Chistel Karina Moreno Infante

Expediente 321/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
321/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
03/05/2021

Partes del expediente

  • Chistel Karina Moreno Infante

Actuaciones

  1. Principal

    Tampico, Tamaulipas, a tres de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede y toda vez que no ha sido posible la notificación de los oficios, por los cuales se les notifica a las autoridades responsables; (SENTENCIA) 6243/2020 DIRECTOR DE GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON RESIDENCIA EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 6246/2020 ACTUARIO MINISTERIAL ADSCRITO A LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. (AUTORIDAD RESPONSABLE) (RECURSO DE REVISIÓN) 9791/2020 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 9792/2020 DIRECTOR DE GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON RESIDENCIA EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. (AUTORIDAD RESPONSABLE) 9795/2020 ACTUARIO MINISTERIAL ADSCRITO A LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. (AUTORIDAD RESPONSABLE) Debido a que la mensajería rápida "Estafeta" a devuelto en repetidas ocasiones los sobres que contienen la referidas comunicaciones, en virtud de que en dicha dependencia se han rehusado a recibirlas alegando que "viene mal dirigida", no obstante que la pieza de estafeta va dirigida a las autoridades responsables, que rindieron su informe justificado en autos. Por tanto, en razón a que dichas autoridades tienen su domicilio en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y se estima urgente la integración del presente juicio de amparo, para la remisión al Tribunal de Alzada para resolver el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa; con fundamento en los artículos 28 fracción III de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se considera necesario enviar exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas en turno, con sede en Ciudad Victoria, para que en auxilio de las labores de este Juzgado notifique de forma urgente e inmediata a las citadas autoridades en el domicilio que corresponde al territorio donde ejerce jurisdicción la presente resolución mediante los oficios que al efecto se expidan para tal efecto; y en caso de negativa de dichas autoridades a recibir dichas comunicaciones, se hagan los apercibimientos correspondientes, previstos en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tampico, Tamaulipas quince de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese la razón actuarial por la que el actuario Judicial adscrito a este Juzgado, hace constar que no le fue posible notificar el auto de doce de abril pasado, a la quejosa; por los motivos que expone; por tanto, notifíquese a la quejosa de referencia, por lista de acuerdos de este Juzgado el auto de referencia, el cual dispone: Tampico, Tamaulipas doce de abril de dos mil veintiuno. Por recibida la demanda de amparo promovida por Christel Karina Moreno Infante, en contra de actos de la División Comercial Golfo Centro, Zona Comercial Tampico, de la Paraestatal Comisión Federal de Electricidad, por conducto de Fabián Franco Leyva, y de otra autoridad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de juicio de amparo 321/2021-III-9 que le corresponde. El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte como acto reclamado el siguiente: En relación al acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1º, fracción I, 5, fracción II, párrafo primero (interpretado en sentido contrario) de la Ley de Amparo, en virtud de que las responsables no pueden ser consideradas como autoridades para efectos del juicio de amparo. Tales disposiciones normativas establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 1. El Juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas [.]." De acuerdo con la fracción XXIII del artículo 61 transcrito, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercibilidad de la acción constitucional, quien para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, culminó tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción analizada, que en la especie es justificada, porque existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución y en la propia Ley de Amparo o en la jurisprudencia, que no encuadran en ninguno de los supuestos específicos que prevé el citado artículo 61. En relación con el contenido de los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se refieren a la finalidad del juicio de amparo, que radica en resolver toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos, en el entendido que autoridad responsable es aquella que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, se amplió el concepto de autoridad, pues equipara a los particulares como autoridades cuando éstos realizan actos en los que ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, crean, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y que afecten derechos cuando su actuar esté determinado en una norma general. Lo anterior significa que mediante dicho juicio sólo pueden examinarse por los tribunales federales, actos provenientes de autoridad o particular con éste carácter que vulnere la esfera jurídica del gobernado. En ese tenor para considerar que un ente tiene el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe reunir los siguientes requisitos: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; a).- Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente (autoridad o particular que tenga esta calidad) de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; b).- Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, c).- Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. A su vez, el Poder Judicial de la Federación ha identificado diferentes tipos de relaciones que se suscitan entre particulares y autoridades, entre aquellos mismos, o bien, entre propias autoridades entre sí, que son las siguientes: a) De coordinación. Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, resuelvan lo que en derecho proceda. b) De supra a subordinación. Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. De lo anterior se advierte que el juicio de amparo solamente sería procedente cuando se reclamen actos que provienen de las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten los derechos humanos de los particulares, lo que supone la existencia de actos que derivan de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pero no sería procedente para reclamar actos derivados de relaciones de coordinación. Además, cabe precisar que para que se estime que un acto u omisión es desplegado por una "autoridad", requiere de los siguientes atributos: Unilateral, esto es, no requiere la aprobación del gobernado; Imperativo, en razón de que se impone al particular contra su voluntad; y, Coercitivo, porque su inobservancia daría lugar a imponer alguna sanción prevista en la ley. De ahí que, si la actividad desplegada por el ente no reúne tales características, no puede válidamente considerarse que se esté en presencia de un acto de autoridad. En efecto, en el caso particular, la parte quejosa Christel Karina Moreno Infante, reclama el corte de suministro de energía eléctrica, en el domicilio ubicado en entre calles Magdaleno Aguilar y Armando Martínez en el Ejido la Pedrera en Altamira, Tamaulipas. En ese orden, se estima que el acto reclamado en análisis deviene de una obligación contractual que Christel Karina Moreno Infante tiene con la Comisión Federal de Electricidad, por tanto, resulta inconcuso que no puede considerarse como un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, debido a que la relación jurídica existente entre el prestador (CFE) y el usuario del servicio, no corresponde a la que prevé la garantía consagrada en el artículo 14 Constitucional, esto es, a la existente entre una autoridad y un gobernado, sino a la de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio de energía eléctrica y el particular. Es decir, la relación jurídica entre el prestador de energía eléctrica y el usuario, que deriva de un contrato administrativo, no corresponde a la de supra a subordinación, sino a una relación de coordinación, en la cual, los contratantes actúan en un mismo plano. Conforme al contenido de la ejecutoria en análisis, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. En efecto, en las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a raíz de la llamada reforma energética, Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación, pues en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo, en virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente al corte, suspensión o desconexión del servicio. Ante tales consideraciones se concluye que, en los actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, acaecidos durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, a Comisión Federal de Electricidad no le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Cabe mencionar que tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. De esta manera, la relación que prevalece entre ambas partes es de coordinación, ya que los derechos y obligaciones contraídas de forma recíproca, tienen como origen el contrato suscrito para la obtención del suministro de energía eléctrica. Por tanto, si los actos reclamados derivan directamente de la relación contractual existente es inconcuso que no pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª,/J.2/2019, Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Tomo I, Febrero de dos mil diecinueve, Materia Administrativa, con número de registro 2019230, visible a página 1008, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." DOMICILIO y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa donde oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que señala. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117, 118, 123, 124, 125 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como lo señalado en los artículos 1, 2, 3, 6, 14, 15, 19, 25, 26 y demás relativos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, nueve de mayo de dos mil dieciséis y nueve de septiembre de dos mil diecinueve, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. En otro orden, se hace del conocimiento a las partes que el ordenamiento aplicable para la operación de este órgano jurisdiccional es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, esto es, del tres de agosto de dos mil veinte al treinta de junio de dos mil veintiuno, con las limitantes impuestas en dichos acuerdos. Se exhorta a las partes continúen la actuación dentro del presente juicio mediante el esquema de "Juicio en Línea", conforme a lo establecido en los artículos 22 y 28 del referido Acuerdo General. Notifíquese personalmente. Así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal; hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la zona conurbada que comprende Altamira, Ciudad Madero y Tampico, Tamaulipas. Notifíquese.

  3. Principal

    Tampico, Tamaulipas, doce de abril de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio y anexo que suscribe la autoridad responsable, por medio del cual aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, a fin de estar en posibilidad de acordar lo conducente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa por el término de TRES DÍAS con los autos de este expediente, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, apercibida que, en caso de no realizar manifestación alguna, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento del fallo protector, con base en los documentos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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