Christian Aguilar Franco

Expediente 304/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 27 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
304/2021
Año
2021
Actuaciones
27
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • Christian Aguilar Franco
  • Juez Segundo de Primera Instancia En Materia Familiar, En Uruapan, Michoacán.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    I. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado de los autos, así como de la certificación secretarial con que se ha dado cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que por una parte se sobreseyó el presente juicio de amparo y por otro se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. En el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de los artículos 15 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de TRES AÑOS, conservando en según sea el caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente acuerdo por el que se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Hágase la anotación en la carátula. Ahora bien, por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 21, inciso c) normativa invocada, procede su destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con artículo 20, fracción II, inciso a), de la normativa de que se trata, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado trascurridos seis meses a partir de esta data, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo tanto, manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. BILLETE. De igual manera, se hace la aclaración que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conversación, devuélvase a la autoridad responsable: Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar con sede en esta ciudad, un tomo de pruebas consistente en copia certificada del expediente ********************de su índice. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito de demanda presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, ante buzón Judicial de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad, turnada al día siguiente hábil a este Juzgado, Christian Aguilar Franco, (nombre correcto al de Chrisitian Aguilar Franco-nombre asentado en su libelo de derechos humanos-, del cual se advierte de las documentales que anexó la autoridad responsables al rendir su informe de ley, en específico de la credencial para votar a nombre de referido quejoso, expedida por el Instituto Nacional Electoral y del acta de nacimiento de la menor de iniciales S.A.L), solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos fundamentales que al parecer le fueron violados los contenidos en los artículos 1°, 3, 4, 6, 13, 25, 27, 31, fracción IV y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la demanda de amparo se radicó con el número 304/2021-II, se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. En el referido auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercera interesada a Bibiana López González, al ser parte demandada en el juicio Especial Familiar Oral, sobre custodia y convivencia 51/2021, de donde derivan los actos reclamados; quien fue debidamente emplazada a este juicio y compareció a hacer valer sus derechos el nueve de junio del año en curso. Asimismo, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y el cinco de octubre de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia correspondiente, negando la protección constitucional al quejoso. Inconforme con tal determinación el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo al autorizado de la parte quejosa interponiendo recurso de revisión contra la referida sentencia. Recurso que le toco conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, mismo que lo resolvió mediante ejecutoria dictada el veinticuatro de marzo del año en curso, en la revisión civil 220/2021, en la que el tribunal textualmente determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos procesados en la parte final de esta ejecutoria, se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto 304/2021 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, promovido por Christian Aguilar Franco, en contra de los actos de las autoridades precisadas en el resultando primero de esta resolución." Por lo que, mediante proveído de cuatro de abril de dos mil veintidós, en cumplimiento a lo resuelto por la Superioridad, para los efectos de la reposición del procedimiento en el presente juicio, y en observancia a los lineamientos trazados en dicha resolución, se acordó dejar sin efectos la sentencia dictada el cinco de octubre de dos mil veintiuno, en el presente juicio. De igual forma, se previno a la parte quejosa, así como lo ordenó la superioridad, manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado la expedición promulgación el artículo 464, fracción I, del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo; y en su caso precisara a qué autoridades les atribuye la calidad de responsables, pudiendo señalar, en su caso, a las que intervinieron el proceso legislativo que derivó en la expedición de la norma cuestionada y las que intervinieron en su promulgación. Por lo que el veinte de abril de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa desahogando tal prevención y se le tuvo ampliando su libelo de derechos humanos, así como señalando nuevas autoridades responsables al Gobernador; Congreso y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, Michoacán, de quienes reclamó la expedición, promulgación y publicación del artículo 464, fracción I, del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo el doce de abril de dos mil diecisiete. Por lo que se admitió la ampliación de demanda respecto de las referidas autoridades y acto reclamado, se solicitó a la multicitadas autoridades responsables su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se verificó a las nueve horas con catorce minutos del trece de junio de dos mil veintidós, conforme al acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, ambos de la Ley de Amparo; 48, 49 y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito'; lo anterior, teniendo en cuenta que en la especie se reclama un acto (fijación de alimentos provisionales) cuya ejecución se llevó a cabo dentro de la circunscripción territorial que corresponde a este órgano jurisdiccional -ciudad-. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. En el caso, debe tenerse como acto reclamado en atención al escrito de demanda de amparo, así como a las constancias remitidas por la responsable en apoyo a su informe de ley: De la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad. El proveído de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio Especial Familiar Oral, sobre custodia y convivencia 51/2021, en el que la autoridad responsable entre otras cosas, fijó como pensión alimenticia provisional mensual en favor de la menor de edad de iniciales S.A.L., el equivalente a treinta veces el salario mínimo general vigente para el año dos mil veintiuno, es decir, la cantidad de $4,251.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.). En ampliación de demanda al Gobernador del Estado, Congreso del Estado y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, Michoacán. La expedición, promulgación y publicación del artículo 464, fracción I, del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo el doce de abril de dos mil diecisiete. TERCERO. Certeza de acto. Las autoridades señaladas como responsables Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, el Gobernador, Congreso y el Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, Michoacán, al rendir sus informes de ley aceptaron la existencia del acto reclamado. Para acreditar lo anterior, la autoridad responsable citada en primer término, remitió copias certificadas del juicio Especial Familiar Oral, sobre custodia y convivencia 51/2021; las cuales cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Examinada la certeza del acto en ampliación de demanda, reclamado al Gobernador del Estado, Congreso del Estado y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, Michoacán, consistente en. La expedición, promulgación y publicación del artículo 464, fracción I, del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo el doce de abril de dos mil diecisiete. Procede analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. Por tanto, esta resolutora estima que en el caso y se actualiza la causal de improcedencia prevista en fracción VIII del artículo 108 de la Ley de Amparo, toda vez que del análisis integral de la ampliación de demanda de amparo se aprecia que el quejoso fue omiso en expresar conceptos de violación contra tal acto. De ahí, que al no haber expuesto la parte quejosa de manera expresa y en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 108 de la Ley de la Materia, los imperativos de la Constitución General de la República que contienen las garantías que se conculcaron con los actos combatidos que fueron precisados, por lo que es indudable que el quejoso no dejó claro cuál es su causa de pedir, además de que no expuso los razonamientos elementales por los cuales reclama del artículo que tilda de inconstitucional. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 68/200024, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍASLA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.". Asimismo, y por las razones que la animan, la tesis II.8o.(I Región) 3 K (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de La Primera Región, con Residencia en Naucalpan de Juárez, Estado De México, de rubro y contenido siguiente: "REQUERIMIENTO PARA ACLARAR OMISIONES FORMALES EN LA DEMANDA DE AMPARO. NO DEBE EXTENDERSE A LA FORMULACIÓN DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Cuando la demanda de amparo satisface los requisitos mínimos necesarios para ser considerada viable, porque sólo amerite la aclaración de omisiones formales mediante requerimiento hecho en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo, éste no debe extenderse a la formulación de conceptos de violación pues en todo caso, la ampliación de la demanda, al realizarse en cumplimiento a una prevención en ese sentido debe, en principio, satisfacer los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la citada ley, concretamente, los motivos o conceptos de violación que tienden a controvertir el nuevo acto, dado que éstos constituyen la medida de análisis que el Juez Federal deberá realizar para pronunciarse sobre su constitucionalidad, y su formulación es una carga para el quejoso y no una obligación". Por tanto, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, 63, fracción V, así como 108, fracción VIII, todos de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del juicio únicamente en lo analizado en el presente considerando. En tal virtud, sin que sea necesario estudiar las causales de improcedencia que aduce el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, Michoacán, pues las mismas van encaminadas a lo resuelto en este considerando respeto de la falta de conceptos de violación, señalados por la parte quejosa; por lo que se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada respecto del acto reclamado a la jueza responsable. QUINTO. Estudio de fondo. Bajo ese contexto, se procede a la calificación y estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda, los que no se transcriben por no constituir una exigencia legal ni considerarlo necesario, pues no es la falta de transcripción de tales argumentos lo que podría ocasionar perjuicio a la parte quejosa sino la ausencia del análisis de la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y que conlleva a la falta de la resolución efectivamente planteada en el juicio de amparo. Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXI, mayo de 2010, página 830, registro electrónico 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante lo anterior, se precisa que de manera toral, el solicitante del amparo aduce en esencia en su "PRIMER" concepto de violación lo siguiente: Que la autoridad responsable al dictar el acto reclamado viola en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 27, numeral 2, de la Convención sobre los Derechos del Niño, a saber: (.) Que de la porción normativa aludida, la cual forma parte del parámetro de regularidad constitucional, se desprende que los padres deben ministrar alimentos a sus hijos, en la proporción de sus posibilidades. Que el artículo 469, fracción I, del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, que sirvió como fundamento para que la autoridad responsable dictara el acto reclamado, establece la obligación del juzgador de fijar una pensión provisional equivalente a una UMA (Unidad de Medida y Actualización) diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas, salvo que se advierta que el acreedor alimentario tiene una capacidad económica diferente. Agrega que, con fundamento en el artículo referido en el párrafo anterior y en una tesis aislada que por sus características no tiene carácter vinculante, la autoridad responsable determinó fijar como pensión alimenticia provisional mensual en favor de mi menor hija y a cargo de suscrito, el equivalente a treinta veces el salario mínimo general vigente, es decir, la cantidad de $4,251.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.). Suma que el acto reclamado viola el principio de proporcionalidad que debe regir al momento en que el juzgador fije la pensión alimenticia Aduce que artículo 464, fracción I del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo es inconvencional, pues no responde al principio de proporcionalidad, ya que para su fijación no atiende a la capacidad económica real del deudor alimentario. Que el monto de la pensión alimenticia fijada a cargo del suscrito no guarda proporción con sus ingresos, pues no obstante que se hizo del conocimiento de la autoridad responsable Reitera que se encuentra desempleado y que sus ingresos son variables y ascienden a la cantidad aproximada de $3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), y que la responsable determinó fijar un monto, incluso superior a mis ingresos, lo que no corresponde a la realidad y le resulta materialmente imposible de cumplir. Finalmente refiere que la autoridad responsable, previo a fijar un morito por concepto de pensión alimenticia, debió recabar las pruebas que permitieran fijar objetivamente la pensión correspondiente atendiendo al principio de proporcionalidad. En su "SEGUNDO" concepto de violación en síntesis arguye que: La autoridad responsable al dictar el acto reclamado a su parecer violó en su perjuicio el derecho al mínimo vital reconocido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de la tesis aislada que a continuación se transcribe (.). Reitera que se encuentra desempleado, por lo que subsiste por medio de actividades remuneradas aisladas y no periódicas, lo que me permite obtener un ingreso aproximado mensual de $3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), hecho que se hizo del conocimiento de la autoridad responsable y que no obstante lo anterior, la autoridad responsable determinó fijar a cargo del suscrito, una pensión alimenticia provisional por la cantidad de $4,251.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)., es decir, una cantidad superior a su ingreso total mensual, lo que le resulta materialmente imposible dar cumplimiento total a lo determinado por la autoridad responsable. Que por otro lado, se le pretende obligar a entregar la totalidad de mi ingreso mensual, sin que para tal efecto pueda conservar una parte de éste para cubrir mis necesidades básicas de subsistencia, como son alimentación, vivienda, salud y vestido, entre otros, provocando con ello orillarme a una vida indigna, cercana a la miseria, circunstancias que, de llevarme a una situación precaria donde se encuentre en riesgo mi subsistencia, podrían dejar a mi menor hija sin el sustento que mis posibilidades me permiten proporcionarle. Sigue Agregando, la autoridad responsable debió atender a la determinación real y objetiva de su capacidad económica, pues si bien es cierto, su menor hija tiene derecho a recibir alimentos a mi cargo, también es cierto que ello no implica que el suscrito deba desposeerse de la totalidad de sus ingresos para dar cumplimiento a dicho fin, pues ello traería como consecuencia no respetar su dignidad. Se reitera que devienen de infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso veamos el porqué. De inicio, es importante advertir que en este asunto debe observarse el principio de estricto derecho que rige en el juicio de amparo, en atención a que el quejoso es parte actora en el juicio Especial Familiar Oral, sobre custodia y convivencia 51/2021, por lo que no se ubica en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo. El principio a que se ha hecho mención, impone que esta juzgadora debe estudiar la constitucionalidad del acto reclamado únicamente a la luz de los argumentos expuestos en los conceptos de violación, tratándose de la resolución del juicio, en este caso al acuerdo combatido. A fin de estar en condiciones de resolver el presente asunto, resulta necesario invocar lo que respecto al tema de alimentos dispone el Código Familiar del Estado de Michoacán: "Artículo 443. Se reconoce a los alimentos como el derecho que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, de recibir de otra, considerada deudor alimentario, lo siguiente: I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; II. Respecto de los hijos además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; y, ." Artículo 445. Los cónyuges y concubinos están obligados a proporcionarse alimentos. Artículo 454. Los acreedores alimentistas tendrán derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga la obligación, respecto de otra calidad de acreedores. Artículo 457. Tienen acción para pedir la fijación y el aseguramiento de los alimentos: I. El acreedor alimentista; II. El que ejerza la patria potestad siempre y cuando tenga la guarda y custodia del menor de edad; III. El tutor; IV. Los hermanos; V. La persona que tenga bajo su custodia al acreedor alimentista; y, VI. El ministerio público, en tratándose de personas con discapacidad que carezcan de representante. Artículo 462. Para decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos, se necesita: I. Que se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pidan; II. Que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba darlos; y, III. Que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos. Lo dispuesto en la fracción III que antecede, solo aplicará a aquellas personas no contempladas en el artículo 452 del presente ordenamiento. Artículo 464. En el auto de admisión de la demanda, el juez de instrucción además, tomará las siguientes medidas: (REFORMADA, P.O. 12 DE ABRIL DE 2017) I. Fijará de inmediato una pensión provisional equivalente a una UMA diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas, salvo que de las pruebas aportadas hasta ese momento, se deduzca una capacidad económica diferente; decisión contra la cual no se admitirá recurso alguno; II. Enseguida lo comunicará a su fuente laboral, para que la deposite ante el juzgado del conocimiento o haga la entrega directa de la misma al que exige los alimentos a elección de este; III. De no ser asalariado el deudor alimentario, se le requerirá inmediatamente del pago de la pensión provisional fijada, y de no satisfacerlo, se le embargarán bienes de su propiedad; y, IV. Ordenará solicitar informes y demás trámites administrativos que considere necesarios para conocer los ingresos del obligado." Los numerales que anteceden evidencian en términos generales, que los alimentos son los satisfactores que una persona, dado el vínculo familiar, debe proporcionar a otra -como su cónyuge, concubinos e hijos- que se encuentran en estado de necesidad a efecto de que éstos últimos cuenten con lo necesario para subsistir y vivir dignamente. Ahora bien, a efecto de lograr un mejor entendimiento de la cuestión a resolver, precisa indicar los antecedentes del acto que se reclama; así, tenemos que de las pruebas remitidas por la juez responsable, mismas que han sido previamente valoradas, se evidencia que: Mediante escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes y Turno de los Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, y en la propia data ante el Juzgado Segundo Familiar, Christian Aguilar Franco, promovió juicio especial oral familiar número 51/2021, convivencia familiar y fijación de alimentos a favor de su menor hija de iniciales S.A.L, en contra de Bibiana López González. La demanda de que se trata se admitió a trámite el tres de marzo del año en curso, además, entre otras cosas, se ordenó emplazar a juicio a la demandada a efecto de que compareciera ante el Juzgado responsable a dar respuesta a la demanda instaurada en su contra. Posteriormente, mediante acuerdo de veintisiete de abril do dos mil veintiuno, la juez responsable entre otras cosas, tuvo a la parte demandada Bibiana López González, dando contestación a la demanda que se instauró en su contra, lo que hizo en la forma y términos de su ocurso, ordenando darle vista con las mismas a la parte actora (ahora quejoso) para que dentro del término de tres días manifestara y ofrezca pruebas que a su derecho convenga y ofreciendo medios de prueba. Asimismo, ordenó girar exhorto al juez de Primera Instancia en materia Familiar del Distrito o Partido Judicial de Cuautla, Morelos, a efecto de que en caso de encontrarlo ajustado a derecho, se sirva ordenar a quien corresponda, gire atento oficio al Registro Público de la Propiedad de aquella ciudad, a efecto de que dentro del término de tres días, más tres que se concedieron en razón de la distancia, le informe si el actor tiene registrados bienes a su nombre. De igual manera para que gire oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social de aquella ciudad a efecto de que dentro del mismo término le informe si el actor Christian Aguilar Franco, se encuentra dado de alta como empleado, el nombre de la empresa o patrón así como en caso afirmativo, el sueldo que tenga registrado. Y en relación a la medida provisional solicitada, la responsable señaló: Por otro lado, y tomando en cuenta que la parte demandada solicita se fije cantidad por concepto de alimentos a favor de su menor hija, en tal sentido, se fija de momento y en forma provisional mientras dura la tramitación del juicio en que se actúa y de manera mensual, por un importe de equivalente a treinta veces el salario mínimo general vigente para este año, para el Estado de Michoacán, por la cantidad de $4,251.00 (cuatro mil doscientos cincuenta y un pesos), misma que será pagadera en forma mensual. Se fijaba de esa manera considerando que a pesar de que la legislación familiar vigente establece como base para fijar las pensiones alimenticias provisionales ante el desconocimiento de los ingresos del deudor alimentista ( artículo 464 fracción I, del Código Familiar para el Estado), el valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA) actualmente existe un criterio jurisprudencial por reiteración de tesis que como bien se sabe, se puede aplicar por este órgano jurisdiccional, y más aún porque deriva de una interpretación de cómo debe fijarse la pensión alimenticia, con sustento, a lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se ponderó que se deberán establecer con base al salario mínimo. Ello en atención a su naturaleza, puesto que es un ingreso destinado a satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos (ámbito en el cual entran, sin lugar a dudas, sus propios alimentos y los de su familia), a más de que esa propia disposición señala específicamente que el salario mínimo puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines acordes a su naturaleza. De ahí que se asuma la determinación de condenar en salarios mínimos y en la cantidad antes indicada, el deudor alimentario deberá cubrir a partir de esta data, mismos que serán depositados ante este juzgado, o bien, en la cuenta bancaria que se Indique, o en forma personal a la progenitora de la menor. Reiterándose que esta suma sólo es provisional hasta en tanto se resuelva en definitiva este tópico (alimentos); ello al tenor del artículo 452 del Código Familiar del Código Familiar para el Estado la menor cuenta con la presunción legal de necesitar alimentos. En la inteligencia de que dicha suma será requerida al actor mediante notificación personal bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de tres días hábiles, se le embargaran bienes de su propiedad. En el entendido de que la cantidad fijada por concepto de alimentos es provisional y se fijó atendiendo a que se desconocen los ingresos actuales del demandado y porque el valor del salario mínimo es actualmente superior al valor de la unidad de medida y Actualización, y por ende, se estima que podría ser más benéfico para que se alcancen, a cubrir en mayor medida las necesidades de la acreedora alimentista. En la inteligencia de que dicha medida podrá modificarse en el momento en que se cuenten con mayores elementos. Apoyando su determinación en el siguiente criterio de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA. DEBE DARSE, EN LOS CASOS QUE ASÍ PROCEDA, TOMANDO COMO BASE O REFERENCIA EL SALARIO MÍNIMO Y NO LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA)." (Acto reclamado) Ahora, como se adelantó se reitera y se insiste que son infundados los argumentos esgrimidos por el quejoso, en razón a esto, es conveniente señalar que el artículo 16 Constitucional en la parte que interesa, dispone: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. .". De acuerdo con el citado precepto, todo mandamiento de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, la obligación de quien lo emite, de citar los preceptos, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación adoptada. Y por lo segundo, que se expresen una serie de razonamientos lógico jurídicos sobre el por qué la autoridad consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, debiendo existir una debida adecuación entre unos y otros, supuestos que como se advierte del acuerdo a estudio se satisfacen cabalmente, pues la responsable expresó con precisión los preceptos aplicables, pues a fin de resolver lo procedente respecto a la medida provisional solicitada, invocó los artículos 464 del Código Familiar del Estado, 123, apartado A, fracción VI de la Constitución Federal; además, con igual exactitud, señaló las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto, estableciendo la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal; máxime que la suma fijada fue precisamente ante el desconocimiento de los ingresos del hoy quejoso y en estricta observancia a lo dispuesto por el artículo 464 fracción I del Código Familiar y 123, apartado A, fracción VI de la Constitución Federal; encontrándose por ende, debidamente fundado y motivado, por lo cual, debe convenirse que lo esgrimido por el quejoso es infundado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Los argumentos expuestos en su "PRIMERO" concepto de violación, lo cuales quedaran asentados es parraos precedentes y como se adelantó devienen de infundados, toda vez que no debe perderse de vista que el artículo 464, fracción I del Código Familiar del Estado, fue reformado el doce de abril de dos mil diecisiete, y a la fecha de emisión del acto reclamado, ya disponía: "Artículo 464. En el auto de admisión de la demanda, el juez de instrucción además, tomará las siguientes medidas: (REFORMADA, P.O. 12 DE ABRIL DE 2017) I. Fijará de inmediato una pensión provisional equivalente a una UMA diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas, salvo que de las pruebas aportadas hasta ese momento, se deduzca una capacidad económica diferente; decisión contra la cual no se admitirá recurso alguno; II. Enseguida lo comunicará a su fuente laboral, para que la deposite ante el juzgado del conocimiento o haga la entrega directa de la misma al que exige los alimentos a elección de este; III. De no ser asalariado el deudor alimentario, se le requerirá inmediatamente del pago de la pensión provisional fijada, y de no satisfacerlo, se le embargarán bienes de su propiedad; y, IV. Ordenará solicitar informes y demás trámites administrativos que considere necesarios para conocer los ingresos del obligado." De ahí que opuesto a lo argumentado por el quejoso, procedía fijar en el acto reclamado el equivalente a salario mínimo general vigente como pensión provisional, pues no obstante que la fracción I del numeral invocado señala, es que el juez debe fijar de inmediato una pensión provisional equivalente a una UMA (Unidad de Medida y Actualización) diaria; y además, es expresa en señalar que dicha UMA, debe fijarse "por cada uno de los acreedores alimentistas.". Empero la jueza responsable acertadamente ponderó que se deberán establecer con base al salario mínimo ello en atención a su naturaleza, puesto que era un ingreso destinado a satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos (ámbito en el cual entran, sin lugar a dudas, sus propios alimentos y los de su familia). Aunado que lejos de quebrantar en perjuicio del quejoso, como equivocadamente sostiene respecto de la aplicación de lo estipulado en el precepto 27, numeral 2, de la Convención sobre los Derechos del Niño, la jueza veló -se reitera- que la fijación de la cantidad en salarios mínimos estaría destinado a satisfacer las necesidades de la menor acreedora alimenticia para sus propios alimentos, estudios y vestido. Además de que esa propia disposición señala específicamente que el salario mínimo puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines acordes a su naturaleza. Por lo que acertadamente y opuesto a lo que aduce el quejoso, la jueza responsable determinó condenar a la parte actora, ahora quejoso en salarios mínimos y por la cantidad $4,251.00 (cuatro mil doscientos cincuenta y un pesos). Corolario, no debe perderse de vista, que se está en presencia de una MEDIDA PROVISIONAL, por lo cual, el ahora quejoso puede ejercer sus medios de defensa que crea conducente, pues el artículo 474 del Código Familiar del Estado, señala que el aumento o disminución de la suma señalada por el Juez para los alimentos, deberá promoverse siguiendo las reglas de juicio especial oral, en el cual puede justificar y probar su capacidad económica para que se ajuste la pensión alimenticia, acorde a la capacidad y necesidad. Pues, se insiste que se está en presencia de una medida provisional, por lo cual, el deudor alimentista, ahora quejoso, puede si estima que se le afecta sin motivo legal, controvertir en el juicio el derecho de la menor acreedora solicitante, o bien, reclamar en la vía correspondiente, la reducción de la cuantía de los alimentos, esto con pruebas de su dicho, aunado de que hasta este momento procesal en el presente juicio de derechos humanos, no ha demostrado. Pues la referida determinación puede modificarse en términos de lo dispuesto por el precepto 1062 de la multicitada ley, que es del de contenido siguiente: "Artículo 1062. Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva. Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, custodia, convivencia, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que prevenga este Código, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente". En efecto, de conformidad con dicho numeral, las determinaciones emitidas con el carácter de provisionales, pueden modificarse, mediante sentencia interlocutoria o, en su defecto, en la definitiva. Incluso, se prevé que las resoluciones judiciales declaradas firmes, en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, custodia, convivencia, interdicción, jurisdicción voluntaria y, las demás previstas por el citado Código Familiar aplicable, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción deducido en el juicio de origen; por lo anterior, la parte quejosa se encuentra en aptitud de ejercer las acciones que considere pertinentes a fin de aportar a la jueza de origen las pruebas que estima deben tomarse en consideración para establecer la cuantía de los alimentos. Apoya la determinación que antecede, la tesis con número de registro: 233012, que dice ilustra: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LOS ARTÍCULOS 1291 AL 1299 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACÁN VIGENTE DESDE EL 1o. DE MARZO DE 1965, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.- Del análisis de los artículos 1291 al 1299 del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, se observa que si bien es cierto que no conceden en favor del deudor alimentario la garantía de audiencia previa a la fijación de la pensión alimenticia provisional, también lo es que no por ello violan lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, pues los actos de privación que este precepto condiciona al otorgamiento previo de la garantía de audiencia, son aquellos que tienen el carácter de definitivos e irreparables, pero en manera alguna prohibe el que en un ordenamiento legal se establezcan medidas simplemente precautorias o de carácter provisional, encaminadas al aseguramiento de bienes para garantizar el éxito de una reclamación, o a satisfacer provisionalmente una necesidad que, por su naturaleza misma, es de inaplazable atención. Además, la fijación de la pensión alimenticia provisional y su consecuente aseguramiento de bienes del deudor alimentario, no es una medida arbitraria y carente de fundamento, pues de lo dispuesto por los artículos antes citados se colige con facilidad que la resolución en la que se determina el pago de los citados alimentos provisionales, sólo puede dictarse cuando quien lo exige ha acreditado cumplidamente el título en cuya virtud lo pide, aportando, si es por razón de parentesco, las actas del Registro Civil respectivas, o bien la sentencia ejecutoria, el testamento o el contrato elevado a escritura pública en el que conste la obligación alimenticia. Asimismo, es necesario convenir que la afectación provisional del patrimonio del deudor alimentario, se justifica plenamente si se tiene en cuenta que la necesidad de percibir alimentos, por su propia naturaleza, tiene un rango especial dentro del derecho familiar, y por tanto, requiere de disposiciones adecuadas que permitan su pronta satisfacción, pues carecería de sentido el condicionar en todo caso su otorgamiento a un procedimiento previo en el que el deudor pudiera hacer valer recursos o medios legales de defensa que por su tramitación, en muchos casos prolongada, harían inoportuna la atención de esa necesidad, que en sí misma implica la subsistencia de la persona. Por otro lado, basta atender al texto de los artículos 1298 y 1299 para concluir que el deudor puede, si estima que se le afecta sin motivo legal, controvertir en juicio sumario el derecho del acreedor solicitante, o bien reclamar en la vía incidental la reducción de la cuantía de los alimentos. Es decir, que si se da al deudor alimentario oportunidad de ser oído, aunque con posterioridad a la fijación de la pensión alimenticia provisional, puesto que, como se acaba de indicar, puede contradecir el derecho del acreedor o reclamar la reducción de la pensión. No está por demás agregar que el hecho de que la sentencia que se dicta en el cuestionado procedimiento de jurisdicción voluntaria es de carácter declarativo, de ninguna manera puede servir de base para demostrar la inconstitucionalidad, ya que la circunstancia de que el fallo dictado en un procedimiento cualquiera sea de los llamados constitutivos, de condena o simplemente declarativos, no implica que por ello se viole, en perjuicio del demandado, la garantía de audiencia previa al acto de privación definitivo, pues esto únicamente se presenta cuando una autoridad priva o establece un procedimiento para privar definitivamente de sus bienes a la persona, sin antes oírla." También, el quejoso aduce en una parte de sus conceptos de violación que la jueza responsable se basó para emitir la cantidad reclamada y que es materia del presente sumario de derechos humanos en una tesis aislada que por sus características no tiene carácter vinculante; con la cual la autoridad responsable determinó fijar como pensión alimenticia provisional mensual en favor de su menor hija y por tanto el acto reclamado viola el principio de proporcionalidad que debe regir al momento en que el juzgador fije la pensión alimenticia. Es cierto lo argumentado por el quejoso, porque efectivamente, el criterio invocado por la responsable no señala que la Unidad de Medida y Actualización a que alude la fracción I del artículo 464 del Código Familiar del Estado de Michoacán, deba ser fijada para cada los acreedores alimentistas; sin embargo, ello es insuficiente para estimar que la determinación adoptada por la responsable es inconstitucional, pues la fracción y artículo enunciado si lo refiere y el criterio de mérito fue invocado por la responsable únicamente como "orientación"; puesto que la jueza responsable, adujo -correctamente- que esa suma sólo era provisional hasta en tanto se resuelva en definitiva el contradictorio familiar de origen respecto de los alimentos y que ello era con apoyo del referido artículo 452 del Código Familiar de la Entidad, ya que la menor hija del quejoso contaba con la presunción legal de necesitar alimentos, y que la cantidad fijada por concepto de alimentos era provisional. Fijándola atendiendo a que se desconocían los ingresos actuales del demandado -pues así se los hizo valer bajo protesta de decir verdad el quejoso-, y porque el valor del salario mínimo es actualmente superior al valor de la unidad de medida y Actualización, y por tanto estimo jurídicamente valido que podría ser más benéfico para que se alcancen a cubrir en mayor medida las necesidades de la menor hija acreedora alimentista. Máxime, que como se ha venido resaltando, dicha medida es provisional y podrá modificarse en su caso, en el momento en que se cuenten con mayores elementos probatorios y que se hagan llegar a la Jueza Responsable. De ahí que se sostenga que no asista razón al quejoso. En su "SEGUNDO" concepto de violación el quejoso aduce en síntesis lo siguiente: Que la autoridad responsable al dictar el acto reclamado a su parecer violó en su perjuicio el derecho al mínimo vital reconocido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reitera que se encuentra desempleado, por lo que subsiste por medio de actividades remuneradas aisladas y no periódicas, lo que me permite obtener un ingreso aproximado mensual de $3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), hecho que se hizo del conocimiento de la autoridad responsable y que no obstante lo anterior, la autoridad responsable determinó fijar a cargo del suscrito, una pensión alimenticia provisional por la cantidad de $4,251.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)., es decir, una cantidad superior a su ingreso total mensual, lo que le resulta materialmente imposible dar cumplimiento total a lo determinado por la autoridad responsable. Que por otro lado, se le pretende obligar a entregar la totalidad de mi ingreso mensual, sin que para tal efecto pueda conservar una parte de éste para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia, como son alimentación, vivienda, salud y vestido, entre otros, provocando con ello orillarme a una vida indigna, cercana a la miseria, circunstancias que, de llevarme a una situación precaria donde se encuentre en riesgo mi subsistencia, podrían dejar a mi menor hija sin el sustento que mis posibilidades me permiten proporcionarle. Sigue Agregando, la autoridad responsable debió atender a la determinación real y objetiva de su capacidad económica, pues si bien es cierto, su menor hija tiene derecho a recibir alimentos a su cargo, también es cierto que ello no implica que el quejoso deba desposeerse de la totalidad de sus ingresos para dar cumplimiento a dicho fin, pues ello traería como consecuencia no respetar su dignidad. No asiste razón al quejoso por las razones lógicas-jurídicas siguientes: Bajo ese contexto, es pertinente precisar que la obligación alimentaria es una institución conforme a la que una persona denominada acreedor alimentista tiene la facultad jurídica de exigir a otra denominada deudor alimentario, lo necesario para su manutención y subsistencia, como consecuencia del parentesco consanguíneo y de la adopción, entre otros. Se trata, de una institución de orden público e interés social, cuyo fundamento reside en el principio de solidaridad que une a la familia, y en un deber de conciencia. La esencia de la obligación alimentaria, reposa en el deber que tienen algunas personas (deudores alimentario) de proporcionar a otras (acreedores alimentistas) lo necesario para su supervivencia, obligación dentro de la que quedan comprendidos de manera genérica, la comida, vestido, habitación, asistencia en caso de enfermedad y, tratándose de menores, los gastos necesarios para su educación primaria, secundaria, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. Asimismo, se trata de una institución de orden público e interés social porque es un asunto que interesa a toda la colectividad, así como al Estado Mexicano, quien tiene el deber de vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se procuren de los medios y recursos suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de obtenerlos. Por lo tanto, los alimentos gozan de ciertas características que se deben privilegiar dado el fin social que se protege, pues implican la satisfacción de las necesidades del integrante del grupo familiar que no tiene los medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia. Razonamientos que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CXXXVI/2014 (10a.), de la décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 5, abril de 2014, tomo I, página 788, del tenor literal siguiente: "ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL. La procuración de alimentos trasciende de los integrantes del grupo familiar, al ser su cumplimiento de interés social y orden público. Así, el Estado tiene el deber de vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se procuren de los medios y recursos suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de obtenerlos. Por lo tanto, los alimentos gozan de ciertas características que se deben privilegiar dado el fin social que se protege a través de los mismos, esto es, la satisfacción de las necesidades del integrante del grupo familiar que no tiene los medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia." En el caso, la autoridad responsable para fijar de forma mensual la cantidad por concepto de alimentos provisionales, consideró en lo que interesa, que el desconocimiento de los ingresos de la parte actora y deudor alimentista, lo anterior porque le manifestó bajo protesta de decir verdad, se encontraba desempleado, por lo que subsiste por medio de actividades remuneradas aisladas y no periódicas, lo que me permite obtener un ingreso aproximado mensual de $3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), hecho que se hizo del conocimiento de la autoridad responsable lo que consideró el juez responsable, empero no se le allegaron medios de prueba para comprobar dicha circunstancia. Luego, resulta oportuno puntualizar que lo antes determinado es objetivamente correcto, en la medida de que ello es producto de los datos que, hasta ese momento, tenía la juez responsable para resolver lo conducente respeto de la fijación de la pensión alimenticia provisional, derivado de la información que, bajo protesta de decir verdad, manifestó la parte actora, máxime que el porcentaje fijado fue para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia. Por tanto, es constitucional y convencionalmente válido que, la juez responsable, al decidir sobre los alimentos provisionales, tome en cuenta medios probatorios que, por obvias razones, no se hubiesen rendido ante dicha autoridad, pues el quejoso no le allegó medio de prueba de los ingresos que obtenía mensualmente de manera aislada, los cuales adujo bajo protesta de decir verdad, incluso podía haberlas exhibido al ser parte actora dentro del contradictorio familiar de origen y que tampoco lo hizo hasta este momento procesal en el presente juicio de derechos humanos ni en su escrito de ampliación-como se expuso con antelación-. Apoya lo anterior por las razones que la animan la jurisprudencia en materia común PC.III.C. J/14 K (10a.), sustenta por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 29, abril de 2016, tomo II, página 1795, registro 2011405, de rubro y texto: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SON ADMISIBLES, DE ACUERDO A LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO, AUN CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LA RESOLUCIÓN QUE DECRETE UNA MEDIDA CAUTELAR. Conforme al artículo 75 de la Ley de Amparo, en las sentencias dictadas en los juicios de amparo, el acto reclamado debe apreciarse, tal como aparezca probado ante la autoridad responsable y, en consecuencia, no pueden tomarse en consideración pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad, hecha excepción del amparo indirecto cuando se trate de pruebas que el quejoso no hubiere tenido oportunidad de rendir ante la autoridad responsable. Ahora, la circunstancia de que no se otorgue previa audiencia al solicitante del amparo, como sería en los casos en que se reclame la resolución que decrete una medida provisional (la custodia de menores, la fijación de alimentos, o la separación de personas), no resulta razón suficiente para inaplicar la excepción contenida en el numeral en comento, ya que la ley de la materia no hace distingo alguno al respecto, por lo que debe aplicarse en cualquier caso en que se surta el supuesto jurídico ahí comprendido, en exacta aplicación del aforismo jurídico que señala: "donde la ley no distingue no es lícito al intérprete distinguir"; además, considerar lo contrario, implicaría interpretar de manera restrictiva el numeral relativo en perjuicio del quejoso, lo cual no resulta acorde con el principio de progresividad que rige a partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011." Aunado, que La protección alimentaria prevista en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en consonancia con el mandato de vigilar el interés superior de la infancia, reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiere de las autoridades jurisdiccionales encargadas de resolver los asuntos relativos al tema, la determinación real y objetiva de la capacidad económica del deudor alimentario opuesto a la narrado por el quejoso. La que no se limita necesariamente al ingreso reportado o declarado en el juicio, como es el caso, sino que debe estar referida a todo tipo de ingresos, esto es, tanto a rentas de capital como del trabajo, cubriendo todos los recursos que tiene la persona para satisfacer sus necesidades del acreedor alimentista, y sin que tal ejercicio pueda quedar a expensas de la conducta procesal de las partes. En tal virtud, en caso de cuestionamiento o controversia sobre esa capacidad económica, el juez está obligado a recabar de oficio las pruebas necesarias que le permitan determinar de manera precisa las posibilidades y medios económicos del deudor alimentario, como son, a manera de ejemplo, los estados de cuenta bancarios, las declaraciones de impuestos ante el fisco, informes del Registro Público de la Propiedad y todos aquellos que permitan referir su flujo de riqueza y nivel de vida, lo que hizo acertadamente la autoridad responsable en su acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, y que en esta vía constitucional se reclama, ya que ordenó girar exhorto al juez de Primera Instancia en materia Familiar del Distrito o Partido Judicial de Cuautla, Morelos, a efecto de que gire oficio al Registro Público de la Propiedad de aquella ciudad, a efecto de informar si el actor ahora quejoso tiene registrados bienes a su nombre, de igual manera para que gire oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social de aquella ciudad a efecto de que informe si el actor Christian Aguilar Franco con Clave Única de Registro de Población AUFC910113HMSGRH09, se encuentra dado de alta como empleado, el nombre de la empresa o patrón así como en caso afirmativo, el sueldo que tenga registrado. Lo anterior deviene correcto porque en la fijación del monto de la pensión alimenticia, empero la definitiva en todo momento debe regir el principio de proporcionalidad y atenderse a los demás derechos involucrados en el juicio, como son la igualdad, la certeza jurídica y el derecho al mínimo vital, así como los derechos de otros acreedores alimentarios, de ser el caso; contrario a la aducido por el quejoso. Apoyo la anterior la tesis número I.4o.A.12 K (10a.), Registro digital: 2002743, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, de rubro y texto siguientes: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL. CONCEPTO, ALCANCES E INTERPRETACIÓN POR EL JUZGADOR. En el orden constitucional mexicano, el derecho al "mínimo vital" o "mínimo existencial", el cual ha sido concebido como un derecho fundamental que se apoya en los principios del Estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad y protección de ciertos bienes constitucionales, cobra vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en sus artículos 1o., 3o., 4o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123; aunado al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscritos por México y constitutivos del bloque de constitucionalidad, y conformados por la satisfacción y protección de diversas prerrogativas que, en su conjunto o unidad, forman la base o punto de partida desde la cual el individuo cuenta con las condiciones mínimas para desarrollar un plan de vida autónomo y de participación activa en la vida democrática del Estado (educación, vivienda, salud, salario digno, seguridad social, medio ambiente, etcétera.), por lo que se erige como un presupuesto del Estado democrático de derecho, pues si se carece de este mínimo básico, las coordenadas centrales del orden constitucional carecen de sentido. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en la Observación General No. 3 de 1990, ha establecido: "la obligación mínima generalmente es determinada al observar las necesidades del grupo más vulnerable que tiene derecho a la protección del derecho en cuestión.". Así, la intersección entre la potestad estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales, en su connotación de interdependientes e indivisibles, fija la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma constitucionalmente protegida, que es el universal para sujetos de la misma clase y con expectativas de progresividad en lo concerniente a prestaciones. En este orden de ideas, este parámetro constituye el derecho al mínimo vital, el cual coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria o de necesidades insatisfechas que limiten sus libertades, de tal manera que este derecho abarca todas las medidas positivas o negativas necesarias para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano, por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Aunado a lo anterior, el mínimo vital es un concepto jurídico indeterminado que exige confrontar la realidad con los valores y fines de los derechos sociales, siendo necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada caso concreto, pues a partir de tales elementos, es que su contenido se ve definido, al ser contextualizado con los hechos del caso; por consiguiente, al igual que todos los conceptos jurídicos indeterminados, requiere ser interpretado por el juzgador, tomando en consideración los elementos necesarios para su aplicación adecuada a casos particulares, por lo que debe estimarse que el concepto no se reduce a una perspectiva cuantitativa, sino que por el contrario, es cualitativa, toda vez que su contenido va en función de las condiciones particulares de cada persona, de esta manera cada gobernado tiene un mínimo vital diferente; esto es, el análisis de este derecho implica determinar, de manera casuística, en qué medida se vulnera por carecer de recursos materiales bajo las condiciones propias del caso". Por tanto, al no haberse pronunciado la resolución que determine los alimentos definitivos, el peticionario de amparo se encuentra en posibilidad de ofrecer pruebas que estime pertinente; así como manifestar lo que a su derecho corresponda en relación a sus ingresos o incluso si existen diversos acreedores, para que la jueza responsable determine lo conducente sobre la fijación de pensión alimenticia definitiva. De ahí que se sostenga que el acuerdo combatido en este Juicio de Derechos Humanos, no transgrede los preceptos Constitucionales y de la Convención sobre los Derechos del Niño que cuestiona el quejoso (proporcionalidad y mínimo vital). En esas condiciones, por los fundamentos y motivos establecidos en este fallo, esta operadora jurídica considera que los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa resultan infundados, sin que proceda suplir la deficiencia de la queja como se precisó con anterioridad; consecuentemente, se deberá NEGAR el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por el quejoso Christian Aguilar Franco. PRECISIÓN. En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". SEXTO. Se requieren acuses de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciban el oficio que derive de la presente determinación, informen a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedaron debidamente notificados de esta sentencia. Se apercibe a dichas autoridades que, de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. SÉPTIMO. Versión pública de la sentencia. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudiera contener la presente sentencia, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública. OCTAVO. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo que promovió Christian Aguilar Franco, por propio derecho, contra los actos reclamados y las precisiones contenidas en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Christian Aguilar Franco, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, precisada en el considerando segundo (parte inicial), por las razones expuestas en el considerando quinto del presente fallo. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ A LA PARTE TERCERO INTERESADA BIBIANA LÓPEZ GONZÁLEZ, MEDIANTE AVISO DE NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, POR LO QUE SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE CUATRO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE. R E S U E L V E. PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo que promovió Christian Aguilar Franco, por propio derecho, contra los actos reclamados y las precisiones contenidas en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Christian Aguilar Franco, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, precisada en el considerando segundo (parte inicial), por las razones expuestas en el considerando quinto del presente fallo. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de julio de dos mil veintidós. SE AGREGA ESCRITO. Agréguese a sus autos el escrito signado por ********************, autorizado en términos amplios del quejoso ********************, mediante el cual solicita se dicte la sentencia definitiva en el juicio de amparo ********************. Al respecto, hágase del conocimiento del promovente, que a las diez nueve horas con catorce minutos del trece de junio de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo ********************, por lo que a la fecha el expediente relativo se encuentra en estudio para la resolución, por lo que una vez que las labores de este juzgado lo permitan, se emitirá la sentencia respectiva. SE ORDENA FORMAR CUADERNO DE ANTECEDENTES. En ese orden de ideas, con la promoción de cuenta, fórmese cuaderno de antecedentes y glósense a éste las diversas promociones que en su caso se presenten, previamente el dictado de la sentencia correspondiente. NOTIFÍQUESE.

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