Christian Jesus Garcia Estrella

Expediente 915/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
915/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
18/09/2018

Partes del expediente

  • Christian Jesus Garcia Estrella

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    III. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica a este Juzgado que ha causado estado, el auto de Presidencia de cinco de septiembre del año en curso, en el cual se desechó el citado recurso de revisión interpuesto por el quejoso Christian Jesús García Estrella, contra del proveído de dieciséis de agosto del año en curso, en autos del presente juicio de amparo. En consecuencia, acúsese recibo; háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo; glósese a estos autos el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión en cita, únicamente con las constancias que no obren en autos, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se indica que el presente expediente no existen documentos originales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Ahora bien, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Raúl Ramos Berzunza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    III. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se desechó por notoriamente improcedente el recurso de revisión interpuesto en contra del auto de dieciséis de agosto del año en curso, formándose por tal motivo el toca número 326/2018. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Raúl Ramos Berzunza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    III. Agréguese a los presentes autos copia del escrito del quejoso Christian Jesús García Estrella, con el cual interpone el recurso de revisión en contra la resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, y formula agravios, con cinco copias y sin anexo, por lo cual, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, remítase el original del mismo y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, junto con el expediente original en que se provee, al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar.

  4. Principal

    MESA III.Vista la demanda de amparo promovida por CHRISTIAN JESÚS GARCÍA ESTRELLA, contra actos del Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, se procede a proveer en relación con su admisión, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo en vigor, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." De lo anterior se desprende que el juicio de garantías se rige por el principio de definitividad, en atención al cual, la acción constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación, por recurso ordinario o medio de defensa legal alguno; entonces, para estar en tal supuesto, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, cuando exista la posibilidad de que el acto reclamado pueda modificarse o invalidarse. Efectivamente, antes de promover la demanda de amparo, el agraviado debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo en los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño, de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. Es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En el caso concreto, la parte promovente de la demanda reclama el acuerdo de veintidós de junio de dos mil dieciocho, dictado en autos del expediente 185/2017, del índice del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la citada Juez ordenó a la Directora de la Escuela Primaria "Leyes de Reforma" entregue a la menor a la señora LAURA MARICRUZ COCOM ESTRELLA, sin haber realizado juicio alguno en el cual se determine si la señora puede continuar con la guardia y custodia de mi hija menor y sobre todo se le lleve a cabo el protocolo correspondiente. En principio, debe examinarse si surge en la especie alguna causal de improcedencia haciendo uso el que resuelve de la facultad que le otorga el artículo 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de estudio preferente. En el presente caso, se estima que respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo dictado el veintidós de junio de dos mil dieciocho por la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 185/2017, promovido por Christian Jesús García Estrella, en el que la citada Juez ordenó a la Directora de la Escuela Primaria "Leyes de Reforma" entregue a la menor a la señora LAURA MARICRUZ COCOM ESTRELLA, sin haber realizado juicio alguno en el cual se determine si la señora puede continuar con la guardia y custodia de la menor en conflicto; se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone que no procede el juicio de amparo: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." La anterior transcripción confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad, según la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio traiga como consecuencia, también por regla general, la improcedencia de la acción constitucional intentada. Partiendo de la premisa de que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio constitucional, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, esto es, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. Por tanto, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, significa que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Así, para que se actualice la causa de improcedencia establecida, es necesario: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad, la tesis I.4o.C.J/25, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Ahora bien, se arriba a la conclusión de que concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, pues, en principio, es de señalarse que el acto reclamado de atención consiste en el acuerdo dictado en el acuerdo dictado el veintidós de junio de dos mil dieciocho por la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 185/2017, promovida por Christian Jesús García Estrella, en el que la citada Juez ordenó a la Directora de la Escuela Primaria "Leyes de Reforma" entregue a la menor a la señora LAURA MARICRUZ COCOM ESTRELLA, sin haber realizado juicio alguno en el cual se determine si la señora puede continuar con la guardia y custodia de mi hija menor y sobre todo se le lleve a cabo el protocolo correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondría una multa y se procedería conforme a lo dispuesto en el artículo 84 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, consignando tales hechos ante el Ministerio Público del Estado, por desacato a un mandamiento judicial; el cual fue emitido en un procedimiento de divorcio sin causales, esto es, un asunto de naturaleza familiar que está tramitándose ante un Juzgado de Oralidad Familiar del Estado de Yucatán, en el cual la legislación adjetiva aplicable, lo es el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán. También se advierte la procedencia del medio de impugnación que puede hacerse valer en contra del acto reclamado -como el caso que nos ocupa- el cual es el recurso de revocación, por medio del cual puede ser modificado o revocado el acto reclamado, cuya procedencia se establece en la Ley. En efecto, los artículos del 421 al 428 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán establecen: Artículo 421. Este Código reconoce como recursos los siguientes: I. Revocación, y II. Apelación. Artículo 422. Los recursos no son renunciables. Artículo 423. Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. Artículo 424. Durante la audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra del auto que: I. Resuelva excepciones; II. No admita pruebas; III. Declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes, y IV. Resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. En estos casos, la revocación sólo puede plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta la revocación, el juez debe dar vista a la parte contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y posteriormente dicte la resolución. Los demás decretos y autos dictados en audiencia son irrecurribles. Artículo 425. En caso contrario al señalado en el artículo anterior, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente. Interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días y transcurridos éstos, el juez debe resolver dentro del tercer día lo que proceda." Artículo 426. La resolución en la que se decida la revocación no admite recurso alguno. Artículo 427. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Artículo 428. La apelación procede en contra de: I. Las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto; II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas." De los preceptos transcritos se advierte que el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, que rige los procedimientos de divorcio, como aquél del que deriva el acto reclamado, reconoce como recursos los de apelación y revocación. Asimismo, de los mencionados numerales deriva que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. También se aprecia que únicamente procede el recurso de apelación contra las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto, contra el auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y contra las resoluciones interlocutorias y definitivas. De lo anterior, se colige que contra el auto reclamado en este juicio procedía el recurso de revocación, tomando en consideración que el mismo no resultaba apelable, al no tratarse de una resolución que ponga fin a la controversia, por no ser un auto interlocutorio que resuelve sobre incompetencia, ni una resolución interlocutoria y definitiva; esto, con base en que el citado numeral 423 del mencionado ordenamiento legal, establece en forma genérica la procedencia de dicho medio de defensa contra todos los autos y decretos que no sean apelables, sin exclusión alguna, tratándose de acuerdos o decretos dictados fuera de la audiencia. Bajo las anteriores consideraciones, deriva que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente respecto del mencionado acuerdo reclamado en este juicio, al no ser susceptible de análisis por esta vía, en virtud que respecto del mismo previamente debía interponerse el recurso que la ley prevé, esto es el de revocación. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia XIX.2o.13 K, Tribunales Colegiados del Circuito, visible en la página 340, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto: RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... Por último, debe decirse que en la especie no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente juicio, puesto que el acto reclamado no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni el quejoso es persona extraña al procedimiento, sino que es parte demandada en el mismo, tal y como se advierte de las constancias del juicio de origen y como él mismo lo reconoce en la demanda de amparo. La presente determinación se emite en el sentido señalado, sin que obste que en el caso el acto reclamado guarda relación con la modificación de la guarda y custodia de una menor de edad; ya que el mismo incluso no resulta de imposible reparación, como como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunado a que la irreparabilidad del acto no constituye, por sí misma, una excepción al principio de definitividad; de ahí que el quejoso se encontraba obligado a agotar previo a la promoción del presente juicio de amparo, el recurso de revocación procedente en contra del acto aquí reclamado. Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, la tesis de Jurisprudencia 1ª./J. 113/2013 (10ª.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 350 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, con rubro y texto siguientes: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Al respecto, también resulta importante destacar, que no pasa inadvertida para quien esto resuelve, la existencia de la Jurisprudencia 1ª./J.77/2013 (10ª), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO" ; sin embargo, la misma no resulta exactamente aplicable al caso, pues con la emisión del acuerdo reclamado no se advierte que de ejecutarse el mismo se genere la existencia de un riesgo para el precitado menor y que por ello se requiera la existencia de un medio de impugnación que permita la suspensión de la ejecución del acto reclamado, sobre todo, si los aspectos que se combaten del acto reclamado mencionado, entrañan efectos meramente declarativos de la autoridad responsable, derivados de la ejecución de una sentencia, que ya fue declarada firme, por lo que en la especie no se actualiza el supuesto de excepción establecido en la Jurisprudencia mencionada. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, existe la certeza de su existencia; y que, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegarse las partes. De ahí que lo procedente, se reitera, sea desechar de plano la demanda de amparo instada por CHRISTIAN JESÚS GARCÍA ESTRELLA. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en su demanda de amparo y como autorizados para tal efecto a Roberto de Jesús Ku Caro, Elsy Benita Chi Jiménez y Rita Margarita Castro García, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo.

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