Chistian Emmanuel López Pérez

Expediente 1067/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1067/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
08/11/2018

Partes del expediente

  • Chistian Emmanuel López Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la copia certificada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción III del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que por resolución de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se concedió la suspensión definitiva, por lo que deberá conservarse únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser DESTRUIDO una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictada la resolución que concedió la suspensión provisional antes citada. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el Licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Se agrega a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el alegato ministerial número 662/2018 signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, mediante el cual solicita se niegue el Amparo y Protección de la Justicia Federal o en su caso sobresea en el presente juicio y se le expida copia certificada de la sentencia que se dicte en este asunto; sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído diez de octubre del año en curso se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Finalmente, como lo solicita la representante social de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, expídasele copia certificada de la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    CITATORIO...Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, el cual se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda. En el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;...". En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado, en la detención y retención del vehículo de la marca Renault, línea Duster Dynamique Pack 2.0 LT, color Gris, modelo 2013, con número de serie 9FBHSAA7DM095562, número de motor C022328, con placas del Estado de Yucatán YYR-948-B. Ahora, del informe de cuenta y constancia anexa a dicho informe, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que según el acta de entrega de vehículo con número de folio 87121, con fecha uno de octubre de dos mil dieciocho, fue entregado el automotor marca Renault, línea Duster Dynamique Pack 2.0 LT, color Gris, modelo 2013, con número de serie 9FBHSAA7DM095562, número de motor C022328, con placas del Estado de Yucatán YYR-948-B; por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Finalmente, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las diez horas con quince minutos del veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, estando en audiencia pública el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, con quien actúa legalmente, se procedió a celebrar la audiencia incidental en los presentes autos, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia la secretaria da lectura al escrito de demanda, y da cuenta con el informe previo rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, autoridad señalada como responsable. En atención a lo anterior, el Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar, por rendido el informe de la citada autoridad responsable, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 141, 144, 146 y 147 de la Ley de Amparo, celébrese la presente audiencia incidental. En el período de pruebas se da cuenta con las documentales que la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo y con la documental agregada en auto de veinticinco de septiembre del año en curso (fojas 29 a 31). El Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, en virtud de su propia y especial naturaleza, con lo que se cierra este período. Seguidamente, se abre la etapa de alegatos, en el que la secretaría da cuenta con el escrito signado por la parte quejosa agregado en proveído de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho (foja 24 a 28); con lo anterior, se cierra esta etapa. A continuación y encontrándose debidamente integrado el incidente en que se actúa, se procede a dictar la siguiente resolución. Doy fe. Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1067/2018, promovido por Christian Emmanuel López Pérez, contra el actos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán; por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales; y R e s u l t a n d o: Único. En la correspondiente demanda de amparo Christian Emmanuel López Pérez, solicitó la suspensión definitiva contra los actos que reclama de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, mismo que hizo consistir la detención y retención del vehículo de la marca Renault, línea Duster Dynamique Pack 2.0 LT, color Gris, modelo 2013, con número de serie 9FBHSAA7DM095562, número de motor C022328, con placas del Estado de Yucatán YYR-948-B. C o n s i d e r a n d o: Primero. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en su informe previo admitió la existencia del acto reclamado, dentro del ámbito de su competencia, por lo que se tiene por cierto el mismo. Segundo. Negativa de la medida cautelar. Ahora bien, en relación con el acto reclamado por el quejoso consistente en la detención del vehículo de la marca Renault, línea Duster Dynamique Pack 2.0 LT, color Gris, modelo 2013, con número de serie 9FBHSAA7DM095562, número de motor C022328, con placas del Estado de Yucatán YYR-948-B; con fundamento en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo, se niega al quejoso Christian Emmanuel López Pérez, la suspensión definitiva que solicita, toda vez que dicho acto tiene la naturaleza de consumado, por lo que no procede conceder la mencionada medida cautelar, ya que esto equivaldría a darle efectos restitutorios los cuales son propios de la sentencia que se pronuncie en el juicio principal de donde derivan estos autos, al tenor de la tesis Jurisprudencial número 12, visible a foja 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del texto siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie" Tercero. Concede la suspensión definitiva. Ahora bien, respecto a las consecuencias del acto reclamado consistentes en la retención del vehículo de la marca Renault, línea Duster Dynamique Pack 2.0 LT, color Gris, modelo 2013, con número de serie 9FBHSAA7DM095562, número de motor C022328, con placas del Estado de Yucatán YYR-948-B, se concede la suspensión definitiva instada, para el efecto de que el Secretario de Seguridad Pública, ponga a disposición del quejoso Christian Emmanuel López Pérez, el automotor de su propiedad, esto es, el vehículo de la marca Renault, línea Duster Dynamique Pack 2.0 LT, color Gris, modelo 2013, con número de serie 9FBHSAA7DM095562, número de motor C022328, con placas del Estado de Yucatán YYR-948-B. Lo anterior es así, toda vez que el interés suspensional, se encuentra acreditado con las copias certificadas de: la carta factura expedida a favor de la parte quejosa Christian Emmanuel López Pérez respecto del vehículo de la marca Renault, línea Duster Dynamique Pack 2.0 LT, color Gris, modelo 2013, con número de serie 9FBHSAA7DM095562, número de motor C022328, con placas del Estado de Yucatán YYR-948-B; con tarjeta de circulación con número de folio 110083 A; de la licencia para conducir; y el recibo oficial de pago de diecisiete de septiembre del año en curso, en la que se advierte como concepto del pago de la multa 0536240, por la cantidad de $7,254.00 (son: siete mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100), a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, pues de la misma se advierte presuntivamente que dicho quejoso es propietario del citado bien mueble y que pagó una multa impuesta por la autoridad responsable. Asimismo, es importante señalar que la nueva composición de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, trajo como resultado que la suspensión del acto reclamado, pueda tener como consecuencia un efecto restaurativo, provisional y anticipado de conformidad con el artículo 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, pues de acuerdo en lo establecido en dicho precepto, en los casos en que la suspensión sea procedente, atento a la naturaleza del acto reclamado, el órgano jurisdiccional ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el amparo. De acuerdo al dictamen efectuado en el Senado de la República a la iniciativa de dicho ordenamiento, se estima que la disposición mencionada se originó porque, conforme a la práctica jurisdiccional basada en la Ley de Amparo de 1936, se reconocieron supuestos en los que no podía otorgarse la suspensión con un alcance eficaz y consistente con las premisas de evitar la consumación de las violaciones alegadas, tornándolas difícil o imposiblemente reparables, y de salvaguarda de la materia del amparo, si no se le daba un efecto restitutorio, provisional y anticipado, por encontrarse el acto reclamado ejecutado al momento en que se solicitaba la medida y a partir de un conocimiento superficial y de mera probabilidad de la violación invocada por la parte quejosa, que diera como resultado la credibilidad objetiva y seria que descartara una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable (apariencia del buen derecho), así como el peligro de que, de permanecer la ejecución del acto, se frustrara la pretensión deducida por consumarse la violación y se perdiera la materia del amparo (peligro en la demora); criterios que superaron los relativos a que la suspensión solamente debía tener efectos conservatorios y de que no era posible, al resolver sobre su concesión, abordar estudio alguno sobre la constitucionalidad del acto reclamado por ser esto último materia de la sentencia que resolviera el fondo del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis IV.2o.A.62 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Materia Común, la primera con número de 2006947, que señala: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DISCRECIONALIDAD DE LOS JUECES Y MECANISMOS DE CONTROL Y EXCLUSIÓN DE LA ARBITRARIEDAD QUE DEBEN CONSIDERARSE CUANDO SEA NECESARIO DARLE UN EFECTO RESTAURATIVO, PROVISIONAL Y ANTICIPADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 147, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. La Ley de Amparo, vigente desde el 3 de abril de 2013, además de los procesos legislativos que le son propios, tiene como antecedente los de la reforma constitucional en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, en los cuales el Constituyente Permanente patentizó su voluntad de transformar al juicio de amparo en un instrumento de protección y restauración de derechos humanos y de orientar las instituciones propias de dicho procedimiento a ser congruentes con esa voluntad; asimismo, por lo que hace a la suspensión del acto reclamado, fijó como premisas orientadoras de la reforma, evitar el abuso de dicha institución y los efectos perjudiciales para el interés social, al ampliar, por un lado, la discrecionalidad de los Jueces en las decisiones al respecto y, por otro, establecer mecanismos de control y exclusión de la arbitrariedad en esa toma de decisiones, para que quede a cargo del Poder Legislativo, mediante la expedición de la ley mencionada, transformar al instituto suspensional, en función de las premisas señaladas. Una de las manifestaciones concretas de dichos propósitos, se proyectó en que conforme al artículo 147, segundo párrafo, de dicha ley, en los casos en que la suspensión sea procedente, atento a la naturaleza del acto reclamado y siempre que sea jurídica y materialmente posible, tendrá el efecto de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo; disposición que encuentra estrecha relación con el asomo provisional al fondo del asunto a que está obligado el juzgador, a fin de determinar la apariencia del buen derecho a que se refieren los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de su ley reglamentaria, pero también del concomitante peligro en la demora, dada la naturaleza cautelar que le corresponde a la suspensión y conforme a la cual es necesario darle el efecto más eficaz para evitar, en lo adjetivo, que el juicio de amparo indirecto pierda su materia y, en lo sustantivo, que la ejecución del acto, inminente o presente, genere una afectación irremediable a los derechos del quejoso. Por tanto, para determinar los casos en que, de proceder la suspensión, es necesario darle un efecto restaurativo, provisional y anticipado, el Juez de amparo goza de la discrecionalidad que el Constituyente Permanente decidió ampliar en la reforma constitucional señalada, pero también debe considerar que, para justificar ese efecto, es necesario demostrar que, atento a la naturaleza del acto, resulta jurídica y materialmente posible dar a la suspensión el efecto pretendido, pues estas expresiones contenidas en el propio artículo 147, constituyen los elementos normativos y de control de aquel ejercicio discrecional, dispuestos en la ley reglamentaria, que excluyen el abuso de que pueda ser objeto, con efectos perjudiciales para el interés social." Y lo que informa la diversa jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2001198, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, Materia(s) Común, Tesis 2a./J. 59/2012 (10a.), en la página 1186, que señala: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. SE PUEDE CONCEDER ANTE EL DESPOSEIMIENTO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR POR PARTE DE LA AUTORIDAD, PORQUE NO ES UN ACTO CONSUMADO. El desposeimiento de una licencia de conducir llevada a cabo por una autoridad antes de promover juicio de amparo no es un acto consumado para efectos de la suspensión, ya que sus consecuencias se prolongan durante el tiempo que el documento no se regrese al quejoso; por tanto, cuando se solicite la medida cautelar para que la autoridad devuelva el documento en cuestión, es factible decretarla sin que ello implique darle efectos restitutorios, al no dejar insubsistente el acto reclamado sino mantener viva la materia del juicio, a fin de que sea la ejecutoria de amparo la que, en su caso, permita a la autoridad responsable ejecutar el acto en sus términos o restituir al agraviado en el goce de sus derechos. En todo caso, la concesión estará sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, esto es, que la solicite el quejoso, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público -en cuyo caso se podrá realizar un análisis de la apariencia del buen derecho-, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado; lo que el órgano que conozca de la suspensión deberá analizar en cada caso, atendiendo a los motivos y fundamentos del acto reclamado." En tal virtud, la medida cautelar surte efectos, sin necesidad de que la parte quejosa constituya garantía alguna, tomando en consideración que el quejoso exhibió el recibo de pago que, según aduce, le impuso la autoridad responsable con motivo de una infracción administrativa, que originó el acto reclamado. En el entendido que dicha suspensión no surtirá efecto alguno si contrario a lo argumentado por el quejoso las multas que dieron origen al acto reclamado no se encuentran pagadas o garantizadas, esto es, si el recibo que exhibió en este incidente no corresponde o no cubre en su totalidad la sanción impuesta que originó la detención del vehículo. Por otro lado, tampoco surtirá efectos, si la detención del vehículo, obedece a motivos diferentes a los narrados en la demanda de amparo, esto es, que se refirieran a situaciones diferentes a dicha infracción y/o multa, o el vehículo sea retenido por ser objeto, producto o instrumento de un delito, o bien, por cualquier otro acto diverso a la multa que refiere el impetrante de amparo haya sido cubierta. Sin que dicha medida constituya autorización para que la parte quejosa contravenga disposiciones de carácter administrativo, quedando expeditas las facultades de las autoridades para aplicar dichas normas y complementarias que prevean las sanciones correspondientes para el caso de nueva infracción a la que motiva la presente demanda de amparo, o bien, por estar circulando dicho vehículo en la que se encuentre prestando servicio de transporte de pasajeros en cualquiera de sus modalidades previstas en el artículo 17 de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, esto es público, particular o contratado a través de plataformas tecnológicas, sin cumplir con los requisitos que establece la referida Ley o su Reglamento, para poder ejercer dicha actividad. Sin que sea el caso pronunciarse respecto de las consecuencias y efectos de normas, ya que no se advierte que la parte quejosa las reclame. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se niega a Christian Emmanuel López Pérez la suspensión definitiva que solicita respecto del acto que reclama de la autoridad señalada como responsable en el considerando primero y por los motivos expuestos en el segundo considerando de esta resolución. Segundo. Se concede a Christian Emmanuel López Pérez la suspensión definitiva respecto de los efectos y consecuencias del acto que reclama a la autoridad responsable precisado en el considerando tercero. Notifique. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la Licenciada Estefanni Romero Navarro, Secretaria que autoriza y da fe.

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