Chistian Bladimir Murua Rodriguez
Expediente 540/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 27 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 540/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 23/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Chistian Bladimir Murua Rodriguez
- Juez Tercero de Primera Instancia Especializado para adolescentes, en el estado de sinaloa.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que mediante acuerdo dictado el día de hoy, se declaró concluido el expediente principal relativo. Acuerdo de depuración y destrucción. Cuaderno original. De conformidad a lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, aprobado el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo a lo establecido en el artículo vigésimo, fracción III, del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, citado en el párrafo que antecede. Devolución de documentos. De conformidad con la fracción XVIII, del punto segundo, del multicitado acuerdo, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos probatorios originales a la incidencia en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Estado procesal de autos Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término otorgado a las partes, sin que hubieran realizado manifestación alguna respecto a la vista que se les otorgó en proveído de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para los efectos del artículo 201, fracciones I y II de la Ley de Amparo. Se declara consentida la determinación del fallo. En consecuencia, se tiene a las partes por conforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables. Se ordena archivo material. Como fue ordenado en auto de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, y con apoyo en el artículo 214 de la citada Ley, interpretado a contrario sensu, una vez que se encuentre debidamente integrado, se ordena remitir físicamente el presente juicio de amparo, al archivo definitivo de este Juzgado, para su debido resguardo. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Relación del estado procesal de autos y efectivo apercibimiento. Visto el estado de autos, así como la certifi|cación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en proveído de veinticinco de marzo del año en curso, para que desahogara la vista sobre el cumplimiento que afirmó dar la autoridad responsable. En consecuencia, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en las documentales existentes en el presente sumario y las manifestaciones respectivas. Efectos del fallo protector. En sentencia de veinte de febrero de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito, sobreseyó y concedió el amparo y protección constitucional al quejoso Christian Bladimir Murúa Rodríguez, la cual causó ejecutoria el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, para los siguientes efectos: El Juez Tercero de Primera Instancia Especializado en Justica Penal para Adolescentes, con sede en esta ciudad, desahogue la audiencia relacionada con la petición de sobreseimiento solicitada por el adulto joven, mediante escrito recibido el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, en el caso 84/2013 de su índice; además, se pronuncie respecto a la aplicación o no en el particular de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en vigor, en la que apoya su solicitud. En el entendido que de darse algún supuesto procesal de orden pública, deberá aplicar la legislación que más favorezca al adolescente, en atención al principio de la retroactividad de la ley más benéfica, consagrado en el artículo 14 constitucional. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante oficio 40/2019, remitido por el Juez Tercero de Primera Instancia Especializado en Justica Penal para Adolescentes, con sede en esta ciudad, se advierte que en resolución de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, desahogó la audiencia relacionada con la petición de sobreseimiento solicitada por el adulto joven, mediante escrito recibido el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, en el caso 84/2013, en el siguiente sentido. Indicó que al haber entrado en vigor la Ley Nacional, el dieciocho de junio de dos mil dieciséis, con posterioridad a los hechos atribuidos (veintidós de junio de dos mil trece), lo procedente, de acuerdo al transitorio aludido es que el asunto continuará su sustanciación con la legislación aplicable en el momento del inicio del mismo, correspondiendo a la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Sinaloa. Asimismo, dio respuesta a las manifestaciones realizadas por el quejoso en el sentido de que sus derechos han sido vulnerados pues a la fecha no se ha emitido resolución dentro del plazo de seis meses en autos del caso 84/2013, y que tal situación no le era atribuible, a lo que indicó que de acuerdo a las constancias procedimentales, desde que el aquí quejoso fue vinculado a proceso (catorce de octubre del dos mil catorce), realizada la atribución de hechos y admisión de pruebas, no había tenido lugar el inicio de juicio por circunstancias relacionadas a la inasistencia del mismo, señalando las fechas en que no asistió, hasta que fue conducido a juicio mediante la autorización de una orden de aprehensión de veintisiete de junio de dos mil dieciocho. En ese sentido, al no tener lugar el inicio de juicio, bajo las condiciones aludidas, representó una determinación tendente a la protección de su derecho de una defensa adecuada, siendo esta una excepción constitucional a los plazos indicados para la resolución del juicio, ya que el ejercicio de la defensa tiene un mayor rango axiológico que los plazos dispuestos para la obtención de una sentencia en breve lapso. En relación con el sobreseimiento por no haber sido juzgado dentro de los seis meses, la autoridad responsable refirió que es una consecuencia jurídica que no se encuentra contemplada en la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Sinaloa, ni en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, de ahí que, su concesión resulta contraria a la ley. De igual forma, en cuanto a las condiciones procesales de orden público, a fin de determinar la procedencia de aplicar en el caso la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y sucesivamente reconocer la actualización de algún supuesto procesal y proceder con la aplicación de la ley más favorable en atención a los efectos del amparo, hizo notar que en la Ley Nacional Especializada, existe un mayor beneficio en los plazos dispuestos para la procedencia de la prescripción ya que se reduce a dos años, pues el numeral 109 fracción III establece que esta no podrá exceder los cinco años, mientras que la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Sinaloa en su artículo 35 dispone que la prescripción opera a los siete años. Finalmente, indicó que la primera regla de los cinco años no es susceptible de aplicación de forma retroactiva porque que en el caso no actualiza su procedencia, ya que el auto que sujetó a proceso al quejoso dictado el catorce de octubre de dos mil catorce, hasta que se autorizó la suspensión provisional en incidente de suspensión derivado del presente juicio amparo 540/2018, han transcurrido sólo tres años, nueve meses, catorce días, por lo que en el caso no resulta aplicable, decretar la prescripción en los términos del artículo 109 fracción III de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes; entonces resolvió que no existe razón lógica ni jurídica para aplicar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes ni alguna de sus normas en efecto retroactiva, por lo que consideró inoperantes los alegatos vertidos en relación al sobreseimiento presentada el día veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. De la anterior relación, se aprecia que la citada autoridad, atendió a los efectos de la sentencia de amparo; de ahí, que lo procedente es tener por cumplido el referido fallo protector al no advertirse exceso o defecto en su cumplimiento. Sin que obste el hecho de que la autorizada del quejoso en el escrito recibido el uno de abril del presente año, haya manifestado su inconformidad respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable toda vez que solicitó el sobreseimiento del caso 84/2019, por resultar aplicable la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la cual entró en vigor el dieciocho de junio de dos mil dieciséis. Sin embargo, aduce que la autoridad en su resolución afirma que inicia el término de prescripción a partir del catorce de octubre de dos mil catorce, sino que debe de iniciar el computo a partir del tres de julio de dos mil trece; pues en la solicitud de sobreseimiento no se solicitó cambio de sustanciación de proceso, sino el sobreseimiento porque al quejoso le beneficia la aplicación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolecentes, en cuanto al término de prescripción del citado caso penal, esto es, el más favorable la aplicación de la fracción III del artículo 109 de dicha legislación y no el artículo 35 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Sinaloa; no obstante lo anterior, se considera que la autoridad responsable atendió los efectos del fallo protector en los términos indicados, dado que desahogó la audiencia relacionada con la petición de sobreseimiento solicitada por el adulto joven, mediante escrito recibido el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, en el caso 84/2013 de su índice; además, se pronunció respecto a la no aplicación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en vigor, en la inteligencia que no se le conminó a otorgar cierto sentido a su pronunciamiento, sin que lo realizó con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, de lo que se aprecia que la citada autoridad, atendió a los efectos de la sentencia de amparo al responder de manera congruente a lo solicitado. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente. Orden de depuración o destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos XX y XXI, en el que se establecen los lineamientos para depuración y destrucción de los juicios de amparo se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, bajo los lineamientos precisados en la fracción IV del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General en cita, toda vez que se concedió el amparo de la Justicia Federal. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Devolución de constancias. Por resultar innecesaria la retención de las constancias allegadas al presente juicio de amparo, remítanse a su lugar de origen, es decir, al Juez Tercero de Primera Instancia Especializado en Justica Penal para Adolescentes, con sede en esta ciudad, las cuales constan en tres cuadernos auxiliares por separado. Vista a las partes. Dese vista a las partes por el plazo de quince días, para los efectos que establece el artículo 201, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; en el entendido que una vez que transcurra el mismo, sin manifestación alguna, ésta determinación se tendrá por consentida y con base en el dispositivo 214 de la ley de la materia, se remitirá materialmente este juicio al archivo definitivo como asunto concluido. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, dos de abril de dos mil diecinueve. I. Realiza manifestaciones. Téngase por recibido el escrito firmado por la autorizada del quejoso Christian Bladimir Murúa Rodríguez, por medio del cual realiza diversas manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, agréguese a los autos el escrito de cuenta; téngase por hechas las manifestaciones que el mismo se expone, misma que serán tomadas en consideración al pronunciarse sobre el cumplimiento a la ejecutoria. Notifíquese.
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