Christian Fernando Collazo Martínez

Expediente 348/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
348/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
11/04/2018

Partes del expediente

  • Christian Fernando Collazo Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintidós de marzo de la presente anualidad, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(IV)

  2. Principal

    Se notifica por lista al quejoso, proveído de veintidós de marzo dos mil dieciocho...Vistos los autos del presente juicio de amparo se advierte que: 1. El diecinueve de marzo del año en curso, Rafael de Lira Muñoz, en favor de Christian Fernando Collazo Martínez, presentó demanda de amparo vía electrónica contra actos del Juez Municipal en turno adscrito a la Dirección de Justicia Municipal del Complejo de Seguridad Pública Municipal (C4), en el que reclamó la detención e incomunicación del quejoso Christian Fernando Collazo Martínez. 2. El veinte de marzo de dos mil dieciocho, fue turnada a este órgano jurisdiccional la cual fue registrada con el consecutivo número 348/2018-IV, se concedió la suspensión de plano respecto de los actos de incomunicación, tortura y cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como respecto de los ataques a la libertad fuera de procedimiento. 3. En razón actuarial de veinte de marzo del año en curso (foja 12), el actuario adscrito se constituyó en las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública Municipal (C-4), específicamente en el área de los separos de la Dirección de Justicia Municipal, de esta ciudad, donde fue atendido por la Juez Calificadora, quien le informó que Christian Fernando Collazo Martínez sólo estuvo detenido en esa corporación el diecinueve del mes y año en curso, fecha en la que fue puesto en libertad, al haber pagado la multa impuesta; asimismo, de las personas que se encontraban detenidas en el momento de la diligencia ninguna persona respondió al llamado de la persona antes citada. 4. En oficio recepcionado el veintiuno de marzo del año de curso en este órgano jurisdiccional, el que se agrega para que obre como corresponda, la autoridad responsable Juez Municipal en turno adscrito a la Dirección de Justicia Municipal, rindió informe con relación a la suspensión de plano y de las documentales que anexa se advierte que el directo quejoso Christian Fernando Collazo Martínez, fue puesto en libertad el diecinueve del mes y año en curso a las 20:02 horas, al haber pagado la multa que le fue impuesta, lo que se corrobora con la boleta de libertad y el recibo de pago. Narrados los antecedentes de mérito, conviene citar el artículo 15 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." Puntualizados los antecedentes, y con apoyo en el artículo transcrito, se concluye que ha lugar a tener por no presentada la demanda, ya que no puede seguir en movimiento la actividad jurisdiccional federal, como controlador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente por la falta de la voluntad del promovente, aunado a que existen datos objetivos que evidencian que el directo quejoso fue puesto en libertad. Esto es así, dado que no hay instancia de parte agraviada y menos la existencia de agravio personal y directo, ante la situación jurídica actual que impera en el aludido quejoso -está en libertad-. No está por demás señalar, que si bien el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece que si a pesar de las medidas tomadas no se hubiere podido lograr la comparecencia del quejoso, después de que se haya resuelto sobre la suspensión definitiva, se mandará suspender el procedimiento en lo principal, comunicándose los hechos al Ministerio Público; sin embargo, en la situación particular, tal hipótesis no opera, pues de acuerdo a los antecedentes narrados, el directo quejoso está en libertad.(IV)

  3. Principal

    Notifíquese personalmente. IV

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica por Rafael de Lira Muñoz, a favor de Christian Fernando Collazo Martínez, contra actos del Juez Municipal en Turno adscrito a la Dirección de Justicia Municipal de Aguascalientes; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo anótese su ingreso en el libro de registro de juicios de amparo de este juzgado con el número 348/2018-IV. - Localización del quejoso y ratificación de demanda - Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 15, 17, fracción IV, 33, fracción IV, 107, 109, 112, segundo párrafo y 126, de la Ley de Amparo; previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda, se ordena a cualesquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este juzgado: se constituya en el lugar donde se encuentra recluido el directo quejoso Christian Fernando Collazo Martínez, y en caso de no localizarlo, deberá buscarlo en los separos de Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, "C4", de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, Centro de Reinserción Social Aguascalientes y Zona Militar. En el supuesto de que el agraviado se encuentre detenido en alguno de los lugares mencionados, y los encargados o custodios se nieguen a ponerlo ante su presencia, o permitirle el acceso para cerciorarse si se encuentra en los mismos, se deberá apercibir a dichos encargados o custodios que, de persistir en su conducta, se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito con tales hechos que pudieran tipificar el delito de desobediencia a un mandato de suspensión. En el caso de que el buscado no se encuentre en los citados separos, y se le informe al Actuario que se encuentra en diverso lugar, o él advierta o tenga conocimiento que le indique que se encuentra en sitio distinto; se autoriza a dicho funcionario para que se traslade al lugar que considere necesario para cumplir con el presente mandamiento. Una vez que el Actuario localice al directo quejoso deberá notificarle este proveído y requerirlo para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, manifieste por sí o por su representante legal si ratifica o no el escrito con que se da cuenta, apercibido en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, que de no ratificar la demanda se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias que se hubieran dictado; igualmente deberá asentar en la razón que levante: 1. El estado general de la integridad física del quejoso; 2. Las condiciones de las instalaciones en que se encuentre privado el quejoso, o donde sea entrevistado por el Actuario; 3. Si observa o tiene conocimiento de actos de tortura física o psicológica o tratos inhumanos sufridos por el quejoso, cuestionando sobre ello al afectado, así como respecto a cualquier otra circunstancia relevante sobre el particular. -Suspensión de plano- En términos de los numerales 125, 126, 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano, respecto de los actos reclamados para los siguientes efectos: 1. Incomunicación, tortura y cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, es decir de las penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, privación de alimentos y agua, y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales: para el efecto de que cesen de inmediato todos los actos prohibidos de referencia, en contra de la parte quejosa. 2. Ataques a la libertad fuera de procedimiento. Si la detención de la parte quejosa, es efectuada por alguna autoridad administrativa señalada como responsable, distinta del Ministerio Público: para el efecto de que sin demora cese la detención y se ponga al peticionario de amparo en libertad. Salvo que la detención obedezca a la comisión de un delito y se trate de flagrancia o en ejecución de una orden del Ministerio Público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo sexto del artículo 16 constitucional en vigor, casos en que la medida cautelar se concede: para que la parte agraviada quede a disposición del suscrito Juez de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentre, sin perjuicio de que sin dilación alguna sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine sobre su libertad si procediese o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo décimo del artículo 16 constitucional establece, o bien determine su consignación a la autoridad judicial. - Obligación de la autoridad responsable de informar cumplimiento a la suspensión de plano - La autoridad responsable deberá informar de inmediato la observancia que dé al presente mandato; apercibida que de no dar cumplimiento se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización... Con independencia de lo anterior, hágase saber a la responsable que de no obedecer la anterior determinación se dará vista al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta o quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III.- No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra (.)". Además, en caso de que la responsable no cumpla con la suspensión decretada, el Actuario levantará el acta respectiva y con ella se hará la denuncia ante la representación social Federal, en términos del artículo 237, fracción III, de la Ley de Amparo. -Domicilio- De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. - Autorizados - Únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a Espartaco Álvarez Cardona, toda vez que no acreditó encontrarse legalmente para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. - Habilitación y autorizaciones - A efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este juicio de amparo se habilitan días y horas inhábiles, con base en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se autoriza a los Secretarios para que firmen los oficios de este juicio de amparo. En cumplimiento al presente proveído, se gira el oficio siguiente: 7049. (IV)

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