Christian Larios Alcaraz

Expediente 25/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
25/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
21/10/2022

Partes del expediente

  • Christian Larios Alcaraz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se obtiene que se recibió vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el oficio enviado por el Secretario del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dirigido al juicio de amparo 25/2022-I; sin embargo, dicho oficio se encuentra dirigido al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato; en consecuencia, remítase el escrito de cuenta al expediente de asuntos varios. Cúmplase.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación de cuenta, así como el estado de autos, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días hábiles previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra del acuerdo en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Ahora bien, ya que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. Ahora, en conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de tres días a la parte tercero interesada BT- Semlab, sociedad anónima de capital variable, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo hubiere realizado; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, y se ordena notificar por lista en los estrados de este Juzgado el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto designe domicilio donde pudieran llevarse a cabo; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese por medio de lista a la parte tercero interesada.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos de los que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa a fin de que realizara manifestaciones en relación con el cumplimiento dado al fallo protector por las autoridades responsables; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, procede a resolver si está o no cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente asunto. Mediante sentencia dictada el cuatro de junio de dos mil diecinueve y confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, -en lo que al caso atañe- se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, a efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ''Por tanto, para asegurar la restitución de la parte quejosa en el goce de los derechos vulnerados conforme lo establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, con la modulación respectiva del principio de relatividad, la protección constitucional se concede para los efectos siguientes: 1. La autoridad responsable Presidente Municipal de Tijuana, al momento de ejercer su facultad-derecho de divulgar información de los migrantes que se encuentre relacionada con el ejercicio de sus funciones deberá (i) abstenerse de utilizar lenguaje o realizar pronunciamientos que violen o fomenten la violación de sus derechos humanos; y, (ii) promover el respeto, protección y garantía de sus derechos humanos, entre otras formas, a través de la difusión de información que se adecue al marco legal nacional e internacional. 2. La autoridad responsable Presidente Municipal de Tijuana, con base en los lineamientos establecidos en este fallo, ordene al personal bajo su mando, entre ellos, al Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, los agentes que de él dependan y los jueces municipales lo siguiente: a. Que deberán abstenerse de realizar acciones de control migratorio (revisión, verificación, etcétera) o puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración, pues la comisión de faltas administrativas o delitos por parte de extranjeros con estatus migratorio irregular no constituye una razón para que aquellos inmediatamente sean deportados, ya que, en todo caso, corresponde exclusivamente a dicho Instituto tramitar y resolver los procedimientos en los que se determine su situación migratoria. b. Que están obligados a garantizar la seguridad pública de cualquier persona con independencia de su situación migratoria o su nacionalidad. c. Que al momento de ejercer su facultad-derecho de divulgar información respecto de los migrantes relacionada con el ejercicio de sus funciones, deberán abstenerse de utilizar lenguaje o realizar pronunciamientos que violen o fomenten la violación de sus derechos humanos. En el entendido de que la autoridad responsable determinará la forma en que emita las instrucciones de mérito e incluso podrá ampliar la información que transmita al personal a su cargo, siempre que tenga como finalidad el respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos; sin embargo, deberá abstenerse de realizar cualquier juicio de valor o apreciación subjetiva sobre la información de mérito o sobre su postura en relación con los migrantes. [.]'' De la reproducción que antecede y, atendiendo a las consideraciones expuestas en la sentencia de mérito, se estima oportuno establecer el alcance de los efectos de referencia. Así, por lo que se refiere al primer lineamiento, se precisa que, para estimar cumplido el fallo protector, es necesario que la autoridad responsable Presidenta Municipal de Tijuana acredite que, en los momentos en que ha ejercido su facultad-derecho de divulgar información sobre las personas migrantes que se encuentre relacionada con el ejercicio de sus funciones, por ejemplo, cuando haya realizado declaraciones a través de cualquier medio de difusión, no haya utilizado lenguaje o realizado pronunciamientos que violen o fomenten la violación de sus derechos humanos; y, haya promovido el respeto, protección y garantía de sus derechos humanos. Sin que lo anterior implique que, en todos los momentos que ejerza dicha facultad esté constreñida a realizar declaraciones específicas sobre todos los derechos de las personas migrantes y sus alcances, sino que tal obligación debe circunscribirse a las características, la naturaleza o el objetivo de la declaración que se realice. En cuanto al segundo lineamiento del fallo protector, para que éste se considere acatado, es necesario que la autoridad responsable Presidenta Municipal de Tijuana, acredite haber ordenado al personal bajo su mando, particularmente, al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, los agentes que de él dependan y los jueces municipales que se conduzcan de la siguiente manera: 1. Se abstengan de realizar acciones de control migratorio (revisión, verificación, etcétera). 2. Se abstengan de realizar puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración, explicándoles lo siguiente: 2.a. Que la comisión de faltas administrativas o delitos por parte de extranjeros con estatus migratorio irregular no constituye una razón para que aquellos inmediatamente sean deportados. 2.b. Que en todos los casos corresponde exclusivamente al Instituto Nacional de Migración tramitar y resolver los procedimientos en los que se determine su situación migratoria. 3. Que están obligados a garantizar la seguridad pública de cualquier persona con independencia de su situación migratoria o su nacionalidad. 4. Que al momento de ejercer su facultad-derecho de divulgar información respecto de los migrantes relacionada con el ejercicio de sus funciones, deberán abstenerse de utilizar lenguaje o realizar pronunciamientos que violen o fomenten la violación de sus derechos humanos. Sobre este lineamiento, es pertinente señalar que, si bien es cierto se precisó que correspondía a la Presidenta Municipal de Tijuana determinar la forma en que emitiría las instrucciones de mérito; también cierto es que dicha facultad no es irrestricta, pues no debe perderse de vista que la finalidad de aquellas instrucciones es reparar en forma integral el derecho fundamental vulnerado con la ejecución de los actos reclamados, que en este caso consistió -entre otros- en que el personal de seguridad pública y justicia municipal fue informado que contaba con facultades para poner a disposición del Instituto Nacional de Migración a las personas migrantes detenidas por faltas administrativas o posible comisión de hechos calificados como delitos. De esta manera, es claro que los medios que se utilicen para comunicar las instrucciones de referencia deben reunir requisitos mínimos que permitan corroborar que el mensaje sobre los límites de las actividades de seguridad pública y justicia municipal relacionadas con personas migrantes se transmita de manera efectiva a todo el personal involucrado con dichas funciones y, particularmente, para que tengan conocimiento de las razones por las cuales deben abstenerse de llevar a cabo (i) acciones de control migratorio (revisión, verificación, etcétera) y (ii) puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración. En ese sentido, se concluye que, para estimar que se cumplió con dicho lineamiento, es indispensable que la autoridad municipal acredite, no sólo que giró las órdenes aludidas, sino que su contenido y los medios utilizados para que éstas lleguen a sus destinatarios, sean adecuadas o razonables para transmitir eficazmente el mensaje pretendido, pues sólo de esta manera sería factible sostener que la violación ocasionada con la divulgación de información inexacta generado con las declaraciones emitidas el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, fue efectivamente reparado. Así, la autoridad responsable debe demostrar que ha realizado un verdadero esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición para que las instrucciones tantas veces mencionadas sean comunicadas en forma efectiva a las autoridades de seguridad pública y justicia municipal. Precisado lo anterior, se procede a examinar si con las constancias exhibidas por la autoridad responsable, se acataron los lineamientos del fallo protector. En ese sentido, se destaca que el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se recibió el oficio 5661/AMP/2021 remitido por la autoridad responsable Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, por conducto del Consejero Jurídico Municipal, con sede en esta ciudad, del que se desprende lo siguiente: ".se hace constar que el Presidente Municipal, que incurrió en dicha actitud, ya no se encuentra en funciones y ya se ha sustituido en dos ocasiones, siendo que la actual Presidente Municipal, ha otorgado apoyo a las personas migrantes, por medio de la oficina de atención a migrantes, donde se les auxilia con otorgar identificaciones, canalizarlos para dar servicio médico y para que puedan comunicarse con sus familiares [.]" Asimismo, adjuntó los acuses de recibo relativos a los oficios que giró a las autoridades Director de Justicia Municipal, Secretaria de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental, Secretario de Gobierno, Secretario de Bienestar, Secretaria de Educación Pública, Tesorero, Secretario de Desarrollo Económico, Oficial Mayor, Secretario de Movilidad Urbano Sustentable y Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, todos del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, de los que se desprende giró las siguientes instrucciones: ''[.] A efecto de cumplir cabalmente con la ejecutoria de amparo. Con el presente le solicito respetuosamente: Se abstenga de realizar declaraciones públicas que tengan como finalidad - implícita o explícita- transmitir un mensaje negativo sobre las personas migrantes. Realice las gestiones necesarias para que Usted y el personal a su cargo, se abstengan de realizar declaraciones públicas que tengan como finalidad transmitir en forma, implícita o explícita, mensajes negativo sobre las personas migrantes. Realice las gestiones necesarias para que el personal a su cargo, proporcione a la población en general, las personas migrantes y los servidores públicos municipales, información completa correcta sobre los derechos de las personas migrantes, sobre todo en materia de asistencia social, legal y de refugio. Gire las instrucciones al personal a su cargo, para que las detenciones que realicen a personas inmigrantes cumplan con los requisitos legales, y se abstengan de realizar actos que excedan sus facultades en relación con la remisión de personas migrantes al personal del Instituto Nacional de Migración [.]" De lo anterior se sigue, que la autoridad responsable Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, ordenó a las autoridades que de ella dependen, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (antes Secretaría de Seguridad Púbica), así como al Titular de la Dirección de Justicia Municipal (que se integra -entre otros- con los Jueces Municipales), para que tanto ellos como el personal bajo su mando se abstuvieran de utilizar lenguaje o realizar pronunciamientos que violen o fomenten la violación de sus derechos humanos; que las detenciones que realicen a personas migrantes cumplan con los requisitos legales, y se abstengan de realizar actos que excedan sus facultades en relación con la remisión de personas migrantes al personal del Instituto Nacional de Migración, así como que están obligados a garantizar la seguridad pública de cualquier persona con independencia de su situación migratoria o su nacionalidad. Luego, el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se consideró que la sentencia no se encontraba cumplida y se requirió a la Presidenta Municipal de Tijuana, a fin de que acreditara que las instrucciones contenidas en los oficios citados, habían sido acatadas por el personal correspondiente, esto es, demostraran que se habían tomado las medidas necesarias para que no se realicen declaraciones públicas que tengan como finalidad transmitir en forma, implícita o explícita, mensajes negativos sobre las personas migrantes; se proporcione a la población en general, las personas migrantes y los servidores públicos municipales, información completa correcta sobre los derechos de las personas migrantes, sobre todo en materia de asistencia social, legal y de refugio; y, las detenciones de personas migrantes cumplan con los requisitos legales y el personal correspondiente se abstenga de exceder sus facultades en relación con la remisión de personas migrantes al personal del Instituto Nacional de Migración. Además, para que acreditara la promoción del respeto, protección y garantía de sus derechos humanos, entre otras formas, a través de la difusión de información que se adecue al marco legal nacional e internacional, por lo que nuevamente se requirió el cumplimiento al fallo protector. En virtud de lo anterior, mediante oficios recibidos el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, la Presidenta Municipal de Tijuana, por conducto de su Consejero Jurídico, informó las gestiones realizadas para acatar el fallo protector, y se le requirió nuevamente a fin de que acreditara lo siguiente: -La forma en que las dependencias antes precisadas, particularmente, el Director de Justicia Municipal y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana han comunicado al personal a su cargo que se abstenga de realizar declaraciones públicas que tengan como finalidad transmitir en forma, implícita o explícita, mensajes negativo sobre las personas migrantes. -La forma en que se proporciona a la población en general, las personas migrantes y los servidores públicos municipales, información completa correcta sobre los derechos de las personas migrantes, sobre todo en materia de asistencia social, legal y de refugio. -La forma o el medio a través del cual se comunicó al personal a su cargo los requisitos que deben cumplir las detenciones de personas migrantes, específicamente, en cuanto a las facultades relacionadas con la remisión de personas migrantes al personal del Instituto Nacional de Migración. En tal sentido, el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, la precitada autoridad responsable envió copia simple del oficio dirigido al Director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a fin de que realizara la difusión pertinente con el objeto de informar a la ciudadanía que en el edificio del palacio municipal se encuentra la Dirección de Atención al Migrante, refirieron los trámites, servicios y horarios de dicha dependencia; por lo que se le tuvo en vías de cumplimiento al fallo protector. Posteriormente, el diez de enero de dos mil veintidós, la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, envió copia certificada de los oficios DJM/640/2021 -despachado el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno- y 978/SSPCM/21 -despachado el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno-, a través de los cuales el Director de Justicia Municipal y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ambos del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, conminaron al personal a su cargo a fin de que se abstuvieran de realizar declaraciones públicas que tuvieran como finalidad transmitir en forma implícita o explícita, mensajes negativos sobre las personas migrantes; y que, en caso de ser necesario proporcionen, información completa y correcta sobre los derechos de las personas migrantes, en materia de asistencia social, legal y de refugio. Por lo que se le tuvo en vías de cumplimiento y se le requirió nuevamente para que demostrara que las diversas dependencias del Ayuntamiento de Tijuana (Secretaria de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental, Secretario de Gobierno, Secretario de Bienestar, Secretaria de Educación Pública, Tesorero, Secretario de Desarrollo Económico, Oficial Mayor, y Secretario de Movilidad Urbano Sustentable), a su vez, habían acatado las instrucciones giradas por la referida Presidenta Municipal en relación con el fallo protector. Luego, el dieciocho de enero de dos mil veintidós, la autoridad responsable envió copia certificada de los oficios SEPM-0864/2021, SEMOV-0017/2022 y T-AJ-094/2022, dirigidos a la Secretaría de Educación, Secretaría de Movilidad Sustentable y Tesorero, todos del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; el diecinueve de enero del mismo año, envió copia certificada del oficio 008/SGM/2022, dirigido al Secretario de Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; el veintiuno de enero, remitió copia certificada del oficio OM/JUR/0104/2021, dirigido a la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; el veintisiete de enero, envió copia certificada del oficio SEDEBI/0032/2022, dirigido al Secretario de Bienestar del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; y, finalmente el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, remitió copia certificada de los oficios SEDETI/0226/2022, SDTUA-XXIV-0050-2022, SDTUA-XXIV-0051-2022, SDTUA-XXIV-0052-2022, SDTUA-XXIV-0053-2022, SDTUA-XXIV-0054-2022, SDTUA-XXIV-0055-2022 y SDTUA-XXXIV-0056-2022 dirigidos al Secretario de Desarrollo Económico y el Secretario de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental, ambos del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a través de los cuales conminó al personal a su cargo a fin de que se abstuvieran de realizar declaraciones públicas que tengan como finalidad transmitir en forma implícita explicita, mensajes negativos sobre las personas migrantes y, para que en caso de ser necesario proporcionaran información completa y correcta sobre los derechos de las personas migrantes, en materia de asistencia social, legal y de refugio. En virtud de lo anterior, se desprende que en acatamiento al fallo protector la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, conminó al personal a su cargo a fin de que se abstuvieran de realizar declaraciones públicas que tuvieran como finalidad transmitir, en forma implícita o explícita, mensajes negativos sobre las personas migrantes, asimismo, a que -en caso de ser necesario- proporcionen información completa y correcta sobre los derechos de las personas migrantes, en materia de asistencia social, legal y de refugio. Sin embargo, de los oficios antes descritos no se desprende que la autoridad responsable Presidenta Municipal de Tijuana haya girado órdenes específicas al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, agentes bajo su mando y jueces municipales, para que se abstuvieran de realizar (i) acciones de control migratorio (revisión, verificación, etcétera) y (ii) puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración. Tampoco se advierte que se les hayan explicado las razones en que se sustentan tales indicaciones y que derivan de las consideraciones expuestas en el fallo protector, entre las que destacan que (i) la comisión de faltas administrativas o delitos por parte de extranjeros con estatus migratorio irregular no constituye una razón para que aquellos inmediatamente sean deportados; y, (ii) que en todos los casos corresponde exclusivamente al Instituto Nacional de Migración tramitar y resolver los procedimientos en los que se determine su situación migratoria. En ese tenor, se estima que el contenido de los oficios antes descritos y particularmente, los relacionados con el personal de seguridad pública y justicia municipal, no es adecuado ni razonable para transmitir eficazmente el mensaje pretendido, pues la información plasmada en tales oficios resulta insuficiente para comunicar los límites de las actividades de seguridad pública y justicia municipal relacionadas con personas migrantes en los términos expuestos en la sentencia dictada en este juicio. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento al lineamiento identificado como 2.a. del fallo protector. En consecuencia, requiérase nuevamente a la Presidenta Municipal de Tijuana, Baja California, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento del lineamiento antes precisado, así como las que llevaron a cabo las dependencias de seguridad pública y justicia municipal. Se hace de su conocimiento que cuenta con libertad de decisión, para establecer el contenido y el medio para transmitir el mensaje aludido; sin embargo, deberá tener presente que aquellos deberán reunir los requisitos mínimos siguientes: I. En cuanto al contenido: 1. Incluir la indicación expresa de que las autoridades de seguridad pública y de justicia municipal deben abstenerse de realizar acciones de control migratorio (revisión, verificación, etcétera), así como las razones que justifique dicha instrucción. 2. Incluir la indicación expresa de que las autoridades de seguridad pública y de justicia municipal deben abstenerse de realizar puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración, con motivo de la comisión de faltas administrativas o hechos que la ley señale como delitos, así como las razones que justifique dicha instrucción. 3. Incluir la precisión de que la comisión de faltas administrativas o delitos por parte de extranjeros con estatus migratorio irregular no constituye una razón para que aquellos inmediatamente sean deportados y los motivos y fundamentos de aquella. 4. Incluir la precisión de que en todos los casos corresponde exclusivamente al Instituto Nacional de Migración tramitar y resolver los procedimientos en los que se determine su situación migratoria, así como los motivos y fundamentos de aquella. II. En cuanto al medio de difusión: 1. La forma para comunicar el contenido antes descrito podrá consistir en cualquier método, estrategia, procedimiento y, en general, cualquier mecanismo que permita que los destinatarios (Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, agentes y personal a su cargo, así como el personal de justicia municipal, sobre todo los jueces municipales) conozcan de manera directa y completa el mensaje que se pretende transmitir. 2. El medio utilizado deberá tener los elementos mínimos necesarios que permitan verificar, de manera objetiva, que el destinatario recibió la información que se pretende transmitir. 3. Tomando en cuenta que los destinatarios del mensaje pueden variar en cualquier momento, el medio elegido por la autoridad responsable, deberá permitir su transmisión continua a los servidores públicos de nuevo ingreso (o reingreso), así como la posibilidad de que cualquier funcionario tenga acceso a ella en el momento en que lo requiera. Se apercibe a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 258 ambos de la Ley de Amparo; y, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En virtud de lo anterior, se reserva a analizar las consideraciones vertidas por la parte quejosa, hasta en tanto se reciban las constancias solicitadas en párrafos precedentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Linda Hazel Cázares Zepeda, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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