Christian Eduardo Ortiz Ozuna
Expediente 297/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 297/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 14/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Christian Eduardo Ortiz Ozuna
- Juan Pablo Morales Aguijo
- Juan Pablo Morales Aguijo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
I. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el proveído de doce de julio del año en curso (fojas 49 a 52), en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido de dicho auto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el proveído que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado. II. Se ordena el archivo correspondiente. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y se ordena archivar el presente juicio, como asunto concluido. III. Valoración del expediente principal. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Queda notificada la parte quejosa por medio de lista del auto de doce de julio de dos mil diecisiete, al no haber comparecido a notificarse de manera personal.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio 900/2017, signado por el Juez Calificador de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad, mediante cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de tres del presente mes y año (foja 42), y al respecto informa a este órgano jurisdiccional que los aquí quejosos ***, fueron puestos a disposición del Juez Calificador en turno, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, por alterar el orden, sin embargo, dichos quejosos al cumplir sus horas de arresto, obtuvieron su libertad a las nueve horas con treinta minutos del veinticinco del mismo mes y año; por lo anterior, se provee: Mediante comparecencia de veinticuatro de abril del año en curso (foja 1) Martha Rosa Martínez Reyes, en representación de ***, promovió juicio de ampro indirecto, contra la autoridad responsable Comandante del Agrupamiento de Reacción Fuerza, Coahuila, con sede en esta ciudad. Por el acto reclamado consistente en la privación de la libertad emitida en su contra, y su ejecución. Al respecto, en la citada fecha (fojas 4 a 8), se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 297/2017; se requirió por conducto del Actuario de la adscripción, la búsqueda y en su caso la ratificación del escrito de demanda por parte de los quejosos directos y se ordenó suspender de plano el acto reclamado a la responsable. En esa tesitura, de las constancias de notificación y razones actuariales, de veintiuno del citado mes y año (fojas 13 a 15), se advierte que los quejosos directos ***, ratificaron la demanda de amparo instaurada en su nombre, además los nombrados manifestaron que se encontraban bien y que no fueron objeto de tortura o malos tratos. De ese modo, mediante proveído de veinticinco de abril de la presente anualidad (fojas 16 a 20), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, del oficio 900/2017, signado por el Juez Calificador de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad, se advierte que hizo del conocimiento que los aquí quejosos ***, fueron puestos a disposición del Juez Calificador en turno, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, por alterar el orden, sin embargo dichos quejosos al cumplir sus horas de arresto, obtuvieron su libertad a las nueve horas con treinta minutos del veinticinco del mismo mes y año, y al efecto remitió copia certificada del registro del departamento de barandilla con números de registro 3889 y 3890, los cuales se plasman a continuación: Juan Pablo Morales Arguijo *** Conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia, como en el presente caso, la prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo, la cual por ende actualiza el sobreseimiento del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: *** En efecto, la parte quejosa primigeniamente reclamó la privación de la libertad emitida en su contra, y su ejecución. Sin embargo, quien resuelve advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: *** Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: *** La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: *** Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J. 59/99, del rubro y texto siguientes: *** Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que se encuentra probado en autos que la autoridad denominada Juez Calificador de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad, otorgó la libertad a los quejosos a las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de abril del año en curso, lo que implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio, de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, con rubro y contenido siguientes: *** En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del veinte de julio de dos mil diecisiete (fojas 37).
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Calificador de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de dos de mayo del año en curso (foja 29), y al respecto informa lo siguiente: "me permito informar que en el oficio fueron anexadas copias certificadas de dichas constancias, para lo cual me permito anexar al presente copia simple del Acuse de recibo oficio 0267/2017, así como de las copias certificadas de fojas del libro de Registro del Departamento de Barandilla con números de registro 3889 y 3890." Sin embargo, las documentales que aduce anexar en copia certificada, fueron exhibidas en copia simple, como se advierte a fojas 27 y 28 de autos; por lo anterior, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero , de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad citada con anterioridad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta sus efectos la notificación del presente auto, remita copia certificada de la documentación que anexó a su informe de cuenta, así como cualquier constancia que sirva de antecedente del acto reclamado, toda vez que son necesarias para la debida integración del presente asunto, o bien, informe la imposibilidad jurídica que tenga para ello; con el apercibimiento que de no hacerlo, o no informar oportunamente la causa legal de su impedimento, se les impondrá una multa por el equivalente de cincuenta veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo.
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