por la imposibilidad de hacer efectivo el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En ese sentido, es patente que de la interpretación de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal, que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, página 38; del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora, en la especie, se actualiza la referida causa de improcedencia, en virtud que se observa que el directo quejoso compareció ante el juez de ejecución de manera mensual del veintiséis de febrero de dos mil diecinueve al veintitrés de febrero de dos mil veintidós, a fin de cumplir con su beneficio de pena de prisión; de ahí que, por acuerdo de veintidós de marzo de esta anualidad, se decretó la libertad definitiva de Christian Pineda Saucedo. En consecuencia, al tener conocimiento que el quejoso comparecía de manera mensual ante el juez de ejecución y que se decretó su libertad definitiva, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que alegó por esta vía la promovente; motivo por el cual, cesaron los efectos del acto reclamado. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo.
- Principal
...Agréguese a los autos oficio y constancias remitidas por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Morelia; mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de trece de septiembre del año en curso, remite copia certificada de diversas constancias que integran el procedimiento de ejecución CE-249/2018, en el que, obra la audiencia de veintidós de marzo de esta anualidad, a través del cual, se decretó la libertad definitiva del directo quejoso.... En la inteligencia que el aludido oficio ha sido previamente certificado por la Secretaria de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245, del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente Por tanto, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tiene como pruebas de la citada autoridad responsable la documental que acompaña, misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que, mediante proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de amparo promovida por..., a favor de..., contra los actos del Fiscal Especial de Unidad Especializada en Combate al Secuestro y otras autoridades, el cual se hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO. La incomunicación y actos de tortura de que ésta siendo victima mi hijo..., quien se encuentra en las instalaciones de la procuraduría general de justicia del estado de esta ciudad por lo que pido, SE CONSTITUYA EL ACTUARIO en las instalaciones de los separos del área antisecuestros, actos que le atribuyo a las autoridades responsables." Ahora, cabe precisar que por acuerdo de treinta de marzo del año pesado, se decretó la suspensión de plano respecto a los actos aquí reclamados y se ordenó la localización del directo quejoso, a fin de que ratificara su demanda de amparo; empero, no se logró su localización. No obstante lo anterior, por acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, se tomo conocimiento que el directo quejoso contaba con una carpeta de investigación..., con número único de caso..., por su probable responsabilidad en la comisión del delito de extorsión, cometida en agravio de...; por esa razón, se requirió al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia y a la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, para que informaran sobre el paradero del directo quejoso. De ahí que, por acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se recibieran las constancias del Magistrado de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en el que remitió las constancias del procedimiento de ejecución PDSA-371/2018 y sus acumulados CE-294/2018, que le sigue al directo quejoso, en el que se le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Ahora, de las constancias de cuenta se advierte que obra copia certificada de las comparecencias mensuales que realizó el directo quejoso ante la responsable, comenzando el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve y finalizó el veinticinco de febrero de dos mil veintidós; por tanto, el veintidós de marzo de esta anualidad, el juez de ejecución ordenó la libertad definitiva de Christian Pineda Saucedo en razón que, bajo el beneficio que accedió, cumplió la pena de prisión, quedando sin efecto la pena de prisión, multa y suspensión de derechos políticos. En mérito de lo anterior, en el caso concreto se actualiza la causa considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que cesaron los efectos del acto reclamado. A fin de explicar la referida causal de improcedencia conviene traer a colación el contenido del citado artículo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En ese sentido, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien por una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener efectos jurídicos. De tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso; y, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J.9/98, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, página 210; que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Criterio aplicable en tanto que no se oponen a la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, por lo que continúa su vigencia, conforme al artículo sexto transitorio de la citada ley. De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, crea una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de perjudicar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser restituida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia en estudio se encuentra orientada por la imposibilidad de hacer efectivo el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En ese sentido, es patente que de la interpretación de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal, que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, página 38; del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora, en la especie, se actualiza la referida causa de improcedencia, en virtud que se observa que el directo quejoso compareció ante el juez de ejecución de manera mensual del veintiséis de febrero de dos mil diecinueve al veintitrés de febrero de dos mil veintidós, a fin de cumplir con su beneficio de pena de prisión; de ahí que, por acuerdo de veintidós de marzo de esta anualidad, se decretó la libertad definitiva de Christian Pineda Saucedo. En consecuencia, al tener conocimiento que el quejoso comparecía de manera mensual ante el juez de ejecución y que se decretó su libertad definitiva, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que alegó por esta vía la promovente; motivo por el cual, cesaron los efectos del acto reclamado. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo.
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