Christian Ashael González Gorostieta
Expediente 619/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 619/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 20/07/2017
Partes del expediente
- Christian Ashael González Gorostieta
- Juez Séptimo de Primera Instancia Penal del Estado de Querétaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
isto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se aprecia que transcurrió el plazo otorgado al quejoso y a las terceros interesadas, para manifestar lo que a sus intereses conviniera en torno a las constancias remitidas por la autoridad responsable, sin que hayan realizado manifestación al respecto. En esa medida, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse sobre si la autoridad responsable dio o no, cumplimiento a la sentencia de amparo, en principio es pertinente precisar que por sentencia de doce de junio de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso para los efectos establecidos en el considerando sexto de esa sentencia, que menciona: "[.] Bajo esta óptica, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada para el efecto de que el Juez Séptimo de Primera Instancia penal del distrito judicial de Querétaro, deje insubsistente la resolución y el auto de diez de abril de dos mil diecisiete y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectan, destacados en esta sentencia, o su caso, la dicte en sentido diverso.." Por auto de treinta de junio de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento al fallo protector en el término de diez días. Mediante oficio 2132 recibido por este juzgado el seis de julio de dos mil dieciséis, el Juez Séptimo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, informó y justificó, que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, el cuatro de julio de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el auto de formal prisión de diez de abril del año en curso y emitió nuevamente auto de formal prisión en contra del quejoso, al considerarlo probable responsables de la comisión del delito de retención de personas menores de edad, en agravio de la menor Sofía González Moreno. Es así, que este Juzgador, estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, por las razones que se vierten en el siguiente cuadro comparativo, entre dicha ejecutoria y el auto de formal prisión emitido en cumplimiento a la ejecutoria. LINEAMIENTOS SENTENCIA AUTO DE FORMAL PRISIÓN [.] La responsable refirió que se encontraban acreditados los elementos del ilícito de retención de personas menores de edad, así como la probable responsabilidad del ahora quejoso en su comisión; empero, es el caso que la responsable al momento de dictar el auto determinativo de diez de abril de dos mil diecisiete, en el considerando segundo señaló que se encuentra en autos plena y legalmente acreditado el delito de sustracción de personas menores de edad, a que se refiere el artículo 212 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Querétaro, en agravio de la familia y lesivo a la menor Sofía González Moreno; sin embargo, de la lectura integral de la resolución en comento se advierte que se refiere al ilícito de retención de personas menores de edad. Ahora bien, del acto reclamado, se advierte que la responsable señaló como elementos del delito de retención de personas menores de edad los siguientes: a) Retener a una persona menor de edad; b) Con la finalidad de violar derechos de familia; c) Por un familiar que no ejerza la custodia o la guarda legítima. El artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro, establece: "ARTÍCULO 212.- Al que sin tener relación familiar o de parentesco con un menor de edad o con persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, y sin el consentimiento de quien ejerza su custodia o guarda legítima, lo retenga con la finalidad de violar derechos de familia, se le impondrá prisión de 3 a 8 años y de 20 a 60 días de multa. Si el sujeto activo es ascendiente, descendiente o tiene parentesco hasta el cuarto grado con el menor de edad o la persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, se le impondrá prisión de 2 a 6 años y de 15 a 50 días de multa. Si el agente devuelve al menor o a la persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, dentro de los 3 días siguientes a la consumación del delito, se le aplicará hasta una mitad las penas arriba señaladas". De lo anterior, se advierte que dicho numeral establece varios supuestos en cada uno de sus párrafos. En este aspecto, los elementos del delito de retención de personas menores de edad previsto en el primer párrafo del artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro son: 1.- La retención de un menor de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") 2.- Que dicha conducta se lleve a cabo por persona que no tenga relación familiar o de parentesco con el menor de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") 3.- Que la conducta se lleve sin el consentimiento de quien ejerza la custodia o guarda legítima del menor o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") Para tal caso se prevé una pena de prisión de 3 a 8 años de prisión y de 20 a 60 días multa. Ahora bien, el artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro, en su segundo párrafo establece otro supuesto, a saber: 1.- Que el sujeto activo sea ascendiente, descendiente o tenga parentesco hasta cuarto grado con el menor de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") Hipótesis que se sanciona con una pena de prisión de 2 a 6 años de prisión y de 15 a 50 días multa. En el tercer párrafo del artículo en cita se destaca otro supuesto: 1.- Que el sujeto activo devuelva al menor de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") 2.- Que sea dentro de los tres días siguientes a la consumación del delito. En este caso se aplica hasta una mitad las penas antes señaladas. Como se ve, son diferentes supuestos en cada uno de los párrafos del artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro. Ahora, de una interpretación sistemática de conformidad con lo establecido en los artículos 267 y 268 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro, se advierte que es en el auto de término en donde se debe establecer el delito por el que se seguirá el proceso, de lo contrario se estaría dejando en estado de indefensión al inculpado, al no saber con precisión el delito que se le acusa y crearía en él una incertidumbre jurídica, al no saber los hechos que se le imputan y en qué disposición jurídica encuadran. Máxime, que como ya se dijo, el artículo 212 del Código Penal del Estado de Querétaro establece diferentes supuestos del tipo penal, así como sus atenuantes. De ahí, que si la autoridad responsable al emitir el acto reclamado tuvo por acreditado el cuerpo del delito de retención de personas menores de edad, previsto y sancionado por el artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro, en agravio de la familia y lesivo de la menor Sofía González Moreno; lo cierto es que es impreciso, al señalar los elementos del tipo penal como si fuera uno solo, esto es, el supuesto del párrafo primero con el segundo. Como se ha señalado, el primer párrafo del artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro, establece el tipo penal de retención de personas menores de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, y el segundo párrafo es otro supuesto en el que el sujeto activo es ascendiente, descendiente o tiene parentesco hasta cuarto grado con el menor de edad. Bajo ese tenor, lo primordial es identificar la conducta desplegada por el sujeto activo, para entonces remitirse a la disposición legal aplicable y discernir, como en el caso, en qué párrafo del artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro se encuentra dicha conducta, para entonces analizar el cúmulo probatorio que obra en la causa penal 137/2016 y así determinar si se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado de mérito. Por tanto, al advertirse del auto de formal prisión dictado sujeto a análisis, que el Juez responsable no precisó con exactitud los elementos del cuerpo del delito y no precisó en qué supuesto incluye la conducta delictiva al artículo 212 del Código Penal del Estado de Querétaro, esto es, en el párrafo primero, segundo o tercero; en consecuencia, debe estimarse que la resolución reclamada antes transcrita, no se encuentra suficientemente fundada y motivada, precisamente porque no existe una relación entre los datos que arrojan la propia causa penal, fuente del acto reclamado, con las consideraciones que el juez esgrimió en el acto que ahora se combate, para tener por demostrados cada uno de los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del ahora quejoso. "[...] TERCERO. El cuerpo del. delito de Retención de personas menores de edad, previsto por el artículo 212 del Código Penal para el Estado -primer párrafo por cuanto ve a la descripción típica y segundo párrafo; respecto a la calidad específica del sujeto activo- y sancionado por el párrafo segundo de la misma fracción normativa, cometido en agravio de La Familia y lesivo de la menor Sofía González Moreno, en términos del artículo 246 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, se encuentra legalmente demostrado al satisfacer los elementos que lo integran. En principio, es menester tener presente que, el precepto de referencia, que contiene el tipo penal de retención de personas menores de edad; conforme a la clasificación de los delitos en orden al tipo es de los considerados, como alternativamente formados por acciones vez que contiene más de una conducta o un hecho y, por lo mismo la existencia de cada una, excluye a las otras. En este aspecto, los elementos del delito de retención de personas menores de edad previsto en el primer párrafo del artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro son: 1.- La retención de un menor de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") 2.- Que dicha conducta se lleve a cabo por persona que no tenga relación familiar o de parentesco con el menor de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") 3.- Que la conducta se lleve sin el consentimiento de quien ejerza la custodia o guarda legítima del menor o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") Para tal caso se prevé una pena de prisión de 3 a 8 años de prisión y de 20 a 60 días multa. Ahora bien, el artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro, en su segundo párrafo establece otro supuesto, a saber: 1.- Que el sujeto activo sea ascendiente, descendiente o tenga parentesco hasta cuarto grado con el menor de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") Hipótesis que se sanciona con una pena de prisión de 2 a 6 años de prisión y de 15 a 50 días multa. El tercer párrafo del artículo en cita se destaca otro supuesto: 1.- Que el sujeto activo devuelva al menor de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") 2.- Que sea dentro de los tres días siguientes a la consumación del delito. En este caso se aplica hasta una mitad las penas antes señaladas. Establecido lo anterior, tenemos que en el primer supuesto se advierte la descripción típica del delito en estudio, acción u omisión, que en el caso concreto consiste en retener a un menor de edad o persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, mientras que en el párrafo segundo se establece una pena específica para quien cometa la conducta del primer párrafo, en función de la calidad específica del sujeto activo, -ascendiente, descendiente o que tenga parentesco hasta el cuarto grado con el menor de edad-; y, el párrafo tercero constituye una calificativa atenuante para quien devuelva al menor, con independencia de que se configure la conducta típica del primer o segundo párrafo. Siendo que en el caso concreto los hechos consignados, encuadran en el segundo párrafo del artículo 212 del Código Penal, por cuanto ve al sujeto activo y en el primer párrafo por cuanto ve a la descripción típica, cuyos elementos son los siguientes: 1. Elemento objetivo. Retención de un menor de edad. 2.- elemento objetivo, sujeto activo calificado (ascendiente del menor de edad -caso concreto-). 3. elemento normativo. Que no exista el consentimiento de quien ejerce la custodia del menor. 4. elemento subjetivo, con la finalidad de violar derechos de familia. Componentes que con los medios de prueba allegados en la fase de averiguación previa y valorados atento a las reglas para ello dispuestas en los artículos 209, 210 y 215 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, esto es, acorde a las máximas de la experiencia sano juicio atento a lo dispuesto en el ordinal 246 del citado ordenamiento legal, se satisfacen a plenitud. Pues primeramente es preciso señalar que el núcleo del ilícito en estudio radica en el actuar positivo de un sujeto activo determinado que pese a ser uno de los progenitores de la menor, no ejerce su guarda y custodia, por lo que tiene derecho a las convivencias familiares con ella, en determinadas circunstancias de tiempo y lugar; al amparo de lo cual - legalmente- se lleva a la pasivo para convivir con ella, empero, no la restituye al domicilio de guarda como estaba previamente obligado a hacerlo, evitando se reintegre a su seno familiar primario. Es en esta omisión de regresar a la menor con el progenitor que ejerce la guarda y custodia, que radica la diferencia entre el delito que nos ocupa y el diverso de sustracción de personas menores de edad, ya que en el segundo tipo penal, el activo ni siquiera tiene derecho a llevarse consigo en tal momento al infante, mientras que en el caso en concreto, sí puede realizar en ese instante tal conducta, empero -se reitera-incumple su obligación legal de regresarlo". Por lo tanto, analizó los elementos del cuerpo del delito de retención de personas menores de edad, ilícito previsto y sancionado por el artículo 212 del Código Penal en el Estado, en su párrafo primero respecto a la descripción típica y segundo párrafo, por cuanto ve a la calidad específica del sujeto activo y la pena. De igual manera, analizó las pruebas que obran en la causa penal, concediéndoles valor probatorio. Finalmente señaló con qué pruebas se acredita la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. Lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa; ya que la concesión del amparo no vinculó a la responsable a resolver en determinado sentido o acatando diversos lineamientos al no existir un pronunciamiento de fondo, toda vez que solamente se atendió a un aspecto formal, como lo es la falta de fundamentación y motivación. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia siguiente: "FORMAL PRISIÓN, LIMITES DE LA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR NO ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO EL AUTO DE. La falta de fundamentación y motivación del auto de formal prisión dictado en contra del indiciado por el delito de fraude, determinó en el Juez del amparo la decisión de conceder al quejoso la Protección Constitucional para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora decretara la formal prisión por el expresado delito o la libertad por falta de méritos, según proceda, en la inteligencia de que si dicta la formal prisión lo haga con el estricto apego al artículo 16 constitucional, es decir, fundando y motivando el auto. Sobre el particular, cabe observar que el Juez de Distrito al establecer los anteriores efectos que en su concepto produce la sentencia de amparo, vincula a dicha sentencia, sin razón legal alguna, a la autoridad responsable, privándola del ejercicio de su propia jurisdicción. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la Protección Constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Como en el caso el auto de formal prisión reclamado es un acto de carácter positivo y se concede el amparo al quejoso en razón de que el auto de formal prisión no se encuentra fundado y motivado, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada se limita a la anulación de semejante resolución, de manera que no produzca efecto legal alguno en su contra. No siendo el acto reclamado en este juicio de carácter negativo, no puede obligarse al Juez del proceso a que dicte, como efecto de esta sentencia de amparo, un auto de formal prisión respetando esa garantía; menos aún se le puede exigir que si no le es posible legalmente fundar y motivar el referido auto, entonces, decrete la libertad del indiciado por falta de méritos con las reservas de ley. Si bien es cierto que el Juez mencionado tendrá que adoptar en su caso cualquiera de estas decisiones, ello será en uso de su propia jurisdicción y como consecuencia del ejercicio de la acción penal que se encuentra en movimiento e impulsa la actuación posterior del referido Juez dentro del proceso penal. Es de advertir que de admitirse que esas resoluciones las debe dictar, en cumplimiento de la sentencia que concede el amparo, se llegaría a conclusiones contrarias a la formalidad del procedimiento, puesto que las partes en el proceso, principalmente el Ministerio Público, no podrían interponer contra dichas resoluciones los recursos ordinarios, con la circunstancia de que si el Juez decreta la libertad del indiciado, tampoco podría la representación social ocurrir en queja, por no ser parte en el juicio de amparo. Por lo tanto, debe modificarse el fallo recurrido únicamente para establecer que queda libre la jurisdicción propia del Juez del proceso para dictar, bajo su más estricta responsabilidad, la resolución legal que en el caso proceda, ya que como se ha observado, la sentencia de amparo se limita a anular el auto de formal prisión, por contrariar el artículo 16 constitucional, al no estar fundado ni motivado." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida, la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dése vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento (cuaderno principal), con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruido....III NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 21/07/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO SOFIA GONZALEZ MORENO EL AUTO DE 20/07/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: isto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se aprecia que transcurrió el plazo otorgado al quejoso y a las terceros interesadas, para manifestar lo que a sus intereses conviniera en torno a las constancias remitidas por la autoridad responsable, sin que hayan realizado manifestación al respecto. En esa medida, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse sobre si la autoridad responsable dio o no, cumplimiento a la sentencia de amparo, en principio es pertinente precisar que por sentencia de doce de junio de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso para los efectos establecidos en el considerando sexto de esa sentencia, que menciona: "[.] Bajo esta óptica, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada para el efecto de que el Juez Séptimo de Primera Instancia penal del distrito judicial de Querétaro, deje insubsistente la resolución y el auto de diez de abril de dos mil diecisiete y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectan, destacados en esta sentencia, o su caso, la dicte en sentido diverso.." Por auto de treinta de junio de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento al fallo protector en el término de diez días. Mediante oficio 2132 recibido por este juzgado el seis de julio de dos mil dieciséis, el Juez Séptimo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, informó y justificó, que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, el cuatro de julio de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el auto de formal prisión de diez de abril del año en curso y emitió nuevamente auto de formal prisión en contra del quejoso, al considerarlo probable responsables de la comisión del delito de retención de personas menores de edad, en agravio de la menor Sofía González Moreno. Es así, que este Juzgador, estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, por las razones que se vierten en el siguiente cuadro comparativo, entre dicha ejecutoria y el auto de formal prisión emitido en cumplimiento a la ejecutoria. LINEAMIENTOS SENTENCIA AUTO DE FORMAL PRISIÓN [.] La responsable refirió que se encontraban acreditados los elementos del ilícito de retención de personas menores de edad, así como la probable responsabilidad del ahora quejoso en su comisión; empero, es el caso que la responsable al momento de dictar el auto determinativo de diez de abril de dos mil diecisiete, en el considerando segundo señaló que se encuentra en autos plena y legalmente acreditado el delito de sustracción de personas menores de edad, a que se refiere el artículo 212 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Querétaro, en agravio de la familia y lesivo a la menor Sofía González Moreno; sin embargo, de la lectura integral de la resolución en comento se advierte que se refiere al ilícito de retención de personas menores de edad. Ahora bien, del acto reclamado, se advierte que la responsable señaló como elementos del delito de retención de personas menores de edad los siguientes: a) Retener a una persona menor de edad; b) Con la finalidad de violar derechos de familia; c) Por un familiar que no ejerza la custodia o la guarda legítima. El artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro, establece: "ARTÍCULO 212.- Al que sin tener relación familiar o de parentesco con un menor de edad o con persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, y sin el consentimiento de quien ejerza su custodia o guarda legítima, lo retenga con la finalidad de violar derechos de familia, se le impondrá prisión de 3 a 8 años y de 20 a 60 días de multa. Si el sujeto activo es ascendiente, descendiente o tiene parentesco hasta el cuarto grado con el menor de edad o la persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, se le impondrá prisión de 2 a 6 años y de 15 a 50 días de multa. Si el agente devuelve al menor o a la persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, dentro de los 3 días siguientes a la consumación del delito, se le aplicará hasta una mitad las penas arriba señaladas". De lo anterior, se advierte que dicho numeral establece varios supuestos en cada uno de sus párrafos. En este aspecto, los elementos del delito de retención de personas menores de edad previsto en el primer párrafo del artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro son: 1.- La retención de un menor de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") 2.- Que dicha conducta se lleve a cabo por persona que no tenga relación familiar o de parentesco con el menor de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") 3.- Que la conducta se lleve sin el consentimiento de quien ejerza la custodia o guarda legítima del menor o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") Para tal caso se prevé una pena de prisión de 3 a 8 años de prisión y de 20 a 60 días multa. Ahora bien, el artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro, en su segundo párrafo establece otro supuesto, a saber: 1.- Que el sujeto activo sea ascendiente, descendiente o tenga parentesco hasta cuarto grado con el menor de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") Hipótesis que se sanciona con una pena de prisión de 2 a 6 años de prisión y de 15 a 50 días multa. En el tercer párrafo del artículo en cita se destaca otro supuesto: 1.- Que el sujeto activo devuelva al menor de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") 2.- Que sea dentro de los tres días siguientes a la consumación del delito. En este caso se aplica hasta una mitad las penas antes señaladas. Como se ve, son diferentes supuestos en cada uno de los párrafos del artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro. Ahora, de una interpretación sistemática de conformidad con lo establecido en los artículos 267 y 268 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro, se advierte que es en el auto de término en donde se debe establecer el delito por el que se seguirá el proceso, de lo contrario se estaría dejando en estado de indefensión al inculpado, al no saber con precisión el delito que se le acusa y crearía en él una incertidumbre jurídica, al no saber los hechos que se le imputan y en qué disposición jurídica encuadran. Máxime, que como ya se dijo, el artículo 212 del Código Penal del Estado de Querétaro establece diferentes supuestos del tipo penal, así como sus atenuantes. De ahí, que si la autoridad responsable al emitir el acto reclamado tuvo por acreditado el cuerpo del delito de retención de personas menores de edad, previsto y sancionado por el artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro, en agravio de la familia y lesivo de la menor Sofía González Moreno; lo cierto es que es impreciso, al señalar los elementos del tipo penal como si fuera uno solo, esto es, el supuesto del párrafo primero con el segundo. Como se ha señalado, el primer párrafo del artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro, establece el tipo penal de retención de personas menores de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, y el segundo párrafo es otro supuesto en el que el sujeto activo es ascendiente, descendiente o tiene parentesco hasta cuarto grado con el menor de edad. Bajo ese tenor, lo primordial es identificar la conducta desplegada por el sujeto activo, para entonces remitirse a la disposición legal aplicable y discernir, como en el caso, en qué párrafo del artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro se encuentra dicha conducta, para entonces analizar el cúmulo probatorio que obra en la causa penal 137/2016 y así determinar si se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado de mérito. Por tanto, al advertirse del auto de formal prisión dictado sujeto a análisis, que el Juez responsable no precisó con exactitud los elementos del cuerpo del delito y no precisó en qué supuesto incluye la conducta delictiva al artículo 212 del Código Penal del Estado de Querétaro, esto es, en el párrafo primero, segundo o tercero; en consecuencia, debe estimarse que la resolución reclamada antes transcrita, no se encuentra suficientemente fundada y motivada, precisamente porque no existe una relación entre los datos que arrojan la propia causa penal, fuente del acto reclamado, con las consideraciones que el juez esgrimió en el acto que ahora se combate, para tener por demostrados cada uno de los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del ahora quejoso. "[...] TERCERO. El cuerpo del. delito de Retención de personas menores de edad, previsto por el artículo 212 del Código Penal para el Estado -primer párrafo por cuanto ve a la descripción típica y segundo párrafo; respecto a la calidad específica del sujeto activo- y sancionado por el párrafo segundo de la misma fracción normativa, cometido en agravio de La Familia y lesivo de la menor Sofía González Moreno, en términos del artículo 246 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, se encuentra legalmente demostrado al satisfacer los elementos que lo integran. En principio, es menester tener presente que, el precepto de referencia, que contiene el tipo penal de retención de personas menores de edad; conforme a la clasificación de los delitos en orden al tipo es de los considerados, como alternativamente formados por acciones vez que contiene más de una conducta o un hecho y, por lo mismo la existencia de cada una, excluye a las otras. En este aspecto, los elementos del delito de retención de personas menores de edad previsto en el primer párrafo del artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro son: 1.- La retención de un menor de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") 2.- Que dicha conducta se lleve a cabo por persona que no tenga relación familiar o de parentesco con el menor de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") 3.- Que la conducta se lleve sin el consentimiento de quien ejerza la custodia o guarda legítima del menor o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") Para tal caso se prevé una pena de prisión de 3 a 8 años de prisión y de 20 a 60 días multa. Ahora bien, el artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro, en su segundo párrafo establece otro supuesto, a saber: 1.- Que el sujeto activo sea ascendiente, descendiente o tenga parentesco hasta cuarto grado con el menor de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") Hipótesis que se sanciona con una pena de prisión de 2 a 6 años de prisión y de 15 a 50 días multa. El tercer párrafo del artículo en cita se destaca otro supuesto: 1.- Que el sujeto activo devuelva al menor de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") 2.- Que sea dentro de los tres días siguientes a la consumación del delito. En este caso se aplica hasta una mitad las penas antes señaladas. Establecido lo anterior, tenemos que en el primer supuesto se advierte la descripción típica del delito en estudio, acción u omisión, que en el caso concreto consiste en retener a un menor de edad o persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, mientras que en el párrafo segundo se establece una pena específica para quien cometa la conducta del primer párrafo, en función de la calidad específica del sujeto activo, -ascendiente, descendiente o que tenga parentesco hasta el cuarto grado con el menor de edad-; y, el párrafo tercero constituye una calificativa atenuante para quien devuelva al menor, con independencia de que se configure la conducta típica del primer o segundo párrafo. Siendo que en el caso concreto los hechos consignados, encuadran en el segundo párrafo del artículo 212 del Código Penal, por cuanto ve al sujeto activo y en el primer párrafo por cuanto ve a la descripción típica, cuyos elementos son los siguientes: 1. Elemento objetivo. Retención de un menor de edad. 2.- elemento objetivo, sujeto activo calificado (ascendiente del menor de edad -caso concreto-). 3. elemento normativo. Que no exista el consentimiento de quien ejerce la custodia del menor. 4. elemento subjetivo, con la finalidad de violar derechos de familia. Componentes que con los medios de prueba allegados en la fase de averiguación previa y valorados atento a las reglas para ello dispuestas en los artículos 209, 210 y 215 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, esto es, acorde a las máximas de la experiencia sano juicio atento a lo dispuesto en el ordinal 246 del citado ordenamiento legal, se satisfacen a plenitud. Pues primeramente es preciso señalar que el núcleo del ilícito en estudio radica en el actuar positivo de un sujeto activo determinado que pese a ser uno de los progenitores de la menor, no ejerce su guarda y custodia, por lo que tiene derecho a las convivencias familiares con ella, en determinadas circunstancias de tiempo y lugar; al amparo de lo cual - legalmente- se lleva a la pasivo para convivir con ella, empero, no la restituye al domicilio de guarda como estaba previamente obligado a hacerlo, evitando se reintegre a su seno familiar primario. Es en esta omisión de regresar a la menor con el progenitor que ejerce la guarda y custodia, que radica la diferencia entre el delito que nos ocupa y el diverso de sustracción de personas menores de edad, ya que en el segundo tipo penal, el activo ni siquiera tiene derecho a llevarse consigo en tal momento al infante, mientras que en el caso en concreto, sí puede realizar en ese instante tal conducta, empero -se reitera-incumple su obligación legal de regresarlo". Por lo tanto, analizó los elementos del cuerpo del delito de retención de personas menores de edad, ilícito previsto y sancionado por el artículo 212 del Código Penal en el Estado, en su párrafo primero respecto a la descripción típica y segundo párrafo, por cuanto ve a la calidad específica del sujeto activo y la pena. De igual manera, analizó las pruebas que obran en la causa penal, concediéndoles valor probatorio. Finalmente señaló con qué pruebas se acredita la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. Lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa; ya que la concesión del amparo no vinculó a la responsable a resolver en determinado sentido o acatando diversos lineamientos al no existir un pronunciamiento de fondo, toda vez que solamente se atendió a un aspecto formal, como lo es la falta de fundamentación y motivación. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia siguiente: "FORMAL PRISIÓN, LIMITES DE LA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR NO ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO EL AUTO DE. La falta de fundamentación y motivación del auto de formal prisión dictado en contra del indiciado por el delito de fraude, determinó en el Juez del amparo la decisión de conceder al quejoso la Protección Constitucional para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora decretara la formal prisión por el expresado delito o la libertad por falta de méritos, según proceda, en la inteligencia de que si dicta la formal prisión lo haga con el estricto apego al artículo 16 constitucional, es decir, fundando y motivando el auto. Sobre el particular, cabe observar que el Juez de Distrito al establecer los anteriores efectos que en su concepto produce la sentencia de amparo, vincula a dicha sentencia, sin razón legal alguna, a la autoridad responsable, privándola del ejercicio de su propia jurisdicción. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la Protección Constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Como en el caso el auto de formal prisión reclamado es un acto de carácter positivo y se concede el amparo al quejoso en razón de que el auto de formal prisión no se encuentra fundado y motivado, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada se limita a la anulación de semejante resolución, de manera que no produzca efecto legal alguno en su contra. No siendo el acto reclamado en este juicio de carácter negativo, no puede obligarse al Juez del proceso a que dicte, como efecto de esta sentencia de amparo, un auto de formal prisión respetando esa garantía; menos aún se le puede exigir que si no le es posible legalmente fundar y motivar el referido auto, entonces, decrete la libertad del indiciado por falta de méritos con las reservas de ley. Si bien es cierto que el Juez mencionado tendrá que adoptar en su caso cualquiera de estas decisiones, ello será en uso de su propia jurisdicción y como consecuencia del ejercicio de la acción penal que se encuentra en movimiento e impulsa la actuación posterior del referido Juez dentro del proceso penal. Es de advertir que de admitirse que esas resoluciones las debe dictar, en cumplimiento de la sentencia que concede el amparo, se llegaría a conclusiones contrarias a la formalidad del procedimiento, puesto que las partes en el proceso, principalmente el Ministerio Público, no podrían interponer contra dichas resoluciones los recursos ordinarios, con la circunstancia de que si el Juez decreta la libertad del indiciado, tampoco podría la representación social ocurrir en queja, por no ser parte en el juicio de amparo. Por lo tanto, debe modificarse el fallo recurrido únicamente para establecer que queda libre la jurisdicción propia del Juez del proceso para dictar, bajo su más estricta responsabilidad, la resolución legal que en el caso proceda, ya que como se ha observado, la sentencia de amparo se limita a anular el auto de formal prisión, por contrariar el artículo 16 constitucional, al no estar fundado ni motivado." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida, la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dése vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento (cuaderno principal), con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruido
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE CITATORIO DE 24/07/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO CHRISTIAN ASHAEL GONZALEZ GOROSTIETA EL AUTO DE 20/07/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: isto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se aprecia que transcurrió el plazo otorgado al quejoso y a las terceros interesadas, para manifestar lo que a sus intereses conviniera en torno a las constancias remitidas por la autoridad responsable, sin que hayan realizado manifestación al respecto. En esa medida, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse sobre si la autoridad responsable dio o no, cumplimiento a la sentencia de amparo, en principio es pertinente precisar que por sentencia de doce de junio de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso para los efectos establecidos en el considerando sexto de esa sentencia, que menciona: "[.] Bajo esta óptica, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada para el efecto de que el Juez Séptimo de Primera Instancia penal del distrito judicial de Querétaro, deje insubsistente la resolución y el auto de diez de abril de dos mil diecisiete y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectan, destacados en esta sentencia, o su caso, la dicte en sentido diverso.." Por auto de treinta de junio de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento al fallo protector en el término de diez días. Mediante oficio 2132 recibido por este juzgado el seis de julio de dos mil dieciséis, el Juez Séptimo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, informó y justificó, que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, el cuatro de julio de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el auto de formal prisión de diez de abril del año en curso y emitió nuevamente auto de formal prisión en contra del quejoso, al considerarlo probable responsables de la comisión del delito de retención de personas menores de edad, en agravio de la menor Sofía González Moreno. Es así, que este Juzgador, estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, por las razones que se vierten en el siguiente cuadro comparativo, entre dicha ejecutoria y el auto de formal prisión emitido en cumplimiento a la ejecutoria. LINEAMIENTOS SENTENCIA AUTO DE FORMAL PRISIÓN [.] La responsable refirió que se encontraban acreditados los elementos del ilícito de retención de personas menores de edad, así como la probable responsabilidad del ahora quejoso en su comisión; empero, es el caso que la responsable al momento de dictar el auto determinativo de diez de abril de dos mil diecisiete, en el considerando segundo señaló que se encuentra en autos plena y legalmente acreditado el delito de sustracción de personas menores de edad, a que se refiere el artículo 212 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Querétaro, en agravio de la familia y lesivo a la menor Sofía González Moreno; sin embargo, de la lectura integral de la resolución en comento se advierte que se refiere al ilícito de retención de personas menores de edad. Ahora bien, del acto reclamado, se advierte que la responsable señaló como elementos del delito de retención de personas menores de edad los siguientes: a) Retener a una persona menor de edad; b) Con la finalidad de violar derechos de familia; c) Por un familiar que no ejerza la custodia o la guarda legítima. El artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro, establece: "ARTÍCULO 212.- Al que sin tener relación familiar o de parentesco con un menor de edad o con persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, y sin el consentimiento de quien ejerza su custodia o guarda legítima, lo retenga con la finalidad de violar derechos de familia, se le impondrá prisión de 3 a 8 años y de 20 a 60 días de multa. Si el sujeto activo es ascendiente, descendiente o tiene parentesco hasta el cuarto grado con el menor de edad o la persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, se le impondrá prisión de 2 a 6 años y de 15 a 50 días de multa. Si el agente devuelve al menor o a la persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, dentro de los 3 días siguientes a la consumación del delito, se le aplicará hasta una mitad las penas arriba señaladas". De lo anterior, se advierte que dicho numeral establece varios supuestos en cada uno de sus párrafos. En este aspecto, los elementos del delito de retención de personas menores de edad previsto en el primer párrafo del artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro son: 1.- La retención de un menor de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") 2.- Que dicha conducta se lleve a cabo por persona que no tenga relación familiar o de parentesco con el menor de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") 3.- Que la conducta se lleve sin el consentimiento de quien ejerza la custodia o guarda legítima del menor o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") Para tal caso se prevé una pena de prisión de 3 a 8 años de prisión y de 20 a 60 días multa. Ahora bien, el artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro, en su segundo párrafo establece otro supuesto, a saber: 1.- Que el sujeto activo sea ascendiente, descendiente o tenga parentesco hasta cuarto grado con el menor de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") Hipótesis que se sanciona con una pena de prisión de 2 a 6 años de prisión y de 15 a 50 días multa. En el tercer párrafo del artículo en cita se destaca otro supuesto: 1.- Que el sujeto activo devuelva al menor de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") 2.- Que sea dentro de los tres días siguientes a la consumación del delito. En este caso se aplica hasta una mitad las penas antes señaladas. Como se ve, son diferentes supuestos en cada uno de los párrafos del artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro. Ahora, de una interpretación sistemática de conformidad con lo establecido en los artículos 267 y 268 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro, se advierte que es en el auto de término en donde se debe establecer el delito por el que se seguirá el proceso, de lo contrario se estaría dejando en estado de indefensión al inculpado, al no saber con precisión el delito que se le acusa y crearía en él una incertidumbre jurídica, al no saber los hechos que se le imputan y en qué disposición jurídica encuadran. Máxime, que como ya se dijo, el artículo 212 del Código Penal del Estado de Querétaro establece diferentes supuestos del tipo penal, así como sus atenuantes. De ahí, que si la autoridad responsable al emitir el acto reclamado tuvo por acreditado el cuerpo del delito de retención de personas menores de edad, previsto y sancionado por el artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro, en agravio de la familia y lesivo de la menor Sofía González Moreno; lo cierto es que es impreciso, al señalar los elementos del tipo penal como si fuera uno solo, esto es, el supuesto del párrafo primero con el segundo. Como se ha señalado, el primer párrafo del artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro, establece el tipo penal de retención de personas menores de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, y el segundo párrafo es otro supuesto en el que el sujeto activo es ascendiente, descendiente o tiene parentesco hasta cuarto grado con el menor de edad. Bajo ese tenor, lo primordial es identificar la conducta desplegada por el sujeto activo, para entonces remitirse a la disposición legal aplicable y discernir, como en el caso, en qué párrafo del artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro se encuentra dicha conducta, para entonces analizar el cúmulo probatorio que obra en la causa penal 137/2016 y así determinar si se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado de mérito. Por tanto, al advertirse del auto de formal prisión dictado sujeto a análisis, que el Juez responsable no precisó con exactitud los elementos del cuerpo del delito y no precisó en qué supuesto incluye la conducta delictiva al artículo 212 del Código Penal del Estado de Querétaro, esto es, en el párrafo primero, segundo o tercero; en consecuencia, debe estimarse que la resolución reclamada antes transcrita, no se encuentra suficientemente fundada y motivada, precisamente porque no existe una relación entre los datos que arrojan la propia causa penal, fuente del acto reclamado, con las consideraciones que el juez esgrimió en el acto que ahora se combate, para tener por demostrados cada uno de los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del ahora quejoso. "[...] TERCERO. El cuerpo del. delito de Retención de personas menores de edad, previsto por el artículo 212 del Código Penal para el Estado -primer párrafo por cuanto ve a la descripción típica y segundo párrafo; respecto a la calidad específica del sujeto activo- y sancionado por el párrafo segundo de la misma fracción normativa, cometido en agravio de La Familia y lesivo de la menor Sofía González Moreno, en términos del artículo 246 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, se encuentra legalmente demostrado al satisfacer los elementos que lo integran. En principio, es menester tener presente que, el precepto de referencia, que contiene el tipo penal de retención de personas menores de edad; conforme a la clasificación de los delitos en orden al tipo es de los considerados, como alternativamente formados por acciones vez que contiene más de una conducta o un hecho y, por lo mismo la existencia de cada una, excluye a las otras. En este aspecto, los elementos del delito de retención de personas menores de edad previsto en el primer párrafo del artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro son: 1.- La retención de un menor de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") 2.- Que dicha conducta se lleve a cabo por persona que no tenga relación familiar o de parentesco con el menor de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") 3.- Que la conducta se lleve sin el consentimiento de quien ejerza la custodia o guarda legítima del menor o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") Para tal caso se prevé una pena de prisión de 3 a 8 años de prisión y de 20 a 60 días multa. Ahora bien, el artículo 212 del Código Penal para el Estado de Querétaro, en su segundo párrafo establece otro supuesto, a saber: 1.- Que el sujeto activo sea ascendiente, descendiente o tenga parentesco hasta cuarto grado con el menor de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") Hipótesis que se sanciona con una pena de prisión de 2 a 6 años de prisión y de 15 a 50 días multa. El tercer párrafo del artículo en cita se destaca otro supuesto: 1.- Que el sujeto activo devuelva al menor de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo; (se debe especificar cuál supuesto se actualiza en virtud de la disyuntiva "o") 2.- Que sea dentro de los tres días siguientes a la consumación del delito. En este caso se aplica hasta una mitad las penas antes señaladas. Establecido lo anterior, tenemos que en el primer supuesto se advierte la descripción típica del delito en estudio, acción u omisión, que en el caso concreto consiste en retener a un menor de edad o persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, mientras que en el párrafo segundo se establece una pena específica para quien cometa la conducta del primer párrafo, en función de la calidad específica del sujeto activo, -ascendiente, descendiente o que tenga parentesco hasta el cuarto grado con el menor de edad-; y, el párrafo tercero constituye una calificativa atenuante para quien devuelva al menor, con independencia de que se configure la conducta típica del primer o segundo párrafo. Siendo que en el caso concreto los hechos consignados, encuadran en el segundo párrafo del artículo 212 del Código Penal, por cuanto ve al sujeto activo y en el primer párrafo por cuanto ve a la descripción típica, cuyos elementos son los siguientes: 1. Elemento objetivo. Retención de un menor de edad. 2.- elemento objetivo, sujeto activo calificado (ascendiente del menor de edad -caso concreto-). 3. elemento normativo. Que no exista el consentimiento de quien ejerce la custodia del menor. 4. elemento subjetivo, con la finalidad de violar derechos de familia. Componentes que con los medios de prueba allegados en la fase de averiguación previa y valorados atento a las reglas para ello dispuestas en los artículos 209, 210 y 215 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, esto es, acorde a las máximas de la experiencia sano juicio atento a lo dispuesto en el ordinal 246 del citado ordenamiento legal, se satisfacen a plenitud. Pues primeramente es preciso señalar que el núcleo del ilícito en estudio radica en el actuar positivo de un sujeto activo determinado que pese a ser uno de los progenitores de la menor, no ejerce su guarda y custodia, por lo que tiene derecho a las convivencias familiares con ella, en determinadas circunstancias de tiempo y lugar; al amparo de lo cual - legalmente- se lleva a la pasivo para convivir con ella, empero, no la restituye al domicilio de guarda como estaba previamente obligado a hacerlo, evitando se reintegre a su seno familiar primario. Es en esta omisión de regresar a la menor con el progenitor que ejerce la guarda y custodia, que radica la diferencia entre el delito que nos ocupa y el diverso de sustracción de personas menores de edad, ya que en el segundo tipo penal, el activo ni siquiera tiene derecho a llevarse consigo en tal momento al infante, mientras que en el caso en concreto, sí puede realizar en ese instante tal conducta, empero -se reitera-incumple su obligación legal de regresarlo". Por lo tanto, analizó los elementos del cuerpo del delito de retención de personas menores de edad, ilícito previsto y sancionado por el artículo 212 del Código Penal en el Estado, en su párrafo primero respecto a la descripción típica y segundo párrafo, por cuanto ve a la calidad específica del sujeto activo y la pena. De igual manera, analizó las pruebas que obran en la causa penal, concediéndoles valor probatorio. Finalmente señaló con qué pruebas se acredita la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. Lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa; ya que la concesión del amparo no vinculó a la responsable a resolver en determinado sentido o acatando diversos lineamientos al no existir un pronunciamiento de fondo, toda vez que solamente se atendió a un aspecto formal, como lo es la falta de fundamentación y motivación. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia siguiente: "FORMAL PRISIÓN, LIMITES DE LA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR NO ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO EL AUTO DE. La falta de fundamentación y motivación del auto de formal prisión dictado en contra del indiciado por el delito de fraude, determinó en el Juez del amparo la decisión de conceder al quejoso la Protección Constitucional para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora decretara la formal prisión por el expresado delito o la libertad por falta de méritos, según proceda, en la inteligencia de que si dicta la formal prisión lo haga con el estricto apego al artículo 16 constitucional, es decir, fundando y motivando el auto. Sobre el particular, cabe observar que el Juez de Distrito al establecer los anteriores efectos que en su concepto produce la sentencia de amparo, vincula a dicha sentencia, sin razón legal alguna, a la autoridad responsable, privándola del ejercicio de su propia jurisdicción. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la Protección Constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Como en el caso el auto de formal prisión reclamado es un acto de carácter positivo y se concede el amparo al quejoso en razón de que el auto de formal prisión no se encuentra fundado y motivado, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada se limita a la anulación de semejante resolución, de manera que no produzca efecto legal alguno en su contra. No siendo el acto reclamado en este juicio de carácter negativo, no puede obligarse al Juez del proceso a que dicte, como efecto de esta sentencia de amparo, un auto de formal prisión respetando esa garantía; menos aún se le puede exigir que si no le es posible legalmente fundar y motivar el referido auto, entonces, decrete la libertad del indiciado por falta de méritos con las reservas de ley. Si bien es cierto que el Juez mencionado tendrá que adoptar en su caso cualquiera de estas decisiones, ello será en uso de su propia jurisdicción y como consecuencia del ejercicio de la acción penal que se encuentra en movimiento e impulsa la actuación posterior del referido Juez dentro del proceso penal. Es de advertir que de admitirse que esas resoluciones las debe dictar, en cumplimiento de la sentencia que concede el amparo, se llegaría a conclusiones contrarias a la formalidad del procedimiento, puesto que las partes en el proceso, principalmente el Ministerio Público, no podrían interponer contra dichas resoluciones los recursos ordinarios, con la circunstancia de que si el Juez decreta la libertad del indiciado, tampoco podría la representación social ocurrir en queja, por no ser parte en el juicio de amparo. Por lo tanto, debe modificarse el fallo recurrido únicamente para establecer que queda libre la jurisdicción propia del Juez del proceso para dictar, bajo su más estricta responsabilidad, la resolución legal que en el caso proceda, ya que como se ha observado, la sentencia de amparo se limita a anular el auto de formal prisión, por contrariar el artículo 16 constitucional, al no estar fundado ni motivado." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida, la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dése vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento (cuaderno principal), con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruido
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que signa el Juez del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal en el Estado de Querétaro, a través del cual informa que cumplió la sentencia de amparo y remite diversas constancias con las que pretende acreditar tal circunstancia. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso Christian Ashael González Gorostieta y/o Christian Asahel González Gorostieta, por el término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído para que manifieste lo que a su interés convenga; en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el plazo indicado, este órgano jurisdiccional, procederá a analizar en forma oficiosa lo relativo al cumplimiento de la sentencia.....IIINOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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