Christian Alonso Rivera
Expediente 1732/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1732/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 22/03/2022
Partes del expediente
- Secretario de Transporte del Estado de Jalisco
- Christian Alonso Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que en proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se requirió a la sucesión a bienes de Rodolfo Pelayo Morquecho, para que dentro del plazo de tres días señalara domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado en la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco; sin embargo, pese haber sido notificado el veintitrés de febrero fue omiso al respecto. Por ello se hace efectivo el apercibimiento realizado en dicho acuerdo y se ordena que todas las notificaciones aún las de carácter personal se le realicen mediante lista hasta en tanto comparezca a realizar lo propio. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que ya se encuentran notificadas las partes de la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, en consecuencia; atendiendo a la certificación que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión contra la sentencia pronunciada el catorce de febrero de dos mil veintidós; por tanto, en atención a lo establecido por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara ejecutoriada para todos los efectos de ley. Efectos de la sentencia de amparo. Ahora bien, siguiendo ese orden de ideas, en el fallo protector se determinó que la responsable deberá realizar lo siguiente: "SEXTO. Efectos del amparo. En ese sentido, a fin de restituir a la accionante en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, se determina que los efectos de la concesión de amparo son para que la autoridad responsable, cumpla con lo siguiente: I. Deje insubsistente la resolución de veinte de febrero de dos mil veinte, en el juicio 428/2015 de su índice; y II. Hecho lo anterior, tomando en consideración lo aquí resuelto respecto de la incongruencia advertida, de manera fundada y motivada, y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, resuelva el recurso de revocación hecho valer por la parte quejosa. En el entendido, de que de no acordar favorable su solicitud, deberá determinar la manera en que deberá notificársele a María del Socorro Godínez Madrigal, en su carácter de albacea de la sucesión demandada." Requerimiento. Consecuentemente, solicítese a la responsable para que dentro del plazo de tres días, de cumplimiento a la ejecutora de mérito, y lo acrediten con las constancias idóneas, conforme lo dispone el artículo 192 de la Ley de Amparo. Lo anterior, deberá acreditarlo con documentos fehacientes ante este órgano de control constitucional, o bien, informar las gestiones que se encuentran realizando para tal fin; ello, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tengan, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá al desobediente una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros electrónico y de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE).
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Se hace disponible expediente. Tengase por recibido el oficio signado por el Juez Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, atento a su contenido y como lo solicita infórmesele que se ha dejado disponible el expediente electrónico del juicio que nos ocupa para su consulta. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Se sobresee fuera de audiencia. Visto el estado de autos, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otro. Primeramente, el artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal, dispone que el juicio de amparo procede, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo -autoridades administrativas- y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal; además, que será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos, ya de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal, que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que prevé la Ley reglamentaria (Ley de Amparo) y sin exigir mayores requisitos que los que la propia ley consiga para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha Ley. Por otra parte, bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XX, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos, de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esa Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa Ley. Señala además, que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; esto es, que el medio ordinario de defensa no se encuentre contemplado en el catálogo de recursos de un Ley desde el punto de vista formal y material, que rija el acto reclamado. De la norma anterior, se extrae que, en el artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el diverso numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo se consagra el principio de definitividad y la improcedencia del juicio de amparo en materia administrativa. Cuyo estudio ha sido abordado por el máximo Órgano Jurisdiccional del país, en la jurisprudencia 2a./J.115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se rubro y texto siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En el caso, el acto reclamado consiste en la emisión de diversos folios de infracción reclamados a las autoridades administrativas locales, las multas, actualizaciones y gastos de ejecución generados por la emisión de las multas, señaladas como responsables. Tal como se ilustra a continuación: En ese orden de ideas, este Juzgador concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1º de la de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco -publicada en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", el nueve de septiembre de dos mil veintiuno-, los actos reclamados pueden ser impugnados a través del juicio contencioso administrativo (juicio de nulidad). Por lo tanto, como se adelantó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al reunirse los siguientes requisitos: El acto reclamado fue emitido por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por las autoridades dependientes de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco y de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco, Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara, Jalisco, Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan, Jalisco. El acto reclamado es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del juicio de nulidad de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1º de la de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. En efecto, el artículo 74 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco señala que la sentencia definitiva del juicio podrá reconocer la validez del acto reclamado impugnado, declarar su nulidad o determinar la nulidad para determinados efectos y decretar el sobreseimiento en el juicio. Por otra parte, en el Capítulo IX "De las Medidas Cautelares", comprendido de los artículos 66 a 70 Octies de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se establecen las reglas que se deben observar respecto a la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo. Además, el numeral 68 de la Ley antedicha prevé un plazo idéntico al artículo 112 de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional, es decir, veinticuatro horas. En consecuencia, se tiene que los requisitos para otorgar la suspensión, previstos en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco no son mayores a los exigidos por la Ley de Amparo para el mismo efecto. De ahí que, a criterio de este Juzgador, deje de tener aplicabilidad la tesis de jurisprudencia 2a./J. 104/2007 emitida a la luz de la Ley de Justicia Administrativa anterior a la reforma publicada en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Criterio de interpretación, de rubro siguiente: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. NO ES NECESARIO AGOTAR ESE JUICIO ANTES DEL DE AMPARO PUES SE DA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD AL ESTABLECERSE EN EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ESE ESTADO MAYORES REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO." Finalmente, quien ahora resulte, considera que, en el caso, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad previstos tanto en la Ley de Amparo como en los criterios interpretativos formulados por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación. Ilustra a lo anterior y, sirve de sustento, la tesis aislada 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, de manera notoria, manifiesta e indudable, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. En el entendido de que el sobreseimiento decretado en el juicio, no constituye denegación de justicia ni genera inseguridad jurídica, dado que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de las causales de improcedencia que actualizan el sobreseimiento, imparte justicia, no obstante que la resolución sea desfavorable a los intereses del promovente. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. I. Desahoga prevención. Téngase por recibido el ocurso signado por el impetrante Christian Alonso Rivera, mediante el cual, en cumplimiento con lo requerido en auto de trece del mes y año en curso precisa que señala como responsables al Director General Jurídico de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco y a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, de quienes reclama, las cedulas de folio 356742389, 355585379, 354570025, 334439298, 354369877, 354264781, 354256878, 354067773, 352963623, 352294357, 352254436, 351815302, 351755954, 351481846, 330356596 y 357993130, señaladas en la demanda inicial. II. Admisión de ampliación de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115 y 117 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite a trámite la ampliación de la demanda de amparo, respecto de los siguientes apartados: Autoridades responsables: Director General Jurídico de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco; y, Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. De quienes reclama, 356742389, 355585379, 354570025, 334439298, 354369877, 354264781, 354256878, 354067773, 352963623, 352294357, 352254436, 351815302, 351755954, 351481846, 330356596 y 357993130, señaladas en la demanda inicial. ii) Conceptos de violación. III. Audiencia constitucional. Se hace del conocimiento de las partes que mediante proveído de ocho de diciembre del año en curso, se señalaron las TRECE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como el momento en que se llevará a cabo la audiencia constitucional. IV. Córrase traslado con el escrito de ampliación de demanda. Con copias simples del escrito de ampliación de la demanda, córrase traslado a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, en el entendido de que el ocurso respectivo se les enviará mediante los oficios que se giren en esta determinación para tal efecto. V. Autoridad responsable: a. Informe. Con fundamento en el artículo 117 de la referida ley, se les requiere para que en el plazo de quince días rinda su informe con justificación, apercibidas que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada. Asimismo, apercíbaseles que si se niegan a recibir el oficio librado en el presente juicio, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en el artículo 245 de la norma de referencia. b. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 del ordenamiento legal en cita, se le requiere para que en caso de que tenga conocimiento o con su conducta provoque la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este juzgado de Distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple con esa obligación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a treinta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 251 de la norma en cita. c. Requerimiento de expediente generador. Con fundamento en el artículo 75 de la ley en comento, se le requiere para que remita en el plazo de quince días las constancias que integran el expediente generador de los actos reclamados o que sirvieron de apoyo para emitirlos, al resultar necesarias para resolver el presente juicio de garantías, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo señalado o de ser omisa en informar las causas legales o materiales que se lo impidan, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la ley en consulta. Cabe precisar que el valor de las multas en Unidades de Medida y Actualización, resulta procedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. VI. Oposición a la publicación de datos personales. Se le tiene reiterando su oposición a la publicación de sus datos personales, lo cual fue materia de pronunciamiento en el auto admisorio de treinta de septiembre del año en curso. VII. Incidente de suspensión. Al no solicitar la suspensión del acto reclamado, no se tramita el incidente respectivo. VIII. Terceros interesados. Dada la naturaleza de los actos reclamados, no se advierte persona o institución que le revista el carácter de tercero interesado en los términos del artículo 5 fracción III. IX. Representación Social. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención que legalmente le corresponde, lo cual deberá realizarse por medio de oficio, atendiendo al estado de contingencia por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CO-2. Notifíquese.
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