Chistian Alejandro González Vicario

Expediente 42/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
42/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
08/06/2021

Partes del expediente

  • Chistian Alejandro González Vicario
  • Comisionado del Sistema Estatal Penitenciario de Baja California, Mexicali

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso recurso de queja, en contra del proveído de veinticinco de mayo del año en curso; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo general, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda intentada, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el once de junio de dos mil veintiséis. Se establece como fecha para la transferencia de este expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda, el once de junio de dos mil veinticuatro. Finalmente, en cumplimiento al último párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento, se requiere al promovente, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, en caso de haber exhibido documentación original y/o fotocopias certificadas, realice las gestiones necesarias para su devolución, apercibiéndole que de no hacerlo así, tales probanzas serán destruidas. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los oficios remitidos por el Juez de Control Especializado en Ejecución y el Juez de Control, ambos del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante los cuales cumplen con el requerimiento formulado, y al respecto, informan que no encontraron registro relativo a alguna controversia presentada por el quejoso respecto de sus condiciones de internamiento -traslado-. Se desecha la demanda de amparo Ahora, es preciso apuntar, que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese tenor, este órgano jurisdiccional considera que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior [.]." Así, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el impetrante debe, previo a su promoción, agotar los recursos ordinarios de defensa que se encuentren previstos en la ley. En la especie, se considera que tal motivo de improcedencia se encuentra actualizado, pues el quejoso fue omiso en instar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz a través del cual una persona privada de su libertad, puede reclamar cuestiones inherentes a sus condiciones de internamiento. En tal tenor, el impetrante, por conducto de su defensor particular, en el ocurso allegado vía electrónica el dos de febrero del actual, manifestó que no formuló petición administrativa alguna, lo que se corrobora con los comunicados de cuenta, de los cuales se colige que no existe controversia presentada por el quejoso; por lo que se considera que si el interno promovió, por conducto de su defensor particular, la acción constitucional respecto de cuestiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin agotar previamente el citado mecanismo de control, se acredita la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Asimismo, se invoca la tesis III.2º.P.135 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 3318, libro 52, marzo de 2018, tomo IV, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal invocado, se desecha de plano la demanda promovida por Christian Alejandro González Vicario. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los oficios firmados electrónicamente por el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante los cuales informa que Adrián Gutiérrez Navarro, es defensor particular del quejoso. Por otra parte, y no obstante que el defensor particular del impetrante a través del ocurso recibido el dos de febrero del actual, señaló que no se formuló controversia ante el juez de control correspondiente, en relación con la orden de traslado reclamada en este asunto. Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al juez de control especializado en ejecución y al de control, ambos del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas, legalmente computado, informen a este tribunal si el quejoso Christian Alejandro González Vicario, presentó controversia judicial en relación con sus condiciones de internamiento (traslado), en su caso, deberán comunicar el número de cuaderno de ejecución o causa penal, y su estado procesal. Apercibidos que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la suspensión de plano, lo anterior, para los efectos legales conducentes; asimismo, se le tiene aclarando su denominación. Finalmente, en relación con el correo electrónico que señala para recibir notificaciones, no ha lugar acordar de conformidad, virtud que la utilización del citado medio únicamente está permitida por la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para entablar comunicación no procesal con las partes; por tanto, si es de su interés que las notificaciones se le realicen vía electrónica, así deberá solicitarlo. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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