Christian Ambriz Gutierrez
Expediente 1418/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1418/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Christian Ambriz Gutierrez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacan, quince de noviembre de dos mil veintitres. Visto el escrito aclaratorio signado por el quejoso -, por propio derecho, mediante el cual contesta el requerimiento que se le realizó en auto de ocho de noviembre del año en curso. Ahora, en atención a que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el suscrito procede a analizar si en la especie es o no competente para conocer de la demanda de garantías de cuenta. El precepto 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En el caso del amparo, las reglas de competencia se sitúan en tres ámbitos, a saber: La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto y directo). En el caso del amparo indirecto, conforme a lo que establece el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano competente es un juzgado de distrito. La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo indirecto, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el caso específico en el ordinal 55, fracción IV, de la citada ley. El territorio, regulado por el artículo 37 de la Ley de Amparo. En efecto, este juzgador estima carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, en razón de que el acto reclamado tiene ejecución material, fuera de la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción, con base a las siguientes consideraciones. El quejoso en forma medular, señala como acto reclamado el auto de apertura a juicio oral de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintidós, emitido dentro de la causa penal número - del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Judicial de Uruapan, Michoacán, ello evidentemente lleva implícita una ejecución material. El acto que aquí se reclama vía amparo indirecto, es de naturaleza positiva, entendiéndose como tal, aquél en que para perfeccionarse y crear plenamente sus consecuencias jurídicas, el órgano de gobierno tiene ante sí un hacer por delante, derivado de un acto mismo, y que en el caso concreto, se hace consistir en el auto de apertura a juicio oral, emitido dentro de la causa penal número - del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Judicial de Uruapan, Michoacán, como se desprende del análisis integral de la demanda de amparo que nos ocupa, lo cual se está realizando en Uruapan, Michoacán, lugar en el que reside la autoridad ante la cual se tramita la causa penal referida; acto reclamado que, por tal naturaleza y por los efectos jurídicos que produce, indudablemente implica una ejecución material, como ya se dijo. Sentado lo anterior, este juzgador considera que en la especie, se actualiza la hipótesis de competencia prevista en el primer párrafo del ordinal 37 de la Ley de Amparo, el cual dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". (Lo subrayado es nuestro). De la trascripción que antecede se advierte que existen tres reglas para determinar la competencia de los jueces de distrito: a) Por regla general la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un Distrito y continúe ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de distrito competente será aquel ante el que se presente la demanda de amparo. En tales condiciones, a juicio del suscrito, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, para determinar que la competencia se surte en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en turno, pues el acto reclamado (auto de apertura a juicio oral de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintidós, emitido dentro de la causa penal número - del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Judicial de Uruapan, Michoacán) tiene ejecución material en Uruapan, Michoacán, lugar donde ejercen jurisdicción los juzgados de distrito de aquella ciudad. Esto es así, no obstante que el quejoso se encuentra recluido en esta ciudad de Morelia, dado que como se indicó si bien es cierto que la ejecución material del auto de apertura a juicio oral ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza de dicho proveído, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido, circunstancia que incuestionablemente, nos hace concluir que al actualizarse la hipótesis prevista por el primer párrafo del numeral 37de la Ley de Amparo, la competencia legal para conocer y resolver de la demanda de cuenta se actualiza a favor del Juzgado de Distrito en el Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno; máxime que fue en aquélla circunscripción territorial en la que se llevaron a cabo los hechos que resultaron constitutivos de delito. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 118/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro III, Tomo 3, Diciembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 2183, que establece: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad". Así como, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Volumen 199-204, Cuarta Parte, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 12, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". También se aplica la tesis número 44, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 1299, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Finalmente, resulta aplicable por identidad de razón la jurisprudencia 147/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página número 174, que a la letra dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal". En esa virtud, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la presente demanda de garantías y la declina a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en turno, solicitándole atentamente informe si acepta la competencia planteada, así como el acuse de recibo de estilo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Finalmente, en obvio de mayores dilaciones procesales, se ordena hacer la notificación por medio de lista, virtud a que el Juez competente que se avoque al conocimiento del presente asunto ordenará la notificación de manera personal del proveído respectivo. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Como se desprende de la constancia secretarial que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de la Amparo, para que las partes legitimadas recurrieran la sentencia en la que se NEGÓ el Amparo y Protección de la Justicia Federal al impetrante; en consecuencia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, por lo que este acuerdo constituye la última resolución en este juicio. Ahora, vista la constancia secretarial de la que se obtiene que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se realiza su valoración documental como CONSERVABLE, el cual será transferido una que vez cumpla tres años contados a partir de este acuerdo, dado que se NEGÓ el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; mientras que los cuadernos incidentales se valoran como DESTRUIBLES en un plazo de tres años, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva solicitada; de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, fracción II, 17, fracción III, inciso a), así como el numeral 20, fracción III, respectivamente, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Asimismo, toda vez que según constancia secretarial no existen documentos originales por devolver a la parte quejosa; en consecuencia, no procede ordenar la notificación personal del presente proveído. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Asimismo, devuélvase a la autoridad responsable, las constancias que remitió como anexo a su informe, solicitándole el acuse de recibo correspondiente; en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que lo recibió a su entera satisfacción. Notifíquese.
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