Christian López Maya

Expediente 1179/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1179/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
11/08/2017

Partes del expediente

  • Christian López Maya

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda que promueve **********, regístrese bajo el número 1179/2017-II-A. DESECHAMIENTO. Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. El solicitante del amparo reclama: Los autos de quince de mayo y veintiséis de junio del año en curso, por los cuales se ordena reponer el procedimiento administrativo de separación ********** y citar al quejoso al desahogo de su garantía de audiencia e inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Acotado lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de plano por su manifiesta e indudable improcedencia. La fracción mencionada establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El texto del precepto transcrito establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél. Para tener por actualizada la causa de improcedencia en estudio es necesario: Que el acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales administrativos, judiciales o del trabajo. Que contra ese acto proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado. Que el medio ordinario de defensa prevea la suspensión de la ejecución del acto impugnado y que para su concesión no se prevean mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. No habrá obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación o se reclamen violaciones directas a la Constitución. ACTO DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. El primero de los requisitos se encuentra satisfecho, ya que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que evidentemente no forma parte de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo; pues se trata de una dependencia gubernamental estatal, de ahí que se colme el primer requisito en comento. PROCEDENCIA DE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA. En relación con el segundo de los requisitos consistente en que contra los actos reclamados proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado, éste también se encuentra satisfecho, tal y como enseguida se expone. Los artículos 1°, fracción II y 229, fracción III, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en su texto vigente, prevén lo siguiente: "Artículo 1°. Para efectos del presente Código, se entenderá por: II. Autoridad: Entes del Poder Ejecutivo del Estado, Municipios o de los organismos auxiliares de carácter Estatal o Municipal, que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar actos o resoluciones administrativas y fiscales; ... Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: ... III. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; ..." De la interpretación armónica de los numerales transcritos se desprende que son susceptibles de impugnarse mediante el juicio contencioso, los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación. Por consiguiente, es palmario que contra el acto aquí reclamado procede el juicio contencioso administrativo, toda vez que fue realizado por autoridad estatal; por tanto, con el medio ordinario de defensa está en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación de los actos que combate, de ahí que se colme el segundo requisito. IGUALDAD DE REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN. Respecto al tercer requisito consistente en que el recurso, juicio o medio de defensa ordinario, no exija mayores requisitos para conceder la suspensión, éste también se encuentra satisfecho; así fue plasmado en la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2015, y al efecto emitió la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional." En las relatadas condiciones, como la Ley de Amparo y el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en esencia, son coincidentes respecto a los requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados; debe concluirse que la parte interesada en obtenerla se encuentra obligada a observar el principio de definitividad, dado que en la ley que rige el medio de defensa no se prevén mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado en esa instancia contenciosa, que los enunciados en la Ley de Amparo, como se explicó en los párrafos anteriores. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO. Por otra parte, en relación a la excepción al principio de definitividad, cuando se reclame violaciones directas a la Constitución Federal; dicha situación no acontece, dado que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que alega como vicios principales la legalidad que a su juicio ostenta el acto reclamado, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución, por su naturaleza, se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias. En el entendido que, no se puede dejar al arbitrio del quejoso determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse en aras de preservar el carácter de medio extraordinario de defensa del juicio de amparo; máxime que las violaciones que alega la quejosa pudieron ser materia de análisis ante la autoridad jurisdiccional ordinaria. Resulta ilustrativa la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que se cita enseguida: "RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL. El juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo, tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna y no cuestiones de legalidad, pues entonces la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario procedente antes de acudir a la vía constitucional." Ello con independencia de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, el quejoso en el procedimiento administrativo seguido en su contra pueda ser objeto de una sanción por responsabilidad administrativa disciplinaria consistente en la DESTITUCIÓN DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, el cual es considerado como un acto de imposible reparación. Es importante mencionar que esta determinación no es contraria a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 72/2013, de rubro: SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Se afirma lo anterior, en primer lugar, porque el alto tribunal sostuvo expresamente que el criterio adoptado no prejuzgaba sobre la posible existencia de diversos motivos de improcedencia que el juzgador debía analizar en cada caso concreto. En segundo término, porque la decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia involucró el análisis de un acto emitido por autoridades de carácter federal con base en ordenamientos de esa índole, cuya impugnación a través de los medios ordinarios de defensa difiere, en cuanto a su procedencia, de aquellos emitidos por autoridades pertenecientes al Estado de México. En efecto, la citada sala analizó si el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación de los miembros del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial de la Procuraduría General de la República, que tiene como sustento la ley orgánica de esa institución, era impugnable a través del juicio de amparo indirecto. Como acto proveniente de autoridades federales, su impugnación a través de los medios ordinarios de defensa, particularmente por medio del juicio contencioso administrativo federal, hace necesario analizar las reglas de procedencia establecidas en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El artículo 14, primer párrafo, de ese ordenamiento prevé: "Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:..." El precepto transcrito establece la procedencia genérica del juicio de nulidad contra las resoluciones definitivas, actos y procedimientos dictados y substanciados por las autoridades de la administración pública federal que se indican en las dieciséis fracciones que lo integran. Sin embargo, de conformidad con ese artículo, el presupuesto básico requerido para su impugnación consiste en que el acto de autoridad sea definitivo, de modo tal que los actos intraprocesales, como es el acuerdo de inicio de un procedimiento administrativo instruido a la quejosa, no se ubica en ese supuesto. El cual es inimpugnable a través de ese medio de defensa, pues dicho proveído es emitido en la fase inicial de tal procedimiento y, por tanto, no constituye la resolución que lo da por concluido. En las condiciones anotadas, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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