Christian Israel Quiroz Oropeza

Expediente 585/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
585/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
25/11/2020

Partes del expediente

  • Christian Israel Quiroz Oropeza

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del proveído de diez de noviembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo; sin que a la fecha se hiciera valer dicho medio de impugnación. En tales condiciones, se declara que el citado acuerdo ha causado estado. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE al no existir documento original alguno y carecer de relevancia documental, por lo que una vez que transcurra el PLAZO DE TRES AÑOS, PROCÉDASE A SU DESTRUCCIÓN. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo presentada vía electrónica, en la que se señala como directo quejoso a ****, contra actos del Juez Primero de Proceso Oral Penal en la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número ****. Como cuestión previa, es importante señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del Juez de Distrito, como se indicó, examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano; sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley invocada. En ese sentido, este órgano de control de la constitucionalidad estima que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. De lo antes expuesto, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada, por ello la representación de quien acude ante esta vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos citados con anterioridad. Así, es menester destacar que la demanda de amparo fue recibida en el módulo de intercomunicación habilitado por el Consejo de la Judicatura Federal, para el trámite del juicio de amparo en términos de los artículos 3, 21 y 110 de la Ley de Amparo , en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en cuyo caso, de conformidad con el primero de los numerales en cita, se requiere que dicha petición presente la firma electrónica del promovente, la cual producirá los mismos efectos de la autógrafa. Asimismo, las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda, deben contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica del promovente de amparo, lo que en la especie no acontece, ya que del libelo de demanda que se provee se advierte que la firma electrónica pertenece a *****, asentándose que el quejoso es ****. En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, y toda vez que la demanda de amparo no cuenta con ella, debe considerarse que el directo quejoso no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional. Eventualidad que no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; ya que debe tomarse en cuenta que el artículo 6 de la ley de la materia, como se dijo, dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la norma general que se reclama, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante, puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. En ese sentido, no se desatiende lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, último párrafo de la Ley de Amparo, que señala que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva conforme al numeral 15 de ese ordenamiento legal; sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se trata de los actos que establece el dispositivo en mención y no existe imposibilidad del directo agraviado para promover por propio derecho; además, no se está ante el supuesto de que la demanda carezca de firma, toda vez que como se resaltó esta se encuentra signada electrónicamente por persona diversa a quien se señala es el quejoso. (.) De los dispositivos transcritos se advierte el juicio de amparo puede promoverse: 1. Por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; por su representante legal o por su apoderado; en materia penal por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la Ley lo permita. 2. Pero se contempla una excepción que permite que diversa persona pueda promover el amparo a su nombre, siempre y cuando se actualicen los siguientes supuestos: a) Se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y b) El agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Sin embargo, en la especie no se cumplen ninguno de los dos requisitos antes indicados. Lo anterior toda vez que, la orden de traslado reclamada atribuida a autoridad jurisdiccional, no se trata de los actos enumerados en el inciso a), y tampoco se alega una imposibilidad física y legal para promover directamente el agraviado (inciso b). No se desatiende que en términos del artículo 6 de la ley de la materia, el juicio de amparo puede ser promovido por el representante legal o apoderado de la persona directamente afectada, o bien por su defensor en materia penal; sin embargo, de la demanda no se advierte que ****-el cual plasmó su firma electrónica- inste el amparo con algún carácter de los descritos; pues en el escrito inicial se asentó únicamente que el quejoso es **** y promueve por propio derecho. En consecuencia, se pone de manifiesto que no se actualiza alguna circunstancia excepcional para que la demanda de amparo sea promovida por una persona que no tiene el carácter de defensor, representante legal o apoderado del quejoso, como en el caso. En tal virtud, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida vía electrónica.

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