Christian Marino Calihua Galicia

Expediente 139/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 27 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
139/2022
Año
2022
Actuaciones
27
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Christian Marino Calihua Galicia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Zongolica, Veracruz, con un anexo, mediante el cual informa la imposibilidad que le asiste a efecto de cumplir con el requerimiento de veintidós de septiembre de la presente anualidad, y refiere que los autos originales del juicio ordinario civil 477/2021, de su índice, fueron remitidos a la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por el demandado. En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable para que de manera inmediata, informe a qué Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, le correspondió conocer del referido recurso de apelación; en el entendido de que le subsiste el apercibimiento decretado el veinticuatro de agosto de la presente anualidad. Notifíquese.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Zongolica, Veracruz, mediante el cual informa que el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós; empero, es omiso en remitir copia certificada de dicho acuerdo y del proveído por el que dejó insubsistente el diverso de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, por el que desechó el referido recurso de apelación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, cumpla puntualmente con la ejecutoria de amparo e informe a este Juzgado Federal sobre ello, con la remisión de las constancias que así lo acrediten; en el entendido de que le subsiste el apercibimiento decretado el veinticuatro de agosto de la presente anualidad. Notifíquese

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, los efectos de la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, Christian Marino Calihua Galicia, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada de iniciales J.A.C.M., son los siguientes: "En consecuencia, al encontrarse demostrada la inconstitucionalidad del acto reclamado, se impone conceder a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Mixto de Primera Instancia de Zongolica, Veracruz (...) En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, Juez Mixto de Primera Instancia de Zongolica, Veracruz, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, cumpla puntualmente con la ejecutoria de amparo e informe a este Juzgado Federal sobre ello, con la remisión de las constancias que así lo acrediten. Apercibida que en caso de no hacerlo dentro del plazo concedido para ello, se hará acreedora de una multa de cien Unidades de Medida de Actualización conforme a su valor diario, en términos de lo previsto por los artículos 237, fracción I, y 258, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En el entendido de que si no cumple con el requerimiento señalado en párrafos precedentes, con independencia de hacerle efectiva la imposición de la multa señalada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, conforme a lo establecido por los párrafos segundo y tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  4. Principal

    QUINTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, sea que las partes la propongan o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En relación con el acto reclamado consistente en: 1. El auto relativo a la audiencia prevista en el artículo 345 del Código Civil para el Estado de Veracruz, de diecinueve de enero de dos mil veintidós, por el que se le hizo efectiva en perjuicio del impetrante, una multa de cinco UMA (unidad de medida y actualización), y se dio vista al fiscal adscrito al juzgado, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto en cita se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; y esta circunstancia se justifica, porque es innecesario analizar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, en la esfera jurídica del gobernado, por haber desaparecido el motivo que, concreta y específicamente, originó el ejercicio de la acción de amparo. Es así pues, se reitera, ***************, reclama el auto pronunciado el diecinueve de enero de dos mil veintidós, por el que se hizo efectivo el apercibimiento de imponerle una multa de cinco UMA (unidad de medida y actualización), y se dio vista al fiscal adscrito al juzgado. Sin embargo, los efectos de dicho acto reclamado cesaron al sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en su vigencia y ejecutividad, pues le otorgó firmeza. En efecto, el auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, por el que el juez responsable señaló fecha de audiencia para escuchar al menor, hizo efectiva una multa y ordenó dar vista al fiscal adscrito al juzgado, fue combatido por el impetrante a través del recurso de apelación; y por resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, el juez responsable lo desechó por las razones ahí expuestas; por tanto, esta última resolución incide y sustituye procesalmente los efectos generados por el auto recurrido. En lo conducente, se invoca como apoyo la tesis (...) En relación con el acto reclamado consistente en: 2. El auto pronunciado el nueve de febrero de dos mil veintidós, en el que se señaló como nueva fecha para la audiencia para escuchar al menor, las doce horas con treinta minutos del siete de marzo de dos mil veintidós; y se apercibió al quejoso con imponerle una multa de diez UMA (unidad de medida y actualización), en caso de no asistir a ésta con el menor (foja 99 del tomo), se estima actualizada, por un lado, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." De tal disposición normativa deriva que dicha causa de improcedencia se actualiza cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Al respecto se invoca como apoyo la jurisprudencia (...) En la especie, el quejoso, *************, reclama el auto pronunciado el nueve de febrero de dos mil veintidós, en lo que respecta a señalar como nueva fecha para la audiencia para escuchar al menor, las doce horas con treinta minutos del siete de marzo de dos mil veintidós. Sin embargo, de autos se advierte que dicho juzgador por auto de siete de marzo de dos mil veintidós, prescindió de citar al quejoso para que compareciera con el menor a la audiencia a fin de escucharlo, pues dado el tiempo transcurrido, sin que se presentara, fijó una convivencia provisional entre la madre y el hijo con apercibimiento al quejoso que de no cumplir con la convivencia se haría acreedor a una multa de cinco unidades de medida y actualización. En ese entendido, no obstante que el acto reclamado no fue cesado o destruido por la autoridad responsable; existe imposibilidad de que la cita para la audiencia a efecto de escuchar al menor surta sus efectos, pues aunque formalmente subsiste, por un lado, la fecha ya aconteció y, por otro, prescindiendo de señalar una nueva fecha, se fijó la convivencia entre el menor y su progenitora, no custodia. Por otro lado, en cuanto al apercibimiento al quejoso con imponerle una multa de diez unidades de medida y actualización, en caso de no asistir con el menor a la audiencia de mérito, si bien en ese aspecto el auto reclamado, de nueve de febrero de dos mil veintidós, no cesó en sus efectos, sin embargo, no produce una afectación directa, real y actual en su esfera jurídica, por lo que en relación con ello se estima actualizada la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, y artículo 5º, fracción I, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el apercibimiento de multa no resultaba un acto inminente, sino futuro e incierto, dado que se encontraba condicionado a que el obligado cumpliera o no con la medida decretada, de ahí que no constituía una afectación actual, real y directa a la parte promovente, por lo que actualiza la causa de improcedencia invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (...) También se invoca como apoyo, la jurisprudencia (...) Igualmente se cita como apoyo la tesis (...) Al actualizarse las causas de improcedencia en mención, se impone sobreseer en el juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto de los actos reclamados de que se trata este considerando. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras 2. Fiscal Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niños y Trata de Personas, con sede en Zongolica, Veracruz, 3. Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado de Zongolica, Veracruz y 4. Fiscal adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zongolica, Veracruz, toda vez que no se reclaman por vicios propios sino como consecuencia del auto precisado. Ante el sobreseimiento decretado en este considerando, no es procedente entrar al análisis de los conceptos de violación, y tampoco emitir mayor pronunciamiento sobre el material probatorio que no guarda relación con las causales de improcedencia, sino con el fondo del asunto. Sirve de apoyo, la jurisprudencia (...) Al no invocarse por las partes ni advertirse de oficio la actualización de diversa causa de improcedencia, en relación con el acto reclamado consistente en el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, por el que el juez responsable desechó el recurso de apelación interpuesto contra el auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se procede al análisis su constitucionalidad. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los conceptos de violación, en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia (...) SÉPTIMO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Es esencialmente fundado uno de los conceptos de violación, y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, aunque para ello se supla la queja deficiente al estar involucrados los derechos de un menor, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. En principio, debe quedar precisado que los conceptos de violación que se dirigen a combatir que la autoridad responsable viola en perjuicio del quejoso, el principio de interés superior del menor, porque antes de fijar fecha para escucharlo se le debe preparar psicológicamente para comparecer al proceso; no se analizarán, porque están vinculados con los actos que ya fueron materia de pronunciamiento en el considerado quinto, respecto de los cuales se sobreseyó en el juicio de amparo; sólo se estudiaran aquéllos que, suplidos en su deficiencia, están vinculados con el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, por el que el juez responsable desechó el recurso de apelación interpuesto contra el auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós. En relación con ello, se estima que el juez responsable viola en perjuicio del impetrante el contenido del artículo 16, párrafo primero, constitucional, dado que no motivo la resolución reclamada; y para justificar dicha postura, resulta pertinente citar el contenido de dicho precepto, el cual establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Disposición normativa de la que se advierte la garantía de legalidad, que consiste en que todo acto de autoridad debe encontrarse fundado y motivado, a través de mandamiento escrito, esto es, establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, a efecto de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente al proceder de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. Ahora, por fundamentación debe entenderse la cita del precepto legal aplicable al caso; y por motivación, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Tiene aplicación la jurisprudencia (...) En el asunto que nos ocupa, el acto reclamado, en su parte conducente, es del contenido siguiente: ".proveyendo el escrito de CHRISTIAN MARINO CALIHUA GALICIA de fecha quince de febrero de este año, mediante el cual solicita se pronuncie este juzgado respecto del recurso de apelación en ambos efectos interpuesto por él en contra de lo resuelto durante la junta a que se refiere el artículo 345 del Código Civil celebrada el día diecinueve de enero del año en curso, recurso que interpone contra la totalidad del auto dictado dentro de la audiencia prevista por el artículo 345 del Código Civil, celebrada el diecinueve de enero de dos mil veintidós, en donde no se acordó de conformidad su escrito mediante el cual solicitaba suspensión y/o diferimiento de la audiencia antes citada, ahora bien conforme a lo dispuesto por los artículos 509, 512, 514, 515 y 616 del Código Procesal Civil en relación con el diverso 52 de la misma legislación, se desecha dicho recurso de apelación en ambos efectos, toda vez que el numeral 509 antes citado establece que son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia y en el caso que nos ocupa no se actualiza ninguna de dichas hipótesis, razón por la cual se dijo se desecha de plano dicho recurso.". De la anterior transcripción se observa que el juez responsable desechó el recurso de apelación que se interpuso contra el proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós, por el que se fijó fecha para escuchar al menor; sin embargo, únicamente hizo referencia a las hipótesis de procedencia que prevé el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y concluyó que el recurso no reunía esas características, sin precisar los motivos o la razón por la que consideraba que no era apelable; y en ese entendido, viola en perjuicio del quejoso la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 Constitucional, en la medida que carece de motivación, pues resultaba necesario que la responsable realizara un análisis del auto apelado y expusiera las razones por las que consideraba si reunía o no los requisitos de procedencia que prevé el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Al no haberlo hecho así, es evidente omitió motivar su acto de autoridad en el aspecto destacado, pues no dio a conocer la causa jurídica de su decisión, lo cual afectó la esfera de derechos del quejoso, al dejarlo en estado de indefensión, por desconocer las razones que tuvo en consideración para arribar a la determinación reclamada. De ahí lo fundado del concepto de violación suplido en su deficiencia. Cabe destacar que en esta instancia no procede subsanar las irregularidades precisadas, pues hacerlo implicaría tratar de perfeccionar dicho acto, sustituyéndose en las facultades que son exclusivas de la autoridad responsable (que es la competente para hacer el pronunciamiento respectivo), en tanto que a los órganos de control constitucional sólo les compete determinar si el acto reclamado es inconstitucional o no, pero no subsanarlo, corregirlo o mejorarlo, ya que ello corresponde a la autoridad de instancia en ejercicio pleno de su jurisdicción. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (...) En consecuencia, al encontrarse demostrada la inconstitucionalidad del acto reclamado, se impone conceder a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Mixto de Primera Instancia de Zongolica, Veracruz: 1. Deje insubsistente el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, por el que desechó el recurso de apelación interpuesto contra el de diecinueve de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil 477/2021; y, 2. En su lugar emita uno nuevo, en el que de manera motivada se pronuncié sobre la procedencia o improcedencia del recurso de apelación que se hizo valer en contra del auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós. Finalmente, es pertinente indicar que no pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por la parte quejosa, a título de alegatos; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. Sirve de apoyo a lo anterior, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia (...) OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de admisorio, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tienen por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo aplicable se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por *************, contra los actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Zongolica, Veracruz, 2. Fiscal Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niños y Trata de Personas, con sede en Zongolica, Veracruz, 3. Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado de Zongolica, Veracruz y 4. Fiscal adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zongolica, Veracruz, precisados en el resultando primero, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a ********** contra el acto reclamado de la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia de Zongolica, Veracruz, precisado en el resultando primero, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público, por lista de acuerdos a la parte tercero interesada y por oficio a las autoridades responsables.

Quedan 23 actuaciones en este expediente

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