Christian Alberto Ornelas Mondragón
Expediente 532/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 532/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Christian Alberto Ornelas Mondragón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de once de febrero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, a través del cual se sobreseyó fuera de audiencia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha quedado firme. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, once de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada del auto de uno de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 978/2011, a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la responsable adjuntó a su oficio de cuenta, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Para comenzar, por escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Christian Alberto Ornelas Mondragón, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en: ".IV.- ACTOS RECLAMADOS: a).- La dilación procesal, y actos de omisión en que ha incurrido la autoridad responsable, al no pronunciarse sobre mi petición de fecha 06 de julio del 2021, mediante el cual, se solicitó que se requiera al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Eduardo Neri, Guerrero, el pago de las prestaciones a que fue condenado dentro del juicio laboral 978/2011, que se tramita ante la responsable. b).- La omisión de dictar una medida eficaz, para lograr que el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Eduardo Neri, Guerrero, haga pago de las prestaciones a que fue condenado dentro del juicio laboral 978/2011, que se tramita ante la responsable..." Es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esa etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que Christian Alberto Ornelas Mondragón, reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, lo consistente en: La omisión de acordar su escrito de seis de julio de dos mil veintiuno, en el cual solicitó a la autoridad responsable, hacer efectiva la multa consistente en doscientos cincuenta días de salario mínimo vigente y requerir de nueva cuenta al Ayuntamiento para que dé cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 978/2011. Luego, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La jurisprudencia resulta aplicable, no obstante de referirse a la Ley de Amparo anterior, porque en esencia, no se contrapone al sentido de la Ley de Amparo actual, en términos del artículo Sexto transitorio, del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Así, de las constancias que remitió la responsable, se aprecia la actualización de la causal de improcedencia citada, dado que en el acuerdo de uno de febrero de dos mil veintidós, la responsable señaló lo siguiente: Entre otras cosas dio cuenta con los escritos presentados el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, seis de febrero de dos mil veinte, seis de julio y veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, suscritos por la parte actora. Luego en atención a los cuatro escritos presentados por los apoderados del actor dijo no encontrar constancia alguna de que José Alejandro Fuentes Aceves haya sido designado ante ese Tribunal como apoderado legal del demandante; no obstante, señaló que tomando en cuenta que sus peticiones estaban enfocadas a continuar con la ejecución del laudo tal y como también lo solicitó el licenciado Ricardo Rendón Ramos apoderado legal del actor, adujo se tenía que continuar con dicha ejecución. Así, previo análisis de lo último actuado advirtió que en proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, le fue requerido al demandado el pago a nombre del actor y por ende se efectuó el requerimiento correspondiente; sin embargo, ese requerimiento le fue anunciado a quien en su momento ocupaba el cargo de síndico procurador, empero ya dejó de fungir ese cargo, por lo que señaló estar imposibilitado para hacer efectiva la medida de apremio que le fue anunciada al demandado. Asimismo, expuso que de acuerdo al contenido del escrito presentado por el demandado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, tuvo por acreditando su personalidad como nuevo síndico procurador en términos de la documentación que exhibió y formulando sus manifestaciones y objeciones en relación a los requerimientos de pago que se le realizaron, argumentando que aún no cuenta con el recurso monetario para hacer frente a dicha deuda. No obstante la responsable dijo que era necesario requerir nuevamente al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Eduardo Neri Guerrero, para que efectuara el pago por la cantidad que se adeuda en ese juicio esto es $231,119.35 pesos (doscientos treinta y un mil ciento diecinueve pesos 35/100 moneda nacional) a favor del actor y con ello dar por terminado el conflicto laboral; también, le instó para que hiciera uso de los ingresos propios de acuerdo al artículo 123 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, toda vez que la Hacienda Pública de esa municipalidad dijo no sólo está integrada por participaciones federales y /o estatales, sino que también forma parte de ella diferentes ingresos que recibe de forma directa por lo que dijo tenía que hacer uso de todos aquellos recursos de los que pudiera disponer para dar cumplimiento al pago que se le requiere en el término de diez días hábiles a partir del día siguiente a la notificación de ese auto, con el apercibimiento para el síndico procurador del citado Ayuntamiento que en caso de no dar cumplimiento a ese requerimiento se le aplicaría una multa de doscientos días de salario vigente en la capital del Estado, el cual tendría que ser cubierto de su propio peculio. Como resultado de lo anterior, cesó en sus efectos la omisión en la que había incurrido la autoridad responsable al haberse pronunciado sobre el acto reclamado, es decir, atendió el escrito presentado por la parte quejosa, asimismo le requirió al Ayuntamiento demandado, el cumplimiento a las prestaciones a que fue condenado en el juicio laboral de origen; por lo cual, los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, se fijaron las nueve horas con cincuenta minutos del siete de febrero de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, la citada data es inhábil en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Lo anterior en razón de que el calendario autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para el año en curso, declara inhábil el primer lunes de febrero, en conmemoración del cinco de febrero, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, la referida audiencia constitucional se difiere de manera anticipada y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Patricia Elizabeth Bautista Ávila, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho, por licencia concedida al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial, que actúa ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que hace constar. Doy fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiuno de enero de dos mil veintidós. A sus autos el oficio firmado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, de la autoridad responsable en comento, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
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