Christian Abraham Cedillo Sánchez

Expediente 64/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
64/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Christian Abraham Cedillo Sánchez
  • Christian Abraham Cedillo Sánchez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Principal

    ARCHIVO

  3. Principal

    CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, así como la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible.

  4. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.- Vista la demanda de amparo promovida por Christian Abraham Cedillo Sánchez, contra el acto que reclama del Director de la Secretaría Técnica de Honor y Justicia y Secretario Técnico de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de León, Guanajuato, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese con el número de orden 64/2021-IV y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. En la especie, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. El juicio de amparo indirecto contra actos u omisiones derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, procede en tres casos: En contra de la resolución definitiva dictada en el procedimiento de que se trate, por violaciones cometidas en la propia resolución; En contra de la resolución definitiva, por violaciones cometidas durante el procedimiento, si con motivo de ellas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y, En contra de actos emitidos dentro del procedimiento, siempre y cuando sean de imposible reparación, esto es, que afecten directa y materialmente derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este orden de ideas, debe tenerse en consideración que el procedimiento administrativo es un complejo de actos vinculados por una misma finalidad, por lo cual, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo solo procede contra la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente; de ahí que no proceda contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procedimental, sino hasta la resolución definitiva; si bien los referidos actos procedimentales aislados pudieran causar perjuicio al particular que interviene como parte en el procedimiento en comento, debe esperar a que sobrevenga la resolución definitiva y, si lo perjudica, atacarla en amparo y, en ese momento, hacer valer, vía conceptos de violación, las violaciones procedimentales previas. Ahora bien, como la regla general es que cualquier violación cometida en el curso de procedimiento se controvierta en amparo hasta que se dicte su resolución definitiva, resulta obvio que la razón de ese sistema radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo contra cada acto procedimental, para hacer expeditos los procedimientos administrativos, sin desdoro de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de la autoridad, máxime si se toma en cuenta que, adoptar la interpretación contraria al indicado sistema que establece la Ley de Amparo, en la práctica, produciría la obstrucción, dificultad o lentitud del funcionamiento de la administración pública en el campo en que actúa frente a los particulares. Por lo tanto, al establecer el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo, que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo solo podrá promoverse contra la resolución definitiva, ha de estimarse que por "procedimiento en forma de juicio" deben entenderse, con amplitud, no solo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque solo sea para cumplir con el derecho de audiencia. En el presente caso, el quejoso reclamó el acuerdo dictado el quince de febrero de dos mil veintiuno, por el Director de la Secretaría Técnica de Honor y Justicia y Secretario Técnico de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de la Carrera Policial del Municipio de León, Guanajuato, dentro del expediente 93/2019-POL-C; resolución en la cual se desechó la documental que ofreció como prueba superveniente, se le indicó que debía estarse al proveído de dos del mismo mes y año, en el que se declaró cerrada la audiencia por no existir pruebas pendientes por desahogar y, además, con motivo del cual, sostiene el accionante, conoció que las pruebas ofrecidas se desahogaron en contravención con las reglas aplicables. Dicho acto se dictó dentro del procedimiento que se sigue en contra del amparista para separarlo de su cargo como policía adscrito a la Dirección General de Policía Municipal de esta ciudad, por incumplir los requisitos de permanencia, por lo que forma parte de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Dicho procedimiento administrativo está previsto en el capítulo V, artículos 69, 70-A, 70-B y 70-C, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de León, Guanajuato, que establecen, en lo que interesa: Que a efecto de poder permanecer en el servicio, los Policías deben cumplir con los requisitos de permanencia previstos en las Leyes General y Estatal. Que el acuerdo de inicio de procedimiento de separación debe contener: I. La situación de incumplimiento que da origen al procedimiento, el dispositivo legal vulnerado, así como el fundamento y motivación de la actuación de la autoridad que emite el acuerdo; II. Fecha y hora de la audiencia de admisión y desahogo de pruebas; III. La notificación al Policía de que tendrá a su disposición el expediente para su consulta en un horario de ocho a quince treinta horas en días hábiles; y, IV. La indicación del derecho que tiene el Policía de nombrar abogado para que lo asista en la audiencia, informándole que en caso de no querer o no poder nombrarlo se le designará uno de los adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública. Que abierta la audiencia, se concederá el uso de la voz al Policía o a su abogado, a fin de que ofrezca las pruebas que considere pertinentes. Acto seguido, el Secretario Técnico admitirá únicamente aquellas pruebas que tengan relación con el fondo del procedimiento de separación. Una vez concluida la admisión de las pruebas, se procederá a desahogar las admitidas. Concluido el desahogo de las pruebas admitidas se cerrará la audiencia debiendo presentar el interesado por escrito los alegatos de las ocho a las quince treinta horas del día hábil siguiente, debiéndose dictar la resolución que corresponda dentro del plazo de cinco días hábiles. En caso de no contar en la audiencia con la presencia del interesado ni su abogado se hará constar dicha situación en el acta correspondiente y se cerrará la audiencia, debiéndose dictar la resolución correspondiente dentro de los cinco días hábiles posteriores. Y que solo se admitirán las pruebas previstas en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, sujetándose al mismo ordenamiento su ofrecimiento, desahogo y valoración. Como se observa, el procedimiento al que deben someterse los policías municipales con la finalidad de permanecer en el servicio profesional de carrera correspondiente se integra de diversas fases, por ello, el ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas en el procedimiento de separación, forman parte del mismo, integrado por una serie de actuaciones a través de las cuales la autoridad, frente al servidor público, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, que puede ser en el sentido de separarlo de su cargo. Así, al no constituir el acto reclamado la resolución final del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio identificado como procedimiento de separación del cargo por incumplimiento de los requisitos de permanencia, debe concluirse que se trata de un acto intraprocedimental. Sin embargo, no es de imposible reparación, ya que no afecta directa y materialmente derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que tal afectación irreparable acontecerá hasta la resolución definitiva que recaiga al mismo. No pasa inadvertido que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio de rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO"; en el que determinó que el juicio de amparo indirecto procede contra el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de separación de los servidores públicos sujetos al sistema de carrera ministerial, policial y pericial. Sin embargo, el acto reclamado en esta instancia no fue el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo, sino uno posterior e intermedio. Por lo anterior, el juicio de amparo en contra de la actuación del procedimiento de separación del cargo por incumplimiento de los requisitos de permanencia reclamada, relacionada con la admisión, desechamiento y desahogo de pruebas; es improcedente de conformidad con los preceptos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Christian Abraham Cedillo Sánchez. LA PARTE QUEJOSA SEÑALA DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES y autorizados para tal efecto. EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Por otro lado, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: Medio de Contacto Horario Procedimiento Celular 4775538393 Correo Electrónico 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. 8:30 a 13:30 hrs. de Lunes a Viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, autorizado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior no es aplicable tratándose de recursos queja, revisión o inconformidad-, incidentes o promociones de término, los cuales deben presentarse por escrito, o bien, a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial).

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