Christian Eden Lomas Reyes

Expediente 516/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
516/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Christian Eden Lomas Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto todos los actos reclamados, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de octubre de dos mil veintidós. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 516/2022-I, promovido por *******, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el trece de junio de dos mil veintidós, turnado al día siguiente a este Juzgado, *******, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, así como de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón y Subcomisión Mixta de Escalafón, ambas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la ciudad de Chihuahua a quienes reclamó: "4. Actos reclamados: Convocatoria *******, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón, de fecha 14 de diciembre de 2021, en su punto 1.2. Como consecuencia de la ilegal e inconstitucional convocatoria, el oficio expedido por la Subcomisión Mixta de Escalafón, del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su representante por M.D.O. *******, de fecha 09 de mayo de 2022, el cual me fue notificado en fecha 23 de mayo de 2022, lo cual afirmo bajo protesta de decir verdad, en dicho documento me niegan la inscripción a la convocatoria *******, solicitada mediante Cédula de inscripción y previa a la nominación, para la 2ª Enfermera Especialista en Cuidados Intensivos." Segundo. Derechos que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1, 3, 5, 14, 16 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de quince de junio de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el consecutivo 516/2022-I, se admitió a trámite, se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se desahogó conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Cuarto. Regularización del procedimiento. Mediante proveído de cinco de agosto del año en curso, se ordenó regularizar el procedimiento respecto a las autoridades señaladas como responsables que en el auto de radicación no fueron llamadas a juicio, por lo que en dicha, data se les requirieron sus respectivos informes justificados. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclama un acto emitido dentro del territorio donde este Juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta las constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, así como de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón y Subcomisión Mixta de Escalafón, ambas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la ciudad de Chihuahua, en esencia, lo siguiente: La Convocatoria *******, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón, de fecha 14 de diciembre de 2021, en su punto 1.2. Como consecuencia de la ilegal e inconstitucional convocatoria, el oficio expedido por la Subcomisión Mixta de Escalafón, del Instituto mexicano del Seguro Social, a través de su representante M.D.O. *******, de fecha 09 de mayo de 2022, el cual me fue notificado en fecha 13 de mayo de 2022, lo cual afirmo bajo protesta de decir verdad, en dicho documento me niegan la inscripción a la convocatoria *******, solicitada mediante Cedula de inscripción y previa a la nominación. para la 2ª Enfermera Especialista Quirúrgica. Tercero. Existencia del acto reclamado. El M.D.O. *******, en su carácter de Representante Institucional de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón (Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chihuahua, del Instituto Mexicano del Seguro Social), en su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado por el quejoso, ello en virtud de que participó en la inscripción de la convocatoria *******, solicitada mediante cédula de inscripción y previa a la Nominación, para la 2ª Enfermera Especialista en Cuidados Intensivos, sin embargo no reunió los requisitos que estableció dicha convocatoria, tal y como se hizo del conocimiento al quejoso mediante oficio *******; y para acreditar su dicho anexó el oficio de referencia, así como caratula que contiene los datos personales del quejoso, de la cual se advierte que se encuentra adscrito al Área de Enfermería del Departamento de Enfermería, cuyo puesto es Enfermero General 80 de dicho Instituto. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues se remitió copia digitalizada de las mismas, al correo electrónico oficial de este Juzgado, cuya recepción por ese medio, la fecha y la hora en que ello ocurrió, se certificó por la Secretaria adscrita. Al respecto, se cita la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, página 2178, materia Común, Décima Época, con registro digital 2016852, del rubro y texto siguientes: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso numeral 2o. de esa ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica a que se refiere la legislación procesal civil de referencia, se encuentra el denominado correo electrónico, que es un medio de transmisión de datos mediante redes informáticas (Internet), por el que es factible el envío de información que se recibe por el destinatario en forma de mensaje de texto o como dato adjunto; de ahí que la información generada o comunicada en mensajes de texto o archivos adjuntos que se transmite por medio del correo electrónico oficial, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si su recepción está certificada por el secretario de Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite, sobre la hora y fecha en que la recibió y la persona del órgano jurisdiccional federal que la remitió, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen del mensaje como el archivo adjunto que a través de éste se remita; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del mensaje de texto o dato adjunto recibido. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados a las diversas autoridades responsables Comisión Nacional Mixta de Escalafón y Subcomisión Mixta de Escalafón, ambas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la ciudad de Chihuahua, no obstante de haber sido debidamente requeridas para ello. De manera que, se tiene fehacientemente demostrada la existencia del acto reclamado precisado en este considerando. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.) De los numerales transcritos destaca como uno de los objetos del juicio de amparo la resolución de controversias generadas por normas generales, actos u omisiones de autoridades que vulneren los derechos humanos reconocidos por el Estado Mexicano, en razón de lo cual tal medio de control constitucional únicamente resulta procedente cuando el ente a quien se atribuye la calidad de autoridad, goza de los rasgos distintivos contemplados en el normativo 5, fracción Il, trascrito, con independencia de su naturaleza formal. La esencia de esas notas características consiste en: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho respecto al cual un particular adquiere una posición de supra a subordinación. b) Que dicha relación emerja de la ley, dotando al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de ello emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni el consenso del afectado. Bajo ese contexto, de no reunirse la totalidad de dichos requerimientos no podrá considerarse que el acto reclamado haya sido emitido por una autoridad, al menos para efectos del amparo, resultando improcedente el juicio biinstancial. Apoya lo anterior la jurisprudencia 164/2011 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, localizada en la página 089. Tomo XXXIV, septiembre de 2011 Materia Común. Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, al analizar el aspecto destacado en el inciso a) deberá verificarse que no se esté en presencia de una relación de coordinación, que son las entabladas entre particulares colocados en un mismo plano, esto es en condiciones de igualdad; puesto que para la resolución de las controversias suscitadas en ese nivel debe acudirse a los procedimientos ordinarios legalmente establecidos en disposiciones de naturaleza civil, mercantil, agraria y de trabajo, por virtud de las cuales ante el sometimiento de las partes a una instancia judicial, coactivamente se imponen consecuencias jurídicas, lo que se traduce en la existencia de bilateralidad. En el caso, resulta necesario establecer que la parte promovente, esencialmente se duele de la convocatoria E/40/2021, solicitada mediante cédula de inscripción y previa a la Nominación, para la 2ª Enfermero Especialista en Cuidados Intensivos, ya que no reúne los requisitos de la convocatoria; lo que se corrobora con las documentales que anexa a dicha demanda el impetrante del amparo, en las cuales se aprecia que le indican que no reúne el requisito siguiente: 1.2) La Institución Educativa sea pública o particular, debe contar con el registro de los planes de estudio, para los cursos Postécnicos y Posgrado con la Opinión Académica Técnico Favorable de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) o su representación en el Estado (La OTAF debe coincidir con el plan de estudios y la sede en la que se impartió el programa educativo y la vigencia del dictamen durante el periodo de desarrollo del curso); aduciendo que lo anterior vulnera sus derechos fundamentales. Ahora, los artículos 1, 2, 3 y 8 del Reglamento de Escalafón del Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, establecen lo siguiente: Artículo 1. El presente Reglamento determina las normas, trámites y requisitos generales para todo movimiento escalafonario en aplicación de las Cláusulas relativas al Contrato Colectivo de Trabajo. Artículo 2. En el Instituto Mexicano del Seguro Social rige un escalafón nacional que comprende: a) Escalafones Regionales de Puestos de Base, y: b) Escalafones Regionales de Trabajadores de base, que a su vez comprende: 1. Registro de cambios, 2. Registro de regularización de interinos a plaza definitiva 3. Registro de promoción escalafonaria. Artículo 3. Los listados escalafonarios para promoción serán dinámicos, y se elaborarán en un plazo no mayor a 15 días hábiles por la Comisión Nacional o Subcomisión Mixta de Escalafón a partir de la fecha de recepción de las calificaciones enviadas por la Comisión Nacional Mixta o Subcomisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento y relación de trabajadores con Requisito 51 vigente. Los listados escalafonarios cuya eficiencia se calcule con documentos académicos se elaborarán anualmente. Artículo 8. La Comisión Nacional Mixta de Escalafón estará integrada por un Representante del Instituto y otro del Sindicato, designados libremente por las partes, quienes de común acuerdo nombrarán un árbitro que actuará en los casos de discrepancia. De lo anterior, se establece que los actos materia de reclamo por la parte quejosa, derivan de una relación contractual, en virtud que la convocatoria y sus consecuencias, son actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social en coordinación con el Sindicato de Trabajadores de dicha institución, la cual se dirige a los trabajadores, específicamente, a los enfermeros o enfermeras que laboren en dicha institución; de lo que se evidencia que no actuaron como autoridades responsables al emitir los actos que el quejoso aquí recurre, pues para ser considerados de esta naturaleza deben ubicarse dentro de los denominados de supra a subordinación; donde el promovente debe tener el carácter de gobernado. En primer término, es necesario distinguir si se trata de una relación de coordinación, la que excluye la idea de la autoridad ya que por su propia naturaleza existirá un procedimiento establecido en el derecho privado para ventilar cualquier controversia que se suscite en vía civil o mercantil, incluso laboral, o bien, también puede suceder que las normas constitucionales coloquen al estado en situación jurídica parecida a la de un particular. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 307, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, Materia Administrativa, Registro: 194367, cuyo tenor literal es: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. Así, la interpretación lógica y sistemática del precepto contenido en la legislación de amparo y lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia "equivalencia", del juicio de amparo, deben consistir en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad, esto es, que esté autorizado precisamente con la finalidad de que en nombre del Estado emita actos unilaterales y obligatorios a través de los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que pudieran afectar la esfera legal de otro particular, y que para emitir esos actos, no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Cabe mencionar a lo anterior el criterio sustentado en la tesis XI.10.A.T.25 K (10a.), por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en la página 3823, del Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SOLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SI, SINO ADEMAS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. Cabe precisar que el Instituto Mexicano del Seguro social a través de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón y Subcomisión Mixta de Escalafón del Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen atribuciones que están previstas en la ley y, pueden emitir actos en forma unilateral, en un plano de "supra a subordinación" frente a los particulares, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales para hacer cumplir sus determinaciones; sin embargo, ello no implica que todos los actos que emitan necesariamente sean impugnables a través del juicio de amparo, sino que debe analizarse la naturaleza del acto para determinar si actúa como autoridad y si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante situaciones jurídicas que afectan los derechos fundamentales. Asimismo, los particulares pueden ser autoridades responsables siempre y cuando afecten derechos en los términos destacados y actúen en funciones determinadas en una norma general. En el caso, como se asentó en párrafos que preceden, el quejoso reclamó la convocatoria E/40/2021, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón, así como su negativa a inscribirse a dicha convocatoria, solicitada mediante cédula de inscripción y previa a la nominación para la 2ª Enfermero Especialista en Cuidados Intensivos 2ª, acto éste último emitido por el Instituto en mención, a través de la Subcomisión Mixta de Escalafón. De lo que se advierte que los actos combatidos, no reúnen las características para ser considerados como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo y. por tanto, no resulta impugnable a través de éste. Pues, la promoción a cargos dentro de dicha institución serán regidos por los requisitos y convocatorias que consideren pertinentes y apegadas al contrato colectivo de trabajo, que garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias; de ahí que resulte válido concluir que las actuaciones reclamadas, se llevaron a cabo en el ámbito laboral que rige las relaciones entre la institución que representa y los trabajadores, específicamente, enfermeros de dicha institución, como lo es el aquí quejoso; lo cual se relaciona con el contrato colectivo de trabajo. En efecto, la actuación de tales autoridades no deriva de un mandato que tenga su origen en la ley, que le confieran atribuciones para actuar como autoridad de Estado modificando unilateralmente una situación jurídica, sino que se trata de actos que encuadran en una relación directa con los procedimientos de ascenso dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, ello con base en la propia normatividad interna o condiciones de trabajo que de acuerdo con su naturaleza, pueden clasificarse como actos que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales. Esto es, las citadas autoridades responsables, no actuaron en un plano de supra a subordinación entre autoridad y gobernado, sino que los actos que emitieron, se traducen en una actuación unilateral de índole patronal proveniente de la relación laboral entre la dependencia y el enfermero, sin involucrar una potestad pública administrativa que motive la procedencia del juicio de amparo pretendida, por lo que, están sujetas a la jurisdicción de los tribunales del trabajo; de ahí que en la emisión dichos actos materia de reproche por el impetrante del amparo, no se actúa con potestad imperio. Aunado a lo anterior, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) Sea equivalente a los de una autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y en forma obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) Afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confieran las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado. Bajo esa perspectiva, aun cuando se atribuya como actos reclamados la convocatoria en mención y su negativa a inscribir al quejoso a dicha convocatoria, respecto a la improcedencia de sus documentos que adjuntó en su registro para integrar el listado escalafonario a la nominación de 2ª Enfermero Especialista en Cuidados Intensivos, derivado de la convocatoria emitida por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón del Instituto Mexicano del Seguro Social; ello por sí solo no colma las exigencias de los puntos destacados, pues dichas funciones no están determinadas en una norma general; y, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, únicamente repercute en la relación laboral en el Instituto Mexicano del Seguro Social de que se trata con su personal (enfermeros o enfermeras). Siendo una cuestión independiente y, de fondo, si se observaron los requisitos previstos en la aludida convocatoria, que prevé los requisitos que deben satisfacer los aspirantes, pues éstos no transforman la naturaleza de la relación laboral a una de supra a subordinación ni generan un acto de autoridad, si se toma en cuenta que el aquí quejoso labora en dicha institución de salud estatal "Instituto Mexicano del Seguro Social", pues la convocatoria se dirigió al personal y específicamente que se desempeñe como enfermero, que en la emisión de ésta no se actúa con imperio, sino en ejercicio de una decisión patronal y que ante el conflicto que pudiera suscitarse, está en posibilidad de deducir sus derechos ante la autoridad competente. En esas condiciones, es inconcuso que las autoridades señaladas como responsables, no actuaron en su calidad de autoridad, al emitir los actos materia de reclamo por el impetrante del amparo, sino como patrón y, siendo así, el juicio de amparo resulta improcedente. La anterior conclusión se robustece con la tesis P. XXVII1/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página ciento diecinueve, de rubro y texto siguientes: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter. En congruencia con todo lo anterior, es evidente que en el caso se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5°, fracción II, de dicha legislación, aplicado en sentido contrario, porque no estamos en la presencia de un acto de autoridad para efecto de este juicio, ni uno de particular equivalente al respecto, ya que la relación que hay entre la parte impetrante y las autoridades responsables no es de supra a subordinación, sino más bien de coordinación, o sea, entablada entre particulares que actúan en un plano, esto es, de igualdad, por lo cual, lo procedente en este caso es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en los términos del artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia, lo que imposibilita a esta juzgadora abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Por su aplicación, es de citarse la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, visible en la página ochenta y ocho, cuyos rubro y texto son los que siguen: SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan. También es aplicable la tesis quinientos nueve, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, consultable en la página trescientos treinta y cinco del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente fallo, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por el quejoso *******, contra los actos y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado que guardan autos y la certificación de cuenta se advierte; que, para el día de hoy, se encuentra señalada la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se está en aptitud de llevarse a cabo, toda vez que no se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable Subcomisión Mixta de Escalafón del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de Chihuahua, ni con el acuse postal del oficio por medio del cual se le requirió. Diferimiento de audiencia En consecuencia, toda vez que la titular de este tribunal se encuentra haciendo uso de una licencia, se difiere la audiencia constitucional que había de celebrarse en esta fecha y se señalan las nueve horas con diez minutos del cuatro de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de agosto de dos mil veintidós, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos se desprende que la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Instituto Mexicano del Seguro Social, Comisión Nacional Mixta de Escalafón del Instituto Mexicano del Seguro Social y Subcomisión Mixta de Escalafón del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de Chihuahua; sin embargo estas dos últimas autoridades no fueron llamadas a juicio. Atento a lo anterior, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables Comisión Nacional Mixta de Escalafón del Instituto Mexicano del Seguro Social y Subcomisión Mixta de Escalafón del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de Chihuahua, que rindan su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia autorizada, legible y completa de las constancias que lo justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio; según lo establecido en el párrafo quinto del artículo 117 de la legislación de la materia. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si deja de rendirlo o bien lo hace sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le sancionará con multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional ($9,622.00). En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las nueve horas con veinte minutos del dos de septiembre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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