Christian Emmanuel Bernardino González

Expediente 205/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
205/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
13/05/2019

Partes del expediente

  • Christian Emmanuel Bernardino González

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, trece de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    PERSONALMENTE AAL PROMOVENTE

  3. Principal

    con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dejado en el domicilio procesal del promovente, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, por lista y por lista en una página electrónica al PROMOVENTE que dice...Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve *** por propio derecho, contra actos de la siguiente autoridad ? Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ensenada, Baja California. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número de juicio de amparo 205/2019-VII-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de derechos fundamentales, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el caso a estudio, la demanda de amparo debe desecharse al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que disponen Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama del Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ensenada, Baja California, lo siguiente La falta de administración de justicia en forma pronta y expedita por parte de la autoridad responsable LA H. JUNTA ESPECIAL NUMERO CUARENTA LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE TIJUANA CON RESIDENCIA EN ENSENADA B.C., con domicilio conocido en esta ciudad, al omitir realizar las diligencias necesarias a efecto de obtener la ejecución del laudo dictado por esta H. Junta de expediente 132/08" (Sic) En ese contexto, se colige que el promovente reclama en esencia, del Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ensenada, Baja California, la omisión genérica de realizar las diligencias necesarias para lograr el cumplimiento del laudo, dictado en el juicio laboral 132/2008, pues al efecto refiere que la responsable se ha abstenido de dictar todas las medidas tendientes para lograr la ejecución del laudo, sin especificar cuál de ellas fue solicitada y no se acordó al respecto. Ahora, si bien es cierto que, en la etapa de ejecución de laudo, el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que, la ejecución de laudo, una vez transcurrido el plazo que refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción, de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. En ese sentido, la naturaleza jurídica del acto consistente en la omisión genérica de la autoridad responsable de proveer sobre la ejecución del laudo, debe tenerse como inexistente porque se requiere de una participación individualizada de la parte quejosa para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo. Al respecto, los artículos 945 y 950 de la Ley Federal del Trabajo, disponen lo siguiente Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo. Luego, como en el caso el quejoso reclama en esta vía constitucional, de forma genérica, la omisión del presidente de la Junta laboral de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, sin precisar cual fue la omisión por parte de la junta responsable, ello torna improcedente el presente juicio, en términos de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porque se está en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de derechos fundamentales y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al presidente ejecutor. Es menester que se precise en la demanda de amparo, que la omisión reclamada se configura porque la junta responsable a la petición o promoción que previamente se le hizo, no ha actuado como legalmente le corresponde; es decir, sólo puede configurarse una omisión para efectos del juicio de amparo reclamable a la autoridad derivado de una previa petición o promoción a la que le debe recaer acuerdo o respuesta y esto no haya sucedido dentro del término legal. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia *** En mérito de lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO, por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ***. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de derechos fundamentales y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la peticionaria promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a la anterior determinación la Jurisprudencia *** Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda, y por autorizados a las personas que menciona en el mismo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectrónico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica (FIREL) del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, cuya liga es http:// www.firel.pjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

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