Chistopher Menduet Tovar
Expediente 463/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 463/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 03/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Chistopher Menduet Tovar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, tres de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la legislación en comento, contra el proveído de ocho de junio de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Sin que sea necesario realizar el cómputo a las demás partes dado que la citada determinación no les genera perjuicio. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. DESTINO: Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. La parte quejosa allegó un documento al presente juicio de amparo, catalogado como no original. Lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 15 interpretado a contrario sentido, 20, fracciones II y III del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de este expediente y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO A LA PARTE QUEJOSA Como se precisó en la certificación de cuenta, el documento exhibido por la parte quejosa en el presente juicio es de los catalogados como no originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento, previa razón que se asiente en autos para constancia, con el apercibimiento de que de no acudir a recogerlo, se destruirá con el expediente principal en el plazo señalado, de conformidad con el acuerdo citado. DEVOLUCIÓN DE TOMOS A LA RESPONSABLE Devuélvase a la autoridad responsable Juez Laboral Regional con sede en esta ciudad, las constancias que remitió en apoyo a su informe de ley, consistentes en copias certificadas del juicio ejecutivo *****, en un tomo. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en el que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, y vía electrónica al fiscal adscrito.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por el quejoso *****, mediante el cual manifiesta que se encuentra conforme con lo decretado ocho de junio de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; atento a ello, téngasele realizando dichas manifestaciones, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Incidental
SE DICTÓ INTERLOCUTORIA EN LA QUE SE DETERMINÓ: ÚNICO. Se niega a ******, la suspensión definitiva de los actos reclamados, por los motivos señalados en el considerando cuarto de esta resolución Notifíquese y vía electrónica al fiscal adscrito.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, ocho de junio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio que signa el Juez Habilitado Laboral Regional con sede en Irapuato, Guanajuato, mediante cual cumple con el requerimiento de treinta de mayo de dos mil veintitrés y al respecto remite copia certificada del convenio de veinticuatro de mayo de este año, celebrado entre la parte quejosa y la tercera interesada en el juicio laboral radicado ***** de su índice. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, de las aludidas documentales, las cuales tienen eficacia probatoria plena de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones; se advierte que en fecha de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en el expediente laboral *****, se verificó la celebración del convenio entre la parte tercera interesada ***** y el aquí quejoso, concluyendo ese asunto al elevar el referido acuerdo a categoría de cosa juzgada. Lo cual es jurídicamente relevante en el presente juicio constitucional, pues de la demanda de amparo promovida por el impetrante, se aprecia con claridad que el acto que reclama en esta vía, consiste en: El acta de audiencia de conciliación prejudicial registrada bajo el número de solicitud *****, levantada por la Delegación Regional Irapuato del Centro de Conciliación Laboral del estado de Guanajuato en la cual se celebró un convenio entre la parte trabajadora y el apoderado legal de parte patronal. Acta prejudicial de la cual se duele el aquí quejoso debido a que refiere no haber otorgado consentimiento para celebrar dicho convenio. En esas condiciones, se pone de relieve que han cesado los efectos de dicho acto reclamado, y en esa medida se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: ". El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Para cristalizar tal aserto, en principio, debe tenerse en consideración que "cesar", en su sentido etimológico y gramatical, quiere decir suspender o acabarse una cosa, o bien, dejar de hacer lo que se está haciendo; y "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace esta. Entonces, de acuerdo con el texto del precepto invocado, se afirma que han cesado los efectos del acto reclamado, entre otros supuestos, cuando dicho acto y los efectos que haya producido, sean revocados, derogados o sustituidos por una diversa determinación. Es decir, cesan los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya o sustituya la que dio motivo al amparo. En ese orden, de la interpretación que se realiza de la fracción antes transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Por revocación; y, 2. Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica o patrimonial. Mientras que el segundo se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto, por el cual fue sustituido. Sirve de apoyo a lo anterior, por su relevante contenido ilustrativo en relación al tema, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Cuando en un amparo directo se reclama, además de la de segunda instancia, la sentencia pronunciada por el a quo, debe sobreseerse el juicio de garantías por lo que respecta a esta última, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por operar la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, de dicha ley, toda vez que cesaron los efectos de la referida sentencia, en razón de haber sido sustituida por la de segundo grado." Así como la tesis que reza: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Dicho lo anterior, como se reseñó, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que en fecha de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en el expediente laboral *****, se verificó la celebración del convenio entre la parte tercera interesada ***** y el aquí quejoso, concluyendo ese asunto al elevar el referido acuerdo a categoría de cosa juzgada En consecuencia, es evidente que el acto reclamado que en este considerando nos ocupa, ha sido procesalmente sustituido por lo acaecido en la celebración del convenio entre las partes en el juicio de origen verificado en fecha de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés; de modo que objetivamente puede estimarse que han cesado los efectos jurídicos que podrían repercutir negativamente en las prerrogativas del solicitante del amparo, pues la determinación que ahora subsiste, es lo resuelto en el referido convenio en el sentido de tener por concluido dicho asunto al haber elevado a categoría de cosa juzgada lo convenido por las partes en conflicto. Lo que es patente pues la resolución aquí reclamada, es decir, el acta de audiencia de conciliación prejudicial registrada bajo el número de solicitud *****, levantada por la Delegación Regional Irapuato del Centro de Conciliación Laboral del estado de Guanajuato en la cual se celebró un convenio entre la parte trabajadora y el apoderado legal de parte patronal, claramente ha sido sustituida por la decisión asumida en audiencia de veinticuatro de mayo del año en curso, que dio por concluido el juicio del que deriva el acto reclamado, al elevar el convenio ratificado por la tercera interesada y aquí quejoso, a categoría de cosa juzgada. De ahí que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto que aquí se tilda de inconstitucional ni las violaciones procesales que la parte quejosa refiere ahí se cometieron en su perjuicio y que derivaron en la emisión del acto reclamado; sin afectar la nueva situación jurídica que rige en el procedimiento oral laboral. Sirven de apoyo a lo anterior, en lo conducente, los criterios siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." Consecuentemente, al actualizarse de improcedencia en estudio, se impone decretar el sobreseimento en el presente juicio, fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento de prueba podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, al tercero interesado y vía electrónica al Fiscal adscrito.
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