Christian Alejandro García López
Expediente 645/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 645/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 11/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Christian Alejandro García López
- Christian Alejandro García López y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Certificación de archivo.
- Principal
León, Guanajuato, tres de agosto de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: I. Tribunal Colegiado acepta competencia declinada. Agréguese el oficio signado por el actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada para conocer de la demanda promovida por Christian Alejandro García López, la cual quedó registrada con el número 236/2023, de su índice. II. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 19, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, dado que este órgano jurisdiccional declinó la competencia para conocer de la demanda, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma Paola Patricia Ugalde Almada, Jueza Decimoprimera de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistida de María Milagros Quiroz Mendoza, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
AVISO: En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la DEFENSORA PÚBLICA ELDA PATRICIA MEDELLÍN LUNA, el proveído de VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, que en resumen dice: León, Guanajuato, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: PARTE QUEJOSA DESAHOGA PREVENCIÓN FORMULADA. Téngase recibido el escrito signado por la defensora pública federal del quejoso, mediante el cual, anexa el ocurso signado por su defendido, en el que desahoga la prevención formulada en autos; en consecuencia, se provee: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo,1 en atención al análisis integral del escrito inicial,2 así como del que se acuerda, se precisa que el acto reclamado consiste en: ? La sentencia condenatoria de primera instancia emitida en el proceso **, de cuatro de marzo dedos mil ocho, del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Baja California (actualmente Octavo de Distrito en la misma ciudad). SE DECLINA COMPETENCIA LEGAL. Se estima que este juzgado carece de competencia legal para conocer del presente asunto conforme con lo siguiente: El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]". Se está ante una resolución que pone fin al juicio, en los siguientes casos: a) las que sin decidir el juicio en lo principal, ponen fin al procedimiento; b) los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan; o, c) se agote el recurso ordinario correspondiente por medio del cual se modifique, revoque o confirme la instancia. Será entonces la dictada en alzada la que se considere como resolución que pone fin al juicio. En ese orden de ideas, se toma en cuenta que la parte quejosa precisa en su escrito aclaratorio -así como se advierte de la demanda de amparo-, que el acto reclamado consiste en la sentencia condenatoria de primera instancia emitida en el proceso *, de cuatro de marzo de dos mil ocho, del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Baja California (actualmente Octavo de Distrito en la misma ciudad), en la que se le condenó a una pena de prisión de cuarenta y seis años y nueve días, por diversos delitos. Asimismo, que inconforme con dicha condena promovió recurso de apelación del cual conoció el Cuarto Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana Baja California. Por tanto, el fallo que al respecto se pronuncie sólo puede combatirse a través del amparo directo o uniinstancial. De ahí que la emisión y ejecución de la resolución que pone fin al juicio deben ser impugnados mediante el juicio de amparo directo en los términos de los artículos 107, fracción V, inciso c, de la Constitución Federal, en relación con el 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, correspondiendo el conocimiento de dicho juicio de amparo a un tribunal colegiado de circuito; por ello, se estima que este juzgado de Distrito, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata. En tal condición, con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Amparo,3 remítase la demanda de amparo al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito del Estado de Baja California, en turno, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, decida si confirma o revoca la presente determinación de incompetencia; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Sin que sea pertinente verificar en este momento si procedía algún recurso o no contra la sentencia reclamada pues ese es un aspecto vinculado con la procedencia del amparo, y no con el tema de competencia aquí abordado. Al respecto, son aplicables los siguientes criterios: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor"4 . "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RECURRIBILIDAD DE LA SENTENCIA DEFINITIVA ES UN ASPECTO RELACIONADO CON LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, POR TANTO, AL DETERMINAR AQUÉLLA, NO DEBE ANALIZARSE SI CONTRA DICHA RESOLUCIÓN SE INTERPUSO O NO ALGÚN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA. Al reclamarse en amparo la sentencia definitiva que en primera instancia decidió el juicio en lo principal, dicho acto es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en términos del artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues para definir el concepto de sentencia definitiva y, por ende, determinar la vía y la competencia del órgano jurisdiccional para conocer del amparo donde se reclaman este tipo de actos, ya no debe analizarse la posible procedencia o no de algún recurso, al no ser exigible este aspecto en la actual legislación, a diferencia de lo que ocurría bajo la vigencia de la abrogada Ley de Amparo, en su artículo 46, primer párrafo; por tanto, al no ser parte integrante de la competencia de los mencionados tribunales la procedencia de algún medio ordinario de defensa, y toda vez que la actual legislación, para definir los actos reclamables en amparo directo, únicamente establece que se entenderá por sentencias definitivas las que deciden el juicio en lo principal, sin incluirse el requisito de la admisión del recurso, se concluye que la posible recurribilidad del acto dejó de ser un aspecto relacionado con la competencia, para pasar a ser un elemento vinculado con la procedencia del juicio de amparo, en términos del citado artículo 170, fracción I, párrafo tercero; consecuentemente, conforme a la nueva dinámica regida por los principios de competencia, oportunidad y procedencia del juicio de amparo directo, al determinar la competencia para conocer del juicio de amparo contra la sentencia definitiva, no debe analizarse si en su contra se interpuso o no algún medio ordinario de defensa, pues ello es un aspecto relacionado con la procedencia del juicio y no de la vía de trámite5 . Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y a su asesora jurídica. Así lo acordó y firma Paola Patricia Ugalde Almada, Jueza Decimoprimera de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistida de María Milagros Quiroz Mendoza, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
León, Guanajuato, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: PARTE QUEJOSA DESAHOGA PREVENCIÓN FORMULADA. Téngase recibido el escrito signado por la defensora pública federal del quejoso, mediante el cual, anexa el ocurso signado por su defendido, en el que desahoga la prevención formulada en autos; en consecuencia, se provee: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo,1 en atención al análisis integral del escrito inicial,2 así como del que se acuerda, se precisa que el acto reclamado consiste en: ? La sentencia condenatoria de primera instancia emitida en el proceso **, de cuatro de marzo dedos mil ocho, del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Baja California (actualmente Octavo de Distrito en la misma ciudad). SE DECLINA COMPETENCIA LEGAL. Se estima que este juzgado carece de competencia legal para conocer del presente asunto conforme con lo siguiente: El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]". Se está ante una resolución que pone fin al juicio, en los siguientes casos: a) las que sin decidir el juicio en lo principal, ponen fin al procedimiento; b) los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan; o, c) se agote el recurso ordinario correspondiente por medio del cual se modifique, revoque o confirme la instancia. Será entonces la dictada en alzada la que se considere como resolución que pone fin al juicio. En ese orden de ideas, se toma en cuenta que la parte quejosa precisa en su escrito aclaratorio -así como se advierte de la demanda de amparo-, que el acto reclamado consiste en la sentencia condenatoria de primera instancia emitida en el proceso *, de cuatro de marzo de dos mil ocho, del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Baja California (actualmente Octavo de Distrito en la misma ciudad), en la que se le condenó a una pena de prisión de cuarenta y seis años y nueve días, por diversos delitos. Asimismo, que inconforme con dicha condena promovió recurso de apelación del cual conoció el Cuarto Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana Baja California. Por tanto, el fallo que al respecto se pronuncie sólo puede combatirse a través del amparo directo o uniinstancial. De ahí que la emisión y ejecución de la resolución que pone fin al juicio deben ser impugnados mediante el juicio de amparo directo en los términos de los artículos 107, fracción V, inciso c, de la Constitución Federal, en relación con el 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, correspondiendo el conocimiento de dicho juicio de amparo a un tribunal colegiado de circuito; por ello, se estima que este juzgado de Distrito, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata. En tal condición, con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Amparo,3 remítase la demanda de amparo al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito del Estado de Baja California, en turno, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, decida si confirma o revoca la presente determinación de incompetencia; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Sin que sea pertinente verificar en este momento si procedía algún recurso o no contra la sentencia reclamada pues ese es un aspecto vinculado con la procedencia del amparo, y no con el tema de competencia aquí abordado. Al respecto, son aplicables los siguientes criterios: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor"4 . "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RECURRIBILIDAD DE LA SENTENCIA DEFINITIVA ES UN ASPECTO RELACIONADO CON LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, POR TANTO, AL DETERMINAR AQUÉLLA, NO DEBE ANALIZARSE SI CONTRA DICHA RESOLUCIÓN SE INTERPUSO O NO ALGÚN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA. Al reclamarse en amparo la sentencia definitiva que en primera instancia decidió el juicio en lo principal, dicho acto es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en términos del artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues para definir el concepto de sentencia definitiva y, por ende, determinar la vía y la competencia del órgano jurisdiccional para conocer del amparo donde se reclaman este tipo de actos, ya no debe analizarse la posible procedencia o no de algún recurso, al no ser exigible este aspecto en la actual legislación, a diferencia de lo que ocurría bajo la vigencia de la abrogada Ley de Amparo, en su artículo 46, primer párrafo; por tanto, al no ser parte integrante de la competencia de los mencionados tribunales la procedencia de algún medio ordinario de defensa, y toda vez que la actual legislación, para definir los actos reclamables en amparo directo, únicamente establece que se entenderá por sentencias definitivas las que deciden el juicio en lo principal, sin incluirse el requisito de la admisión del recurso, se concluye que la posible recurribilidad del acto dejó de ser un aspecto relacionado con la competencia, para pasar a ser un elemento vinculado con la procedencia del juicio de amparo, en términos del citado artículo 170, fracción I, párrafo tercero; consecuentemente, conforme a la nueva dinámica regida por los principios de competencia, oportunidad y procedencia del juicio de amparo directo, al determinar la competencia para conocer del juicio de amparo contra la sentencia definitiva, no debe analizarse si en su contra se interpuso o no algún medio ordinario de defensa, pues ello es un aspecto relacionado con la procedencia del juicio y no de la vía de trámite5 . Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y a su asesora jurídica. Así lo acordó y firma Paola Patricia Ugalde Almada, Jueza Decimoprimera de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistida de María Milagros Quiroz Mendoza, secretaria que da fe. Doy fe.
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