Christian Iván Rojas Sánchez

Expediente 108/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
108/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/01/2022

Partes del expediente

  • Christian Iván Rojas Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta de la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, por medio del cual remite copia certificada del oficio D'RAN/JCC/026/2022, del que se advierte lo siguiente: Se notificó al quejoso Victoriano Medina Varillas, la cita señalada para once horas del catorce de enero de dos mil veintidós, a efecto de que se presente en las instalaciones de la Delegación Estatal a ingresar su solicitud de servicio registral. En ese sentido, se advierte que dicho oficio fue suscrito de recibido el once de enero de dos mil veintidós. Ahora bien, es estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que los efectos para los que se concedió son los siguientes: ".Agende o genere al quejoso una cita en esa Delegación o en el Centro de Atención que corresponda, para que se le reciba su solicitud de trámite, en la que deberá informarle los requisitos o documentos requeridos para el trámite pretendido (traslado de derechos ejidales) y/o cualquier otra información o requisito que requiera presentar o cumplir el solicitante en dicha cita. - Haga del conocimiento del quejoso la cita generada, a través de los medios legales que correspondan; o, en su caso, con la debida anticipación, informe a este Juzgado el día y hora en que agendó o generó dicha cita, a efecto de que por conducto del actuario de la adscripción se lleve a cabo su notificación al quejoso, para que tenga conocimiento de ella y éste en condiciones de acudir." En ese orden de ideas, si bien la autoridad responsable, generó una cita y la misma le fue notificada al quejoso, mediante oficio D'RAN/JCC/026/2022, lo cierto es, que dicha comunicación no cumple con los requisitos señalados en la ejecutoria transcrita, esto es, no se le informa los requisitos o documentos necesarios para el trámite pretendido (traslado de derechos ejidales) y/o cualquier otra información que requiera presentar o cumplir el solicitante en dicha cita, pues únicamente se le indica que deberá presentarse en la fecha indicada a ingresar el trámite correspondiente. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, para que en el término de tres días, siguientes a la notificación del presente proveído, informe si ha sido ingresado el trámite del quejoso Victoriano Medina Varillas, para el traslado de derechos ejidales. En caso contrario, genera una nueva cita al quejoso, en la que le haga saber los requisitos o documentos necesarios para el trámite pretendido (traslado de derechos ejidales) y/o cualquier otra información que requiera presentar o cumplir el solicitante en dicha cita y lo notifique. Por lo que deberá remitir a este juzgado copia certificada de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento dado a la misma. Por tanto, se apercibe a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $89.62 (ochenta y nueve pesos sesenta y dos centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno; y, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, constitucional. Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." En ese orden de ideas, requiérase al superior jerárquico de la citada autoridad responsable, es decir, al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional con residencia en la Ciudad de México; para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $89.62 (ochenta y nueve pesos sesenta y dos centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno; además de que incurrirá en la misma responsabilidad de la autoridad responsable mencionada. Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Expediente y registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 108/2022. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a través de su apoderado legal Christian Iván Rojas Sán***chez, en contra de los actos de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; en atención a su contenido se provee. Exhortación a las partes para mejorar la comunicación. Asimismo, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del acuerdo precitado, solicítese a las partes para que señalen correos electrónicos -ya sea oficiales o personales, según corresponda- y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean partes, con el propósito de que se pueda entablar comunicaciones no procesales. En el entendido de que deberán registrarse y, de ser necesario incorporarse previa certificación correspondiente. Exhortación a las partes para transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Además, con apoyo en los artículos 22, fracción I y 28 a 31 del acuerdo en cita, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En ese tenor, se exhorta para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 a 31 del acuerdo general 21/2020, de referencia, para lo cual deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación (firma electrónica que produce los mismos efectos jurídicos que la autógrafa); en el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la solicitud de consulta electrónica no implica la notificación por esa vía, sino que debe solicitarse expresamente para transitar hacia la actuación plena desde el Portal de Servicios en Línea. Consulta física del expediente. Se les hace saber a las partes que para la consulta física del expediente, en términos de lo establecido en el artículo 3 del multirreferido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" en el cual se encuentra el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que se indica en la demanda de amparo. Se tiene como autorizado en términos de lo dispuesto por el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo a Diego Antonio Pérez Hernández por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. En términos de lo dispuesto por el segundo párrafo, última parte, del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Diana Karen Sorcia Nevada, María Conchita Rasgado Sosa, Fredy Gabriel Huerta Soto y a Xóchitl León Flores, por no tener registrada su cédula profesional en el aludido sistema. Por tanto, hasta que realicen el registro correspondiente se tendrán por autorizados en los términos solicitados. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada con número de registro 175204, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1188, Tomo XXII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA" Análisis de desechamiento Ahora bien, el artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respeto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro digital: 188643 Instancia: Pleno Tipo: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Acto reclamado Atendiendo a los datos que emanan del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos y preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, se precisa como acto reclamado, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el siguiente: La resolución interlocutoria de veintisiete de febrero de dos mil veinte, relativa al incidente de liquidación de laudo promovido por la parte actora Eva Flores Martínez en contra del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, y otros, dentro del juicio laboral D-3/1149/2015 del índice de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Sirve de apoyo a lo antes precisado, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del referido acto reclamado, este órgano judicial advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, con relación a los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; (destacado de este juzgado). IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Atento a lo anterior, conforme a la Ley de Amparo el plazo para presentar una demanda de amparo, es de quince días. Y en términos del artículo 18 de la propia Ley de Amparo, se desprende que el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo, correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o de la resolución que reclame; Que el quejoso haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o, Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Tales hipótesis son excluyentes entre sí, pues omiten guardar un orden de prelación y deben aplicarse en función de su idoneidad al caso concreto, en atención a la posición de la parte quejosa respecto del acto reclamado. De la primera hipótesis debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; pero tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado; es decir, de manera integral, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 419, editada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, página 6, cuyo rubro y texto se leen: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO". En el tercer caso hipotético, la autoridad obvió de notificar a la parte quejosa, no obstante, existe en poder de alguna de las partes documento que hace posible determinar el día en que el gobernado se ostentó sabedor y tuvo conocimiento pleno del acto que reclama. Tal ostentación debe ser aducida y demostrada por una de una de las partes, mediante la prueba documental, la cual debe ser suficiente y bastante para evidenciar que el quejoso se ostentó sabedor y tuvo conocimiento pleno. En apoyo a las consideraciones vertidas, se cita la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, del Novena Época, página 1391, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)". Por tanto, la omisión de promover el juicio de amparo dentro del término a que se refiere el artículo 17, de la Ley de Amparo, entraña un consentimiento tácito, entendiéndose por tal, la actitud pasiva que asume el supuesto afectado por el acto de autoridad de no defenderse de éste, en términos del precepto de que se trata. En el caso, la parte promovente en su demanda de amparo -apartado V.- fecha de notificación del acto reclamado-, manifestó bajo protesta de decir verdad que el seis de diciembre de dos mil veintiuno le fue notificada la resolución interlocutoria de veintisiete de febrero de dos mil veinte, emitida dentro del juicio laboral D-3/1149/2015 del índice de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Por tanto, con tales aseveraciones se puede tener la certeza que la parte promovente tuvo conocimiento de la resolución interlocutoria de veintisiete de febrero de dos mil veinte -al menos- a partir del seis de diciembre de dos mil veintiuno. En este sentido, cabe precisar que constituye una confesión las aseveraciones de los hechos expresados por la parte promovente en la demanda, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis: "Registro digital: 214035 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XII, Diciembre de 1993, página 857 Tipo: Aislada DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." En tales condiciones, a partir de la fecha indicada la parte quejosa estaba constreñida a combatir el citado acto reclamado, dentro de los quince días hábiles siguientes. En consecuencia, si la parte quejosa conoció del acto reclamado desde el seis de diciembre de dos mil veintiuno, los quince días para promover la demanda de amparo fenecieron el diez de enero de dos mil veintidós, previo descuento de los días sábado y domingo, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, y del veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno por el segundo periodo vacacional de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla; por lo tanto, si presentó la demanda de amparo en el buzón judicial el diecisiete de enero de dos mil veintidós, como se advierte de la papeleta de turno y certificación secretarial de cuenta, es claro que transcurrió el término de quince días, por lo que la acción constitucional se instó después de concluido el plazo legal que estatuye el precepto 17 de la ley de la materia; esto es, en forma extemporánea. Apoya a lo anterior, la tesis aislada: "Registro digital: 178756 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: I.13o.A.36 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Abril de 2005, página 1394 Tipo: Aislada DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, no señala como criterio para determinar el inicio del cómputo para la presentación de la demanda, el relativo a los efectos del acto reclamado, sino, entre otros, el día siguiente al en que se tuvo conocimiento de él; esto es, el momento en el que un acto surte efectos no es relevante para la temporalidad del juicio de garantías, sino únicamente el acto que los produce, tan es así, que el propio artículo se refiere a la resolución o el acuerdo reclamados, y no a sus efectos, los cuales pueden válidamente ser instantáneos o prolongarse en el tiempo. En este sentido, cobra aplicación el principio general consistente en que donde la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo, por lo que si el citado artículo no distingue entre actos cuyos efectos se realizan en forma instantánea y actos de tracto sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, es inconcuso que no debe atenderse a dicho criterio diferenciador para determinar el inicio del cómputo legal de quince días." De igual forma, tiene aplicación al caso que nos ocupa, el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia: "Registro digital: 219095 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Junio de 1992, página 364 Tipo: Aislada CONSENTIMIENTO TACITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Tal circunstancia motiva la actualización de la causal de improcedencia advertida y, por ello, no pueden analizarse los actos que en esta vía impugna; máxime que su naturaleza impide encuadrarlos en alguno de los supuestos de excepción previstos en el aludido numeral 17 del ordenamiento legal antes invocado. Además, la causal de improcedencia en comento es de estudio preferente a las restantes porque si la demanda no se presentó en tiempo, el juzgador ya no podrá actualizar ninguna otra diversa, en virtud de que la acción en sí misma es improcedente por extemporánea. Desechamiento En razón de lo expuesto y con apoyo en los artículos 113, en relación con el 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA por existir causa manifiesta e indudable de improcedencia. Transparencia De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y reformada mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -aplicable al caso concreto-, este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. Digitalización y expediente electrónico En observancia al acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo en cita. Comunicaciones entre órganos del Poder Judicial de la Federación Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Publicación de listas Las listas se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, tal y como lo establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, en virtud de que no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a este órgano jurisdiccional. En el entendido de que estas se generan de manera automática en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y pueden ser consultadas por la partes en la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1. Además, de conformidad con el citado artículo del acuerdo general se comisiona a los actuarios judiciales adscritos a este juzgado federal remitan por correo electrónico a la administración de este edificio sede la lista de publicación de expedientes, para que esta la coloque en un espacio de fácil acceso para su consulta. Firma Electrónica (FIREL) Con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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