Chistian López Montoya

Expediente 1293/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1293/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
13/09/2016

Partes del expediente

  • Chistian López Montoya

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; trece de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Cristián López Montoya, hubiese recurrido el proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por tanto, de conformidad con lo establecido en la certificación de cuenta, con apoyo en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se tuvo por no presentada la demanda de garantías. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 336/2016 promovido por Mariana Fragoso Ramírez, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa IV, de la Fiscalía de Delitos Contra la Administración de Justicia de la Unidad Especializada en Investigaciones de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el once de marzo de dos mil dieciséis, Mariana Fragoso Ramírez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES: "A.- AUTORIDADES ORDENADORAS: 1) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA MESA IV, DE LA FISCALÍA DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIONES DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEPENDIENTE DE LA SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES. B. AUTORIDADES EJECUTORAS: 2) TITULAR DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. ACTO RECLAMADO: ".la orden de localización, detención, presentación y aprehensión, que ilegalmente haya sido girada en contra de la parte quejosa, así como el cumplimiento y ejecución que pretendan dar a dicha orden las autoridades señaladas como ejecutoras en perjuicio de la quejosa." SEGUNDO. El peticionario de amparo argumenta en su demanda, que los actos de autoridad que combate trasgreden en su perjuicio los derechos fundamentales y sus garantías, contenidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. En proveído de once de marzo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se requirió a las autoridades responsables su informe justificado. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, todos de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues los actos se reclaman a autoridades distintas de tribunales judiciales, que afectan la libertad personal de la quejosa y por su dicho se pretenden ejecutar dentro de la demarcación territorial de este juzgado (Mexicalzingo, Estado de México). SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia lo constituye el siguiente: La orden de aprehensión, presentación, localización y detención, y La ejecución de la misma. En este sentido, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literalidad siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, registro 181810, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que por esta vía se controvierten, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, pues por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." El Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa IV, de la Fiscalía de Delitos Contra la Administración de Justicia de la Unidad Especializada en Investigaciones de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, Dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y el Titular de la Policía Federal Ministerial, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la orden de localización, detención, presentación, aprehensión y su ejecución que se les imputa. Sin embargo, de las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa IV, de la Fiscalía de Delitos Contra la Administración de Justicia de la Unidad Especializada en Investigaciones de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, Dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y el Titular de la Policía Federal Ministerial, se advierte que el dos de marzo de dos mil dieciséis, se le solicitó a la quejosa dentro de la indagatoria UEIDCSPCAJ/CAJ/346/2016, su comparecencia para el día diecisiete de marzo de dos mil dieciséis; asimismo en esa fecha la parte quejosa compareció ante dicha autoridad dentro de la Averiguación Previa AP7PGR/UEIDCSPCAJ/CAJ/M-IV/018/2016, en la cual se reservó su derecho a declarar. Por tanto, con fundamento en el 117 de la Ley de Amparo, se desvirtúa la negativa de las autoridades responsables, en razón de que la parte quejosa fue objeto de una presentación ordenada por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa IV, de la Fiscalía de Delitos Contra la Administración de Justicia de la Unidad Especializada en Investigaciones de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, Dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, y la ejecución de la misma por parte del Titular de la Policía Federal Ministerial. CUARTO. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se procede a analizar si se actualiza una causa de improcedencia del juicio constitucional, porque éstas deben examinarse la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número 814, que se aprecia en la página 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Para que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por el quejoso, es necesario estudiar previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal en virtud de la cual, en un primer momento del juicio de amparo, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos procesales que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a proveer, y si no lo están, de una manera manifiesta y ostensible, debe sobreseer en el juicio, abstenerse de conocer de ella y concretarse a emitir una providencia en la que se expresen los motivos por los cuales estimó que no se puede entrar al conocimiento del asunto, por faltar los presupuestos del conocimiento de mérito. En suma, constituye un obstáculo que impide se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional. Lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o pertinencia de la acción intentada. Este juzgado estima de oficio que respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable." Para el estudio de dicha causa es imperativo establecer el contenido del diverso artículo 77, fracción I, de la propia Ley de Amparo, que establece los efectos de la sentencia que otorgue el amparo respecto de actos positivos, por compartir el citatorio esa naturaleza: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y..." Bajo ese tenor, es necesario precisar qué debe entenderse por actos consumados de modo irreparable, a efecto de establecer cuándo opera la causa de improcedencia invocada, conforme al primer precepto transcrito es improcedente el juicio de garantías cuando los actos reclamados deban considerarse consumados de modo irreparable. Ahora bien, la interpretación conjunta de ambos preceptos lleva a concluir que por actos consumados de modo irreparable debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce de sus derechos violados, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Cabe señalar que la consumación irreparable de que se habla es de naturaleza material o física, es decir, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales, hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. Al respecto es aplicable la tesis publicada en la página 1478, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXII, Materia Común, Quinta Época, de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "ACTOS NO CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere a que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, pero debe de tenerse con este carácter, a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada, lo que no sucede en el caso en que precisamente la sentencia que se combate, tiene el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban antes de la ejecución de los actos reclamados, o sea, que queden sin efecto legal el embargo y el remate del inmueble, así como la inscripción que se hubiera hecho en el Registro Público de la Propiedad." Y la tesis publicada en la página 326, del Apéndice al Semanario Judicial de al Federación de 1995, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de su anterior integración, que establece: "SENTENCIAS DE AMPARO. EFECTOS. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven." En ese sentido, la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven; de esa forma, de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el indicado artículo 77, fracción I, de la propia ley, se advierte que el juicio constitucional persigue una finalidad eficaz, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violados. En resumen, si el acto reclamado se encuentra consumado de modo irreparable, es decir, se han producido todos sus efectos, por lo que no es posible restituir al impetrante del amparo en sus derechos violados, el juicio de garantías que se promueva en su contra será improcedente toda vez que la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos y no tendría razón de ser, porque el motivo de disenso simplemente desapareció. Es pertinente señalar que la quejosa reclama la orden de localización, detención, presentación, aprehensión y su ejecución, emitida por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa IV, de la Fiscalía de Delitos Contra la Administración de Justicia de la Unidad Especializada en Investigaciones de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, Dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y otra autoridad. No obstante lo anterior, de las constancias adjuntadas por la responsable descrita (fojas 35 a 46), se obtiene que en fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, la quejosa Mariana Fragoso Ramírez compareció ante la autoridad investigadora, a efecto de enterarse de los hechos que se le imputan, con motivo de la citación emitida por la responsable. Por lo tanto, la circunstancia de que la amparista ya haya comparecido a la indagatoria donde se le citó, evidencia que el acto reclamado esté consumado de modo irreparable, pues el motivo por el cual se le formuló un requerimiento de citación, ha acontecido, es decir, acudir ante la autoridad para responder sobre los hechos que se le imputan. Ante lo expuesto, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, acorde con el numeral 63, fracción V, de la ley invocada. Atento a los razonamientos vertidos en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI, 1º.J/23, consultable en la página 252, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre- Diciembre de 1989, Tomo XXII- XXIV, Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo, además, en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 336/2016, promovido por Mariana Fragoso Ramírez, contra los actos, autoridades y por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del licenciado Yamín Dávalos Rosas, secretario que autoriza, firma y da fe.

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