Christian Alan Soria Ramirez
Expediente 176/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 176/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/03/2019
Partes del expediente
- Christian Alan Soria Ramirez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a trece de marzo de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los numerales 98 de la legislación reglamentaria, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho acuerdo. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el diverso 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda, en autos no constan documentos originales y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo.
- Principal
Ciudad de México, a primero de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de cuenta promovida por Alejandra Varela Ramirez, a favor de Christian Alan Soria Ramirez, contra acto del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 176/2019. En ese sentido, este órgano de control constitucional considera que en el caso se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 217, de la ley de la materia, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". En ese sentido, se establece que la fracción XXIII del numeral 61 en cita, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé, derivan necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que implica que las restantes fracciones del citado precepto sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia de la acción constitucional, pero no son los únicos en que el juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. De esta forma, de ambos preceptos se obtiene que puede actualizarse la improcedencia del juicio amparo con motivo de la aplicación de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de observancia obligatoria para este órgano de control constitucional. Ahora bien, este juzgado considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia anunciada, porque el acto reclamado está constituido por la omisión de brindar atención médica adecuada, que lleva implícita la diversa de suministrar los medicamentos especializados, desde luego, inherentes a las condiciones de internamiento del quejoso, respecto de las cuales la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un mecanismo de control que no se agotó antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Así, se considera de exacta aplicación al caso concreto, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 230, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, que dispone: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". En tales condiciones, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el numeral 113 de la ley de la materia. En otro contexto, como se solicita, todas las notificaciones deberán realizarse por lista de acuerdos que se publica en este juzgado, en virtud que se señalaron para tal efecto los estrados, y téngase por autorizada a la persona mencionada únicamente para oír y recibir notificaciones, en razón de que no se proporcionaron los datos correspondientes que acrediten que se encuentra legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado.
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