Christian Eduardo Carrillo García
Expediente 930/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 930/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/10/2021
Partes del expediente
- Christian Eduardo Carrillo García
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de octubre de dos mil veintiuno. RAZÓN DE IMPOSIBILIDAD Agréguese la razón actuarial de cuenta, a través de la cual la actuaria judicial adscrita a este juzgado asentó su imposibilidad para notificar a la parte quejosa el auto de treinta de septiembre del año en curso, por las razones que ahí expone. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa la aludida determinación y las subsecuentes que le resulten de carácter personal, por lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado; hasta en tanto, no señale domicilio procesal dentro de la residencia de este órgano Jurisdiccional (Municipio de Toluca), o en su defecto, dentro de la zona conurbada (Municipio de Metepec, Lerma, Zinacantepec y Almoloya de Juárez). Toluca, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por *******; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 930/2021-IV-D. DESECHAMIENTO Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, del análisis íntegro de la demanda se obtiene que el quejoso reclama de al Juez de Control del Distrito y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Valle de Bravo y al Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Tramite de la unidad de Investigación "E1" de la Fiscalía Regional de Valle de Bravo, ambos del Estado de México: La judicialización de la carpeta de investigación, NIC ************, radicada ante Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Tramite de la unidad de Investigación "E1" de la Fiscalía Regional de Valle de Bravo, Estado de México. La radicación de la causa penal ***/2021, del índice del Juez de Control del Distrito y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Valle de Bravo Precisado lo anterior, a la óptica de quien esto resuelve, respecto del acto identificado con el número uno (1), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Dichos numerales, establecen: ...El precepto constitucional transcrito con antelación, hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de la investigación del delito; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta institución pública. Dicho precepto, consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal, denominada investigación del delito no judicializada (noticia criminal), los elementos del delito y la probable intervención o participación del imputado. Así pues, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de la investigación del delito, el Representante Social debe acreditar determinados hechos para demostrar los elementos del hecho delictuoso que se imputa al indiciado que, concatenados entre sí, den como resultado una presunción iuris tantum que demuestre los elementos del ilícito en cuestión y su probable intervención o participación. En esas condiciones y dado que corresponde a esa institución pública el acreditar la actualización de algún delito, por imperativo constitucional, en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos" debiendo para ello, necesariamente "buscar y presentar los datos de pruebas que acrediten la probable participación o intervención en el hecho delictuoso del imputado" Lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 19 constitucional; por tanto, como ya quedó expuesto, al Ministerio Público por mandato constitucional del artículo 21, primer párrafo, de la Ley Fundamental, le impone la obligación de aportar los datos demostrativos que acrediten la existencia de un delito, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, destruyendo las pruebas aportadas por el Representante Social, lo cual, no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de probar la actualización de los mismos. En ese contexto, este órgano jurisdiccional estima que la revisibilidad, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la carpeta de investigación del delito debe ser determinada, en aras de preservar al menos en su expresión mínima necesaria a la función indagatoria, de manera casuística, tomando en consideración fundamentalmente si éstos constituyen o no actos cuyos efectos podrán o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial. Así, en el caso a estudio, el perjuicio que la parte quejosa -aduce- le causa la prosecución de investigación hasta la judicialización de la carpeta de investigación NIC **************, radicada ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Tramite de la unidad de Investigación "E1" de la Fiscalía Regional de Valle de Bravo, Estado de México. Sin embargo, conforme a lo expuesto con antelación, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no infringen perjuicio alguno a la parte quejosa, ya que éste en todo caso dicho perjuicio se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confiere al Ministerio Público. Es aplicable en lo conducente la tesis aislada II.2o.P.51 P (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federal, Décima Época, Octubre 2017, con número de registro 2015368, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ... Por otra parte, en lo que atañe al acto identificado con el número dos (2), atinente a la radicación de la causa penal ***/2021, del indice del Juez de Control del Distrito y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México; el mismo, contrario a lo que sostiene el quejoso, no genera a este último una afectación y, por tanto, de ningún modo produce un interés jurídico o legítimo para asistir al juicio de garantías en reclamo del mismo., por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el 5º, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "... En efecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 5º y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso. Ello, en razón de que conforme a lo establecido en la primera de las disposiciones legales citadas, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral (sea de naturaleza jurídica o patrimonial) siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. En el caso, a consideración de quien esto resuelve, la radicación de la causa penal no genera al quejoso una afectación y, por tanto, de ningún modo produce un interés jurídico o legítimo para asistir al juicio de garantías en reclamo del mismo. Para arribar a tal conclusión, al respecto conviene tener presente que, la citación a la audiencia inicial, no constituye un acto emitido dentro de juicio, pues en términos del párrafo final del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el juicio o proceso inicia con la audiencia inicial ante el juez de Control; de ahí que, no puede considerarse como un acto emitido dentro del proceso o juicio penal. En efecto, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el procedimiento penal comprende tres etapas, a decir: La de investigación, que a su vez, se compone de las fases de: a) investigación inicial, que inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; y b) La complementaria, que comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Por lo que, en la especie, la etapa que interesa destacar, es la de investigación inicial, que es la que comprende al auto que cita al investigado para celebrar la audiencia inicial, en la cual, se formulará imputación. Así, tenemos que el contenido de los diversos artículos 309, párrafo primero y 310, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, permiten establecer que cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de uno o más hechos calificados por la ley como delito y considera que es oportuno la intervención judicial, con el objeto de resolver la situación jurídica del imputado, y únicamente, en caso de que éste no se encuentre detenido, solicitará al juez de control que lo cite para la audiencia inicial conforme al párrafo segundo del numeral 310 de la legislación en consulta. Por su parte, el numeral 141, fracción I, de la aludida codificación, prevé, entre otras, como una forma de conducción al proceso, el citatorio para la audiencia inicial. Ahora, conforme al diverso 307 del citado ordenamiento legal, en la audiencia inicial: Se informará al imputado sus derechos constitucionales y legales, si es que no éstos no se le hubieren informado con antelación. De ser el caso, se llevará a cabo el control de legalidad de la detención. Se formulará la imputación. Se dará la oportunidad de declarar al imputado. Se resolverá respecto de la solicitud de vinculación a proceso y medidas cautelares. Se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Así, la formulación de imputación, que se desarrolla en la audiencia inicial, constituye un presupuesto necesario para transitar a la etapa intermedia o de preparación de juicio, ya que representa la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos calificados por la ley como delito. En ese sentido, aun y cuando el acto reclamado consistente en la radicación de la causa penal 651/2021, lo cierto es que dicho acto procesal no le ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del aquí quejoso, ya que dicho trámite no ha ocasionado alguna afectación en sus prerrogativas, como es el derecho a la libertad o algún otro. Lo anterior es así, pues la facultad que ejerce el juez de control, no involucra el análisis de los hechos delictuosos, ni de la probable participación del justiciable en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial. En efecto, el juez de Control únicamente está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, de tal modo que al investigado (aquí quejoso), en realidad no se le causa un perjuicio de índole jurídico, ya que en dicha fase procedimental no se le conculca derecho alguno, pues en todo caso, éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, en caso, de que así lo solicitare el Ministerio Público; considerar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al juzgador, anteponiendo el interés particular, al de la sociedad. Máxime que, en el caso, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, no sería posible emitir de manera directa un acto de molestia como puede ser la aprehensión ante la incomparecencia del investigado, pues para ello se requeriría de previa petición del Ministerio Público y de que el juez de control accediera a su emisión; circunstancia que depende de acontecimientos futuros de realización incierta. Así pues, a través del señalado acto no se surte el interés jurídico o legítimo del mismo para combatir el acto en cuestión a través del juicio de garantías, de ahí que se concluya en que se deba desechar la demanda planteada en su contra, al actualizarse la aludida causal de improcedencia. Tiene aplicación al caso, el criterio visible en la tesis 1ª./J.78/2018 (10a.), consultable en el Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la ... Por tales motivos, este juzgado estima que al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, así como con el diverso 5°, todos de la Ley de Amparo; se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Christian Eduardo Carrillo García, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en la lista electrónica y física que se pública en el Portal del Consejo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tienen como medio de comunicación alterno no procesal, el correo electrónico carmonasuazo@yahoo.com.mx. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 9/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por *******; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 930/2021-IV-D. DESECHAMIENTO Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, del análisis íntegro de la demanda se obtiene que el quejoso reclama de al Juez de Control del Distrito y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Valle de Bravo y al Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Tramite de la unidad de Investigación "E1" de la Fiscalía Regional de Valle de Bravo, ambos del Estado de México: La judicialización de la carpeta de investigación, NIC ************, radicada ante Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Tramite de la unidad de Investigación "E1" de la Fiscalía Regional de Valle de Bravo, Estado de México. La radicación de la causa penal ***/2021, del índice del Juez de Control del Distrito y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Valle de Bravo Precisado lo anterior, a la óptica de quien esto resuelve, respecto del acto identificado con el número uno (1), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Dichos numerales, establecen: ...El precepto constitucional transcrito con antelación, hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de la investigación del delito; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta institución pública. Dicho precepto, consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal, denominada investigación del delito no judicializada (noticia criminal), los elementos del delito y la probable intervención o participación del imputado. Así pues, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de la investigación del delito, el Representante Social debe acreditar determinados hechos para demostrar los elementos del hecho delictuoso que se imputa al indiciado que, concatenados entre sí, den como resultado una presunción iuris tantum que demuestre los elementos del ilícito en cuestión y su probable intervención o participación. En esas condiciones y dado que corresponde a esa institución pública el acreditar la actualización de algún delito, por imperativo constitucional, en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos" debiendo para ello, necesariamente "buscar y presentar los datos de pruebas que acrediten la probable participación o intervención en el hecho delictuoso del imputado" Lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 19 constitucional; por tanto, como ya quedó expuesto, al Ministerio Público por mandato constitucional del artículo 21, primer párrafo, de la Ley Fundamental, le impone la obligación de aportar los datos demostrativos que acrediten la existencia de un delito, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, destruyendo las pruebas aportadas por el Representante Social, lo cual, no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de probar la actualización de los mismos. En ese contexto, este órgano jurisdiccional estima que la revisibilidad, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la carpeta de investigación del delito debe ser determinada, en aras de preservar al menos en su expresión mínima necesaria a la función indagatoria, de manera casuística, tomando en consideración fundamentalmente si éstos constituyen o no actos cuyos efectos podrán o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial. Así, en el caso a estudio, el perjuicio que la parte quejosa -aduce- le causa la prosecución de investigación hasta la judicialización de la carpeta de investigación NIC **************, radicada ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Tramite de la unidad de Investigación "E1" de la Fiscalía Regional de Valle de Bravo, Estado de México. Sin embargo, conforme a lo expuesto con antelación, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no infringen perjuicio alguno a la parte quejosa, ya que éste en todo caso dicho perjuicio se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confiere al Ministerio Público. Es aplicable en lo conducente la tesis aislada II.2o.P.51 P (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federal, Décima Época, Octubre 2017, con número de registro 2015368, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ... Por otra parte, en lo que atañe al acto identificado con el número dos (2), atinente a la radicación de la causa penal ***/2021, del indice del Juez de Control del Distrito y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México; el mismo, contrario a lo que sostiene el quejoso, no genera a este último una afectación y, por tanto, de ningún modo produce un interés jurídico o legítimo para asistir al juicio de garantías en reclamo del mismo., por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el 5º, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "... En efecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 5º y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso. Ello, en razón de que conforme a lo establecido en la primera de las disposiciones legales citadas, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral (sea de naturaleza jurídica o patrimonial) siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. En el caso, a consideración de quien esto resuelve, la radicación de la causa penal no genera al quejoso una afectación y, por tanto, de ningún modo produce un interés jurídico o legítimo para asistir al juicio de garantías en reclamo del mismo. Para arribar a tal conclusión, al respecto conviene tener presente que, la citación a la audiencia inicial, no constituye un acto emitido dentro de juicio, pues en términos del párrafo final del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el juicio o proceso inicia con la audiencia inicial ante el juez de Control; de ahí que, no puede considerarse como un acto emitido dentro del proceso o juicio penal. En efecto, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el procedimiento penal comprende tres etapas, a decir: La de investigación, que a su vez, se compone de las fases de: a) investigación inicial, que inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; y b) La complementaria, que comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Por lo que, en la especie, la etapa que interesa destacar, es la de investigación inicial, que es la que comprende al auto que cita al investigado para celebrar la audiencia inicial, en la cual, se formulará imputación. Así, tenemos que el contenido de los diversos artículos 309, párrafo primero y 310, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, permiten establecer que cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de uno o más hechos calificados por la ley como delito y considera que es oportuno la intervención judicial, con el objeto de resolver la situación jurídica del imputado, y únicamente, en caso de que éste no se encuentre detenido, solicitará al juez de control que lo cite para la audiencia inicial conforme al párrafo segundo del numeral 310 de la legislación en consulta. Por su parte, el numeral 141, fracción I, de la aludida codificación, prevé, entre otras, como una forma de conducción al proceso, el citatorio para la audiencia inicial. Ahora, conforme al diverso 307 del citado ordenamiento legal, en la audiencia inicial: Se informará al imputado sus derechos constitucionales y legales, si es que no éstos no se le hubieren informado con antelación. De ser el caso, se llevará a cabo el control de legalidad de la detención. Se formulará la imputación. Se dará la oportunidad de declarar al imputado. Se resolverá respecto de la solicitud de vinculación a proceso y medidas cautelares. Se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Así, la formulación de imputación, que se desarrolla en la audiencia inicial, constituye un presupuesto necesario para transitar a la etapa intermedia o de preparación de juicio, ya que representa la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos calificados por la ley como delito. En ese sentido, aun y cuando el acto reclamado consistente en la radicación de la causa penal 651/2021, lo cierto es que dicho acto procesal no le ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del aquí quejoso, ya que dicho trámite no ha ocasionado alguna afectación en sus prerrogativas, como es el derecho a la libertad o algún otro. Lo anterior es así, pues la facultad que ejerce el juez de control, no involucra el análisis de los hechos delictuosos, ni de la probable participación del justiciable en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial. En efecto, el juez de Control únicamente está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, de tal modo que al investigado (aquí quejoso), en realidad no se le causa un perjuicio de índole jurídico, ya que en dicha fase procedimental no se le conculca derecho alguno, pues en todo caso, éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, en caso, de que así lo solicitare el Ministerio Público; considerar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al juzgador, anteponiendo el interés particular, al de la sociedad. Máxime que, en el caso, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, no sería posible emitir de manera directa un acto de molestia como puede ser la aprehensión ante la incomparecencia del investigado, pues para ello se requeriría de previa petición del Ministerio Público y de que el juez de control accediera a su emisión; circunstancia que depende de acontecimientos futuros de realización incierta. Así pues, a través del señalado acto no se surte el interés jurídico o legítimo del mismo para combatir el acto en cuestión a través del juicio de garantías, de ahí que se concluya en que se deba desechar la demanda planteada en su contra, al actualizarse la aludida causal de improcedencia. Tiene aplicación al caso, el criterio visible en la tesis 1ª./J.78/2018 (10a.), consultable en el Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la ... Por tales motivos, este juzgado estima que al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, así como con el diverso 5°, todos de la Ley de Amparo; se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Christian Eduardo Carrillo García, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en la lista electrónica y física que se pública en el Portal del Consejo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tienen como medio de comunicación alterno no procesal, el correo electrónico carmonasuazo@yahoo.com.mx. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 9/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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