Christian Cardoso Garduño

Expediente 1669/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1669/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
04/01/2018

Partes del expediente

  • Christian Cardoso Garduño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    UN ACUERDO Notifíquese; y personalmente al quejoso.

  2. Principal

    III.- Toluca, Estado de México; veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa contenida en su artículo 2º, agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Numero Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Toluca Estado de México, por medio del cual informa causas de sobreseimiento y remite una constancia en copia certificada. Atento a lo anterior y vista la constancia que remite la autoridad responsable como anexo a su informe así como las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte lo siguiente: Por auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete (fojas5 a 8), se tuvo por admitida la demanda de la cual se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: "IV.- Acto reclamado: lo constituye la omisión de la Junta Federal Numero 29, respecto de no emitir auto de radicación y señalar fecha de audiencia de Conciliación Demanda y excepciones en el juicio laboral ..., instaurado por el C. Christian Cardoso Garduño, en contra de Gamesa S. de R.L. de C.V. dentro del término que para ello señala la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 838 y 883". Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, que adjuntó a su informe, se advierte fehacientemente que si bien es cierto al momento de la presentación de la demanda de amparo (veintisiete de octubre de dos mil diecisiete), existía la omisión aducida por el quejoso, no menos cierto es que dicha conducta omisiva cesó, consecuencia del auto de trece de noviembre del año en curso, por medio del cual la Junta responsable, señalo fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Lo anterior pone de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia plasmada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por los motivos y las consideraciones que se detallan a continuación. Para inteligir de manera oportuna la figura de la improcedencia por cesación de los efectos, es preciso referir los dos aspectos esenciales para su acreditamiento, los cuales se explican de la siguiente manera: 1. Que el acto reclamado sea revocado o derogado por la autoridad responsable, o que aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, y; 2. Que por virtud de lo anterior, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal, es decir, como si el acto no hubiere invalidado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna consecuencia perniciosa para el peticionario de amparo. Asimismo, es insoslayable hacer notar que la improcedencia en comento no la justifica la paralización o destrucción del acto reclamado, sino más bien, los dos aspectos siguientes: a) Lo inútil y ocioso que resultaría examinar la constitucionalidad del acto combatido, al cerciorarse fehacientemente que éste ya no está surtiendo sus efectos y que tampoco los surtirá en lo subsecuente, y; b) Que posterior a la paralización o destrucción del motivo que generó el acto reclamado, no existan consecuencias perniciosas en la esfera jurídica del quejoso que deban ser analizadas al estudiar el fondo del asunto. Ahora bien, como se dijo en supralíneas, en el presente sumario constitucional se reclama un acto de carácter omisivo (no hacer), relativo al señalamiento de fecha para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones por parte de la Junta Especial Numero Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Luego, del informe rendido por la responsable, se acredita la certeza del acto reclamado, atendiendo a las consideraciones cronológicas siguientes: 1. En uno de agosto del año en curso el quejoso Christian Cardoso Garduño, presento escrito inicial de demanda ante la Junta Especial Numero Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, sin que haya emitido el acuerdo de radicación, como lo establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. 2. La demanda de amparo fue promovida el veintisiete de octubre del año referido, y; 3. En acuerdo de trece de noviembre del año en curso, la autoridad responsable señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. De lo anterior, se verifica que entre la fecha de la presentación de demanda y la emisión del acuerdo de radicación, transcurrieron más de tres meses. En ese tenor, es inconcuso concluir que en un momento histórico determinado, el peticionario de amparo se encontraba en una situación de vulneración de su derecho humano a ser destinatario de impartición de justicia pronta, completa y eficaz, el cual mandata el artículo 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de acuerdo con el parámetro de regularidad constitucional. En ese orden de ideas, la fracción II del artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto de la concesión del amparo habrá de consistir en obligar a la responsable a respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, de modo tal que la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y cumplir con lo que la misma exija. Sin embargo, del mismo informe se advierte con la misma claridad con que se patentizó la violación constitucional, la destrucción del acto omisivo por el que se mantenía a la impetrante de amparo en dicha afección de su derecho humano. En ese sentido, si la responsable ya emitió el acuerdo correspondiente en autos del juicio laboral 927/2017, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la impetrante de amparo, pues la violación que en determinado momento se cometió en contra de su derecho fundamental aludido, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, es decir, el efecto del fallo protector hubiese consistido en obligar a la Junta Especial Numero Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, a que actuara en el sentido de respetar el derecho humano vulnerado, dictara auto de radicación y señalara fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Así pues, se pone de manifiesto que el acuerdo emitido por la Junta responsable el trece de noviembre del año en curso destruyó todos los efectos del acto transgresor de forma total e incondicional; lo primero porque el acto omisivo cesó al momento de emitir el oficio referido, máxime que la pretensión formal de la quejosa, consistía precisamente en que se emitiera el acuerdo de radicación y señalamiento de audiencia, situación que ya ocurrió; y lo segundo, porque no le fue impuesta ninguna condición al peticionario para que dicha conducta omisiva se desvaneciera, es decir, para que la responsable llevara a cabo un acto positivo, en este caso, realizar el acuerdo correspondiente. A mayor abundancia, siguiendo con el análisis de la causa de improcedencia en estudio, debe precisarse que la cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: 1. Por revocación, cuando la propia autoridad con motivo de una nueva determinación, deja sin efectos el acto reclamado, esto es, destruye de forma total, incondicional y material sus efectos. 2. Por sustitución procesal, cuando los efectos del acto que se combate cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. En ese sentido, respecto del acto reclamado; encuadra en el supuesto señalado en el numeral uno, esto es, sus efectos han desaparecido en forma inmediata, por lo que el quejoso ha sido restituido en el pleno goce de sus garantías. Es aplicable por los motivos que en ella se exponen, la jurisprudencia publicada con la clave VI.2o. J/339, en la página 70, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 1994, Tomo LXXXIII, Octava Época, que establece: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia ..., publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, materia común, con número de registro 193758, cuyo que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la jurisprudencia 2ª./J. 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, materia común, con número de registro 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, conviene precisar que el acto reclamado no consiste en un reclamo general de dilación en el trámite del procedimiento laboral que pudiera dar cabida al estudio del fondo del asunto con motivo de las consecuencias perniciosas que podrían haberse generado durante la secuela procesal, sino más bien, en un acto concreto y tangible en la tramitación del juicio laboral, de tal suerte que en la especie, la pretensión que dio origen al reclamo constitucional ya se vio satisfecha, y por otra parte, se verifica que no habrá alguna consecuencia perniciosa para la peticionaria de amparo cuyo estudio sea propio del fondo del asunto. Apoya en lo conducente, la tesis ..., publicada en la foja 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, número de registro 197367, que establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por tanto, como se adelantó, se actualiza la porción normativa prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de la ley de la materia, y se impone sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto atribuido a la Junta Especial Numero Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca. No es óbice que dicho sobreseimiento se decrete fuera de la audiencia constitucional, puesto que se surte la causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable razonada en párrafos precedentes. De estimarse lo contrario, se incurriría en una dilación que en nada abonaría a la impartición de justicia pronta, completa y eficaz que mandata artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el precepto 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, materia común, Tomo XVII, marzo de 2003, publicada en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, número de registro 184572, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese entendido, queda sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de noviembre del año en curso. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de la Secretaria de Juzgado Paola Lizzette Acosta Campos, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    III.- Toluca, Estado de México; diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. De la certificación de cuenta se advierte que la audiencia constitucional se fijó para hoy a las diez horas con quince minutos, tal como se precisó en proveído de treinta de octubre de dos mil diecisiete (fojas 5 a 8); sin embargo, mediante auto de catorce de noviembre de del año en curso se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, por lo que aún no fenece el plazo de ocho días concedido a las partes para que se manifiesten sobre dicho informe. En consecuencia, a fin de no transgredir las reglas rectoras del juicio de amparo, con fundamento en lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional prevista para esta fecha se difiere y, en su lugar, se fijan las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Alejandra Domínguez Santos, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, por licencia otorgada al titular en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio SEPLE./CEN./003/5621/2017, de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Pleno Técnico del Consejo de la Judicatura Federal; asistida de la Secretaria de Juzgado Paola Lizzette Acosta Campos, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VIII.- Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el escrito signado por Matías Hernández Ortega; a través del cual, solicita la devolución de la garantía exhibida en billete de depósito número 767733, que ampara la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), que exhibió a fin de que surtiera efectos la suspensión provisional concedida en la presente incidencia. Atento a lo solicitado y toda vez que han quedado garantizados los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con la garantía exhibida con motivo de la suspensión definitiva, devuélvase al promovente el billete de depósito solicitado. En el entendido de que al presentarse a recogerlo, deberá exhibir copia simple de una identificación oficial para ser agregada para debida constancia legal.

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