Christian Muñoz Cruz
Expediente 607/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 607/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Christian Muñoz Cruz
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de dos de diciembre de dos mil veinte: Apizaco, Tlaxcala, dos de diciembre de dos mil veinte. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de diez de noviembre de dos mil veinte, en el que desechó la demanda de amparo promovida por ********************, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos originales. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa en su demanda de amparo, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjese a su disposición, el cual podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de diez de noviembre de dos mil veinte: Apizaco, Tlaxcala, diez de noviembre de dos mil veinte. Quejoso cumple prevención. Agréguese a los autos el oficio signado por el quejoso Christian Muñoz Cruz, por el que en cumplimiento a lo ordenado en auto de tres de noviembre de dos mil veinte, manifiesta que si es su deseo señalar como acto reclamado: "la falta de contestación al escrito de fecha veintiséis de octubre del año en curso, presentado ante la Notaría Pública Número Dos, de la demarcación de Ocampo, en la misma fecha" Ahora bien, del escrito inicial de demanda el quejoso reclama del Notario Público Número dos de la Demarcación de Ocampo lo siguiente: "la ilegal celebración del procedimiento especial sucesorio intestamentario celebrado bajo el acta número sesenta mil seiscientos treinta y dos, volumen seiscientos uno, de fecha doce de agosto de dos mil veinte, (.)" Por ende, se procede al análisis de la procedencia de amparo indirecto, tomando en consideración los dos actos reclamados, los cuales se encuentran estrechamente vinculados, pues por una parte el quejoso señala como acto destacado el procedimiento especial sucesorio intestamentario, a bienes del extinto José Gonzalo Muñoz Cruz, realizado el Notario Público número dos, de la demarcación de Ocampo, Jaime Silvestre Xochicale Baez, y también la falta de contestación al escrito de veintiséis de agosto actual, el cual, obra como anexo de la demanda de amparo, a foja 12 y 13, y que de acuerdo a su contenido, se advierte que la petición que el quejoso hace al Notario es dentro procedimiento especial sucesorio intestamentario (acto reclamado), por ende, se provee: Se desecha demanda de amparo Conforme a lo señalado por el artículo 113 de la Ley de Amparo que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechara de plano. En este contexto, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Los artículos trascritos establecen, en lo que interesa, que el juicio de derechos humanos tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Ley Fundamental de la Nación, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y que es autoridad responsable la que (con independencia de su naturaleza formal, pues puede ser un particular cuando realice actos equivalentes a los de autoridad), dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esa tónica, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/2007-PS, entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente en Materia de Trabajo del mismo circuito, haciendo una interpretación de los Códigos de Procedimientos Civiles de los Estados de Jalisco y Nuevo León, concluyó que cuando un tercer extraño reclama el trámite de una sucesión que se tramita ante Notario Público, éste no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. En efecto, el Máximo Tribunal del País estableció que la intervención que tiene el notario público en el procedimiento testamentario es como simple fedatario de los actos o hechos que para su autenticidad le son sometidos por los interesados. Agregó que el notario no es un funcionario o servidor público sino que, conforme con el sistema jurídico mexicano, la institución del notariado es sui géneris ya que, por un lado, se encomienda para su desempeño a particulares, licenciados en derecho, mediante la expedición de la patente respectiva, después de haber presentado los exámenes de oposición correspondientes; que por otro lado, se trata de una función de orden público, toda vez que el notario actúa por delegación del Estado, con el objeto de satisfacer necesidades de interés social como lo son la autenticidad, certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos, por tanto, es un servicio público regulado por el Estado, de ahí la obligación del notario para actuar y prestar sus servicios cuando sea requerido. Determinó que el notario es un particular que por disposición de ley, por un acto de delegación del Estado, recibe la fe pública, que es originalmente un atributo del propio aparato gubernamental por virtud de su imperio, y es ejercida a través de los órganos estatales y del mismo notario; que incluso, la propia legislación notarial ha establecido la incompatibilidad del ejercicio notarial con cargos públicos o de elección popular, lo que corrobora que no se trata de un empleado o funcionario público; de ahí que, si se considera que el notario público no puede reputarse como un servidor público, sino que es un particular que actúa mediante la patente que el Estado le otorga para dar fe pública de los actos e instrumentos que ante él se realicen, no puede decirse, por tanto, que sus actos son por mandato de ley, además, la función notarial no es compatible con el desempeño de cargos públicos, y su actuar está condicionado a que los particulares soliciten sus servicios, por lo que no existe una relación de supra a subordinación en su actuación, aunado a que a través de sus actos no se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; en esa tesitura, sus actos no pueden considerarse como actos de autoridad. Determinó en el sentido de que la función del notario público cuando se separa del procedimiento sucesorio porque no existe controversia entre los interesados, no era similar a la que desarrollaba el Juez, esto es, no constituía un acto definitivo, pues en el supuesto que alguno de los interesados no estuviera conforme, los notarios carecen de la facultad de solucionar dicho conflicto y hacer cumplir sus determinaciones, a diferencia de los Jueces. También que la relación entre notario y el particular no cumplía con la característica de supra a subordinación que distinguía a las relaciones de las autoridades con los gobernados, ya que el trámite cuando se separaba del procedimiento jurisdiccional era optativo para las partes, y en todo caso requería de su consentimiento para acatar las determinaciones de dicho fedatario público. De acuerdo con lo anterior, refirió Nuestro Máximo Tribunal, que al analizar las funciones que desempeñaban los notarios públicos al tramitar una cuestión cuando no existía controversia, era posible concluir que cuando se reclama la falta de llamamiento al procedimiento de sucesión tramitado ante dichos fedatarios, éstos no tenían el carácter de autoridades responsables, pues la falta de llamamiento no constituía un acto definitivo, pues en caso de suscitarse una controversia, el notario dejaría de conocer y se continuaría el trámite ante un órgano jurisdiccional. Luego entonces concluyó que tomando en consideración las notas distintivas de los actos de autoridad establecidas por ese Alto Tribunal, entre las cuales se encontraba que "para emitir esos actos de no se requiera acudir a los órganos jurisdiccionales ni se precise del consenso de la voluntad del afectado", y siendo que en el caso concreto, de ocurrir controversia consistente en la falta de llamamiento al procedimiento de sucesión tramitado ante notario público, era necesario acudir ante el Juez competente, a fin de que dicte la determinación respectiva, por ello, el notario público no podría ser considerado como autoridad responsable. Tales consideraciones se contienen en la jurisprudencia 1ª./J. 99/2008, localizable a página 199, tomo XXIX, febrero de 2009, novena época, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NUEVO LEÓN). Conforme a los artículos 934, 935, 936, 937 y 938 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 800, 881, 882, 883, 884 y 885 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, una vez radicada la sucesión ante el juez natural y hecha la declaratoria de herederos, cuando éstos sean mayores de edad, los menores estén debidamente representados y haya designación del albacea, podrá continuarse extrajudicialmente el trámite sucesorio ante notario público, siempre y cuando no se suscite controversia, pues en caso de haberla, el mencionado fedatario debe suspender su intervención y a costa de los interesados remitir testimonio de lo que haya practicado al juzgado que previno, para que judicialmente continúe el procedimiento, sin que los interesados puedan volver a separarse de éste. Así, el notario público actúa en dicho trámite como simple fedatario de los actos o hechos que para su protocolización le someten los particulares, de manera que si entre éstos y aquél no existe una relación de supra a subordinación, en tanto que la actividad del fedatario no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de los gobernados, pues son ellos quienes la solicitan, es evidente que su intervención no puede considerarse acto de autoridad; máxime que no actúa unilateralmente para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares, sino que sólo las hace constar. En ese sentido, se concluye que cuando un tercero que se dice extraño al trámite de una sucesión llevada ante notario público, lo reclama alegando que se le desconocieron sus derechos hereditarios, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo el aludido fedatario no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, además de que la falta de llamamiento al trámite indicado no constituye un acto definitivo sino una controversia que debe resolver el juez natural que previno en el conocimiento del juicio sucesorio". Así las cosas, se traen a contexto los artículos 1166 Bis a 1166 Quater del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que a la letra dicen: "Artículo 1166 Bis.- El juicio sucesorio por testamentaria, cuando todos los herederos sean mayores de edad, menores emancipados o personas jurídicas, se podrá tramitar mediante procedimiento especial ante Notario Público observando lo que establece el presente artículo y demás disposiciones aplicables a este caso: I. En las testamentarias, el albacea, si lo hubiere, los herederos o en su caso los legatarios instituidos, exhibirán al Notario Público copia certificada del acta de defunción del de cujus, un testimonio del testamento haciendo constar el reconocimiento de la validez de éste y de sus derechos hereditarios, la aceptación de la herencia o legado, la aceptación al cargo del albacea que fue instituido por el de cujus y que va a proceder a formar el inventario de los bienes de la herencia; II. El Notario Público, mediante dos publicaciones hechas en el Periódico Oficial y en un diario de mayor circulación en el Estado que se efectuarán dentro del término de treinta días, dará a conocer las declaraciones formuladas por los herederos o legatarios, pidiendo informe al Director de Notarias y Registros Públicos del Estado sobre la existencia de testamento formulado por el de cujus que sea distinto al presentado por los herederos o legatarios; III. Realizado el inventario por el albacea y encontrándose conformes con él, los herederos y legatarios, lo presentarán para su protocolización compareciendo ante el Notario Público para la firma del acta correspondiente; IV. La partición y adjudicación de bienes se hará conforme lo haya prevenido el testador y a falta de ello, conforme lo convengan los herederos, y V. Si durante la substanciación del procedimiento especial existiera controversia, el Notario Público suspenderá su intervención y remitirá todo lo actuado al Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que éste lo turne al Juzgado competente para conocer del asunto o en su caso al juez de origen que lo requiera. Artículo 1166 Ter.- Tratándose de sucesiones intestamentarias, éstas se podrán tramitar en procedimiento especial ante Notario Publico, conforme lo dispone el presente artículo y demás disposiciones aplicables a este caso: I.- (DEROGADA, P.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2009) II.- (DEROGADA, P.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2009) III.- (DEROGADA, P.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2009) IV.- Si durante la sustanciación del procedimiento especial surgiere controversia entre los interesados, el Notario se excusará de seguir conociendo de dicho procedimiento, remitiendo todo lo actuado al Tribunal Superior de Justicia del Estado para que éste lo turne al Juzgado competente para conocer del asunto, o, en su caso, al juez competente que lo requiera. Artículo 1166 Quater. El juez competente o el notario público que inicie un procedimiento sucesorio deberá recabar el informe de la existencia o inexistencia de alguna disposición testamentaria otorgada por el de cujus, mediante la solicitud de búsqueda a la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado, y ésta a su vez solicitará vía internet el reporte de búsqueda al Registro Nacional de Avisos de Testamento, además de realizar la consulta en el libro especialmente destinado a asentar las inscripciones de los avisos de testamentos". De las disposiciones transcritas se advierte que las cuestiones de sucesión, pueden tramitarse de manera optativa ante Notario, pero en caso de oposición de algún aspirante a la herencia, dicho fedatario suspenderá su intervención, remitiendo todo lo actuado al Tribunal Superior de Justicia del Estado para que éste lo turne al Juzgado competente para conocer del asunto, o, en su caso, al juez competente que lo requiera. De lo anterior importa destacar que la función notarial, en cuanto a este tipo de asuntos, es optativa y deviene por mandato expreso del legislador, a través de las que se delega a los fedatarios públicos facultades para que, si así lo desearen los herederos, formalicen el trámite de las sucesiones Por otro lado, debe tomarse en consideración que la remuneración de la labor notarial no proviene del erario público, sino del particular que acude a solicitar la prestación de sus servicios, de acuerdo con el arancel respectivo, y sólo actúa a petición de parte, esto es, sólo presta sus servicios cuando una persona física o moral interesada en el otorgamiento de una escritura o en hacer constar un hecho o un acto jurídico se lo solicita y, en ese contexto, la actuación notarial es obligatoria, lo cual encuentra fundamento en el artículo 10 de la Ley del Notariado del Estado, que en lo conducente establece: "Artículo 10. El Notario no será remunerado con cargo al erario del Estado; sus honorarios serán cubiertos por quienes soliciten sus servicios, en los términos del Arancel vigente y en su defecto serán determinados por convenio con el solicitante". Como se observa, es el propio particular quien acude a solicitar la prestación de los servicios notariales y quien paga por los mismos, por tanto, la actuación de los notarios en los trámites de sucesiones, no puede ser considerada como un acto de autoridad; considerando que no es un acto definitivo, pues en caso de desacuerdo de los herederos, es el Juez quien resuelve la controversia. Además, debe tomarse en cuenta que la subordinación de las relaciones jurídicas es una característica esencial de las relaciones entre las autoridades del Estado y los particulares, en las que se ubica a las primeras en un plano de superioridad respecto de los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se encuentra regulado por el derecho público y se caracterizan por la unilateralidad de los actos provenientes de las autoridades, sin que para ello sea necesario el consentimiento de los particulares. En este sentido, la actividad notarial en los juicios de sucesión, no constituye una relación de supra a subordinación entre el notario y el gobernado, ya que no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento del particular, toda vez que, como se estableció, para que desempeñe sus funciones, es necesario que el particular solicite sus servicios, por tanto, los actos de los notarios en las sucesiones no pueden considerarse actos de autoridad. De ahí, los actos del notario público en los casos de sucesión, de ninguna manera pueden reputarse como actos de autoridad toda vez que entre éste y el particular no existe una relación de supra a subordinación, tomando en cuenta que es el propio particular de mutuo propio quien solicita la actuación del fedatario público, por ello, no puede considerarse que actúa unilateralmente para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas, sin la necesidad de acudir ante órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Por ello, ya establecido que una de las notas esenciales de los actos de autoridad la constituye el hecho de que a través de los actos unilaterales se cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, es preciso señalar que los actos del notario público en el Estado, de acuerdo con la normatividad que los rige, tienen tales efectos. Los artículos 6, fracción XV y 83 de la Ley del Notariado del Estado de Tlaxcala, disponen: "Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: (.) XV. Notario. El profesional del derecho, investido de fe pública por delegación del Estado para ejercer las funciones propias del notariado de acuerdo con esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables; (.)". "Artículo 198. Son obligaciones y atribuciones del Director, las siguientes: I. Practicar u ordenar la práctica de inspecciones ordinarias y especiales a las notarías del Estado; II. Comunicar por escrito a la superioridad las faltas que ameriten suspensión o remoción del cargo, en que incurran los notarios en ejercicio de sus funciones, sugiriendo la sanción que deba imponerse; III. Resolver las quejas presentadas en contra de los notarios; IV. Sancionar administrativamente a los notarios conforme a las disposiciones de la presente Ley; V. Intervenir en la entrega y recepción de notarías; VI. Realizar estudios para identificar las necesidades del servicio notarial en el territorio del Estado; VII. Llevar los registros de expedición de Constancias de Aspirante y de Patente de Notario, de sellos y firmas de estos últimos y de los Convenios de Asociación que celebren los notarios. En estos registros se asentarán la fecha de los nombramientos, los días que hayan dejado de actuar los notarios y las licencias, suspensiones y remociones de los mismos; VIII. Llevar un registro de los testamentos que autoricen los notarios y de los cuales hayan dado aviso en los términos de la presente Ley y rendir a las autoridades los informes que soliciten; IX. Expedir, a petición de los notarios, de los interesados o por orden judicial, los testimonios o copias certificadas de las escrituras que obren en los Protocolos depositados en el Archivo; X. Dirigir, controlar y supervisar el manejo del Archivo y de los Registros Públicos en el Estado; XI. Tramitar los asuntos relacionados con el notariado del Estado, y XII. Las demás que le señalen esta Ley y otros ordenamientos aplicables". De los artículos transcritos se puede observar que la función del notario esencialmente consiste en dar fe para hacer constar actos, negocios y hechos jurídicos a los que se deba o quiera dar autenticidad y seguridad jurídica conforme con las leyes, además de ilustrar a las personas que le soliciten sus servicios, debiendo recibir, interpretar y dar forma a la voluntad de las mismas. Esto es, el notario es un delegatario del Estado para dar fe pública de los actos y hechos jurídicos que se celebran ante él con el fin de brindar autenticidad, certeza y seguridad jurídica respecto de los mismos. En este orden de ideas, debe entenderse que el notario, a través de la fe pública que le es conferida, sólo hace constar los actos y hechos jurídicos que ocurren ante él, sin que de ello pueda entenderse que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. El hecho de que en ocasiones, por determinación de ley, como requisito formal se requiera de la intervención del notario para dar fe de un acto o hecho jurídico, de ninguna manera puede entenderse como un acto de autoridad, ya que, como se ha establecido, dicha intervención sólo tiene como efecto brindar autenticidad, certeza y seguridad jurídica respecto de dichos actos o hechos. En este sentido, la fe pública notarial sólo debe considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el notario tanto al Estado como al particular, al determinar que el acto se otorgó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto, sin que lo anterior signifique que a través de la función notarial se cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Por ello, como se ha establecido, los actos del notario en cuestiones de sucesiones no pueden ser considerados actos de autoridad. Consecuentemente, si en el particular se reclama en esencia el procedimiento especial sucesorio intestamentario celebrado bajo el acta número sesenta mil, seiscientos treinta y dos (60,632), volumen seiscientos uno (601) de doce de agosto de dos mil veinte, ante el Notario Público número dos, de la demarcación de Ocampo, a bienes de José Silvestre Xochicale Baez, sin haber reconocido al quejoso con calidad de hijo del de cujus; no implica la realización de actos equivalentes a los de una autoridad para efectos del amparo, ya que sólo autentica y da forma a los instrumentos donde constan los actos, hechos o negocios jurídicos que celebran las partes que en ellos intervienen, razón por la cual no impone disposiciones normativas ni modifica alguna situación jurídica de manera unilateral, ni afecta la esfera legal de las partes, considerando también para ello, que en las sucesiones, su actuaciones es optativa y no definitiva, pues en caso de inconformidad, se debe acudir a la potestad del Juez correspondiente, por lo que es claro que no se está en presencia de una autoridad, para los efectos del amparo; lo que configura la causal de improcedencia en comento. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia emitida por Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1ª./J. 41/2019, 16 de agosto de 2019, decima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado." Se hace extensiva la actualización de la causal de improcedencia a las autoridades ejecutorias. Asimismo, la improcedencia decretada debe hacerse extensiva en relación a los actos de ejecución reclamados a las autoridades responsables Director de Notarías y Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala; Décima Sétima Zona Registral, con cabecera en el Municipio de Veracruz; y, Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Puebla, correspondiente a la zona metropolitana, porque los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender del procedimiento sucesorio intestamentario llevado a cabo ante el Notario Público número dos, de la demarcación de Ocampo, señalado como acto destacado. Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante ejecutoria pronunciada el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, en el recurso de queja 110/2019, derivado del juicio de amparo 378/2019-II, del índice de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el caso concreto, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por el artículo XXIII del numeral 61, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, a contrario sensu, de la Ley de Amparo; en consecuencia, lo que procede es desechar de plano la presente demanda. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. Por otra parte, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.*
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de tres de noviembre de dos mil veinte: Apizaco, Tlaxcala, tres de noviembre de dos mil veinte. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Christian Muñoz Cruz, por propio derecho contra actos del Notario Público Número Dos, de la Demarcación de Ocampo y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 607/2020-III. Prevención. Ahora, debe destacarse que el artículo 108, de la Ley de Amparo en vigor prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentra el establecido en la fracción IV y V, que a la letra señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)". Del precepto legal transcrito se desprende que la parte quejosa se encuentra obligada a manifestar bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado de manera clara los acto que reclama y a quién se los reclama, pues ello constituye información indispensable para que el Juez de Distrito esté en aptitud de analizar la constitucionalidad de los actos que se les atribuyen. Ahora bien, la parte promovente señala como acto reclamado "la ilegal celebración del procedimiento especial sucesorio intestamentario celebrado bajo el acta número sesenta mil seiscientos treinta y dos, volumen seiscientos uno, de fecha doce de agosto de dos mil veinte, ante el Notario Público Número Dos, de la Demarcación de Ocampo (.)" Asimismo en dicho capítulo, también refiere lo siguiente: ".ante tal circunstancia, el día veintiséis de octubre de dos mil veinte, comparecí por escrito a la Notaría número dos de la demarcación de Ocampo, para el efecto de hacerle saber al Fedatario de la existencia del suscrito quejoso, en mi calidad de hijo legítimo del señor José Gonzalo Muñoz Cruz (.) sin embargo hasta la fecha no obtenido una contestación a mi solicitud." (sic) Por tanto, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 108, fracción IV, 110 además del 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad: Manifieste si desea señalar como acto reclamado la falta de contestación al escrito de fecha veintiséis de octubre del año en curso, presentado ante la Notaría Pública Número Dos, de la Demarcación de Ocampo. Lo anterior, como se indicó a fin de determinar la procedencia de la demanda de amparo que se atiende. Se requiere copias de escrito aclaratorio. Además, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Todo lo anterior, para estar en condiciones de darle a la demanda el trámite legal que corresponda. Apercibimiento. Por tanto, se apercibe a la parte promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido en párrafos que anteceden, en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá como acto reclamado única y exclusivamente el señalado como "la ilegal celebración del procedimiento especial sucesorio intestamentario". Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Autorizados Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Omar Neftalí Rodríguez Mendieta y Yessica Rebollar Quezada, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitan días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se trámite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Asimismo, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
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