CHEIKH MOCTAR ELLAHI y Otros.

Expediente 1503/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 1 actuación registrada, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1503/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • CHEIKH MOCTAR ELLAHI y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda y anexo de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación como juicio de amparo 1503/2023-VII. Suspensión de plano. En la demanda de amparo los actos reclamados por el quejoso se hacen consistir, esencialmente, en: La deportación, expulsión o repatriación asistida. El alojamiento, detención, aseguramiento ilegal o cualquier acto que tenga por objeto privar de su libertad a los agraviados 1) ********************, 2) ********************, 3) ******************** y 4) ********************. La omisión de hacer del conocimiento de los agraviados su derecho a solicitar la condición de refugiado. Actos de los que dice son y pueden ser objeto los antes mencionados, por parte del Instituto Nacional de Migración con sede en Tijuana, Baja California, al indicarse que son de nacionalidad extranjera. I.- Deportación, expulsión y repatriación asistida. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y los directamente agraviados no sean deportados o expulsados del país. II.- El alojamiento, detención, aseguramiento ilegal o cualquier acto que tenga por objeto privar de su libertad a los agraviados 1) ********************, 2) ********************, 3) ******************** y 4) ********************. Ahora, previo a pronunciarse sobre la suspensión de plano relativa a la privación de la libertad de las personas migrantes, es necesario tener en cuenta que la Ley de Migración, establece las facultades de control, verificación y revisión migratoria a cargo del Instituto Nacional de Migración, entre las que se encuentra la instauración del procedimiento administrativo migratorio; éste comprende, entre otros aspectos, el control migratorio, consistente en la revisión de documentación de personas que pretendan internarse al país. Del mismo modo, implica la supervisión de los medios de transporte que se utilizan para internarse al país, lo que realizarán las autoridades migratorias con auxilio de las autoridades policiales, lo cual se efectúa en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por mar, aire y tierra y de manera excepcional, previa solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lugares distintos a estos. En ese contexto, es relevante tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 68, primer párrafo y 100 de la Ley de Migración, que establecen: "Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición." De la anterior porción normativa se advierte que la presentación de las personas en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por personal del Instituto Nacional de Migración, en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, lo cual deberá constar en actas y no podrá exceder del término de treinta y seis horas contadas a partir de su puesta a disposición, para lo cual, deberá dictarse acuerdo dentro de las veinticuatro horas derivado de la diligencia de verificación o revisión migratoria. En resumen, si la autoridad migratoria realiza una verificación en la que detecta a una persona migrante en situación irregular, debe dar inicio al procedimiento migratorio. Ahora, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 112/2023 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que, para evitar que la detención administrativa sea arbitraria debe: Ser menor al plazo de treinta y seis horas; y, Debe cumplir con los requisitos de: Razonabilidad, que es un criterio de evaluación objetivo; Necesidad; y, Proporcionalidad, que son criterios de evaluación subjetivos. Explicó, que la razonabilidad exige que la detención sea impuesta en cumplimiento de un fin legítimo en cada caso individual, que tiene que estar estipulado expresamente en la legislación, y definir y enlistar exhaustivamente las razones consideradas como fines justificadores. Además, destacó que la necesidad exige que la detención sea indispensable para cumplir el fin legítimo y que, en las circunstancias individuales del caso, no exista otra menos restrictiva de los derechos de la persona afectada. Finalmente, señaló que la proporcionalidad reclama que el Estado alcance un balance entre la gravedad de la medida y la situación de la persona migrante en cuestión. Por lo que, consideró que el derecho a la libertad personal no es absoluta, pues puede haber escenarios en los que se encuentre justificada su restricción, como sucede con la facultad del Estado mexicano para establecer medidas tendentes a regular la entrada, admisión y expulsión de personas migrantes en territorio nacional. Así, determinó que para una detención en ese contexto, en aras de evitar su arbitrariedad, debe ser aplicada como medida excepcional, por el periodo más breve y sólo si se justifica por una finalidad legítima, siempre que ésta sea acorde con el artículo 21 constitucional, el cual mandata que ningún acto privativo de la libertad de las personas por razones administrativas puede exceder del periodo máximo de treinta y seis horas. Por tanto, la suspensión de plano solicitada se puede conceder, bajo ciertos parámetros y condiciones, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el procedimiento, por lo que, esta juzgadora concede la suspensión de plano en los supuestos y para los efectos siguientes: a) En el caso de que la detención de 1) ********************, 2) ********************, 3) ******************** y 4) ********************, no sea derivada de la internación irregular al país, o, no tenga relación con la comisión de un ilícito, es para que no sean privados de la libertad. b) En el supuesto de que la detención de 1) ********************, 2) ********************, 3) ******************** y 4) ********************, derive de la comisión de un hecho que la ley señale como delito, las autoridades deberán ponerlos en inmediata disposición del agente del ministerio público competente a fin de que se dé inicio a la carpeta de investigación correspondiente. c) En el escenario de que la detención de 1) ********************, 2) ********************, 3) ******************** y 4) ********************, sea con motivo de que su internación es considerada irregular por parte de la autoridad migratoria, deberá, dentro del plazo de veinticuatro horas, contados a partir de su detención, dictar el acuerdo de presentación a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración, y antes de que fenezca el plazo de las treinta y seis horas a partir de su detención, deberán dejarlos en inmediata libertad. En el entendido de que la orden de dejarlos en libertad no impide que se les fijen las medidas contempladas en la Ley General de Migración, para que 1) ********************, 2) ********************, 3) ******************** y 4) ********************, continúen su procedimiento en libertad. Por tanto, las medidas que señalen las autoridades deberán ser diversas a las que impliquen privación de la libertad personal de las personas en situación de migración, pero deberá tomar en cuenta aquellas que aseguren que ésta no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político; como puede ser, de manera enunciativa, mas no limitativa, la obligación de presentarse ante la propia autoridad administrativa cuantas veces le sea exigido y, en el supuesto de que determine imponer una garantía económica, ésta deberá ser asequible, debidamente fundada y motivada, atendiendo a la situación específica de la persona, lo que deberá analizar y justificar la autoridad administrativa, sin que ello, sea impedimento para que la persona migrante pueda seguir su procedimiento en libertad. Con la precisión que, la integridad personal de 1) ********************, 2) ********************, 3) ******************** y 4) ********************, es responsabilidad de la autoridad migratoria, razón por la cual durante el tiempo que se encuentren presentes ante la misma, (de ser el caso), deberá velar por la protección de sus derechos humanos, esto es, conservar y asegurar su integridad física, entre lo que destaca, proporcionar alimentos, vestimenta en caso de necesitarlo, así como brindar la atención médica básica que se requiera, con el objeto de que no se provoque un menoscabo a su salud, mientras estén a su disposición. Estas consideraciones, se desprenden de un análisis del Protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional, emitido y publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de dos mil veintiuno, ya que en dicho documento, la Corte estableció que las restricciones a la libertad personal deben ser seriamente analizadas para determinar su validez constitucional, pues no es casualidad que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos lo protejan con tanta intensidad y arrebato, por lo que se trata de un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, ya que garantiza a su vez el pleno ejercicio de otros derechos constitucional y convencionalmente reconocidos para un completo desarrollo y bienestar de las personas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis PR.P.CN. J/5 P (11a.), de rubro y contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA A LAS PERSONAS MIGRANTES QUE RECLAMAN LA PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD POR MÁS DE TREINTA Y SEIS HORAS EN ESTACIONES MIGRATORIAS, AL SER UN ATAQUE A SU LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron de diversas quejas en las que se dilucidó si procede o no la suspensión de oficio y de plano en tratándose de personas extranjeras privadas de la libertad, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), al constituir la detención alegada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal de la Región CentroNorte, con residencia en la Ciudad de México determina que cuando en el juicio de amparo indirecto las personas migrantes en situación irregular reclamen un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción), por más de treinta y seis horas, atribuida al Instituto Nacional de Migración, derivado del procedimiento administrativo en estaciones migratorias, procede conceder la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que sean puestas en libertad, al actualizarse la hipótesis del artículo 126 de la Ley de Amparo. Justificación: En atención al principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular previsto en el Protocolo para Juzgar Casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado F, fracción I, numeral 3, inciso b, denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas", en el que establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no como la excepción. Asimismo, el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia encasos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, en su capítulo VIII, intitulado "Reglas específicas de actuación", entre otros aspectos, expone ampliamente el tópico relativo a la excepcionalidad de la detención, por lo que la irregularidad en el ingreso es considerada una falta administrativa. En consecuencia, los derechos y las garantías que deben observar quienes juzgan son aquellas propias de las personas que son sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. Ello, además, atendiendo el principio pro persona previsto en el artículo 1o. constitucional, conforme al cual las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Ley Fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, se considera que en el caso debe privilegiarse la solución conforme con el derecho a la libertad personal de los quejosos, por lo que se debe conceder la suspensión de oficio y de plano cuando la detención de las personas migrantes sea, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en la estación migratoria con motivo del procedimiento administrativo previsto en la Ley de Migración, al ser esa detención reclamada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, para el efecto de que sean puestas en libertad inmediata, para continuar con el trámite migratorio. En el entendido de que la autoridad migratoria, a efecto de dar el debido seguimiento al procedimiento, podrá fijar los requisitos y medidas necesarias, tomando como parámetro las establecidas en los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, una vez que ya haya decretado la libertad." IIII. La omisión de hacer del conocimiento de los agraviados su derecho a solicitar la condición de refugiado. En lo concerniente a la petición del promovente en el sentido de que se decrete la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la omisión de hacer del conocimiento de los agraviados su derecho a solicitar la condición de refugiado, con fundamento en el artículo 15 y 126 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, no ha lugar a decretar dicha medida cautelar, en razón de que tal acto reclamado, no encuadra en ninguna de las hipótesis de procedencia que al efecto contemplan los referidos preceptos legales. El artículo 15 de la ley de la materia en lo que aquí acontece, señala: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. [.]" Así como el párrafo primero del artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." De los dispositivos en cita, se advierte que el órgano jurisdiccional de amparo concederá la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, cuando estos se encuentren en alguna de las hipótesis siguientes: a) importen peligro de privación de la vida; b) ataquen a la libertad personal fuera de procedimiento; c) incomunicación; d) deportación; e) expulsión; f) proscripción o destierro; g) extradición; h) desaparición forzada de personas; i) la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; o, j) alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. De ahí que, si la parte quejosa reclama la omisión de hacer del conocimiento de los agraviados su derecho a solicitar la condición de refugiado, este no es un acto que amerite la concesión de la suspensión de plano, sin perjuicio de que una vez que se ratifique la demanda y ésta se admita podrá proveerse sobre dicho acto en el incidente de suspensión. Informes. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, remitiéndoles para tal efecto copia simple del escrito de demanda. Apercibimiento. Apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Autorización de informe vía electrónica. Se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe al correo electrónico 14jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; asimismo, se sirvan proporcionar un correo electrónico a fin de realizarles las subsecuentes notificaciones por esa vía, para privilegiar el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de que lo realicen mediante oficio que se envíe a este juzgado. Requerimiento promovente. Ahora, tomando en consideración las propias manifestaciones efectuadas por la promovente en el sentido de que, los directamente agraviados tienen el temor de ser detenidos y deportados a su país, sin que esto, al parecer haya acontecido, y habida cuenta que la demanda de amparo fue promovida en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el precepto 15, párrafos segundo y tercero de la ley de la materia, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de tres días hábiles, legalmente computado, presente ante este órgano jurisdiccional a los quejosos 1) ********************, 2) ********************, 3) ******************** y 4) ********************, a efecto de que ante la presencia judicial, si así lo creen conveniente, ratifiquen la demanda promovida a su favor. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento, que de no hacerlo dentro del plazo de ley, se tendrá por no presentada la demanda y quedaran sin efectos las providencias decretadas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15, párrafo tercero de la Ley de Amparo. Señalamiento de autorizado. Se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************, hasta en tanto los directamente agraviados ratifiquen la demanda de amparo y, en su caso, realicen la autorización respectiva. Datos de contacto. Téngasele señalando el correo electrónico y número telefónico, que indica única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Consulta y notificación electrónica. En atención a que el promovente no señala domicilio para oír y recibir notificaciones y a efecto de que puedan ser notificado de esta determinación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 y 102 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio, asimismo para que se le practiquen las notificaciones que deban ser personales a través de la vía electrónica. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del mencionado Acuerdo General 12/2020, se le tiene por señalada la vía electrónica para que las notificaciones personales generadas en el presente asunto se le hagan de esa manera; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen al promovente por ese medio. En el entendido de que las mismas se sujetarán a los términos establecidos en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A, realice la autorización respectiva para la consulta y notificación del presente juicio a través de la vía electrónica, por conducto del usuario "********************". Habilitación de días y horas inhábiles. Por otro lado, de conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento cobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente a 1) ********************, 2) ********************, 3) ******************** y 4) ********************.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 4,651 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano