Christian Eduardo Espinoza Ramirez

Expediente 739/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
739/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
14/07/2022

Partes del expediente

  • Christian Eduardo Espinoza Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintidós. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, se archivó el presente asunto; consecuentemente mediante oficio que al efecto se libre, remítasele al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en esta ciudad, en funciones de administrador, las constancias que remitió a este juzgado, concernientes a las copias certificas de la causa penal 371/2019, sin que sea necesario acuse de recibo, toda vez que el sello de recepción hace las veces de acuse. Lo anterior, para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta de julio de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/2924/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil diecinueve. RAZÓN, SE ORDENA GIRAR EL OFICIO CORRESPONDIENTE A LA AUTORIDAD CORRECTA Vista la razón levantada por el actuario adscrito a este juzgado el treinta y uno de julio del año en curso, de la que se desprende que no le fue posible entregar el oficio número 11187, dirigido a la autoridad responsable "Agente del Ministerio Público de la Agencia Primera de Investigación de la Fiscalía General de la República", con residencia en esta ciudad, toda vez que al constituirse en las instalaciones que ocupa la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, fue informado por Nalleli Ortuño Albarrán, quien dijo ser oficial de partes de esa dependencia, que no podía recibir dicho oficio, por las razones expuestas en la misma; en consecuencia, y toda vez que de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que la autoridad antes mencionada, rindió sus informes a la suspensión de plano y justificado con la denominación AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, TITULAR DE LA AGENCIA PRIMERA INVESTIGADORA MORELIA, DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN, DE OCAMPO", atento a ello, téngase como denominación correcta a la antes precisadas y reenvíesele el oficio 11187, de treinta de julio del año en curso, a fin de que esté en aptitud de notificarle la resolución dictada en el presente juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, DICTADO EN EL EXPEDIENTE 739/2019, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. GERARDO ORTIZ PÉREZ DE LOS REYES, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 739/2019, promovido por Eduardo Espinoza Arriaga, en favor de Christian Eduardo Espinoza Ramírez contra actos del Titular de la Agencia Primera Investigadora Morelia, de la Unidad de Investigación y Litigación del Estado de Michoacán de Ocampo y otra autoridad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: a) Director de Seguridad Pública Municipal de Pátzcuaro, Michoacán . b) Titular de la Agencia Primera Investigadora Morelia, de la Unidad de Investigación y Litigación del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad . EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obran en autos diversas documentales que las autoridades responsables adjuntaron tanto a su informe a la suspensión de plano concedida en autos y a sus respetivos informes de ley , así como las que remitió el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Pernal Federal en Michoacán, con sede en esta ciudad con su oficio 19596/2019, de diez de julio del año en curso, las cuales obran en la secretaria de este órgano jurisdiccional en un tomo de pruebas por separado, documentales que se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir más pruebas que tener por desahogadas, se declara abierto el período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente hizo manifestaciones en esta vía la agente del Ministerio Público Investigador adscrita a este juzgado de Distrito, mediante pedimento 365/2019 , presentado en la Oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintidós de julio del año en curso. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, se tienen por formulados los alegatos de referencia. Se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 739/2019, promovido por Eduardo Espinoza Arriaga, en favor del quejoso directo Christian Eduardo Espinoza Ramírez, contra actos del Director de Seguridad Pública de Pátzcuaro, Michoacán y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado a las diecisiete horas con treinta minutos del veintitrés de junio del año en curso, ante la secretaria de guardia de este órgano jurisdiccional y registrado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al día siguiente hábil, Christian Eduardo Espinoza Ramírez, con apego en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de la materia, promovió demanda de amparo indirecto a nombre de Christian Eduardo Espinoza Ramírez, contra actos del Director de Seguridad Pública de Pátzcuaro, Michoacán y otra autoridad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de veintitrés de junio del año que transcurre , se tuvo por presentada la demanda y decretando la medida suspensional de plano por los actos que se reclamó ante este Juzgado de Distrito, asimismo, se ordenó la ratificación de ese libelo por conducto de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, lo cual aconteció según se advierte del acta de veintitrés de junio del año que transcurre, mediante el cual el quejoso directo ratificó la demanda de esa misma data presentada en su favor, por lo cual, en auto de veinticinco de junio del año que transcurre, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto de los actos reclamados y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose la misma con el número de expediente 739/2019; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados a las autoridades responsables en la presente instancia constitucional, consisten en: I. La incomunicación y actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. La detención por parte de las autoridades responsables. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS PRECISADOS EN EL PUNTO I DEL CONSIDERANDO SEGUNDO. Al rendir sus informes justificados las autoridades responsables Director de Seguridad Pública de Pátzcuaro, Michoacán y Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora Morelia de la Unidad de Investigación y Litigación el Estado de Michoacán de Ocampo, negaron la existencia de los actos que la parte quejosa les atribuyó, descritos en el punto I del considerando que antecede de esta sentencia, consistentes en la incomunicación y actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que se corrobora con las documentales que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora Morelia de la Unidad de Investigación y Litigación del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, anexó a su respectivo informe a la suspensión de plano, de las cuales se advierte lo siguiente:  A las trece horas del veintitrés de junio del año en curso, se designó como abogado particular del quejoso al licenciado Salvador Patiño García .  A las trece con cuarenta y dos horas del ya mencionado día, el quejoso directo realizó llamada telefónica a un amigo de nombre "lalo" .  Posteriormente, a las catorce horas del veintitrés de junio pasado, el referido quejoso tuvo comunicación privada con su esposa .  Finalmente, a las catorce horas con veinte minutos del mencionado día se llevó a cabo la constancia de lectura de derechos y designación del abogado particular . Lo anterior, se corrobora con el dicho del propio quejoso directo al momento de ratificar su demanda donde manifestó que ".por la tarde tuvo visita de su esposa y que tiene conocimiento que su papá se encuentra a las afueras de estas instalaciones.", asimismo, manifestó que solo le dolía un poco el área abdominal al respirar, así como la espalda, sin embargo, en momento alguno refirió que dichos malestares hayan sido ocasionados por las autoridades responsables. Sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna tendente a desvirtuar las negativas por parte de dichas autoridades señaladas como responsables ordenadoras y ejecutoras. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguiente: "Tesis: VI. 2o. J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 227634 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Página 627 Jurisprudencia (Común) INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 185/88. Hugolino González Méndez y otros. 23 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Patlán Origel. Amparo en revisión 313/88. Pascual Espinoza Palma. 11 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 414/88. María Isabel Zárate Romero. 4 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 420/88. José Ruperto Anaya Pérez. 12 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 208/89. Enrique Flores Rojas. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez." Máxime que ante la negativa de las autoridades responsables, a la parte quejosa le correspondía la carga de la prueba, a efecto de acreditar la existencia del acto reclamado y no satisfizo tal extremo con prueba certera y eficiente. Por ilustrativa, es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 41/2001, que literalmente dice: "Tesis: VI.2o.A.4 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187728 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Febrero de 2002 Página 903 Tesis Aislada (Común) PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Amparo en revisión 41/2001. José Ricardo Picen Coyotl. 15 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Rosa Iliana Noriega Pérez." Por tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO PRECISADO EN EL PUNTO II. Ahora, el Director de Seguridad Pública de Pátzcuaro, Michoacán y Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora Morelia de la Unidad de Investigación y Litigación el Estado de Michoacán de Ocampo, negaron el acto reclamado que quedó precisado en el punto II del considerando segundo. Sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada con las documentales que obran en autos de las cuales se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda, sí existía dicho acto reclamado privativo de libertad en contra del quejoso directo, pues tuvo verificativo el veintidós de junio del año en curso, a las diecisiete horas con treinta y siete minutos , mismo que en su momento fue trasladado ante la representación social federal con sede en esta ciudad, lo que se corrobora con las constancias que al efecto acompañó el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora Morelia de la Unidad de Investigación y Litigación del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, documentales que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Examinada la certeza del acto reclamado, se procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de la materia. Lo anterior se encuentra robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335.". Este juzgador federal estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]". Del precepto citado se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; esto es, cuando el juzgador de amparo advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió. Lo anterior, toda vez que en caso de concluirse que el acto de autoridad es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Al respecto se cita la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: Época: Novena Época Registro: 173858 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Diciembre de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 181/2006 Página: 189 "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Amparo directo en revisión 3044/98. Eduardo Cuauhtémoc Siller Leyva y otros. 12 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. Amparo directo en revisión 901/2000. Grupo Moyg, S.A. de C.V. 23 de febrero de 2001. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez. Amparo directo en revisión 197/2001. Félix García García. 27 de abril de 2001. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. Amparo directo en revisión 210/2002. María del Carmen Guido Méndez y otros. 22 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Contreras. Amparo en revisión 737/2002. Rafael González Lomelí. 24 de septiembre de 2003. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Tesis de jurisprudencia 181/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de noviembre de dos mil seis.". En ese sentido, para acreditar que se actualiza la causa de improcedencia en comento, es necesario tomar en cuenta que el quejoso acude a este juicio de amparo donde reclama de las autoridades responsables señaladas en el considerando que antecede, la privación de la libertad personal (detención). Por otro lado, de las constancias que remitieron las responsables Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora Morelia de la Unidad de Investigación y Litigación del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, y Director de Seguridad Pública Municipal de Pátzcuaro, Michoacán, en sus informes de ley, las cuáles ya fueron valoradas con anterioridad, se advierte que: El veinticuatro de junio del año en curso, a las diecinueve horas con veintitrés minutos, el quejoso directo Christian Eduardo Espinoza Ramírez, quedó a disposición del Juez de Control Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Federal, radicándose la causa penal 371/2019, y fijándose las veintidós horas con dieciséis minutos del mismo día, para que tuviera verificación la audiencia de control de detención del imputado de referencia, en la cual se declaró de legal la detención, se formuló imputación, el quejoso declaró, se solicitó auto de vinculación a proceso y solicitó la duplicidad del término constitucional . A las doce horas del día veintinueve de junio del año en curso, para que se llevó a cabo la audiencia de continuación de audiencia inicial, en la que se decretó el auto de vinculación a proceso, fijándose como medida cautelar prisión preventiva justificada , y se decretó un plazo de cierre de investigación de dos meses el cual fenece el veintinueve de agosto del año en curso. Asimismo, en auto de once de julio del año en cuso, se tuvo al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, en funciones de administrador, remitiendo copias certificadas de diversas constancias de la causa penal 371/2019 de su índice, de las cuales se advierte que Salvador García Patiño, defensor particular del aquí quejoso, interpuso recurso de apelación contra la resolución de vinculación a proceso por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejercito, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el articulo 83, fracción III, en relación con el numeral 11, inciso c), de veintinueve de junio pasado, mediante la cual se determinó que prevalece la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso directo Christian Eduardo Espinoza Ramírez . Lo anterior, pone de manifiesto que el quejoso fue puesto a disposición del Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en esta ciudad, a las diecisiete horas con cuatro minutos del veinticuatro de junio pasado , lo que pone de relieve que el acto reclamado precisado en el punto II, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia antes mencionada, se procede a SOBRESEER en el juicio de amparo, en términos del numeral 63, fracción V, de la Ley de la materia. Finalmente, en virtud del sentido del presente fallo, no resulta viable estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada y, por ese motivo, al encontrarse un obstáculo procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido legalmente para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia que dice: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Christian Eduardo Espinoza Ramirez en favor del quejoso directo Christian Eduardo Espinoza Ramírez, en contra de los actos que reclamaron de las autoridades responsables, en términos de los considerandos tercero y cuarto del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

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