Christian David Rendon Vargas

Expediente 446/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
446/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • Christian David Rendon Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, siete de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la legislación en comento, contra la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO". En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA documental. DESTINO: Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. La parte promovente no allegó documentos para el trámite del presente juicio. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado a contrario sentido y 21, inciso a), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, siete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, asentada por la Actuaria adscrita a este juzgado, de la cual se advierte su imposibilidad para notificar de manera personal la sentencia de treinta de septiembre del año en curso, al quejoso, toda vez que mediante acuerdo de veintiuno de agosto del año dos mil veinte, se tuvo como domicilio del quejoso las lista que se fija los estrados de este Juzgado. En consecuencia, en cumplimiento al auto de veintiuno de agosto del año dos mil veinte y, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar al quejoso la sentencia de treinta de septiembre del dos mil veintiuno, así como el presente acuerdo, por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la planta baja del recinto en que se localiza este juzgado en el espacio que al efecto determine la Administración del edificio, del tres de agosto de dos mil veinte al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión. Notifíquese, y por medio de lista a la parte quejosa la sentencia de treinta de septiembre del año en curso y el presente acuerdo.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE SIETE DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA ***, LA SENTENCIA EMITIDA EL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SÍNTESIS DICE: TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, sede Irapuato6, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado que se le atribuye. En congruencia con lo anterior, es obvio que no le asiste obligación de exponer razonamiento alguno al respecto, y tampoco es posible imponerle la carga procesal de remitir las constancias a las que hace alusión el artículo 117 de la Ley de Amparo, para justificar su negativa, toda vez que, al no haber nacido a la vida jurídica la actividad autoritaria que reclama el quejoso, es evidente que no puede haber rastros de su existencia, ni documentos que la apoyen. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "Registro digital: 227634 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: VI. 2o. J/20 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, página 627 Tipo: Jurisprudencia INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 185/88. Hugolino González Méndez y otros. 23 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Patlán Origel. Amparo en revisión 313/88. Pascual Espinoza Palma. 11 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 414/88. María Isabel Zárate Romero. 4 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 420/88. José Ruperto Anaya Pérez. 12 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 208/89. Enrique Flores Rojas. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez." Sin que este órgano jurisdiccional soslaye las manifestaciones vertidas por la Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, sede Irapuato, en relación con que existe la causa penal **** y su acumulada ***, de su índice, seguida en contra del aquí quejoso. Sin embargo, tales manifestaciones en modo alguno evidencian la existencia de los actos aquí reclamados, pues como la propia juzgadora lo alude, no se ha decretado orden de aprehensión en contra del aquí quejoso; máxime que informa que en audiencia de procedimiento abreviado de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia condenatoria, la cual quedó firme el nueve de diciembre de dos mil dieciséis, remitiéndose las constancias respectivas al Juzgado de Ejecución con sede en Irapuato, Guanajuato. Por tanto, si el quejoso no ofreció prueba alguna para desvirtuar dicha negativa y dentro del presente juicio de amparo no existe constancia que demuestre lo contrario, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO, respecto a dicha autoridad y acto que le fue atribuido, de conformidad a lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Se tiene por cierto el acto que se reclama al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, toda vez que del oficio número 744/2020-I-GJ de veintiocho de octubre de dos mil veinte y anexos, si bien, fue omiso en precisar de manera categórica la existencia o no del acto reclamado, no obstante debe tenerse en sentido afirmativo; lo cual se corrobora con la copia autenticada de la causa penal ***, en un tomo que remitió a través del oficio número 791/2020-I-GJ de doce de noviembre de dos mil veinte; así como con la diversa documental remitida por medio del comunicado 706/2021-III, de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, consistente en el disco versátil digital con archivos en formato PDF y videograbaciones, emanados de la citada causa penal del índice del juzgado de Distrito Especializado responsable, de donde se advierte la existencia de la orden de aprehensión reclamada; medios de convicción que tienen eficacia probatoria plena, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de a materia y en lo conducente en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, intitulada: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Del mismo modo, apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: "Registro digital: 394182 Instancia: Pleno Quinta Época Materias(s): Común Tesis: 226 Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 53 Tipo: Jurisprudencia DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS"." De igual modo, sirve de apoyo, la siguiente tesis: "Registro digital: 280327 Instancia: Pleno Quinta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XXII, página 857 Tipo: Aislada ACTUACIONES JUDICIALES. Las actuaciones judiciales, lo mismo que las copias certificadas de ellas, hacen prueba plena. Amparo penal directo. Sóforo Emilio. 18 de abril de 1928. Unanimidad de nueve votos. La publicación no menciona el nombre del ponente." Por su parte, el Jefe de Célula de la Unidad de Homicidios Región "B" y el Coordinador Regional de Investigaciones, Región "B" ambos con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado10 negaron el acto de ejecución que se les atribuye, sin embargo, esa negativa se encuentra desvirtuada ante la certeza de la orden de aprehensión de parte del Juez de Distrito Especializado en calidad de autoridad ordenadora; de ahí que, en su carácter de ejecutoras, les corresponde cumplimentar tal orden. Ahora, por lo que respecta a la responsable Jefe de Célula de la Coordinación Regional "B", de la Dirección General de Investigaciones, con residencia en esta ciudad, se presume cierto el acto que se le reclama toda vez que fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante, de habérsele requerido para tal efecto, como se advierte del acuse de recibo que obra a foja 38 del sumario Constitucional11; máxime que, en su carácter de ejecutora, le corresponde cumplimentar la orden de aprehensión. QUINTO. Hipótesis de improcedencia. Por ser de orden público y estudio preferente, se analizará de oficio la causal de improcedencia que en la especie se estima actualizada, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en autos se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Para que la referida causa de improcedencia se actualice no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje en ella alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Tesis de jurisprudencia 59/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 210, tesis 2a./J. 9/98, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". De la constancia que la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, remitió a este Juzgado Federal, a las que se les otorgó pleno valor probatorio en el considerando cuarto de esta sentencia, se desprende los siguientes: Antecedentes del asunto: 1.- En audiencia inicial de uno de agosto de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal ***, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, se llevó a cabo la fase control de detención, la de formulación de imputación por parte de la Agente del Ministerio Público de la Federación investigador, y en la etapa procesal correspondiente en dicha audiencia solicitó el quejoso y otros, la duplicidad de ciento cuarenta y cuatro horas para resolver12; así en audiencia de seis de agosto de dos mil diecinueve, se vinculó a proceso13 al quejoso y otros, por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y posesión de cartuchos para armas de fuego de uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional. 2.- El diecisiete de marzo de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia intermedia, dentro de la causa penal, empero, toda vez que el quejoso *** y otros, no se presentaron para el desahogo de dicha audiencia a pesar de estar debidamente notificados, a petición del agente del Ministerio Público de la Federación investigador, el Juez de Control declaró a los procesados, entre ellos, el aquí impetrante, sustraídos de la justicia y a las catorce horas con catorce minutos de la citada fecha, libro orden de aprehensión14 en contra de *** y otros, por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y posesión de cartuchos para armas de fuego de uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional. Determinación ésta última la cual constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. 3.- Por escrito signado por el quejoso, recibido por el Juzgado responsable el veintisiete de octubre de dos mil veinte, solicitó se señalara fecha y hora para celebrar la audiencia intermedia dentro de la causa penal de origen; por lo que por auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se señalaron las doce horas con treinta minutos del treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, para su verificativo. 4.- Así, en audiencia de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, a lo que nos interesa, únicamente por lo que respecta a ***, el Juez de Control canceló la orden de aprehensión girada en su contra. En este orden de ideas, de las actuaciones que fueron remitidas por el Juez de Distrito Especializado responsable, se advierte que el diecisiete de marzo de dos mil veinte, declaró a los procesados, entre ellos, el aquí impetrante, sustraídos de la justicia y a las catorce horas con catorce minutos de la citada fecha, libro orden de aprehensión en su contra en la causa penal número ***, orden que en audiencia de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, fue cancelada; por lo que si el impetrante señaló como acto reclamado la orden de aprehensión girada en su contra, así como su ejecución; resulta claro que al haberse cancelado dicho mandamiento de captura, ello, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, pues con dicha actuación se restituyó al solicitante de la protección de la Justicia Federal en el goce del derecho fundamental violado. En atención a lo anterior, se actualiza la hipótesis de improcedencia en comento, pues si el quejoso, como se mencionó señaló como acto reclamado la orden de aprehensión librada en su contra así como su ejecución y, por su parte, se desprende que la autoridad responsable de mérito en audiencia de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, canceló la referida orden, entonces, es evidente que cesaron los efectos de la orden de captura reclamada, al haber dejado de existir la misma. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 197367 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P. CL/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71 Tipo: Aislada ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Amparo en revisión 1575/96. Marcelino Álvarez González. 9 de septiembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el treinta de octubre en curso, aprobó, con el número CL/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a treinta de octubre de mil novecientos noventa y siete. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del propio ordenamiento legal, procede sobreseer en el presente juicio Constitucional. El sobreseimiento decretado se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a las autoridades señaladas como ejecutoras, toda vez que no se combaten por vicios propios, sino en vía de consecuencia, por tanto, al haberse sobreseído respecto del acto dictado por la autoridad responsable ordenadora de mérito, es indiscutible que no pueda examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Apoya lo anterior la jurisprudencia número VI. 2o. J/7, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "Registro digital: 230811 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: VI. 2o. J/7 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, página 690 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez y otro. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 178/88. Autotransportes Tlaxcala-Apizaco- Huamantla, S. A. de C. V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo directo 156/88. Sergio Francisco Beltrán López. 29 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Guillermo Báez Pérez. Amparo en revisión 237/88. José de Jesús Pedro Pereda Mello. 13 de septiembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo directo 372/88. Rubén Enríquez Cortés. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Nota: Relacionada con tesis de Segunda Sala, Séptima Época, Volumen 16, pág. 51; Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época, Volúmenes 157-162, pág. 39; Pleno, Quinta Época, Tomo VIII, pág. 480. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 231, pág. 156 y Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 516, pág. 339." En consecuencia, resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, dado que los mismos van encaminados a demostrar la violación de derechos fundamentales derivada del acto reclamado, lo que este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para analizar, atento al sobreseimiento decretado en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación al caso, la siguiente jurisprudencia: "Registro digital: 220705 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: V.2o. J/15 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Enero de 1992, página 115 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo en revisión 62/91. Ismael Rochín Medina. 30 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Secundino López Dueñas. Recurso de revisión 117/91. Raúl Salazar Corbalá. 10 de julio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretario: Jacobo López Ceniceros. Recurso de revisión 103/91. Ramón Gordillo Reyes. 7 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretario: Ramón Parra López. Recurso de revisión 123/91. Dolores Pavlovich Valenzuela. 7 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretario: Jacobo López Ceniceros. Recurso de revisión 138/91. Jesús Aguilar Navarro. 11 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretario: Ramón Parra López. Nota: Jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 49, Pág. 115." Finalmente, no es factible hacer pronunciamiento alguno respecto del alegato ministerial hechos valer en el pedimento 22 de la Representante Social de la Federación adscrita, dado que éste no forma parte de la litis en el juicio Constitucional. "Registro digital: 2011344 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: III.1o.A. J/1 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 2071 Tipo: Jurisprudencia PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El órgano jurisdiccional constitucional no está constreñido a atender en su resolución el pedimento del Ministerio Público Federal, porque la representación social es parte en el juicio de amparo; de ahí que su pedimento únicamente constituye una manifestación que está sujeta a la apreciación del acto reclamado que se realice en la sentencia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 12/2015. Maritza Careaga Ramírez. 3 de marzo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Manuel Gómez Núñez, secretario de tribunal en funciones de Magistrado, de conformidad con los artículos 26, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Mauricio Fernando Villaseñor Sandoval. Amparo en revisión 639/2015. Producciones Hermanos A.F.S., S.A. de C.V. 26 de enero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Secretario: Francisco Javier Elizarrarás Monroy. Amparo directo 287/2015. Compañía Manufacturera de Calzado Emyco, S.A. de C.V. 26 de enero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: René Olvera Gamboa. Secretario: Mauricio Fernando Villaseñor Sandoval. Amparo directo 306/2015. Servicios Integrales Brescia, S.A. de C.V. 4 de febrero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: René Olvera Gamboa. Secretario: Ricardo Manuel Gómez Núñez. Amparo directo 296/2015. Sistema de Tren Eléctrico Urbano. 11 de febrero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Rogelio Camarena Cortés. Secretario: Bernardo Olmos Avilés. Esta tesis se publicó el viernes 01 de abril de 2016 a las 10:01 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 04 de abril de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." SEXTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente; cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. SÉPTIMO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Captúrese la presente sentencia el día de su publicación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: UNICO. Se Sobresee el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.

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