Chelia Irene Vazquez Gonzalez

Expediente 1287/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1287/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
27/04/2023

Partes del expediente

  • Chelia Irene Vazquez Gonzalez
  • CHELIA IRENE VAZQUEZ GONZALEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de abril de dos mil veintitrés.********************Causa estado.********************Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el proveído en este juicio el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, sin que lo haya hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicho proveído que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado estado, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************Tomos de pruebas.********************Atendiendo a la certificación de cuenta, en el asunto en que se actúa no existen tomos de pruebas por separado que se deban devolver a las partes.********************Archivo.********************Ahora, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.********************Valoración. ********************Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó estado en esta fecha y siendo que en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de plano; este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.********************Transferencia.********************Hecho lo anterior, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.********************No relevancia documental.********************En ese orden, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General.********************Notifíquese por lista; por oficio a las autoridades responsables; y, Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, mediante el cual remite el oficio suscrito por la Jefa de Departamento de Regulación Migratoria de la Oficina de Representación en el Estado de Aguascalientes del Instituto Nacional de Migración, por medio del cual informa la posible actualización de una causa de improcedencia. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable oficiante, las documentales que anexó a su informe de cuenta. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la detención y retención, y como consecuencia de ello, la orden de traslado, deportación, expulsión, proscripción o destierro librada en su contra, lo que se traduce en su retorno asistido o retorno voluntario. Actualiza causal de improcedencia. Ahora bien, del oficio de cuenta y sus anexos, se advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]." De conformidad con el dispositivo legal transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente cuando en virtud de un cambio de situación jurídica, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte: Que a través del oficio ********************, signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Aguascalientes, los aquí quejosos ********************, quedaron en libertad materialmente el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Por otra parte, mediante el oficio de cuenta y sus anexos, la Jefa de Departamento de Regulación Migratoria de la Oficina de Representación en el Estado de Aguascalientes del Instituto Nacional de Migración, remitió copia certificada de los acuerdos dictados el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en los expedientes administrativos migratorios aperturados a los aquí quejosos, en los que se declaró que dichos extranjeros se sustrajeron del control de firmas seguido ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Aguascalientes, lo que imposibilitó la continuación de tal procedimiento, determinando que estos últimos se tuvieran concluidos. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Entonces, si en autos se encuentra acreditado plenamente que ********************, quedaron en libertad el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, y en virtud de que se sustrajeron del control de firmas seguido ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Aguascalientes, el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se dictó en los procedimientos administrativos migratorios seguidos a dichos quejosos, un acuerdo en el que se determinó tenerlos concluidos. Por lo anterior, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de los actos reclamados, pues la situación jurídica en la que se encontraba ha sido sustituida por la nueva determinación emitida el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en los procedimientos administrativos migratorios, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.CXI/96, localizable a foja 219, del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, sustentada por la Segunda Sala, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Sobreseimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del once de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés, se requirió al Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Aguascalientes, a efecto de que informe si los aquí quejosos *** de nacionalidad hondureña se han presentado al registro de firmas, o bien, si su procedimiento ha sido concluido, y de ser así, remita las constancias que acrediten tales actuaciones, comunicación que se encuentra en vías de notificación a través del servicio postal mexicano. Diferimiento. En consecuencia, a efecto de dar integrar debidamente el presente juicio, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por medio de lista.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de marzo de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Aguascalientes, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés. De su contenido se advierte que ".no se han emitido acuerdos posteriores a la fecha de salida, así tampoco acuerdo de conclusión de los mismos.". Requerimiento. Tomando en consideración que el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Aguascalientes, en su informe rendido respecto a la suspensión de plano que obra en autos, informó que con fecha diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó el acuerdo de salida de los directamente quejosos de la referida estancia migratoria, ello en cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente expediente, sin embargo de las constancias remitidas de los expedientes administrativos respectivos no se advierte algún domicilio de permanencia de dichos quejosos, ni mucho menos se conoce si comparecieron ante dicha responsable para la continuación del procedimiento administrativo correspondiente. En tal virtud, con fundamento en los artículos 62 y 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables por conducto del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Aguascalientes, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, informe a este Juzgado si los aquí quejosos********************de nacionalidad ********************y********************de nacionalidad ********************se han presentado al registro de firmas o bien si su procedimiento ha sido concluido, y de ser así, remita las constancias que acrediten tales actuaciones. Apercibimiento. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 1a./J. 163/2005, en la página 319, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto.". Notifíquese por medio de lista; y por oficio al Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Aguascalientes.

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