Cherlin Risbeth Rodríguez Solorzano
Expediente 303/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 303/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Cherlin Risbeth Rodríguez Solorzano
- Fiscal General de Justicia del Estado de México. asanchez@fiscaliaedomex.gob.mx
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las parte quejosa hubiera recurrido la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil veinte; en consecuencia: con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que la resolución que sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Kenyer Asdrubal Rodríguez Solorzano, por conducto de Cherlin Risbeth Rodríguez Solorzano, ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Glósese a los presente autos, únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio; y, por lo que hace al duplicado, una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído procédase a su destrucción, de conformidad con lo establecido en el capítulo octavo, artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, punto cuarto, en relación con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es depurable, al haberse concedido la suspensión de plano, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, párrafo tercero, del Acuerdo General citado. Notifíquese....MESA 3
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Secretaria. Ingrid Maleny Meraz Marrufo En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las once horas con treinta y un minuto del veintisiete de noviembre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 303/2020, promovido por Kenyer Asdrubal Rodríguez Solorzano, por conducto de Cherlin Risbeth Rodríguez Solorzano, con residencia en Naucalpan de Juárez, ante el suscrito Miguel Ángel Burguete García, asistido de la secretaria Ingrid Maleny Meraz Marrufo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, se procede a declarar abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy sin la presencia de las partes. A continuación se procede a efectuar una relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda (fojas 1 a 8), auto de prevención en el que se otorgó la suspensión de plano (fojas 9 a 12), diligencia de ratificación de demanda (fojas 14 a 17) auto admisorio de veinte de marzo de dos mil veinte (fojas 22 a 24); acuerdo en el que se declararon inexistentes las autoridades Fiscal General/Regional del Centro de Justicia de Tlalnepantla de Baz, Estado de México y Agente del Ministerio Público Encargado de la Fiscalía Regional del Centro de Justicia de Tlalnepantla de Baz, Estado de México (fojas 87 a 89), acuerdo de reanudación de veintisiete de agosto de dos mil veinte (fojas 91 a 94) e informes justificados (fojas 56, 67 y 120). Acto seguido el juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace relación de las siguientes documentales: Jefe de Grupo de Investigaciones Torre Tlalnepantla de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México: 1) Copia simple del reporte de detención 1203, relativo a la carpeta TLA/TLA/NIR/063/079577/20-03 (fojas 101 a 114). Recabadas para mejor proveer: 2) Copia certificada de la carpeta la carpeta TLA/TLA/NIR/063/079577/20-03 (fojas 139 a 326). El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas dichas documentales, probanzas que se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, mismas que serán tomadas en consideración al resolverse el juicio de amparo, sin pruebas pendientes por desahogar se da por concluido el periodo. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon, asimismo, que el Agente del Ministerio Público Federal adscrito, no presentó pedimento en el presente juicio de amparo, con lo que se concluye dicho periodo. El juez acuerda: de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes de aportar alegatos de manera posterior, con lo que se concluye dicho periodo. Al no haber diligencias por desahogar ni promociones por acordar, se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O, para resolver el juicio de amparo 303/2020, promovido por Kenyer Asdrubal Rodríguez Solorzano, por conducto de Cherlin Risbeth Rodríguez Solorzano, contra actos que reclama del Agente del Ministerio Público, adscrito al Tercer Turno, del Centro de Justicia de Tlalnepantla de Baz, estado de México, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otras autoridades, los cuáles conforme a sus manifestaciones son violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinte de marzo de dos mil veinte, ante este Juzgado Octavo Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez (fojas 1 a 8 Cherlin Risbeth Rodríguez Solorzano, a favor de Kenyer Asdrubal Rodríguez Solorzano, acudió en demanda del amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de las autoridades responsables 1. Fiscal General de Justicia del Estado de México, 2. Fiscal Regional Del Centro de Justicia de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 3. Agente del Ministerio Público encargado de la Fiscalía Regional del Centro de Justicia de Tlalnepantla de Baz, 4. Agente del Ministerio Público Encargado del Turno de la Fiscalía Regional del Centro de Justicia de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 4. Encargado de la Guardia de Agentes de la Policía de Investigación del Ministerio Público de la Fiscalía Regional del Centro de Justicia de Tlalnepantla de Baz, Estado de México que hizo consistir en la orden de ataques a la libertad personal, incomunicación y tortura. SEGUNDO. Prevención. Por auto de veinte de marzo de dos mil veinte, se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa respecto de los actos reclamados; asimismo se le previno para que ratificara la demanda de amparo presentada a su nombre. TERCERO Admisión. Por acuerdo de veinte de marzo de dos mil veinte, previa ratificación del quejoso, se admitió a trámite la demanda de amparo; se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y a las autoridades responsables se les solicitó rindieran informes justificados. CUARTO. Inexistencia de autoridades responsables. Dado que el peticionario de amparo no desahogó la vista otorgada, mediante auto de doce de agosto de dos mil veinte, se dejó de tener como autoridades responsables al Fiscal General/Regional del Centro de Justicia de Tlalnepantla de Baz, Estado de México y al Agente del Ministerio Público Encargado de la Fiscalía Regional del Centro de Justicia de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en razón de su inexistencia conforme a la denominación con que el quejoso la señaló. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, constitucionales, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que el acto reclamado puede tener ejecución material dentro del ámbito territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Cabe destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para la resolución de la presente sentencia, es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación de la materia abrogada en tanto no se contraponga a lo previsto en la ley de la materia vigente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el o los actos reclamados que se desprendan del estudio y análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias del presente sumario, atendiendo a la jurisprudencia P./J. 40/2000, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, del rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Es de hacer notar, que para la fijación de los actos reclamados no se tomarán en consideración los calificativos que el peticionario del amparo expuso, con apoyo en la jurisprudencia 132, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- Septiembre 2011, tomo II, submateria 1, primera parte, segunda sección, página 156, que establece: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos. Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el peticionario de la tutela constitucional reclama la orden de ataques a la libertad personal, incomunicación y tortura. TERCERO. No son ciertos los actos que se reclaman a las autoridades señaladas como responsables: 1. Jefe de Grupo de Investigaciones Torre Tlalnepantla de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (foja 56), 2. Fiscal General de Justicia del Estado de México (foja 67), 3. Agente del Ministerio Público, adscrito al Tercer Turno, del Centro de Justicia de Tlalnepantla de Baz, estado de México, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (foja 120) en sus denominaciones correctas; consistentes en la orden de ataques a la libertad personal (únicamente respecto de las dos primeras autoridades), incomunicación y tortura (por la totalidad de las señaladas), por así manifestarlo al rendir sus respectivos informes justificados, máxime que de las constancias se desprende que contrario a lo que se sostuvo el quejoso tuvo oportunidad de comunicarse con su madre y en la valoración médica que se le realizó el mismo dieciocho d marzo de dos mil veinte, se desprende que el médico concluyó que si bien presentaba lesiones, estas no eran denominadas de gravedad y las calificó como aquellas que tardan menos de quince días en curar. Por tanto, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos que se atribuyen a dichas autoridades, por falta de materia sobre el cual pueda versar, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público, adscrito al Tercer Turno, del Centro de Justicia de Tlalnepantla de Baz, estado de México, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, relativo a la orden de detención del quejoso Kenyer Asdrubal Rodríguez Solorzano, pues si bien lo negó al rendir informe justificado; lo cierto es que además que la diligencia de ratificación de demanda se atendió con este, de la carpeta de investigación TLA/TLA/NIR/063/079577/20-03, se advierte el auto de dieciocho de marzo de dos mil veinte, en el que se determinó la retención del quejoso por su probable intervención en el hecho delictivo de robo con violencia. Lo cual, se corrobora con la copia certificada de la carpeta de investigación en comento, documental que cuenta con pleno valor probatorio, acorde con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues se trata de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, o bien, que de oficio se advierta impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. En cuanto al acto reclamado que fue cierto, se advierte de manera oficiosa que opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.). La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad responsable la repara, o bien, por virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa de la que se duele, queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera un agravio en la esfera de la quejosa, a nada práctico conduciría analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la quejosa es constitucional, o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya aplicación resulta por analogía, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, el quejoso esencialmente se duele de la orden de privación de la libertad de la que fue objeto por parte de la responsable Agente del Ministerio Público, adscrito al Tercer Turno, del Centro de Justicia de Tlalnepantla de Baz, estado de México, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Al respecto, se tiene que en la carpeta de investigación TLA/TLA/NIR/063/079577/20-03, el quejoso Kenyer Asdrubal Rodríguez Solorzano, aparecía como imputado, sin embargo el tres de abril de dos mil veinte (foja 322), se determinó su inmediata libertad toda vez que el Juez de Control en cargado de la causa penal emitió el auto de no vinculación a proceso. En ese sentido, si la parte agraviada se duele de la orden de detención de la que fue objeto por parte de la responsable; tal circunstancia ha quedado superada, al haberse determinado su libertad. Lo que revela que se está en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivó el juicio de amparo, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada; de ahí que el quejoso se encuentra restituido en el goce del derecho fundamental que pudo haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción V del diverso artículo 63. SEXTO. Transparencia y Acceso a la Información Pública. Toda vez que las partes no formularon manifestación alguna para hacer pública la información confidencial en la sentencia que se emite, en consecuencia elabórese la misma en la versión pública donde deben suprimirse la información señalada y proporcionada por ellas, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 119, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juico de amparo promovido por Cherlin Risbeth Rodríguez Solorzano, a favor de Kenyer Asdrubal Rodríguez Solorzano, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese. --mesa 3
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Segunda del Sistema Acusatorio de Tlalnepantla, Estado de México, por medio del cual remite copia certificada de la carpeta de investigación TLA/TLA/NIR/063/079577/20/03; en consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento y se deja insubsistente el apercibimiento decretado en autos a la oficiante, por lo que las documentales de referencia serán valoradas y tomadas en consideración al momento de resolver el asunto en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de México, por medio del cual informa que la carpeta administrativa TLA/TLA/NIR/063/079577/20/03, actualmente está a cargo del licenciado Emmanuel Hernández Rodríguez, Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Segunda de Tlalnepantla de la Unidad de Investigación B-1; en consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento y se deja insubsistente el apercibimiento decretado en autos a la oficiante. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a Emmanuel Hernández Rodríguez, Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Segunda de Tlalnepantla de la Unidad de Investigación B-1, para que en el término de veinticuatro horas contado a partir de la legal notificación del presente proveído remita la totalidad de las constancias que integran la indagatoria NUC: TLA/TLA/NIR/063/079577/20/03, toda vez que son necesarias para resolver el juicio de amparo en que se actúa, apercibido que de no dar cumplimiento a lo solicitado o no informe el impedimento legal que tuviese para ello, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización1, de conformidad con lo dispuesto por el artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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