Christian Ivan Castro Martínez

Expediente 342/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 16 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
342/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
27/08/2021

Partes del expediente

  • Christian Ivan Castro Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio SAF-PF-2635/2021 signado por el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales del Estado, con residencia en Culiacán, Sinaloa; el cual únicamente se agrega a los presentes autos en virtud de haberse recibido en proveído de dieciocho de los que cursan. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en sentencia dictada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por el quejoso Christian Iván Castro Martínez, para: "(.) restituir a la quejosa en el uso y goce de sus derechos constitucionales violados, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la concesión de la protección constitucional debe considerar que las tarifas con las que se obtiene la cantidad a pagar por concepto de derechos registrales con motivo de las siguientes operaciones: (1) compra-venta y (2) contrato con/sin garantía hipotecaria; consignados en los recibos oficiales 0000648422 y 0000648423, de veintiocho de julio de dos mil veinte, y el diez por ciento del impuesto adicional PRO-EDUC contenidos en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa en vigor, específicamente, en sus artículos 50, fracciones II y III, 51, fracción I, inciso b), 111 y 113, contravienen los principios de proporcionalidad y equidad tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal. En consecuencia, la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tendrá por efecto que las autoridades responsables, en el ámbito de su respectiva competencia, procedan a realizar lo siguiente: a) Desincorporar de la esfera jurídica de la contribuyente la obligación de pagar los derechos registrales bajo las tarifas establecidas en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa en vigor, específicamente, sus artículos 50, fracciones II y III, 51, fracción I, inciso b), 111 y 113 y no le sea aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformada. b) En razón de lo expuesto, deberá dejarse sin efectos únicamente el pago generado en los recibos oficiales 0000648422 y 0000648423, de veintiocho de julio de dos mil veinte, por las cantidades de $2,022.00 (dos mil veintidós pesos 00/100 moneda nacional) y $956.00 (novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pago de derechos por servicios con motivo de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, de las siguientes operaciones: (1) compra-venta y (2) ) contrato con/sin garantía hipotecaria; más impuestos adicionales. c) Sin que ello implique, desde luego, que el promovente quede exento de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados del servicio prestado por el Estado, sino que sólo deberá cubrir la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, prevista en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. d) De ese modo, al ser las autoridades fiscales recaudadoras a las que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe al Jefe de la Oficina de Recaudación en Mazatlán del Servicio de Administración Tributaria del Estado, con sede en esta ciudad, así como al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos en esta localidad, a fin de que cancelen los recibos oficiales 0000648422 y 0000648423, y devuelvan a la peticionaria del amparo las cantidades que por concepto de derechos e impuestos adicionales indebidamente pagó con motivo de la inscripción de las operaciones de compra-venta y contrato de crédito con garantía hipotecaria, ahí consignadas, esto es, $2,022.00 (dos mil veintidós pesos 00/100 moneda nacional) y $956.00 (novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 moneda nacional); previo descuento a dicha suma del importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que se actualizó a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b), de la fracción II y III del artículo 50, fracción I, del diverso 51 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa." En proveído de nueve de enero del año en curso, causó ejecutoria la referida sentencia y, con fundamento en lo establecido por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a las autoridades responsables de mérito, para que, en el término de tres días contado legalmente, acataran el fallo protector. Mediante oficio SAF-PF-2635/2021, suscrito por el Subprocurador Fiscal de Amparos Investigaciones y Asuntos Penales del Estado en representación legal de Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, con residencia en Culiacán; informó lo relativo al cumplimiento dado a la sentencia y remitió copia certificada de las constancias conducentes. En auto de dieciocho de agosto de la anualidad que transcurre, se dio vista a la parte quejosa para que, en el término de tres días, manifestara lo que a su interés conviniera en relación al contenido del anotado comunicado y sus anexos, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el particular, con base en los elementos que integran el expediente y los datos aportados en el mismo. Determinación de la que fue notificada a la parte quejosa en forma personal el diecinueve de agosto del año que transcurre. Consecuentemente, con fundamento en el ordinal 196 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a lo informado por la autoridad responsable, con base en las constancias que obran en el sumario en que se actúa; corresponde al suscrito determinar si el fallo protector se encuentra o no cumplido, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. Para ello, resulta menester reiterar que el efecto del fallo protector se circunscribió esencialmente a que las autoridades responsables Oficial del Registro Público de la Propiedad con sede en esta ciudad, y el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado con sede en Culiacán, Sinaloa, por conducto de las autoridades fiscales recaudadoras -en el caso- Jefe de la Oficina de Recaudación en Mazatlán del Servicio de Administración Tributaria del Estado, con sede en esta ciudad, desincorporaran de la esfera jurídica del contribuyente la obligación de pagar los derechos registrales bajo las tarifas establecidas en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa en vigor, específicamente, sus artículos 50, fracciones II y III, 51, fracción I, inciso b), 111 y 113; y no le sea aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformada; asimismo, deberían dejar sin efectos únicamente el pago generado en los recibos oficiales 0000648422 y 0000648423, de veintiocho de julio de dos mil veinte, por las cantidades de $2,022.00 (dos mil veintidós pesos 00/100 moneda nacional) y $956.00 (novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pago de derechos por servicios con motivo de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, de la compra-venta y el contrato con/sin garantía hipotecaria; más impuestos adicionales; devolviendo al peticionario del amparo las cantidades que por concepto de derechos e impuestos adicionales indebidamente pagó; previo descuento a dicha suma del importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que se actualizó a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b), de la fracción II y III del artículo 50, fracción I, del diverso 51 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Luego, del examen de los documentos remitidos por las autoridades responsables para acreditar el cumplimiento dado al fallo protector, los cuales, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio, se aprecia que: Mediante comunicado RPP/MAZ/740/2021 el Oficial del Registro Público de la Propiedad, manifestó que se sujetaba a lo resuelto por este órgano jurisdiccional en la sentencia de amparo; aclarando que respecto del reembolso y devolución solicitados, se adhería al procedimiento determinado por la autoridad recaudadora de rentas, quien es la entidad que recibió dicho pago. Por otra parte, a través del comunicado SAF-PF-0594/2021, el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales del Estado, en suplencia por ausencia del Procurador Fiscal del Estado de Sinaloa, en representación legal del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, informó a este órgano jurisdiccional, haber girado oficio al Director de la Tesorería, a efecto de que expidiera el cheque correspondiente a la devolución a favor del quejoso en el presente juicio de garantías. Por último, mediante oficio SAF-PF-2635/2021, el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales del Estado de Sinaloa, en suplencia por ausencia del Procurador Fiscal del Estado, en representación legal del Director de Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, remitió las constancias con las que acreditó haber realizado al quejoso la devolución de la cantidad $1,240.00 (mil doscientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de derechos e impuestos adicionales que indebidamente pagó con motivo de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, de la compra-venta y el contrato con/sin garantía hipotecaria; más impuestos adicionales; previo descuento a dicha suma del importe que resultó de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que se actualizó a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b), de la fracción II y III del artículo 50, fracción I, del diverso 51 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa Bajo ese contexto, de lo expuesto por la autoridad responsable Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, con residencia en Culiacán; y de las constancias que se allegó al presente sumario, se desprende que EL FALLO PROTECTOR SE ENCUENTRA CUMPLIDO. Ello es así ya que, como se precisó en párrafos precedentes, en el caso, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al impetrante de garantías para el efecto de que las autoridades responsables Oficial del Registro Público de la Propiedad con sede en esta ciudad, y el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado con sede en Culiacán, Sinaloa, por conducto de las autoridades fiscales recaudadoras -en el caso- Jefe de la Oficina de Recaudación en Mazatlán del Servicio de Administración Tributaria del Estado, con sede en esta ciudad, desincorporaran de la esfera jurídica del contribuyente la obligación de pagar los derechos registrales bajo las tarifas establecidas en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa en vigor, específicamente, sus artículos 50, fracciones II y III, 51, fracción I, inciso b), 111 y 113; y no le sea aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformada; asimismo, deberían dejar sin efectos únicamente el pago generado en los recibos oficiales 0000648422 y 0000648423, de veintiocho de julio de dos mil veinte, por las cantidades de $2,022.00 (dos mil veintidós pesos 00/100 moneda nacional) y $956.00 (novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pago de derechos por servicios con motivo de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, de la compra-venta y el contrato con/sin garantía hipotecaria; más impuestos adicionales; devolviendo al peticionario del amparo las cantidades que por concepto de derechos e impuestos adicionales indebidamente pagó; previo descuento a dicha suma del importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que se actualizó a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b), de la fracción II y III del artículo 50, fracción I, del diverso 51 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. En tanto que, de la información aportada por la anotada autoridad responsable, se desprende que el Director de Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, remitió las constancias con las que acreditó haber realizado al quejoso la devolución de la cantidad $1,240.00 (mil doscientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de derechos e impuestos adicionales que indebidamente pagó con motivo de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, de la compra-venta y el contrato con/sin garantía hipotecaria; más impuestos adicionales; previo descuento correspondiente. De ahí que se estime que la autoridad responsable con dicho actuar dio cumplimiento al fallo protector, ya que restituyó a la quejosa en el pleno goce de sus garantías violadas, por lo que, en los términos previstos por el numeral 196 de la Ley de Amparo, a juicio de este juzgador, la sentencia de mérito se encuentra cumplida. Consecuentemente, y dado que no existe cuestión pendiente por determinar, acorde a lo establecido en el numeral antes indicado, SE ORDENA ARCHIVAR el presente asunto como definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que este expediente es depurable bajo los lineamientos precisados en término de lo dispuesto en el artículo 18, inciso b) del acuerdo general en cita, toda vez que, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Notifíquese el presente proveído a la parte quejosa, para los efectos a que refieren los arábigos 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo. Comuníquese esta determinación a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Téngase recibido el oficio signado por el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales del Estado de Sinaloa, en suplencia por ausencia del Procurador Fiscal del Estado, en representación legal del Director de Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa, y anexos que acompaña, a través del cual informa las gestiones tendentes a dar cumplimiento al fallo protector emitido dentro del juicio de amparo en que se actúa; en atención a ello, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el citado memorial, y con el diverso 3047/2019 que contiene inserto el auto de siete de octubre del año en curso, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifiesten lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que, en caso de no hacerlo, de oficio este órgano jurisdiccional declarará si la sentencia está cumplida o no, si la responsable incurrió en exceso o defecto para ello, o si existe imposibilidad para cumplirla, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad de referencia.

  3. Principal

    Visto el estado de los autos se aprecia oficio remitido vía correo electrónico por el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales del Estado en suplencia por ausencia del Procurador Fiscal del Estado de Sinaloa, en representación legal del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector, a través del cual informó que giró oficio al Director de la Tesorería, a efecto de que expida el cheque correspondiente a la devolución a favor del quejoso en el presente juicio de garantías; sin embargo a la fecha no ha remitido documento alguno que acredite haber dado total cumplimiento al fallo protector. En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase vía mensajería acelerada, al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, para que en forma inmediata, informe si ya se hizo entrega al quejoso del cheque correspondiente a la devolución a su favor, con motivo de habérsele otorgado el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en el presente asunto. Lo anterior, con el apercibimiento que, en caso de no hacerlo así, o bien, manifestar la imposibilidad jurídica o material que tenga para ello, se hará acreedora a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que tenga al momento en que se emite este proveído.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos se aprecia oficio remitido vía correo electrónico por el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales del Estado en suplencia por ausencia del Procurador Fiscal del Estado de Sinaloa, en representación legal del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector, a través del cual informa que giró oficio al Director de la Tesorería, a efecto de que expida el cheque correspondiente a la devolución a favor del quejoso en el presente juicio de garantías, remitiendo copia del referido comunicado para constancia. En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, para que en el término de tres días contado legalmente, informe si ya se hizo entrega al quejoso del cheque correspondiente a la devolución a su favor, con motivo de habérsele otorgado el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en el presente asunto. Lo anterior, con el apercibimiento que, en caso de no hacerlo así, o bien, manifestar la imposibilidad jurídica o material que tenga para ello, se hará acreedora a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que tenga al momento en que se emite este proveído. .

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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