Christian Paredes Espinoza
Expediente 593/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Christian Paredes Espinoza
Actuaciones
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de junio de dos mil veintidós. Téngase al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, devolviendo diligenciado el exhorto 141/2022-IV (orden 141/2022-IV), por el que se solicitó notificar el auto del veintitrés de mayo del año en curso al quejoso **********; se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por *********, por derecho propio, contra actos del Director General del Centro Preventivo y de Readaptación Social del Estado de México y otras autoridades; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 593/2022-IV. Ahora, el quejoso señala como actos reclamados el traslado del Centro Preventivo de Readaptación Social Ecatepec de Morelos, Estado de México (lugar donde se encontraba) hacia el Centro Federal y de Readaptación Social "5" Oriente ubicado en Lerdo de Tejada sin número, Congregación Cerro de León Veracruz, mismo que fue realizado el ocho de mayo de dos mil veintidós. En ese sentido, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII y XX, de la Ley de Amparo. Así, el dispositivo señalado, establece lo que la jurisprudencia ha denominado "principio de definitividad", que parte de la premisa consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa; por tanto, para que sea procedente debe agotarse, previamente, la jurisdicción ordinaria. La actualización de la hipótesis de improcedencia requiere: En cuanto a la primera: a) Que se trate de una resolución dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, b) Que la ley ordinaria conceda un recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En relación a la segunda causal: a. Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b. Que contra dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. c. Que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan. d. Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiterados criterios ha determinado que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, estipule, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Asimismo, ha sostenido como excepciones al principio de definitividad, cuando se reclaman: a) Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. b) Actos cuya ejecución es de imposible reparación. c) Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. d) Actos que importan una violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo. a) Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. b) Actos o resoluciones que importan peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, como lo son entre otros, las multas excesivas y las penas inusitadas o trascendentales. c) Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. d) Actos o resoluciones que carecen de fundamentación. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. a) Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia. b) Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. En efecto, el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de garantías individuales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga al quejoso a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En ese contexto la causa de improcedencia prevista en el artículo y fracciones citados, alude a que el juicio de garantías se tornará improcedente, cuando se reclame una resolución dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que la ley ordinaria conceda un recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Asimismo cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales resulte procedente algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados, o bien, que deban ser revisados de oficio, de conformidad con las leyes por las cuales se rijan; siempre y cuando, atento a los ordenamientos que prevean dichos medios de defensa, se suspendan los efectos de los actos impugnados, sin que se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder su suspensión; ello, con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido de acuerdo a la propia ley de la materia. En la inteligencia de que no existirá tal obligación de agotar tales medios de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Es decir, el amparo en materia jurisdiccional como administrativa únicamente será procedente cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales que pudieren revocar, modificar o nulificar el acto reclamado; sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión; salvo la excepción prevista por la propia ley de la materia, como cuando el acto reclamado adolezca de fundamentación; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. Asimismo, es importante mencionar, que de acuerdo con la interpretación que de la improcedencia en comento, ha realizado el Máximo Tribunal de Justicia en el País, únicamente los medios de defensa previstos en una ley formal y material son susceptibles de provocar dicho motivo de improcedencia, siempre que como se dijo, éstas no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los que prevé la Ley de Amparo. Cobra aplicación a ese respecto, la jurisprudencia 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, del Tomo X, Octubre de 1999, Materia Común, Administrativa, Novena Época, cuyo rubro es: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)". En ese tenor, debe puntualizarse que no constituye un requisito indispensable que los medios de impugnación a los que alude la causa de improcedencia en comento tengan que estar previstos por el ordenamiento legal del que emane formalmente o en la que encuentre su fundamento el acto de autoridad reclamado, pues ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, a más de que debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. De ahí, que si en el caso el quejoso reclama: el ilegal traslado del Centro Preventivo de Readaptación Social Ecatepec de Morelos, Estado de México (lugar donde se encontraba) hacia el Centro Federal y de Readaptación Social "5" Oriente, consecuentemente, se puntualiza que, conforme a lo analizado, previamente a la instauración de este juicio de amparo, el quejoso debió agotar los recursos previstos por la Ley Nacional de Ejecución Penal, aplicable a dicho acto reclamado. En efecto, los artículos 52, 107, 114, 115, 117 fracciones I y III y 132 fracción VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen lo siguiente: "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario. La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa". Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. [.] Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. [.]" Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. [.] Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; [.] III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y [.]. ". "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: [.] VII. Traslados; [.]" De la interpretación armónica de los numerales transcritos y en relación con el caso que nos ocupa (orden de traslado), el artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que ésta se puede llevar a cabo de forma urgente o excepcional, lo que de suyo implica una determinación administrativa, sin la intervención de autoridad jurisdiccional, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Lo anterior, con entera independencia de que, una vez que la autoridad jurisdiccional haya sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que califique su legalidad y contra de esa determinación procede el recurso de apelación. Sin embargo, el acto que se reclama, permite evidenciar que éste se emitió, sin la intervención de autoridad jurisdiccional alguna, lo que de suyo implica que el peticionario del amparo debió atender a lo que establece el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de acudir a esta instancia constitucional, por lo que hace a la orden de traslado. El numeral artículo 115, de esa ley, establece que el director del centro carcelario estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esa ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La autoridad penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del recurso, dejando constancia por escrito. Por su parte, del artículo 117, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se destaca que cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria, y en caso de que la resolución le sea desfavorable, se estableció antes, debió interponer el recurso de apelación establecido en el artículo 132 en su fracción citada de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese orden, previo a acudir a la vía constitucional, el peticionario del amparo debió agotar el principio de definitividad acudiendo ante la propia autoridad penitenciaria para elevar su petición administrativa a fin de que no fuera trasladado a diverso Centro Penitenciario y de Reinserción Social; o bien, acudir directamente ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver controversias relacionadas con las condiciones de su internamiento, en términos de lo que contemplan los numerales 115 y 117 fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y en caso de no obtener resultado favorable a su petición, entonces interponer el recurso de apelación previsto en la propia ley en su artículo 132 fracción VII. Lo anterior, con entera independencia de que el impetrante de amparo refiera que el acto que reclama (traslado), lo deja en total estado de indefensión, pues no se le otorgo garantía de audiencia; sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de queja 46/2020, estableció que ese tipo de actos no carecen de fundamentación, puesto que encuentran sustento en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, mismo que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización Judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis previstas en las diversas fracciones de numeral de referencia, por lo que la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación administrativa se somete al control de la autoridad jurisdiccional. En ese sentido y tomando en consideración que en el juicio de amparo en que se actúa, la parte quejosa señaló el ilegal traslado del Centro Preventivo de Readaptación Social Ecatepec de Morelos, Estado de México (lugar donde se encontraba) hacia el Centro Federal y de Readaptación Social "5" Oriente, y toda vez que no se tiene la certeza de que la autoridad jurisdiccional haya calificado la legalidad del traslado de que se duele, lo procedente es que el peticionario del amparo promueva una "controversia judicial" en términos del artículo 117, fracción III de la ley reglamentaria, a fin de que sea la autoridad jurisdiccional correspondiente, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, porque dicho medio de impugnación tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar las ordenes de traslados; así mismo, tiene el alcance de conceder la suspensión de la determinación administrativa que ordena el traslado urgente o excepcional. Y en caso que el juez responsable hubiera calificado como legal el traslado, entonces agotar el recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 132, fracción VII, que procede en contra de las determinaciones que se dicten en materia de traslado. En ese sentido se ha pronunciado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al afirmar que el artículo 117, fracción III del ordenamiento en cita dispone que las personas privadas de su libertad podrán presentar la controversia judicial contra las cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados y que de resultar desfavorable la decisión judicial, podrán interponer el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 132 fracción VII, de esa legislación, a fin de que esa resolución pueda ser en su caso, confirmada, modificada o revocada por un tribunal de alzada. En esa tesitura, si el quejoso no observó lo que establecen los artículos 115 y 117, fracciones I y III, así como 132 fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a acudir a esta vía constitucional resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere las precitadas fracciones XVIII y XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo aquí expuesto, la Jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materias Común, Penal, Décima Época, con registro 2018548, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". De igual forma tiene aplicación la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3506, con registro 2023190, de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD". En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Dado que el domicilio que precisa el quejoso para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en los artículos 2o., 27 de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa de su ordinal 2o., gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en Villa Aldama, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito tenga a bien notificar esta determinación al quejoso Christian Paredes Espinoza en el Centro Federal y de Readaptación Social "5" Oriente y le corra traslado con este auto. En esa virtud, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles, a fin de realizar la diligencia encomendada. Se tiene por autorizada a la persona que menciona para los efectos que precisa en el supuesto de que sea en amplios términos deberá contar con el registro respectivo. Se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y por exhorto al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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