Christian Neri García
Expediente 918/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Christian Neri García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Visto lo de cuenta, intégrese a los autos los oficios del Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Matías Romero Avendaño, Oaxaca, mediante los cuales rinde su informe justificado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con él al momento de celebrar la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte, la documental que anexa a su informe de ley, consistente en un disco versátil certificado en formato DVD, que contiene el registro de audio y video de diversas constancias relacionadas con el acto reclamado, esto es, actuaciones de la causa penal digital 466/2022; sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno; por lo que, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 117 de la ley de la materia, se les da vista, con su contenido a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de recibirlas en la audiencia constitucional, aun sin que exista gestión expresa de parte interesada. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia número 1a./J. 43/2013, visible en la página 703, libro XXIII, agosto de 2013, del tomo I, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, publicada bajo el rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Incompetencia. Ahora, como la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente, se debe considerar si la demanda de amparo da motivo para que este Juzgado se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables. De no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Así, del estudio integral de la demanda y anexos, se advierte que la quejosa se duele de manera toral de: La resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés emitida en el toca penal JOTPAI/0011/2023 del índice de la Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por el juez de Control del Circuito Judicial de la Región Istmo, sede Matías Romero Avendaño, Oaxaca, en la causa penal 466/2022, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo. De este modo, se destaca que la competencia por territorio en materia de amparo constituye tema de orden público, no sólo por ser presupuesto procesal, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La interpretación de los artículos transcritos lleva a concluir que existen tres supuestos para determinar la competencia de los jueces de distrito para conocer del juicio de amparo indirecto, que son: a) Con independencia de donde radique la autoridad responsable, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante quien se presente la demanda de amparo, siempre y cuando ejerza jurisdicción en el lugar donde continúe la ejecución. c) Cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el juez de distrito ante quien se haya presentado la demanda. Así, para establecer la competencia de un juez de distrito cuando el acto reclamado conlleva ejecución material debe atenderse al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Puntualizado lo anterior, se reitera que el quejoso acude por propio derecho a este juicio a reclamar la resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés emitida en el toca penal JOTPAI/0011/2023 del índice de la Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por el juez de Control del Circuito Judicial de la Región Istmo, sede Matías Romero Avendaño, Oaxaca, en la causa penal 466/2022, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo. Al respecto, los artículos 153, 154, 155, 158 y 318, del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen: "Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento." "Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o Se haya vinculado a proceso al imputado [.]" "Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; [.] V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; [.] XII. La colocación de localizadores electrónicos; XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o XIV. La prisión preventiva." "Artículo 158. Debate de medidas cautelares Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares." "Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento." De la interpretación de dichos numerales se concluye que el auto de vinculación a proceso es un acto que requiere ejecución material, pues su principal efecto es que el procesado permanezca a disposición del juez de la causa para la continuación del proceso penal. Y en esa medida, para asegurar su presencia en el procedimiento el juez podrá imponerle una o varias medidas cautelares, entre las que se encuentran: - La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe. - La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. - El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada. - La colocación de localizadores electrónicos. - El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga. - La prisión preventiva. Con base en lo anterior, en el caso, el acto reclamado debe tener ejecución en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, lugar de residencia del Juzgado que instruye la causa penal 466/2022; pues será en ese lugar en el que se materialice la resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés emitida en el toca penal JOTPAI/0011/2023 del índice de la Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por el juez de Control del Circuito Judicial de la Región Istmo, sede Matías Romero Avendaño, Oaxaca. En consecuencia, se estima que quien debe conocer de la demanda de amparo promovida por Christian Neri García es el Juzgado de Distrito en turno, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, por ser el órgano que ejerce jurisdicción en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, donde se tramita el proceso penal 466/2022 y debe ejecutarse la resolución reclamada. Lo anterior, conforme lo establecido por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito que, en lo que aquí interesa, establece: "ACUERDO GENERAL 3/2013: (.) XIII. DÉCIMO TERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." (Lo resaltado es propio) Es aplicable la jurisprudencia con registro 176365, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." Bajo ese tenor, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo; y con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo declina competencia a favor del Juzgado de Distrito, en turno, en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz. Mediante oficio que se gire vía mensajería acelerada (Estafeta) a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, envíese el expediente original del juicio de amparo 918/2023, de este índice, promovido por Christian Neri García, para que la remita al juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en Salina Cruz, a fin de que determine si acepta o no el conocimiento del asunto; solicitándole atentamente el acuse de recibo respectivo, preferentemente vía interconexión (SISE). En tales condiciones, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración dela audiencia constitucional en el presente asunto, esto es, las once horas con doce minutos del veintitrés de noviembre del año actual. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias correspondientes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Se autoriza a la Secretaria a firmar los oficios que deriven de esta determinación. Notifíquese personalmente a las partes y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE ... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Visto lo de cuenta, intégrese a los autos los oficios del Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Matías Romero Avendaño, Oaxaca, mediante los cuales rinde su informe justificado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con él al momento de celebrar la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte, la documental que anexa a su informe de ley, consistente en un disco versátil certificado en formato DVD, que contiene el registro de audio y video de diversas constancias relacionadas con el acto reclamado, esto es, actuaciones de la causa penal digital 466/2022; sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno; por lo que, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 117 de la ley de la materia, se les da vista, con su contenido a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de recibirlas en la audiencia constitucional, aun sin que exista gestión expresa de parte interesada. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia número 1a./J. 43/2013, visible en la página 703, libro XXIII, agosto de 2013, del tomo I, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, publicada bajo el rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Incompetencia. Ahora, como la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente, se debe considerar si la demanda de amparo da motivo para que este Juzgado se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables. De no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Así, del estudio integral de la demanda y anexos, se advierte que la quejosa se duele de manera toral de: La resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés emitida en el toca penal JOTPAI/0011/2023 del índice de la Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por el juez de Control del Circuito Judicial de la Región Istmo, sede Matías Romero Avendaño, Oaxaca, en la causa penal 466/2022, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo. De este modo, se destaca que la competencia por territorio en materia de amparo constituye tema de orden público, no sólo por ser presupuesto procesal, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La interpretación de los artículos transcritos lleva a concluir que existen tres supuestos para determinar la competencia de los jueces de distrito para conocer del juicio de amparo indirecto, que son: a) Con independencia de donde radique la autoridad responsable, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante quien se presente la demanda de amparo, siempre y cuando ejerza jurisdicción en el lugar donde continúe la ejecución. c) Cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el juez de distrito ante quien se haya presentado la demanda. Así, para establecer la competencia de un juez de distrito cuando el acto reclamado conlleva ejecución material debe atenderse al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Puntualizado lo anterior, se reitera que el quejoso acude por propio derecho a este juicio a reclamar la resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés emitida en el toca penal JOTPAI/0011/2023 del índice de la Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por el juez de Control del Circuito Judicial de la Región Istmo, sede Matías Romero Avendaño, Oaxaca, en la causa penal 466/2022, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo. Al respecto, los artículos 153, 154, 155, 158 y 318, del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen: "Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento." "Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o Se haya vinculado a proceso al imputado [.]" "Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; [.] V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; [.] XII. La colocación de localizadores electrónicos; XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o XIV. La prisión preventiva." "Artículo 158. Debate de medidas cautelares Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares." "Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento." De la interpretación de dichos numerales se concluye que el auto de vinculación a proceso es un acto que requiere ejecución material, pues su principal efecto es que el procesado permanezca a disposición del juez de la causa para la continuación del proceso penal. Y en esa medida, para asegurar su presencia en el procedimiento el juez podrá imponerle una o varias medidas cautelares, entre las que se encuentran: - La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe. - La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. - El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada. - La colocación de localizadores electrónicos. - El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga. - La prisión preventiva. Con base en lo anterior, en el caso, el acto reclamado debe tener ejecución en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, lugar de residencia del Juzgado que instruye la causa penal 466/2022; pues será en ese lugar en el que se materialice la resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés emitida en el toca penal JOTPAI/0011/2023 del índice de la Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por el juez de Control del Circuito Judicial de la Región Istmo, sede Matías Romero Avendaño, Oaxaca. En consecuencia, se estima que quien debe conocer de la demanda de amparo promovida por Christian Neri García es el Juzgado de Distrito en turno, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, por ser el órgano que ejerce jurisdicción en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, donde se tramita el proceso penal 466/2022 y debe ejecutarse la resolución reclamada. Lo anterior, conforme lo establecido por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito que, en lo que aquí interesa, establece: "ACUERDO GENERAL 3/2013: (.) XIII. DÉCIMO TERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." (Lo resaltado es propio) Es aplicable la jurisprudencia con registro 176365, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." Bajo ese tenor, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo; y con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo declina competencia a favor del Juzgado de Distrito, en turno, en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz. Mediante oficio que se gire vía mensajería acelerada (Estafeta) a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, envíese el expediente original del juicio de amparo 918/2023, de este índice, promovido por Christian Neri García, para que la remita al juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en Salina Cruz, a fin de que determine si acepta o no el conocimiento del asunto; solicitándole atentamente el acuse de recibo respectivo, preferentemente vía interconexión (SISE). En tales condiciones, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración dela audiencia constitucional en el presente asunto, esto es, las once horas con doce minutos del veintitrés de noviembre del año actual. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias correspondientes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Se autoriza a la Secretaria a firmar los oficios que deriven de esta determinación. Notifíquese personalmente a las partes y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Recepción constancias emplazamiento. Agréguese a los autos el oficio de la Magistrada Titular de la Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca, por medio del cual, en cumplimiento a lo requerido en autos, remite, constancias relativas al emplazamiento a juicio -que efectuó vía correo electrónico- de la moral ********************para los efectos legales procedentes. Ahora, en proveído de dieciséis de octubre del año en curso, se reservó proveer respecto del escrito presentado por ********************, quien se ostenta como apoderado legal de la empresa********************hasta en tanto existiera en autos las constancias relativas al emplazamiento a juicio de dicha moral; lo que en el caso ya aconteció; por tanto, se levanta la reserva ordenada y al efecto se provee: Requerimiento. Toda vez que el escrito de trato no se acompañó del documento con que acredite su personalidad el promovente, y por otro lado, el emplazamiento que efectuó la autoridad responsable -a la moral tercera interesada-, se hizo vía correo electrónico; por tanto, a fin de tener certeza de la personalidad del apoderado legal de la moral tercera interesada, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a ******************** para que dentro del término de tres días contados legalmente, acredite con documento idóneo la personalidad con la que se ostenta. Ahora, de la página del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE) http://sise.cjf.gob.mx/sise/Expediente/AutorizadosExpediente.aspx, se desprende que el usuario ******************** se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza al actuario para que practique la notificación de este acuerdo a la persona antes citada, de forma electrónica. Por lo que instrúyase al Oficial Judicial "A" (antes Analista Jurídico de Seguimiento del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente), para que realice la correspondiente habilitación. Diferimiento audiencia constitucional. Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declararon inhábiles los días correspondientes del dieciséis al veintisiete de octubre del presente año; en el entendido que subsistirá la validez de aquellas actuaciones y diligencias que se hubieren celebrado los días dieciséis y diecisiete del citado mes y año; por tanto, se suspendieron los términos y plazos procesales durante ese periodo. Por su parte, visto el estado de autos, se advierte que para las once horas con doce minutos del diecinueve de octubre de este año, se encontraba señalada la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, por las razones expuestas, no fue posible celebrar la citada audiencia. Por tanto, se fija como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, las ONCE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente a las partes; y, publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Intégrese a los autos el oficio a traves del cual el Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Matías Romero Avendaño, Oaxaca, rinde su informe justificado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con él al momento de celebrar la audiencia constitucional. Ahora, toda vez que la autoridad oficiante refiere anexar DVD certificado que contiene actuaciones relacionadas con el acto reclamado, emitidas en la causa penal ********************, de su índice; no obstante, el oficio de cuenta se recibió vía correo electrónico, sin anexo alguno. Por tanto, estese en espera de dicho anexo, vía ordinaria, a fin de acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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