Christian Alfredo Colunga López

Expediente 941/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 51 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
941/2022
Año
2022
Actuaciones
51
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • Christian Alfredo Colunga López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 51.

  1. Principal

    agréguese a los autos el oficio signado por la Magistrada de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del oficio 23366/2023 de este índice, con el que se le notificó el auto de veintiséis de septiembre pasado en el que se declaró cumplida la sentencia y se ordenó el archivo definitivo de este asunto, así como de los anexos que le fueron enviados. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Karla María Macías Lovera, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, quien actúa asistida de Bernardo Vázquez Sánchez, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Vistos los autos del juicio principal del que deriva esta incidencia, se aprecia que hoy se ordenó el archivo definitivo; en consecuencia, archívese el expedientillo en el que se actúa. Toda vez que en la interlocutoria de diez de agosto de dos mil veintidós, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se provee: Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), el presente cuaderno debe conservarse íntegro en este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Una vez transcurrido ese término, previa acta que se elabore, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a las partes en proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, a fin de que expresaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que lo hubieran hecho. En tales condiciones, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 297, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 203, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE LA SEGUNDA SALA)". También debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente. Antecedentes A continuación se hará una síntesis de los antecedentes del presente asunto. El veinticinco de enero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el presente juicio en la cual, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y la protección constitucional a Christian Alfredo Colunga López para los siguientes efectos: "(.) se concede el amparo para efecto de que la Magistrada de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato deje insubsistente la resolución reclamada y dicte otra en la cual deje intocadas las consideraciones que sustentan la legalidad del traslado urgente del quejoso y, en línea con lo establecido en este fallo, revoque el auto recurrido a fin de que el juez de ejecución se allegue de elementos de prueba idóneos con los cuales dilucide, con libertad de jurisdicción, la viabilidad de que el sentenciado sea trasladado a un reclusorio diverso al Centro Federal de Readaptación Social 15 de Tapachula, Chiapas, que sea más cercano a su residencia familiar y que cuente con las medidas de seguridad necesarias para su internamiento. (.)". En proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento (foja 108). En proveído de dos de marzo del año en curso, se recibió el oficio suscrito por la Magistrada de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, mediante el cual remitió la resolución de veintiocho de febrero pasado, en la que, en cumplimiento al fallo protector, dejó insubsistente la diversa de veintinueve de junio de dos mil veintidós, emitida en el toca de apelación 19/2022-E de su índice y revocó el auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós dictado por el Juez de Ejecución de Penas del Sistema Oral del Distrito Judicial de Irapuato y Salamanca, Guanajuato, a fin de que se allegara de elementos de prueba idóneos con los cuales dilucidara, con libertad de jurisdicción, la viabilidad de que el sentenciado fuera trasladado a un centro de reclusión diverso al que fue trasladado (Centro Federal de Readaptación Social 15 de Tapachula, Chiapas), que fuera más cercano a su residencia familiar y que contara con las medidas de seguridad necesarias para su internamiento (foja 156). Mediante auto de dieciséis de marzo de esta anualidad, se tuvo recibido el oficio de la sala responsable en el que transcribió el acuerdo de nueve de ese mes y año, mediante el cual el Juez de Ejecución de Penas dio vista a las partes para que manifestaran si tenían medios de prueba sobre la viabilidad de trasladar al quejoso a uno diverso (foja 171). En acuerdo de once de abril siguiente, se vinculó al cumplimiento de la sentencia amparadora al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, así como a la Dirección General del Sistema Penitenciario del Estado de Guanajuato, y al Juez de Ejecución de Penas del Sistema Oral del Distrito Judicial de Irapuato y Salamanca, con sede en esta ciudad, a fin de que se coordinaran y acataran el fallo (fojas 195 y 196). Mediante proveído de catorce de abril, el juez vinculado al cumplimiento, informó que programó la audiencia oral de debate para (i) resolver si procedía o no el traslado no voluntario a que fue sujeto el quejoso, (ii) proveería sobre la admisión y desahogo de las pruebas, (iii) escucharía a las partes y (iv) emitiría la resolución correspondiente. En atención a lo informado, se le hizo saber al juez que las fuentes de información a las que había recurrido para averiguar la conveniencia de trasladar al quejoso eran insuficientes, pues se omitió uno de los factores para verificar la conveniencia de la reubicación del quejoso: las medidas de seguridad que el nuevo centro penitenciario pudiera brindar. Por tanto, no sería posible que emitiera su decisión con base en la información recabada y lo que las partes expusieran durante la audiencia que programó; por ello, se le requirió atender a los lineamientos establecidos (foja 209). El veinte de abril, se tuvo recibido el comunicado del juez en el que hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional la celebración de la audiencia que programó, en la que consideró necesario abrir un incidente para decidir sobre el traslado del quejoso, sostuvo que los medios de prueba sólo serían aquellos ofrecidos por las partes y estableció el centro penitenciario al que podía ser trasladado el quejoso. Al respecto, este juzgado le informó que era necesario un acopio más profuso de medios de prueba en poder de autoridades penitenciarias estatales y federales en torno a los tres factores: grado de hacinamiento (cupo), cercanía con el domicilio del quejoso y medidas de seguridad. Asimismo, que como ya se le había precisado no debía limitarse a admitir y desahogar los medios de prueba que las partes ofrecieran y que tampoco era necesario que celebrara una audiencia cada que admitiera o desahogara documentos, porque su actuación en cumplimiento a la ejecutoria de amparo se ubicaba en el mismo plano procesal de premura que hubo cuando convalidó el traslado urgente; de suerte que ameritaba un tratamiento lo más parecido posible. En conclusión, que la audiencia celebrada carecía de validez al no ser idónea para cumplir la ejecutoria de amparo y que el amparo no se otorgó para que forzosamente se trasladara al quejoso del centro penitenciario chiapaneco a uno distinto, sino para que agotara una investigación exhaustiva en los términos indicados para averiguar si, en función de la satisfacción de los tres factores, ese traslado es o no conveniente; y sólo en caso de que lo sea, hacer lo necesario para que se lleve a cabo (fojas 222 y 223). En atención a lo anterior, el juez de ejecución informó las gestiones realizadas a fin de cumplir la sentencia en sus términos. Mediante acuerdo de treinta de mayo, se recibió el oficio del el juez de ejecución con el que informó que requirió al Director General del Sistema Penitenciario del Estado de Guanajuato, al Director de Coordinación y Control de los Centros Estatales de Prevención y Reinserción Social y al Director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Salamanca, para que en vinculación con el Director de Área en la Coordinación General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, realizaran el traslado del quejoso del CEFERESO número 15 de Chiapas a otro centro penitenciario federal que reuniera los factores: I.- Grado de hacinamiento (cupo); II.- Cercanía con el domicilio del quejoso; y, III.- Medidas de seguridad. Además, que a él no le correspondía el traslado y determinar cuál centro penitenciario reunía los requisitos necesarios. Sobre tal comunicado, este órgano jurisdicción ordenó al juez de ejecución dejara sin efectos esa determinación por no ser idónea para dar cumplimiento al fallo protector, toda vez que a éste le correspondía recabar y valorar los elementos de prueba idóneos para determinar la viabilidad del traslado del quejoso; y se le requirió a fin de que una vez hecho, lo informara a este juzgado (fojas 355 y 356). En acuerdo de dieciséis de junio, se recibió el oficio signado por el juez vinculado al cumplimiento de la sentencia amparadora, mediante el cual remitió copia certificada de la resolución de doce de junio del año en curso, en la que conforme a las pruebas que recabó determinó la viabilidad de que el quejoso Christian Alfredo Colunga López fuera trasladado al Centro Federal de Readaptación Social 4 "Noroeste" en Tepic, Nayarit; en atención a su contenido, se le requirió hiciera del conocimiento de esta juzgadora la materialización del traslado (foja 393). En auto de dos de agosto, como lo solicitó el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, se le concedió una prórroga de diez días hábiles, a fin de que diera cumplimiento a la sentencia amparadora e informara las medidas que tomara al respecto (foja 446). Finalmente, mediante acuerdos de ocho y veinticuatro de agosto el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social y la Juez de Ejecución de Penas del Sistema de Justicia Oral del Distrito Judicial de Irapuato y Salamanca, con residencia en esta ciudad, respectivamente, informaron el total cumplimiento dado al fallo protector; por lo cual, se dio vista a las partes a fin de que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que lo hicieran. Pronunciamiento. Ahora bien, de la lectura integral de las constancias remitidas por las responsables y vinculadas al cumplimiento de la sentencia de amparo, se aprecia que la Magistrada de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en la resolución de veintiocho de febrero pasado, dejó insubsistente la diversa de veintinueve de junio de dos mil veintidós, emitida en el toca de apelación 19/2022-E de su índice y revocó el auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós dictado por el Juez de Ejecución de Penas del Sistema Oral del Distrito Judicial de Irapuato y Salamanca, Guanajuato, a fin de que se allegara de elementos de prueba idóneos con los cuales dilucidara, con libertad de jurisdicción, la viabilidad de que el sentenciado fuera trasladado a un centro de reclusión diverso al que fue trasladado (Centro Federal de Readaptación Social 15 de Tapachula, Chiapas), que fuera más cercano a su residencia familiar y que contara con las medidas de seguridad necesarias para su internamiento. Por su parte, la Juez de Ejecución de Penas del Sistema Oral del Distrito Judicial de Irapuato y Salamanca, Guanajuato, en la resolución de doce de junio del año en curso, determinó la viabilidad de que el quejoso Christian Alfredo Colunga López fuera trasladado al Centro Federal de Readaptación Social 4 "Noroeste" en Tepic, Nayarit, traslado que fue materializado. En esa medida, se concluye que se atendieron todos los efectos de la ejecutoria de amparo; por ello, este juzgado considera que el fallo protector está cumplido conforme a lo dispuesto en los artículos 77 y 192, primera parte del primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la responsable restituyó a la parte quejosa el derecho que se vulneró. Archivo definitivo. Así, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Hágase la captura correspondiente en el libro de gobierno electrónico respectivo. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se establece: Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), el presente expediente debe conservarse íntegro en este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contado a partir del presente acuerdo. Una vez transcurrido el plazo en comento, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Constancias remitidas por las autoridades responsables Devuélvanse a las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento de la sentencia, las constancias que remitieron a este juzgado, en virtud de que resulta innecesaria su resguardo en este órgano jurisdiccional. Incidente de suspensión. Finalmente, acuérdese lo relativo en los autos del incidente de suspensión correspondiente al juicio de amparo en que se actúa.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la Magistrada de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, mediante el cual informa que el Juez de Ejecución de Penas del Sistema de Justicia Oral del Distrito Judicial de Irapuato y Salamanca, con residencia en esta ciudad, calificó de legal el traslado del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS Chiapas" al Centro Federal de Readaptación Social 4 "Noroeste" en Tepic, Nayarit. Sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que el juez de ejecución informó la determinación a que hace alusión la magistrada responsable y en acuerdo de veinticuatro de los actuales, se proveyó sobre su contenido.

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