Christian David Romero Corro

Expediente 1287/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1287/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
21/12/2022

Partes del expediente

  • Christian David Romero Corro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha, en el cuaderno principal se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente y se ordenó proveer sobre la valoración y destino de los cuadernos incidentales; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la suspensión definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se negó el amparo en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Devolución de legajo de prueba. En ese orden de ideas, resulta innecesario conservar el legajo de prueba recibido mediante proveído de ******************** e identificado como Tomo I, el cual fue formado con las constancias remitidas por las autoridades señaladas como responsables; en esa virtud, se ordena su devolución a su lugar de origen. Incidente de suspensión. Por lo determinado con antelación, acuérdese en el incidente de suspensión, lo relativo a la valoración y destino de los cuadernos incidentales respectivos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Audiencia y resolución Constitucional En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con treinta y siete minutos del treinta de noviembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de la secretaria Violeta Ybarra Escalante, con quien actúa, declara abierta la presente audiencia conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, su aclaración, auto de admisión, constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe justificado de las autoridades responsable; a lo que el juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofrecidas por las autoridades responsables al rendir su informe con justificación. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, la secretaria hace constar que la tercera interesada los formuló. El juez acuerda: se tienen por reproducidas las manifestaciones realizadas por las citadas partes, las que serán atendidas en el momento procesal oportuno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, téngase por perdido el derecho de las demás partes para expresarlos; se cierra esta fase y al no existir diligencia pendiente que desahogar, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ******************** Civil; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Presentación de la demanda. Mediante escrito de demanda recibido el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora y turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente hábil, Christian Daniel Romero Corro, promovió demanda de amparo, en contra de un acto del juez de Primera Instancia Civil Especializado en Arrendamiento Inmobiliario y Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora y otra autoridad. Se admite la presente demanda. Previa prevención, el cinco de octubre siguiente, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual previo diferimiento, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: II. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c) y VII, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un juicio de amparo indirecto promovido contra un acto cuya ejecución tuvo lugar dentro del ámbito territorial en el que este juzgado ejerce jurisdicción. III. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del escrito de demanda de amparo y su aclaración, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: El emplazamiento del quejoso al juicio especial en materia de arrendamiento inmobiliario 46/2022 del índice del juez de Primera Instancia Civil Especializado en Arrendamiento Inmobiliario y Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora y sus consecuencias. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado, por así declararlo al rendir su informe justificado, el juez de Primera Instancia Civil Especializado en Arrendamiento Inmobiliario y Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora y la actuaria ejecutora de su adscripción; certeza que se corrobora con las constancias que remitieron, de las cuales se advierte el acto impugnado. Actuaciones a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, ya que se tratan de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que la ley le asigna. Causas de improcedencia En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, quien resuelve se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En virtud de que ninguna parte hizo valer causa de sobreseimiento o improcedencia, y este juzgado no advierte de oficio que se actualice alguna de las previstas en el numeral 61 y 63 de la Ley de Amparo, resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que este órgano jurisdiccional tenga la obligación de analizar todas las causas de improcedencia que hipotéticamente prevé tal precepto. Sobre dicha cuestión, es aplicable la jurisprudencia P./J. 22/91 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." (No. de Registro: 205800, Octava Época, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Junio de 1991, Tomo VII, página: 60). Conceptos de violación Si bien no se transcriben los conceptos de violación, se tienen por insertos en aras de economía procesal, toda vez que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante, para su análisis se sintetizarán más adelante. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 publicada en la página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: ''CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." (No. de Registro: 164618, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, Tomo XXXI, página: 830). Estudio de la litis Constitucional Previo al estudio de fondo y a fin de atender congruentemente el concepto de violación formulado por la parte quejosa contra el acto reclamado, es importante precisar como antecedentes del juicio de origen los siguientes: Por escrito recibido ante el Juzgado de Primera Instancia Civil Especializado en Arrendamiento Inmobiliario y Extinción de Dominio, de esta ciudad, el uno de febrero de dos mil veintidós, Claudia Pablos Cruz, demandó en la vía especial en arrendamiento inmobiliario, a Christian Daniel Romero Corro y Lidia Corro Barreras, en su carácter de arrendatario y fiadora, respectivamente, de quienes reclamó diversas prestaciones. Previa aclaración, mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se admitió dicha demanda y se ordenó emplazar los demandados. El veintisiete de abril de dos mil veintidós, la actuaria ejecutora adscrita al Juzgado de Primera Instancia Civil Especializado en Arrendamiento Inmobiliario y Extinción de Dominio, con sede en esta ciudad, hizo constar que se constituyó en el domicilio ubicado en cerrada Corona Real, número 20, del fraccionamiento Puerta Real, en Hermosillo, Sonora, respecto del cual se cercioró que era el correcto por la nomenclatura y coincidencia de la calle, así como el número de construcción; donde fue atendida por quien dijo llamarse Lidia Corro Barreras, quien le manifestó ser madre de la persona buscada, quien al no portar identificación la fedataria plasmó sus características físicas en la razón respectiva; asimismo, al interrogarla respecto de la persona buscada Christian Daniel Romero Corro, le manifestó que era el domicilio cierto y correcto en donde vive y habita la persona buscada, sin embargo no se encontraba porque el llegaba por las noches. El veintiocho de abril siguiente, se emplazaron a los demandados por cédula que se fijó en la puerta de su domicilio, pues la actuaria ejecutora se constituyó en el inmueble referido en el párrafo precedente, a fin de dar cumplimiento al citatorio de veintisiete anterior, sin que persona alguna atendiera su llamado. En relación con lo anterior, es menester precisar que en su único concepto de violación el quejoso Christian Daniel Romero Corro refiere substancialmente que se vulneró su derecho fundamental de audiencia contenido en el artículo 14 Constitucional, en virtud que el emplazamiento a los autos del juicio especial en materia de arrendamiento inmobiliario 46/2022 del índice del juez responsable, como parte demandada fue realizado de manera ilegal al incumplir con las formalidades que disponen los artículos 5, 43, 54, 64, 77, 154, 171, 172, y 178 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, pues la actuaria responsable no cumplió con su obligación de cercioramiento, pues no se efectuó en el domicilio, que refiere, habita. Dicho concepto de violación es infundado. Se explica. Para el estudio del presente asunto, es menester tener presente que el derecho de audiencia previa, contemplado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece medularmente, que nadie puede ser privado de algún derecho, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ahora bien, en sus motivos de disenso, el quejoso aduce esencialmente que se vulneró su derecho fundamental de audiencia contenido en el artículo 14 Constitucional, en virtud de que no fue legal el emplazamiento que se le practicó. El artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 14.- (...) Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.". En el precepto en cita se establece el derecho fundamental de audiencia, que implica el derecho de todo gobernado para que previamente a cualquier acto de autoridad que pueda llegar a privarlo de su libertad, de su propiedad, de sus posesiones o de sus derechos, se le dé oportunidad razonable de defenderse en juicio. El debido respeto al derecho de audiencia impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga (ante tribunales previamente establecidos y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho) y que pueda culminar con un acto privativo, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Las formalidades esenciales del procedimiento son las condiciones fundamentales que debe satisfacer el proceso para otorgar al posible afectado, por el acto privativo, la oportunidad de la defensa de sus derechos. De esta manera, para la plena satisfacción de tal prerrogativa de audiencia, previo al acto privativo, se exige que el juicio que se instaure observe entre otras cuestiones, las formalidades esenciales del procedimiento. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que el respeto a la garantía de audiencia, implica el seguimiento de las formalidades esenciales del procedimiento que garanticen una oportuna y adecuada defensa preliminar al acto de privación, misma que consiste en la notificación de inicio del procedimiento y sus consecuencias, a fin de que el particular que se pudiera ver afectado, esté en posibilidad de ofrecer y desahogar las pruebas que a su derecho correspondan, a lo que deberá sobrevenir el dictado de una resolución que resuelva la cuestión controvertida. Lo anterior, se desprende del contenido de la jurisprudencia P./J. 47/95, cuyo rubro y texto son del tenor literal: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." (No. de Registro: 200234, Novena Época, Instancia: Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1995, Tomo II, página: 133). Ahora, sobre el derecho de audiencia previa consagrado en el artículo 14 Constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en reiteradas ocasiones su contenido y alcance. Sustancialmente ha sostenido que para los efectos de dicho artículo, por acto de privación debe entenderse aquel que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, pues no todo acto de autoridad provoca esos efectos, no obstante que exista una afectación a la esfera jurídica del gobernado. Determinó que en efecto existen actos que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva, pero no tienen la finalidad de privar en forma definitiva de dicho derecho a su titular, sino que se trata de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva; y que respecto de estos actos no rige el derecho de previa audiencia. Entonces, no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute como acto de privación, en los términos del segundo párrafo del artículo 14 Constitucional, puesto que para ello es menester que la merma o menoscabo tengan el carácter de definitivos. De esta forma, concluyó el Máximo Tribunal, que el artículo 14 Constitucional, en su segundo párrafo, exige el respeto a la garantía de audiencia previa, cuando se trate de actos que en definitiva priven de sus bienes o derechos; en tanto que, los actos que no produzcan esos efectos, que sólo los restrinjan provisionalmente, estarán regulados sólo por el artículo 16 de la propia Constitución (debida fundamentación y motivación). Dicho criterio se encuentra plasmado en la tesis jurisprudencial P./J. 40/96, que textualmente dice: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." (No. de Registro: 200080, Novena Época, Instancia: Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 1996, Tomo IV, página: 5). Conforme a la jurisprudencia anterior, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias constituyen una formalidad esencial del procedimiento que de no respetarse impide u obstaculiza una adecuada defensa. Por esta razón, el emplazamiento a juicio debe cumplir las formalidades establecidas por la ley, dado que es un principio general del proceso el que los instrumentos públicos deben probar su regularidad por sí mismos, lo cual impone la necesidad de que la diligencia respectiva se ajuste a la forma dispuesta por el legislador, en virtud de que es el único medio para asegurar su eficacia. Tal acto está revestido de una serie de requisitos legales y su documentación constituye un instrumento público, ya que es ejecutado por un funcionario dotado de fe pública en ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, el emplazamiento hace fe hasta que se demuestre su falsedad. Como se advierte de lo anterior, a fin de que una persona esté en condiciones óptimas de dar respuesta a una pretensión que se exige en su contra, y ofrecer pruebas y alegar en favor de sus intereses, previo al pronunciamiento de una sentencia que resuelva la controversia, debe necesariamente y como primera condición lógica de todo procedimiento, haber sido notificada de su inicio. En ese orden de ideas, las leyes secundarias adjetivas han establecido determinados requisitos que deben ser acatados en los emplazamientos, a fin de que se le concedan al demandado los datos necesarios para el desarrollo de su defensa, requisitos que de no ser observados por la autoridad correspondiente viciarían dicha notificación y la convertirían en una actuación ilegal. En este sentido, las formalidades relativas al emplazamiento en una controversia de arrendamiento inmobiliario, se regulan por el numeral 171 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, que dispone: "ARTÍCULO 171.- En las notificaciones de emplazamiento, deberán cumplirse las siguientes reglas: I.- El emplazamiento debe hacerse según los casos, a las personas que a continuación se indica: a) Si se tratare de personas físicas directamente a la parte a quien se va a emplazar, a menos de que carezcan de capacidad procesal, pues en este caso se hará el emplazamiento a su representante legal. Sólo se autoriza el emplazamiento por medio de apoderado cuando éste radique dentro de la jurisdicción del tribunal y la persona emplazada radique fuera de ese lugar o se ignore su paradero, o si el apoderado vive fuera de la jurisdicción, pero dentro de la República y el emplazado en el extranjero no tiene domicilio conocido o se ignora su paradero. En este caso se requiere que el apoderado tenga poder general o especial bastante para contestar la demanda y para la defensa en juicio del emplazado. El apoderado sólo puede negarse a intervenir si demuestra que no aceptó o renunció a la representación. A petición del apoderado y según las circunstancias, el juez podrá ampliar el término para contestar el emplazamiento hasta por treinta días más, si el apoderado necesitare recabar instrucciones de su mandante. b) Tratándose de personas morales, asociaciones, agrupaciones, instituciones o bien de dependencias o servicios de la administración pública, el emplazamiento se hará por conducto de las personas u órganos que las representen. Si los representantes fueren varios, el emplazamiento se tendrá por válido cuando se haga a cualquiera de ellos. Si la representación corresponde a una junta o colectividad, bastará que se haga a la persona que la ostente. II.- El emplazamiento deberá hacerse en el domicilio que señale la parte que lo pide, que deberá ser precisamente el lugar en que habita el emplazado, si es persona física, y si se trata de persona jurídica en el domicilio social, y en sus oficinas o principal establecimiento de sus negocios, salvo que se trate de establecimientos o sucursales, en que se estará a lo dispuesto por el artículo 108. El notificador deberá cerciorarse de que el señalamiento reúne estas circunstancias antes de hacerlo, pudiendo ser autorizado para notificarlo personalmente en el lugar donde habitualmente trabaje o en cualquier lugar en que se encuentre la persona física o representante emplazado dentro de la jurisdicción; pero en este caso, deberá entenderse directamente con la persona de que se trate, y el notificador hará constar específicamente en la diligencia los medios de que se valió para identificarla, comprobar su personalidad en caso de representación y demás particulares; III.- El emplazamiento se entenderá directamente con el interesado si estuviere presente, entregándosele copia de la demanda y demás documentos y del auto o proveído que deba notificarse. Si la persona a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente. En caso de que por cualquier motivo o razón no espere, se le hará notificación por cédula. La cédula en estos casos se entregará a los parientes o domésticos del interesado, o a cualquiera otra persona adulta que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su domicilio la persona que debe ser citada, de todo lo cual asentará razón en el acta levantada con motivo de la diligencia. Tratándose de arrendamiento inmobiliario, la cédula no podrá dejarse con personas que dependan del propietario. La cédula contendrá mención del juicio de que se trate y la inserción del auto o proveído que deba notificarse, y se entregará junto con las copias del traslado. La persona que la recoja deberá firmar por su recibo; si se rehusare a hacerlo, se pondrá razón en el acta respectiva, debiendo expresarse el nombre de ella o la manifestación de que se negó a proporcionarlo. Si se informare al notificador que el emplazado está ausente del lugar del juicio, se hará constar esa circunstancia a efecto de que el juez determine lo que proceda. Sólo podrá hacerse el emplazamiento por cédula cuando se realice en el domicilio del emplazado y éste no se halle presente; en los demás casos deberá hacerse personal y directamente. En caso de que el emplazamiento deba hacerse por conducto de representante a las personas mencionadas en el inciso b) de la fracción I de este artículo, y éste no fuere encontrado en el domicilio señalado, previamente de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su domicilio, conforme a lo dispuesto por la fracción II de este artículo, se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente. En caso de que por cualquier motivo o razón no espere, se hará la notificación por cédula que se entregue a la persona que atienda la diligencia. En todo caso, cuando la persona física o moral no atienda por cualquier razón el citatorio, o la persona que atienda la diligencia se niegue a recibirla, o bien, el local o domicilio esté cerrado o por cualquier otro motivo no se atienda al funcionario judicial encargado de la notificación, ésta surtirá efecto por medio de cédula fijada en la puerta o lugar visible del propio domicilio o local, así como en los estrados del Juzgado, a partir de la fecha de la cédula. IV.- Cuando la persona a quien deba emplazarse no radique en el lugar del juicio, pero si dentro del mismo distrito judicial, se aplicará lo dispuesto por el artículo 164. Si se halla en otro partido distinto o fuera del Estado pero dentro de la República, y fuere conocido su domicilio, el emplazamiento se le hará por despacho o exhorto de acuerdo con la forma prevista en el Capítulo anterior. Si una vez despachado el exhorto sobreviniere un cambio de domicilio de la persona a quien se pretende emplazar, dentro de la jurisdicción del juez requerido, éste se entenderá facultado para hacer el emplazamiento en el nuevo domicilio, sin necesidad de nuevo exhorto, bastando que así lo pida la parte interesada ante el juez exhortado; V.- Si la persona emplazada radica en el extranjero, el emplazamiento podrá hacérsele mediante carta rogatoria o exhorto, o por correo certificado con acuse de recibo, contándose en este último caso el emplazamiento como hecho a partir de la fecha en que se reciba en el Juzgado, de la Oficina de Correos, el acuse de recibo debidamente firmado por el interesado; VI.- Si se ignorase el domicilio de la persona emplazada, el emplazamiento se hará por edictos que se publicarán en el periódico oficial del Estado y en un periódico diario de los de mayor circulación, por tres veces consecutivas y se fijarán, además, en la puerta del juzgado o tribunal, haciéndose saber al interesado que deberá presentarse en un término que no bajará de quince días ni exceda de sesenta, a partir de la fecha de la última publicación. En este caso, si el juez por cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio de la persona emplazada, o apareciese que el que lo pidió indicó maliciosamente ignorar el domicilio, el emplazamiento se tendrá como no hecho, y se mandará practicar en el domicilio del emplazado, y VII.- Cuando se trate de personas inciertas o ignoradas, el emplazamiento se hará por edictos en la forma que se prescribe en la fracción anterior de este artículo; pero en este caso los edictos deberán contener, además, datos bastantes para que las personas inciertas o ignoradas puedan identificar su interés en el negocio de que se trate. En todos los casos de emplazamiento, los jueces tendrán obligación de cerciorarse de oficio de que el emplazamiento se hizo de acuerdo con las reglas establecidas en este artículo, y de que la noticia del mismo pudo razonablemente llegar al interesado, y tienen facultades para mandar reponer el irregularmente hecho, antes de que el juicio continúe sus trámites." Del numeral reproducido se colige, que el emplazamiento del demandado debe efectuarse en el domicilio del demandado y, entenderse directamente con él; no obstante, en caso de no encontrar al interesado, el notificador le dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente; en caso de que no espere, se le hará notificación por cédula que se le entregará cualquier otra persona adulta que viva en el inmueble en que se actúa; en su defecto, de negarse a atender el citatorio, o de encontrar cerrado el domicilio, se fijará cédula en la puerta o en algún otro lugar visible del domicilio o local, así como en los estrados del Juzgado. Corrobora lo anterior la tesis V.2o.C.T.20 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, que dice: "DOMICILIO. SU CONCEPTO, PARA EFECTOS DEL EMPLAZAMIENTO DE PERSONAS FÍSICAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). El emplazamiento a juicio entraña una formalidad esencial que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía consagrada en el artículo 14 constitucional; por tal razón se encuentra rodeado de ciertos requisitos formales cuya finalidad es asegurar que el demandado tendrá conocimiento de la existencia de un juicio planteado en su contra. Por otra parte, el Código Civil del Estado proporciona las acepciones del domicilio de las personas (artículos 124 a 129), a saber: a) real: lugar en el que se reside con el propósito de establecerse en él; b) voluntario: el que es manifestado por la persona ante las autoridades municipales relativas; c) legal: el previsto por la ley respecto de ciertas personas, y d) convencional: el designado para el cumplimiento de determinadas obligaciones; sin embargo, el numeral 171 del Código de Procedimientos Civiles del Estado dispone, por lo que respecta a las personas físicas, que el emplazamiento debe hacerse directamente a la parte a quien se va a emplazar, si cuenta con capacidad jurídica procesal, y en el domicilio señalado por el actor "que deberá ser precisamente el lugar en el que habita el emplazado", entre otras previsiones. La interpretación de este precepto, a la luz del artículo 14 constitucional y los sistemas hermenéuticos literal y teleológico previstos en el numeral 5o. del propio código procesal civil, evidencia el establecimiento del concepto procesal de "domicilio", respecto del emplazamiento a juicio de las personas físicas. En efecto, desde el punto de vista gramatical, adquiere relevancia el término "habita", el cual significa: vive o mora; además, el empleo de los vocablos "deberá", en el que subyace la idea de necesidad u obligación y "precisamente" mediante el cual se enfatiza el mandato de que el emplazamiento se realice de manera indispensable en ese lugar, son elementos útiles para concluir que se define el concepto procesal de domicilio para el caso del emplazamiento a las personas físicas, como el lugar en el que el sujeto a emplazar mora o vive material y físicamente, con independencia de cualquier otra acepción jurídica. Esta postura se corrobora, por un lado, al tener en cuenta que si el precepto exige que el emplazamiento se realice directamente con el interesado (si estuviera presente), entonces, es claro que el sitio en el que con mayor seguridad puede ser hallado es en el que vive materialmente y, por otro, si en el aspecto sustantivo el legislador definió dicho instituto jurídico, no había razón lógica para hacer la indicación comentada, salvo que la intención fuese especificar un significado particular para tal formalidad procesal." (No. de Registro: 172039, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, página: 2496). De los requisitos legales enunciados, se colige que el concepto de violación relativo a que la actuaria ejecutora incurrió en un indebido cercioramiento, al no constituirse en el domicilio del quejoso se estima infundado. En efecto, dicho argumento merece esa calificativa dado que la fedataria responsable tomó en cuenta la nomenclatura visible de las vialidades, el número del inmueble y el dicho de la persona con quien se entrevistó, la que dijo llamarse Lidia Corro Barreras, quien afirmó que ese era el domicilio correcto y ser madre del buscado -aquí quejoso-. Sin que obste el hecho de que la referida Corro Barreras no se haya identificado por no contar con documento oficial para ello, pues dado los actos llevados a cabo por la funcionaria actuante, se estima que con ellos quedó satisfecha la obligación de "cercioramiento" que le exige la legislación procesal. Dicho aserto tiene sustento en el hecho de que se desplegaron diversas acciones a fin de colmar las exigencias legales para este tipo de diligencias, lo que en consecuencia permitió a la actuaria responsable corroborar que se encontraba en el lugar correcto en el que se ordenó llevar a cabo el emplazamiento, es decir, en cerrada Corona Real, número 20, del fraccionamiento Puerta Real, en Hermosillo, Sonora. Lo anterior se puede advertir de la simple imposición del citatorio y la razón correspondiente levantadas por la referida servidora pública, las cuales se encuentran visibles a fojas 25 y 26 del tomo de pruebas I, de contenido siguiente: En ese tenor, se reitera que los datos anteriores se estiman suficientes para colmar el requisito referido -cercioramiento- dado que, para que se estime que la diligencia fue legal, basta lo siguiente: Que el notificador se cerciore del lugar en el que se encuentra por los medios que cuente como nombres de calles y número, en caso de ser necesario, otras características. Que informe sobre la presencia o ausencia de la persona a quien ha de notificarse, y Que en caso de localizar a una persona en el lugar a efectuar el emplazamiento, dicha persona pueda confirmar que en ese lugar habita o trabaja la persona buscada. Sin que exista obligación de dar su nombre o a que se identifique, o a dar razón del por qué de su presencia en el domicilio, pues ninguna disposición legal prevé dicha circunstancia. En relación con lo anterior, por contener consideraciones aplicables al caso en estudio, se cita por identidad de razón la jurisprudencia 2a./J. 162/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se efectuó el análisis relativo a preceptos que si bien son en materia laboral, su contenido es similar en cuanto a la forma de interpretar el emplazamiento en casos como el aquí en estudio, criterio de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. LOS ACTUARIOS ESTÁN OBLIGADOS A ASENTAR EN EL ACTA RESPECTIVA, CIERTOS DATOS QUE PERMITAN APOYAR SU DICHO, SIN LLEGAR AL EXTREMO DE EXPRESAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, Y DEMÁS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDE, SI ÉSTA SE NEGÓ A DAR SU NOMBRE Y A DECIR POR QUÉ SE ENCUENTRA EN EL LUGAR. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, basta que se encuentre en el domicilio alguna persona que informe sobre la presencia o ausencia de la persona a quien ha de notificarse, y pueda confirmar que en ese lugar habita o trabaja la persona buscada, sin que se le pueda obligar a dar su nombre o a que se identifique, o a dar razón del porqué de su presencia en el domicilio, pues ninguna disposición legal prevé dicha circunstancia. En esa virtud, el que el actuario exprese o no en su acta determinadas características de la persona que lo atendió, no cambia la afirmación que hace en el sentido de haber sido atendido o recibido por una persona, pues el hecho de que la última parte del precepto legal que se analiza, obligue al actuario a señalar con claridad los elementos de convicción en que se apoye, no llega al extremo de mencionar los rasgos físicos de la persona, ni su edad o sexo, o cualquier otro dato, por lo que ha de bastar su afirmación en el sentido de que hubo alguien que le proporcionó la información requerida, partiendo principalmente de la premisa de que está en el domicilio correcto, como elemento esencial para la validez de la diligencia. Lo anterior es así, ya que resultaría carente de sentido común la exigencia de la pormenorización de determinados elementos de identificación de una persona, pues ante la fe pública de que está investido el actuario en el ejercicio de sus funciones, difícil resulta pensar que pudieran desvirtuarse las características por éste asentadas, cuando sean negadas por quien impugna la notificación, pues sería la prueba de hechos negativos, es decir, que no existe una persona con tales características, a diferencia de las circunstancias respecto de que se cercioró de ser el domicilio correcto, por ser una situación objetivamente demostrable. Ello en el entendido de que nada le impide señalar cuantos datos estime necesarios para apoyar su dicho respecto de la persona que lo atendió al practicar la diligencia, dado que esa es una forma de corroborar, en su caso, la razón pormenorizada de su actuación." (Registro 180149, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Noviembre de 2004, página 68. Novena Época.) Como se advierte del criterio del Alto Tribunal del País apenas citado, para efecto del cercioramiento de que el actuario notificador se encuentra en el domicilio indicado para efectuar el emplazamiento "basta que se encuentre en el domicilio alguna persona que informe sobre la presencia o ausencia de la persona a quien ha de notificarse, y pueda confirmar que en ese lugar habita o trabaja la persona buscada". En efecto, el motivo de disenso externado por el impetrante es infundado en la medida en que la actuaria responsable actuó acorde a lo establecido en el artículo 171 del código procesal aplicable, en las cuestiones inherentes a las reglas para efectuar el emplazamiento; pues como se vio, en los párrafos segundo y cuarto, inmersos en la fracción III del precitado numeral, se dispone que en caso de que la persona física a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio, una vez cerciorado que es el domicilio correcto, se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente con la persona que se encuentre en el lugar. Y de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que en la razón de citatorio previo al emplazamiento por cédula, este asentó que fue atendido por quien dijo ser "Lidia Corro Barreras", madre del buscado. Por lo que al tratarse de las personas a que se refiere el artículo 171 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, tal circunstancia permite presumir que al recibir el citatorio correspondiente lo haría llegar al buscado. En apoyo a lo anterior se cita la tesis I.4o.C.106 C, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE PRACTIQUE CON ALGUNA DE LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 117 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DA LUGAR A LA PRESUNCIÓN DE QUE EL INTERESADO QUEDÓ DEBIDAMENTE NOTIFICADO, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO.- El artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles establece que tratándose del emplazamiento, si no se encuentra el demandado, se le hará saber la notificación por cédula que se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que debe ser notificada. Este numeral parte de la base de que la persona con quien se entiende la diligencia, entregará al interesado los documentos respectivos, es decir, la cédula de notificación y las copias de traslado del ocurso inicial y demás documentos exhibidos por el actor, a fin de que tenga conocimiento pleno de la persona que lo demanda, de los hechos en que funda su acción y los documentos que soporten su derecho, y haga valer su defensa. Por regla general, las notificaciones en el proceso producen plenamente sus efectos cuando han sido observadas las normas establecidas por la ley para que el acto notificado llegue a su destinatario. El numeral citado establece requisitos que cuando se cumplen, hacen presumir que la diligencia se llevó conforme a derecho, y que el interesado tuvo conocimiento de ella. Uno de ellos es el que la notificación se realice por cédula entregada a un pariente, empleado o doméstico del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, pues esa circunstancia permite presumir que existe una relación de confianza, familiaridad, amistad o cordialidad en virtud de la cual quien recibe la cédula correspondiente la hará llegar al buscado, presunción que puede ser desvirtuada cuando existen circunstancias especiales que ponen en evidencia la ausencia de tal relación, y que denotan la falta de confianza y cordialidad entre la persona buscada y aquella con quien se entendió la diligencia, verbigracia, cuando la diligencia se entiende con el cónyuge de la demandada en un juicio de divorcio necesario promovido precisamente por aquél." (Registro: 173570 Tribunales Colegiados de Circuito, página 2249, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, Novena Época). Además, la ley sólo exige que el fedatario asiente las manifestaciones que hagan las personas que reciben la notificación en cuanto a su relación laboral, de parentesco, negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado; por lo que al promovente del amparo le correspondía desvirtuar lo contenido en la razón actuarial en cuanto a la relación que existía con la persona que recibió el citatorio previo. No basta que el peticionario del amparo manifiesté que la diligencia de emplazamiento combatida no cumplió con los requisitos previstos en el código mencionado, en relación con el cercioramiento del domicilio o de la persona con la que se dejó el citatorio en virtud de no ser el lugar en el que habita, pues no aportó prueba alguna en torno a ello. En ese orden de ideas, su sola manifestación es insuficiente para desvirtuar la fe pública de la actuaria que la practicó. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del tenor literal: "NOTIFICACIONES. CORRESPONDE AL PARTICULAR ACREDITAR CON ALGÚN MEDIO PROBATORIO QUE LA DILIGENCIA RELATIVA NO SE LLEVÓ A CABO EN EL DOMICILIO CORRECTO O CON LA PERSONA ADECUADA, EN VIRTUD DE QUE EL NOTIFICADOR GOZA DE FE PÚBLICA Y SUS ACTOS SE PRESUMEN VÁLIDOS. En virtud de que los notificadores gozan de fe pública, la simple manifestación del particular de que la diligencia fue irregular porque no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada, contrario a lo circunstanciado en el acta respectiva, no puede destruir la presunción de validez de tal actuación, por lo que la notificación debe subsistir cuando no es desvirtuado el dicho del notificador con algún medio probatorio, máxime que el principio ontológico de la prueba señala que lo extraordinario es lo que se prueba, pues lo ordinario se presume, admite y acepta, tal como lo ordena el artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles al expresar que "El que funda su derecho en una regla general no necesita probar que su caso siguió la regla general y no la excepción; pero quien alega que el caso está en la excepción de una regla general, debe probar que así es .Por tanto, corresponde al particular desvirtuar el dicho del notificador demostrando con las pruebas conducentes, que la diligencia no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada". (Registro 164296, Tribunales Colegiados de Circuito, página 1812, Tomo XXXII, Julio de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). Sirve también de apoyo a lo anterior, la tesis I.6o.T.93 K, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que indica: "EMPLAZAMIENTO, QUIEN CUESTIONA SU LEGALIDAD DEBE APORTAR PRUEBAS PARA DESVIRTUARLO. Quien impugna la legalidad de un emplazamiento debe aportar los elementos de convicción que lo desvirtúen en forma fehaciente, por tratarse de actos emanados de autoridad judicial investida de fe pública, cuyas actuaciones tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario." (Registro 208409, página 330, tomo XV-II, febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época.) Por último, tampoco se advierte que el actuar de la notificadora en las diligencias subsecuentes a la entrega del citatorio hubieren sido de forma contraria a lo establecido en el artículo 171 del Código Procesal aplicable. Así, se tiene que la autoridad responsable cumplió con los preceptos legales referidos, pues se constituyó nuevamente en el lugar señalado para la diligencia, en la fecha y hora establecidas para tal efecto; asimismo, al haber encontrado el local cerrado, practicó la notificación por medio de cédula, la cual fijó en la puerta del lugar, así como en los estrados del juzgado. Acto que fue realizado cumpliendo con las directrices establecidas en la fracción III, párrafo segundo, del ordinal en análisis, que dispone que la cédula de notificación contendrá mención del juicio de que se trate y la inserción del auto o proveído que deba notificarse, y se entregará con las copias del traslado. Lo anterior puede apreciarse de la inserción de las constancias que en conjunto forma el emplazamiento, en el caso, instructivo, cédula de notificación y constancia de emplazamiento, visibles en fojas 35 a 42 y 44 del tomo I de pruebas, cuyo contenido es el siguiente: (.) Como se observa, la cédula de notificación con que la autoridad responsable emplazó al aquí quejoso, cumplió con los requisitos previstos en la fracción III, párrafo segundo, del artículo 171 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, pues en ésta se hizo mención al juicio del que se trataba y se insertaron sendos autos que debía notificarse, esto son, de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, veinticinco de marzo y veinte de abril siguientes, en los que se radicó el juicio de origen, se ordenó emplazar a la parte demandada, se admitió la ampliación de demanda y se habilitaron días y horas inhábiles a la fedataria judicial de la adscripción; fijando también copias selladas y cotejadas del escrito inicial de demanda y documentales anexas. Es menester precisar, que el hecho de que en las tres constancias actuariales - instructivo, cédula y emplazamiento- relativas a la diligencia en examen se asentara la misma hora obedece a que se trata de actuaciones intrínsecamente relacionadas una con la otra, que forman un todo, lo que evidencia el cumplimiento en la hora indicada de las actuaciones efectuadas por la fedataria responsable. Finalmente son inatendibles los alegatos formulados por la tercera interesada, dado que dichas manifestaciones no forman parte de la litis Constitucional, sin que ello implique transgresión a derecho procesal alguno. Tiene aplicación sobre el particular, la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." (No. de Registro: 205449, Octava Época, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1994, Tomo 80, página: 14). Decisión. En esa tesitura, ante lo infundado del concepto de violación analizado, sin que se advierta queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Christian Daniel Romero Corro, contra el emplazamiento practicado dentro del juicio especial de arrendamiento inmobiliario 46/2022, del índice del Juzgado de Primera Instancia Civil Especializado en Arrendamiento Inmobiliario y Extinción de Dominio, con sede en esta ciudad. Lo que se hace extensivo a la totalidad de las actuaciones posteriores al emplazamiento, incluyendo la sentencia condenatoria dictada en el expediente de origen, atribuidas al juez de Primera Instancia Civil Especializado en Arrendamiento Inmobiliario y Extinción de Dominio, pues esta última sólo fue reclamada en vía de consecuencia, no así como acto destacado, es decir, se reclama como una de las consecuencias procesales derivadas del emplazamiento que el quejoso combatió en sede constitucional. Máxime que de la interpretación integral de la demanda, no se advierte que el impetrante exprese conceptos de violación dirigidos a combatir la sentencia definitiva dictada el veintiocho de junio de dos mil veintidós, en el juicio de origen. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: Resuelve. Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Christian Daniel Romero Corro, en contra del acto reclamado a las autoridades precisadas en los apartados III y IV, por las razones expuestas en el considerando VII de este fallo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, la secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos de los que se desprende que mediante resolución incidental de veinte de octubre de dos mil veintidós, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados por la parte quejosa. Asimismo, que se condicionó el otorgamiento de la citada medida cautelar a la exhibición de garantía por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional). La determinación que antecede fue notificada a la parte quejosa el veintiuno de octubre de la presente anualidad, por lo que transcurrió el plazo otorgado para el cumplimiento del requisito de efectividad antes referido. En consecuencia, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, y teniendo en consideración que la parte quejosa no ha cumplido a la fecha, con los requisitos impuestos en la resolución interlocutoria antes mencionada, no obstante de estar debidamente notificada; por ello, comuníquese a las autoridades responsables, que se encuentran en libertad de ejecutar los actos reclamados que la parte impetrante hizo valer. Apoya lo anterior, en cuanto a que la suspensión definitiva no puede surtir efecto alguno por haber incumplido el peticionario de amparo con el requisito de efectividad de la misma y que por tanto, las autoridades quedan en posibilidad de actuar conforme a sus atribuciones en contra de ellos, la tesis sustentada por el Primer tribunal Colegiado en materias penal y del trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 3206, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SI EL JUEZ DE DISTRITO DECLARA QUE LA MEDIDA CONCEDIDA DEJA DE SURTIR SUS EFECTOS POR INCUMPLIMIENTO DEL INTERESADO A LOS REQUISITOS DE EFECTIVIDAD, ELLO NO IMPLICA QUE EXISTA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DE DICHA PROVIDENCIA CAUTELAR. Si se concede al quejoso la suspensión del acto reclamado -de manera provisional o definitiva- y el Juez de Distrito señala que el interesado deberá cumplir ciertos requisitos de efectividad de la providencia concedida, entonces el hecho de que se incumpla con este segundo aspecto y ello traiga como consecuencia que deje de surtir efectos la medida suspensional, no significa que exista una revocación o modificación de la suspensión, sino únicamente una declaración de que ésta no puede surtir efecto alguno y que, por ello, las autoridades quedan en posibilidad de actuar conforme a sus atribuciones en contra del quejoso; lo anterior, porque dichos autos en ningún momento son revocatorios o modificatorios de la suspensión concedida, la cual permanece incólume; en estos supuestos lo que en realidad ocurre es que, como el quejoso no cumplió la obligación impuesta para que surtiera efectos la suspensión, entonces su comportamiento debe ser observado por la Justicia Federal con cierta susceptibilidad ante la potencial utilización de la suspensión como estrategia que aprovecha los efectos de la medida cautelar; por ello, en tales hipótesis lo que se presenta es que, sin revocar la medida de suspensión decretada, el Juez prudentemente declara que ésta deja de surtir sus efectos; no debe confundirse el otorgamiento de la suspensión con el diverso tema del análisis de efectividad de las medidas, pues en este segundo aspecto, si el quejoso compareciera a probar que cumplió las obligaciones impuestas para la efectividad de la providencia, entonces el Juez de Distrito podría ordenar que se restableciera el surtimiento de efectos de la suspensión que, en ningún momento, fue tocada y se encuentra firmemente concedida, al menos hasta el momento en que la sentencia se pronuncie en el amparo principal y cause ejecutoria, pues mientras la suspensión provisional tiene una existencia comprendida entre su otorgamiento y la resolución firme del fallo sobre la suspensión definitiva, esta última tiene existencia procesal desde su decreto y hasta que la sentencia del juicio en lo principal cause ejecutoria, en el entendido de que si el sentido de dicho fallo fuera concesorio de la protección federal, entonces la suspensión se sustituiría como medio de protección constitucional por la sentencia de amparo misma, y si la ejecutoria fuera en sentido denegatorio del amparo, entonces, acreditada la constitucionalidad de los actos reclamados, la suspensión carecería en sí misma de justificación." En el entendido de que la suspensión definitiva volverá a surtir efectos en caso de que la parte quejosa exhiba la garantía impuesta siempre que el acto reclamado no haya sido ejecutado. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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