Christian Giovanni Mateo Ortiz

Expediente 704/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
704/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
19/11/2021

Partes del expediente

  • Christian Giovanni Mateo Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la providencia en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, no fue recurrida; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, fracción a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se sobreseyó fuera de audiencia constitucional. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Visto el estado de autos se desprende, que del análisis efectuado a las constancias que anexó el Titular de la Dirección de Personal adscrito a la Oficialía Mayor del Municipio de Celaya, Guanajuato, como sustento de su informe justificado, a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. A propósito de tal causa de improcedencia, el tratadista Alfonso Noriega, en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, a fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XXI del numeral 61 de la ley en comento, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable.", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, porque: A) El gestionante del amparo acudió al presente juicio reclamando del Encargado de la Dirección de Personal de la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato: La omisión en resolver la solicitud presentada el veintiocho de julio de dos mil veintiuno ante la Dirección de Personal de la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato, a efecto de que se realizara el pago correspondiente a la liquidación por el tiempo que duro la relación laboral como Oficial de Seguridad Pública. B) De acuerdo con las constancias que remitió el Titular de la Dirección de Personal adscrito a la Oficialía Mayor del Municipio de Celaya, Guanajuato, que fueron anexadas como sustento de su informe justificado, se desprende que: En respuesta a la solicitud que le fue presentada por *************, el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se dio contestación a dicha petición mediante oficio ********* de veintiocho de septiembre del año en curso, signado por la autoridad mencionada en el párrafo que antecede, donde requiere al aquí quejoso diversos requisitos para efecto de estar en condiciones de proveer sobre su liquidación por la relación de trabajo que desempeñaba como Oficial de Seguridad Pública del Municipio de Celaya, Guanajuato; determinación que fue notificada el veintinueve de septiembre pasado. En tales condiciones, es incuestionable que la omisión que se tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable contestó la petición formulada por el quejoso y se la notificó, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Por tanto, es evidente que la omisión que tilda de inconstitucional respecto a dar respuesta a la solicitud presentada el veintiocho de julio de dos mil veintiuno ante el Director de Personal de la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato, a efecto de que se realizara el pago correspondiente a la liquidación por el tiempo que duro la relación laboral como Oficial de Seguridad Pública, cesó en sus efectos, dado que la responsable dio respuesta a dicha solicitud y se notificó por instructivo en el domicilio del aquí quejoso el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Titular de la Dirección de Personal adscrita a la Oficialía Mayor del Municipio de Celaya, Guanajuato, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como prueba de su intención las documentales que anexa, las que se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, se tienen como delegadas a las personas que indica, en términos del arábigo 9° de la legislación en comento.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ************, por propio derecho, contra actos del Encargado de la Dirección de Personal de la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 704/2021-I. Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de QUINCE DÍAS, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le solicita, rinda su informe justificado, al que deberá adjuntar copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias en las que se basó para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifestar el impedimento que tuviere, apercibiéndole que de no hacerlo así, se le podrá imponer una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, prevista en el artículo 258 de la ley reglamentaria en cita, en relación con el diverso 238 de la misma ley, conforme Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. De igual forma, con apoyo en el numeral 117, cuarto párrafo, del mismo ordenamiento legal, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto que se le atribuye. Asimismo, requiérase a la parte quejosa y a la autoridad responsable para que, de sobrevenir cualquiera de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo informen de inmediato y remitan las constancias que lo acrediten; lo anterior con fundamento en el numeral 64 del citado ordenamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la propia legislación, se hace saber a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a este Juzgado de Distrito, se le podrá imponer una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, prevista en el artículo 258 de la ley reglamentaria en cita, en relación con el diverso 238 de la misma ley, conforme Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este juicio de amparo. No se forme incidente de suspensión porque no fue solicitado por la parte quejosa ni existe capítulo expreso en la demanda. Se hace la precisión, que en caso del diferimiento de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no se girará oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceros interesados, a fin de hacerles saber de nueva cuenta esa circunstancia, en atención de que se considera que esa determinación, acorde a lo previsto en el capítulo de notificaciones de la ley de la materia, específicamente los artículos 29, 30 y 31, no amerita una notificación personal a través de oficio; en tal razón, para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia de referencia, podrán consultarlo en la página de internet http.//.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Ahora bien, tomando en consideración que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, solicitó la autorización del acceso a los expedientes electrónicos en materia de amparo que se llevan en este Juzgado, como se advierte en el cuaderno de varios de la estadística de este órgano jurisdiccional, el cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; de conformidad con los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario ********, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Respecto a la prueba documental que oferta la parte quejosa, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada en atención a su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Por otra parte, no se soslaya que el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, señala que el desahogo de diligencias, alegatos y audiencias se realicen utilizando las videoconferencias como regla general; sin embargo, la fracción II del diverso numeral 5 del invocado acuerdo general, prevé que las audiencias constitucionales e incidentales puedan llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. De igual forma, de los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo se advierte que en la audiencia constitucional sólo será necesaria la presencia de las partes para el desahogo de pruebas (cuando lo requieran), ya que las mismas pueden ofrecerse con anterioridad o hasta el día de la audiencia, salvo las que ameritan preparación, y los alegatos, que en su caso formulen las partes, deben ser por escrito. Luego, como en el presente asunto, hasta el momento, no se advierte prueba alguna que amerite desahogo en la audiencia constitucional, se estima que no es necesario llevarla a cabo mediante videoconferencia, ya que el derecho fundamental de las partes de debido proceso de ofrecer pruebas y alegar, se colma con las pruebas que exhiban y los alegatos que presenten, tanto física como electrónicamente, salvo que exista solicitud expresa de alguna de las partes para que se celebre por videoconferencia. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Por otra parte, resulta un hecho notorio para el suscrito que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que el propio artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Por lo que, a fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que resulta innecesario que informe cada vez que reciba comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado el acuse de recibo. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***********, en virtud de que obran sus cédulas ***********, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que cualquier comunicación dirigida a este órgano jurisdiccional, deberá enviarse al correo electrónico 6jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, a fin de evitar dilaciones innecesarias y en aras de una administración de justicia pronta y expedita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 constitucional.

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