Christian Jimenez Flores

Expediente 885/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
885/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/09/2022

Partes del expediente

  • Christian Jimenez Flores

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 885/2022-V. Puebla, Puebla, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por no presentada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer en la declaración de causa estado. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente asunto, puede realizarlo por tener acceso a la consulta electrónica del expediente por así haberlo solicitado. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 885/2022-V. Puebla, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Demanda no presentada. De la certificación secretarial de cuenta se advierte que el plazo de cinco días otorgado al quejoso -en proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós- para aclarar la demanda, transcurrió del veinticuatro al treinta de agosto del año en curso. Además, ese plazo transcurrió sin que desahogara la prevención formulada. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento impuesto en ese acuerdo, y se no presentada la demanda que originó el presente juicio de tutela constitucional. Anotaciones internas. En último, se ordena hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno de este juzgado, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; de manera electrónica al quejoso; y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 885/2022-V.. Puebla, Puebla, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, promovida por el ++++++, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla, y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se exhorta a las partes para que transiten a la tramitación del juicio en la modalidad "en línea". Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, le permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar, que de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias, en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues, para ello, es indispensable que en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Prevención. La lectura integral2 que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en el señalamiento de los actos reclamados y las autoridades a las que se los atribuye, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Sobre todo porque las imprecisiones detectadas, habrán de impedir la pronta integración del juicio, en detrimento de la justicia expedita que debe asegurarse a los quejosos -si el juicio fuera admitido-. En ese sentido, se advierte que el quejoso señaló como actos reclamados: I. La ".orden de citación, orden de presentación, orden de detención, orden de aprehensión, orden de arraigo, cita de comparecencia, orden de búsqueda, orden de localización, orden de privación de la libertad personal, orden de presentación ministerial, orden de captura, orden de arresto, la negativa a la entrevista ministerial incoada en mi contra, así como también tener el derecho a saber si existe denuncia o acusación alguna en mi contra, y la omisión de citarme a la entrevista ministerial."; y, II. La ejecución de dichos actos. Sin embargo, al referirse a los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, expuestos bajo protesta de decir verdad, el quejoso refirió: ".a la fecha me he visto en la imperiosa necesidad de promover diversos juicios de amparo contra una supuesta orden de aprehensión, hasta la fecha las autoridades señaladas como responsables han negado la existencia del acto reclamado, ya que es el caso que desde hace varios meses, estoy siendo acosado por personas que dicen ser elementos de la agencia estatal de investigación 'policías ministeriales', se han presentado en mi lugar de trabajo y en horas diversas, a bordo de un vehículo color blanco y sin placas, cuatro personas del sexo masculino quienes han preguntado con mis vecinos, familiares y colaboradores laborales por el suscrito, y han informado 'que hay órdenes de detención en mi contra, empero se niegan a identificarse, pero que desean hablar conmigo para ayudarme; razón por la cual me 'veo en la imperiosa necesidad de promover el presente juicio de amparo, y lo ultimo que manifestaron fue que tenían una orden de aprehensión la que trataron de ejecutar el día de hoy 18 de Agosto de 2022 aproximadamente a las 9:00 horas, en mis oficinas pero afortunadamente logré cerrar de inmediato la puerta.". Lo anterior genera incertidumbre sobre la verdadera pretensión del quejoso, pues por un lado pretende reclamar quince actos de autoridad, pero en sus antecedentes sólo se refiere a la existencia de una orden de aprehensión en su contra, sin que de esos hechos se desprenda la existencia del resto de actos reclamados. Lo anterior, porque no señala la causa penal y autoridad judicial que lo citó a la audiencia inicial de formulación de imputación (en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales), ni la fecha señalada para tal efecto. Tampoco es claro en cuanto a si las que refiere como órdenes de "presentación, detención, búsqueda, localización, de privación de la libertad y captura", constituyen actos autónomos e independientes (en cuyo caso su existencia no se desprende de los antecedentes relatados) o si, en realidad, dichos actos convergen en las órdenes de aprehensión y comparecencia previstas en las fracciones II y III del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues en el caso de las órdenes de búsqueda y localización, al atribuírselas (además) a autoridades ministeriales, existe duda sobre si en realidad se refiere aquéllas (aprehensión y comparecencia) o si las reclama como actos de investigación ministerial en ejercicio de la facultad prevista por el artículo 21 de la constitución, pues en éste último caso podría actualizarse una causa de improcedencia. Además, el quejoso pierde de vista que la emisión de las órdenes de aprehensión y comparecencia es facultad exclusiva de las autoridades judiciales, no así de las ministeriales; mientras que por cuanto hace a las órdenes de búsqueda y localización. Por otra parte, reclama una orden de arresto, pero no indica si la misma proviene de autoridades administrativas o si corresponde a una corrección disciplinaria o medida de apremio impuesta por una autoridad ante el incumplimiento de un mandato legítimo En un sentido similar, el quejoso reclama la "negativa a la entrevista ministerial incoada en su contra" y "la omisión de citarlo a dicha entrevista", empero, no precisa el número de carpeta de investigación que se sigue en su contra, ni si dicha negativa fue verbal o por escrito, además de que son actos contarios entre sí, porque no puede existir una omisión de citarlo para ser entrevistado y a la vez que se le niegue la recepción de la misma, por lo que el quejoso debe aclarar dicha circunstancias en los antecedentes de estos actos en particular. De igual forma, de los hechos narrados en la demanda tampoco se desprende la existencia de una orden de arraigo librada en su contra, por lo que de insistir en este señalamiento, deberá señalar los mismos. Cabe precisar que las autoridades que señaló como responsables carecen de facultades legales para librar dicho acto, porque la orden de arraigo sólo puede ser emitida por jueces del fuero federal en casos de delitos en materia de delincuencia organizada. Ahora, respecto a la orden de detención que le atribuye a los Ministerios Públicos y al Fiscal, se le hace saber al promovente, que el representante social no puede ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la aquí quejosa lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, la aquí quejosa pueda evadirse. Sin embargo, de los hechos descritos en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, el quejoso sólo menciona que, agentes estatales se presentaron en su domicilio particular, mencionando que tenían una orden de aprehensión, en su contra. Por lo anterior resulta necesario la aclaración de la demanda de amparo por el quejoso, porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar el señalamiento de actos reclamados y autoridades responsables, dado que esto corresponde a los solicitantes de la protección constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI EL ACTO RECLAMADO. NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO"3 . Por tanto, con fundamento en los artículos 108 fracciones III, IV, y 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha en la que le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Precise si insiste en señalar como actos reclamados los quince que indicó en la demanda, en cuyo caso deberá precisar los antecedentes de cada uno de estos actos, en los términos de lo precisado en párrafos precedentes; o, 2. Aclare si, en realidad, desea limitar su reclamo a la orden de aprehensión y comparecencia libradas en su contra; 3. De limitar su reclamo a dichos mandamientos judiciales de captura, deberá precisar si insiste en señalar como responsables ordenadoras a los agentes del Ministerio Público, al Fiscal General del Estado de Puebla y al Delegado en el Estado de la Fiscalía General de la República, a pesar de que carecen de facultades para emitir las mismas, o si desea limitar dicho señalamiento a los Jueces de Control de los Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de las Regiones Judiciales Centro, sede Puebla, y Centro-Poniente, sede Cholula. Apercibimiento Se formula al quejoso el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la prevención formulada. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Por tanto, se toma conocimiento de su oposición expresa respecto a que se hagan públicos dichos datos, por lo que se ordena que éstos sean suprimidos de las versiones públicas que se realicen de los acuerdos emitidos en este asunto. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 16/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberá registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a los intervinientes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías). Domicilio procesal y autorizado del quejoso. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, porque solicitó en forma expresa la modalidad de notificación electrónica y proporcionó un nombre de usuario para que fuera habilitada -también el acceso al expediente electrónico-.Además, el nombre de usuario proporcionado por aquél, fue encontrado desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, se instruye al secretario encargado del presente acuerdo, que habilite al promovente tanto la modalidad de notificación electrónica como el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario ++++++++++++. Así, queda descartado el inmueble señalado por la parte quejosa como domicilio procesal, dado que al haber optado por la notificación electrónica, sólo puede considerarse esta vía de notificación (la electrónica). Por otra parte, queda autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a ++++++++++++, pues su cédula profesional, se encuentra registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Sin que se tengan para esos efectos el correo electrónico y número telefónico señalados en la demanda, pues la Ley de Amparo, no contempla la notificación por los citados medios. En consecuencia, se instruye al secretario encargado del presente acuerdo, que habilite a la promovente a fin de tener el acceso al expediente electrónico y recibir notificaciones. Comunicación con las partes. La demanda refleja que el quejoso proporcionó una dirección de correo electrónico y un número telefónico. Esos medios no están previstos en la Ley de Amparo, para realizar notificaciones personales. Pese a lo anterior, podrá considerarse la dirección de correo electrónico y el número telefónico en mención únicamente como medios de contacto con la quejosa. De modo que las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese; de manera electrónica al quejoso; y cúmplase.

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