Christian LuisJuan Echavarría
Expediente 829/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 829/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/07/2021
Partes del expediente
- Christian LuisJuan Echavarría
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto el recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo en consecuencia, con fundamento en los artículos 2º, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la aludida resolución ha causado estado para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese este expediente por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción, En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que si bien es cierto la autoridad responsable Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue debidamente emplazada el trece de abril de dos mil veintiuno, también lo es que a la fecha no ha rendido su informe justificado relacionado a la ampliación de demanda admitida el diez de septiembre de dos mil veinte, consecuentemente, y en vía de informe, con fundamento en los artículos 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 75, fracción III de la Ley de Amparo, requiérase a dicha autoridad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias debidamente certificadas, completas y legibles de las constancias solicitadas bajo apercibimiento de ley Para dar lugar a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y para su verificativo se señalan nuevamente las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
- Principal
Por este medio notifico a la parte quejosa la resolución de diez de junio de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió a notificarse personalmente de la misma, no obstante de habérsele dejado citatorio para tal efecto. La resolución de mérito a la letra dice: "Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscriben la Juez y la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, atento a su contenido, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad rindiendo su informe justificado. Con el informe de cuenta, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Luego, se tienen por ofrecidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que allega a su comunicado de cuenta. Ahora bien, de dichas constancias, se advierte la existencia de una causal de improcedencia indudable y manifiesta, que acarrea el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Es oportuno afirmar que por excepción, acorde al criterio jurisprudencial que posteriormente se invoca, en ocasiones como la presente, es permitido sobreseer en el juicio fuera de audiencia, si es que en la especie se tiene una causal manifiesta, notoria e indudable que necesariamente conduce al sobreseimiento, lo que impide que se continúe con el trámite del juicio. Así, se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, o sea, que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en la omisión de las responsables de proveer el escrito diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, dentro del expediente ***, por el que interpuso recurso de revocación en contra del auto de dieciocho de enero pasado. Por otra parte, de las constancias remitidas por las responsables se evidencia que el ocho de junio de dos mil veintiuno, se proveyó el escrito presentado el diecinueve de febrero de la misma anualidad, dentro del expediente ***, motivo por el cual, se arriba a la determinación de que han cesado los efectos del acto reclamado, puesto que sí la parte quejosa, en trece de febrero de dos mil veinte, interpuso demanda de amparo en contra del acto precisado en el párrafo que antecede, y como se evidencia dicha circunstancia ya aconteció, mismas que merecen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la ley de la materia; consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, y lo procedente es sobreseer, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Sin que pase desapercibido para este juzgador el hecho de que en el auto de ocho de los corrientes dictado en el juicio natural, la responsable, tuvo por recibidos los escritos presentados el diecisiete y veintidós de febrero, sin embargo se evidencia que el escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, fue turnado a la responsable el veintidós del mes y año mencionado, asimismo, se proveyó el contenido del mismo. Tiene aplicación la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En efecto, en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido el acto reclamado que originó el juicio de amparo, y por lo tanto, desaparecen sus efectos, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de su existencia, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundaméntales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica de la quejosa haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Así las cosas, como se apuntó, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, toda vez que aún y cuando se llevara a cabo la celebración de la audiencia constitucional, el acto reclamado no podría ser desvirtuado con prueba alguna, ni causaría agravio a la parte quejosa, ya que el resultado del fallo que se llegara a dictar en este juicio de amparo sería en el mismo sentido; por tanto, en atención al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional, a nada práctico conduciría celebrar la aludida audiencia constitucional, para dictar el fallo correspondiente. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Así como, por las razones que la informan, la tesis número XIV.1º.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en la página 1235, del Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional.". Lo subrayado es de este Juzgado de Distrito, para evidenciar la hipótesis aplicable al caso. No es óbice a lo anterior, la tesis 2a./J.44/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 373, Tomo XXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TERMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS". Toda vez que, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al abandonar el criterio referido en la jurisprudencia 45/2007, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, los alcances por los que se pudiera otorgar la protección constitucional deberán de limitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Lo anterior, encuentra sustento en la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por Segunda Sala, visible en la página 732, registro 2005150, Materia(s): Común, Décima Época, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Finalmente, se deja sin efectos la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente asunto, a saber, las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.".
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y toda vez que fueron señaladas las diez horas con treinta y tres minutos del día de hoy, para la celebración de la audiencia constitucional, la misma no se llevará a cabo, por ausencia del titular debidamente autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo la Secretaria Encargada del Despacho, se encuentra facultada en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para practicar las diligencias y dictar providencias de mero trámite, así como las resoluciones de carácter urgente. En consecuencia, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan para su verificativo las diez horas con cuarenta y tres minutos del veintiocho de mayo de dos mil veintiuno.
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