Charly Noel Edén Pavón

Expediente 1611/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1611/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
03/02/2023

Partes del expediente

  • Charly Noel Edén Pavón
  • Charly Noel Edén Pavón y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la Secretaria Adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, mediante el cual manifiesta el órgano jurisdiccional de su adscripción aceptó la competencia declinada por este Juzgado. Por otra parte, como lo solicita la autoridad oficiante, instrúyase al analista jurídico SISE para que relacione las constancias del expediente electrónico del presente juicio para observancia de las mismas por parte del juzgado que conoce del asunto que nos ocupa. Ello sin perjuicio a que mediante vía estafeta y previa copia que se deje en autos, remítase los informes respecto la suspensión de plano que obran en el presente expediente. En tales condiciones y, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. ... Notifíquese.

  2. Principal

    CITATORIO: PARTE QUEJOSA. PROVEIDO 21-DICIEMBRE-2022 Vistos los autos de cuenta, se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia dictada en este juicio ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En la especie, *****, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Subsecretaría de Ingresos del Estado de Durango. Dirección de Recaudación del Estado de Durango. Recaudación de Rentas de Durango/ Centro Multiplaje 20 de Nov [.]" "ACTOS RECLAMADOS El acto de cobro a través de la boleta de pago con número de referencia: *****, emitida el primero de junio de 2021. Cobro que carece de fundamentación y motivación" Mediante escrito de data veintiséis de julio del año anterior, el quejoso amplió su escrito inicial, como sigue: "AUTORIDADES RESPONSABLES H. Congreso del Estado de Durango. El Gobernador Constitucional del Estado de Durango. El Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Durango. El Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango. El Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad". ACTOS RECLAMADOS Además de los actos reclamados en la demanda de amparo inicial, de las autoridades responsables reclamo la inconstitucionalidad de artículo 52, fracción I, que establece el derecho de inscripción por parte del registro Público de la Propiedad y el Comercio, de la siguiente forma: Del H. Congreso del Estado de Durango se reclama la inconstitucionalidad de la norma en cuanto a su aprobación y expedición. Del Gobernador Constitucional del Estado se reclama la inconstitucionalidad de la norma en cuanto a su aprobación, promulgación y orden de publicación. Del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Durango, se reclama la inconstitucionalidad de la norma en cuanto a su aprobación, promulgación y orden de publicación. Así como su aplicación. Del Director del Periódico Oficial del Estado, se reclama la inconstitucionalidad de la norma en cuanto a su aprobación, promulgación y orden de publicación. Del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, se reclama la inconstitucionalidad de la norma en cuanto a su aplicación" Finalmente, en ocurso de trece de septiembre de la anualidad próxima pasada, el impetrante amplió nuevamente la demanda, contra: "AUTORIDADES RESPONSABLES 1.- H. Congreso del Estado de Durango. 2.- El Gobernador Constitucional del Estado de Durango. 3.- El Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Durango. 4.- El Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango. 5.- El Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad". ACTOS RECLAMADOS Además de los actos reclamados en la demanda de amparo inicial y su ampliación, de las autoridades responsables reclamo la inconstitucionalidad de los artículos 13 al 18 Bis de la Ley de Hacienda del Estado de Durango: que establece el impuesto para el Fomento de la Educación Pública en el Estado, de la siguiente forma: Del H. Congreso del Estado de Durango, se reclama la inconstitucionalidad de la norma en cuanto a su aprobación y expedición. Del Gobernador Constitucional del Estado se reclama la inconstitucionalidad de la norma en cuanto a su aprobación, promulgación y orden de publicación. Del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Durango, se reclama la inconstitucionalidad de la norma en cuanto a su aprobación, promulgación y orden de publicación. Así como su aplicación. Del Director del Periódico Oficial del Estado, se reclama la inconstitucionalidad de la norma en cuanto a su aprobación, promulgación y orden de publicación. Del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, se reclama la inconstitucionalidad de la norma en cuanto a su aplicación" Mediante resolución de cuatro de marzo de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó el juicio de amparo contra los actos reclamados del Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango y al Director del Registro Público y del Comercio de esta ciudad (acto aplicativo), así como al Congreso, Gobernador y Director del Periódico Oficial (inconstitucionalidad de los artículos 52, fracción I y 13 al 18 Bis de la Ley de Hacienda); por otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal contra el recibo de cobro que se reclamó a la Subsecretaría de Ingresos del Estado de Durango, la Dirección de Recaudación del Estado de Durango y Recaudación de Rentas de Durango. Los efectos de tal veredicto, fueron los siguientes: [.] - La Dirección de Recaudación de Rentas de Durango, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado, devuelva el pago identificado en el recibo de pago exhibido por la parte quejosa, únicamente por las cantidades pagadas por concepto de los impuestos al Fomento de la Educación Pública en el Estado sin que deba reintegrársele lo correspondiente al subsidio que le fue otorgado. En el entendido de que deberá entregarse debidamente actualizada conforme al Código Fiscal del Estado de Durango, desde la fecha en que se realizó el pago hasta aquella en que la devolución se realice. La presente concesión no implica la inaplicabilidad a la quejosa de las normas referidas, para actos diversos a los aquí precisados, únicamente en torno al Impuesto al Fomento de la Educación, dada la extemporaneidad de la promoción del juicio según lo analizado en el considerando respectivo. [.] Inconforme con lo anterior, la parte quejosa promovió el recurso de revisión del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito en esta ciudad y mediante ejecutoria de treinta de junio del año en curso, confirmó la sentencia recurrida. El catorce de julio de este año, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria. Para ese fin, el Subprocurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado, mediante oficio SFA-PF-DJA-0612-16218/2022 de siete de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual anexó la transferencia electrónica al quejoso ***** a cargo del banco ****, por la cantidad de $***** (*****pesos 74/100 moneda nacional), de los cuales $***** (***** pesos 23/100), corresponden al pago efectuado y $*****(d***** pesos 51/100) a la parte actualizada. Con dicho cumplimiento, se dio vista al impetrante sin que realizara manifestación alguna. En mérito de lo anterior, se estima que se llevaron a cabo los lineamientos fijados en la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la Ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector y en su oportunidad, de no interponerse el recurso pertinente, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda o escrito inicial, sentencia, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    I. Estado de autos. Mediante escrito exhibido vía electrónica, el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, turnado, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango,*****, en su carácter de apoderado legal de *****, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III AUTORIDAD RESPONSABLE*****- CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL EN EL ESTADO DE DURANGO EN SU CARÁCTER DE FUNCIONARIO CONCILIADOR DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL EN EL ESTADO DE DURANGO ACTUARIO ADSCRITO AL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL EN EL ESTADO DE DURANGO******************** Todas Autoridades estas con domicilio en Calle *****, en esta Ciudad Capital******************** "IV ACTO RECLAMADO La ilegalidad de la supuesta notificación que se dice realizó a mi representada el día 12 de agosto de 2022, para la audiencia obligatoria de conciliación ante el funcionario conciliador *****, prevista para el 29 de agosto de 2022 a las 13:30 horas, con Número Identificación Único *****, así como las consecuencias jurídicas y administrativas que se desencadenaron y pudieren seguir desencadenando de dichas notificaciones (multa, acta de no conciliación y demanda)******" Por auto de veintitrés de septiembre del año en curso, se admitió la demanda de amparo, registrándose el presente juicio con el número *****; se ordenó requerir a las autoridades responsables su informe de ley. II. Fijación de la litis. De la revisión de la demanda de garantías y de los informes justificados rendido por las autoridades responsables, se advierte que el acto reclamado consiste, esencialmente, es la citación de doce de agosto de dos mil veintidós a la audiencia conciliatoria, así como las consecuencias legales producidas por la incomparecencia a ésta, consistente en la multa impuesta equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, así como la declaración que la tuvo como inconforme con cualquier arreglo conciliatorio, lo cual fue determinado en acuerdo de veintinueve de agosto del año en curso, todo ello dentro del número de identificación único: ***** III Se plantea returno Ahora bien, los artículos 45 y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, publicado en el Diario Oficial de la Federación de catorce de marzo de dos mil veintidós, disponen: "Artículo 45 Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I Forma aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema automatizado de turno, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II Forma relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, con base en la información que proporcione el sistema y sin necesidad de consultar otros sistemas de gestión, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto. Tratándose de concentraciones de procedimientos, exclusiones de turno, turnos a órganos jurisdiccionales de guardia, y todos aquellos que no tengan relación con las fracciones I y II del presente artículo, el turno se realizará de manera automática, a través del sistema, a los órganos jurisdiccionales que corresponda, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables o la determinación del órgano competente" ***** "Artículo 46 Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: I... II Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos." De acuerdo a estas disposiciones administrativas, los asuntos del conocimiento de los distintos Juzgados de Distrito deben turnarse de manera aleatoria o de forma relacionada. La primera se presenta cuando no exista antecedente que lo vincule a un asunto previo, de manera que en esa hipótesis el asunto se distribuye aleatoriamente y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales. La segunda surge cuando el sistema automatizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de la temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, ya sea por disposición expresa de la ley, o conforme a un criterio de relación, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a*****/J***** 129/2010, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, página 189, registro 163865, del texto, estimó: "COMPETENCIA POR TURNO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGULA LA ASIGNACIÓN DE ASUNTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RELACIÓN, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO AL TIPO DE CONOCIMIENTO PREVIO PARA EL RETURNO DE LOS ASUNTOS. ......Del citado criterio jurisprudencial, de observación obligatoria para este Juzgado de Distrito, se advierte que la finalidad del returno no solamente se cumple con enviar un expediente a diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; sino igualmente cuando se trata de aprovechar ese conocimiento previo acerca de los antecedentes del expediente respectivo . En esas condiciones, este juzgado declina la competencia para conocer de este juicio de amparo por cuestión de turno, al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en relación con las atribuc. Esto es así, toda vez que de los informes justificados rendido por las responsable, se advierte que los actos reclamados consiste en la citación de doce de agosto de dos mil veintidós a la audiencia conciliatoria, la multa impuesta equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización por incomparecencia a esa diligencia, así como la declaración que la tuvo como inconforme con cualquier arreglo conciliatorio, lo cual fue determinado en acuerdo de veintinueve de agosto del año en curso, todo ello dentro del número de identificación único: *****. Ahora, de una consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango, ha conocido y resuelto diverso juicio de amparo contra actos derivados del proceso prejudicial número de identificación único: *****, siendo este el *sin que con posterioridad, se haya resuelto otro juicio de amparo vinculado en diverso órgano jurisdiccional. De manera que ante dicho conocimiento previo, sin duda existe un criterio general de relación que motiva que un asunto nuevo se turne a la autoridad de amparo que conoció anteriormente. Returno que se justifica, además, porque al existir pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, deberá aprovecharse ese conocimiento previo acerca de los antecedentes del expediente respectivo. Derivado de lo expuesto, la suscrita juzgadora se declara legalmente incompetente por razón de turno, para conocer del presente juicio de amparo promovido por *****, por propio derecho, contra actos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de Durango y otras autoridades. IV. Remisión de autos. Por tanto, con apoyo en los dos últimos párrafos del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las Oficinas de Correspondencia Común, remítase al JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE DURANGO, el presente juicio y los cuadernillos incidentales, a fin de que determine SI ACEPTA O NO SU CONOCIMIENTO y, para el caso aceptar, lo comunique a este juzgado de Distrito, previa notificación que se realice a las partes y el aviso que se dé a la oficina de correspondencia común a fin de compensar las cargas de trabajo. V. Fórmese cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo para los efectos legales a que haya lugar. VI. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    I. Se forma expediente. Regístrese la demanda de amparo promovida por ***** a favor de C**** y Brayan *****de nacionalidad hondureña, contra actos del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Nuevo León y otras autoridades, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el consecutivo 1611/2022. No pasa inadvertido que el escrito de demanda se presentó a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y carece de firma; sin embargo, toda vez que se promueve y combaten actos de los previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo, es decir, se trata de un asunto urgente, de ahí que se procede a darle el trámite correspondiente. Por tanto, con independencia de las medidas que esta resolutora dicte en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente del amparo para que una vez que tenga conocimiento de la localización y paradero de los directo quejosos, lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional, a efecto de dictar las medidas pertinentes en relación con este procedimiento. Apercíbase que de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente (Medida de Actualización), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. II. Suspensión de plano. Tomando en consideración que la promovente refiere en los antecedentes que vierte, bajo protesta de decir verdad, que los directos quejosos ***** y *****, fueron privados de su libertad por agentes federales del Instituto Nacional de Migración en los límites de Coahuila y Nuevo León, y trasladados, según dicho por los agentes que los detuvieron, a la "Estación Migratoria Guadalupe", para presuntamente después ser traslados al Estado de Durango, para su posterior deportación; con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV de la Constitución Federal; 1°, 3, 15, 108, 109, 112, párrafo segundo, 125, 126, 127, 140, 148, y relativos de la Ley de Amparo, se procede a proveer respecto de los citados actos reclamados de la manera siguiente. - Tocante a la privación de la libertad en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Guadalupe, Nuevo León, o en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Durango, Durango, alojamiento indefinido y por más de treinta y seis horas, la orden de deportación o traslado y la incomunicación se provee: En efecto, cabe destacar que en el caso se reclaman de las autoridades responsables, como se señaló con antelación, los actos consistentes en la detención de los directamente quejosos *****, así como su incomunicación y la inminente deportación u orden de traslado librada en su contra, actos que se encuentran comprendidos en los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Se concede suspensión de plano. En ese tenor, con fundamento en los numerales 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS, consistentes en la incomunicación para que cese de inmediato, así como respecta de la deportación u orden de traslado, para el efecto de que los quejosos ***** no sean deportados ni asistidos para su retorno, y queden en el lugar en que se encuentran, a disposición de este órgano de control constitucional, solo en cuanto se refiere a su libertad personal. En la inteligencia de que la suspensión otorgada y sus efectos, son decretadas considerando la naturaleza especial del procedimiento administrativo migratorio, por lo que deben ajustarse a las reglas que lo rigen; quedando sujetas, en lo conducente, a las condiciones a que se contrae la figura jurídica de la "custodia provisional" prevista por los numerales 101 y 102 de la Ley de Migración, en vinculación con lo dispuesto en los diversos artículos 43 y 111, de ese mismo ordenamiento y el numeral 214 de su Reglamento, que disponen: "Artículo 101. Una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio". "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley". "Artículo 43. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 de este ordenamiento, las autoridades migratorias podrán negar la expedición de la visa, la internación regular a territorio nacional o su permanencia a los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: I. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudieran comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública; II. Cuando no cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables; III. Cuando se dude de la autenticidad de los documentos o de la veracidad de los elementos aportados; IV. Estar sujeto a prohibiciones expresas de autoridad competente, o V. Lo prevean otras disposiciones jurídicas. Las autoridades migratorias, en el ámbito de sus atribuciones, contarán con los medios necesarios para verificar los supuestos anteriores y para este fin podrán solicitar al extranjero la información o datos que se requieran. El hecho de que el extranjero haya incumplido con lo dispuesto en la fracción II de este artículo, no impedirá a la autoridad migratoria analizar de nueva cuenta su solicitud de visa, siempre que cumpla con lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. En los casos en que el extranjero haya sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales, el Instituto valorará su condición migratoria atendiendo los principios de la readaptación social, así como los relativos a la reunificación familiar". "Artículo 111. El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación. El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero". "Artículo 214. Para que el Instituto pueda entregar en custodia a una persona extranjera, en términos del artículo 101 de la Ley, deberá tomar en consideración lo siguiente: I. Que la autoridad migratoria cuente con impedimento legal para resolver en definitiva la situación migratoria de una persona extranjera, de conformidad con los términos establecidos en los artículos 43 y 111 de la Ley; II. Que la persona extranjera no cuente con alerta migratoria; III. Que no haya infringido en más de una ocasión la Ley, y IV. Que no se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 43, fracción I, de la Ley". En tales condiciones, las autoridades responsables de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 101 de la Ley de Migración, deberá informar a la quejosa que, hasta que no se dicte resolución sobre su situación migratoria en el país, de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, en los términos previamente apuntados: 1. Podrá quedar bajo custodia provisional de la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien de persona moral o institución de reconocida solvencia, cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos; 2. Tendrá la obligación de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial, en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio; y, 3. Deberá comparecer ante la autoridad migratoria las veces que así se lo requiera. Robustece lo anterior la siguiente jurisprudencia: "DERECHO A BUSCAR Y RECIBIR ASILO. LA CONDICIÓN DE REFUGIADO ES DECLARATIVA Y NO CONSTITUTIVA Y, POR LO TANTO, LAS PERSONAS SOLICITANTES DE REFUGIO REQUIEREN PROTECCIÓN REFORZADA, INCLUSO ANTES DE QUE EL ESTADO LES RECONOZCA SU ESTATUTO. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP). En el proceso, alegaron la inconstitucionalidad de los artículos 52 y 59 de la Ley de Migración en los que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que uno de los principios generales del derecho a buscar y a recibir asilo es que la condición de persona refugiada es declarativa y no constitutiva. Es decir, una persona es refugiada y tiene una situación de mayor vulnerabilidad por lo que ha vivido y no por el hecho de que se le reconozca como tal. Por lo tanto, merece una protección reforzada incluso antes de que el Estado le reconozca su estatuto y durante todo el procedimiento encaminado a ese resultado. De ahí que el Estado esté obligado a no dejar a los solicitantes de asilo en una condición desprovista de derechos mientras esperan la resolución de sus solicitudes. Justificación: El derecho de asilo -reconocido en el artículo 11 constitucional, en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, en la Declaración de Cartagena y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos- abarca dos facetas: (i) el derecho de solicitar o pedir el asilo o la condición de refugiado sin discriminación alguna, y (ii) el derecho a recibir asilo, a partir del cual, el Estado debe otorgar la protección siempre que se cumplan los requisitos y las condiciones para que ésta pueda ser brindada, beneficiar con ese reconocimiento a otros miembros de la familia -en atención al principio de unidad familiar-, así como mantener y dar continuidad a la determinación de la condición de refugiado, conforme a la normativa especializada en la materia. Bajo este derecho, las personas que solicitan el reconocimiento de la condición de refugiado, y que no han recibido una determinación definitiva sobre dicha petición, merecen una protección reforzada. Esto quiere decir que, además de proteger, respetar y garantizar sus derechos fundamentales, el Estado debe permitirles que permanezcan en el país en condiciones dignas hasta que la autoridad competente adopte una decisión definitiva del caso. En esa estancia, se les deben otorgar los medios o las oportunidades de subsistencia para hacer efectivo el reconocimiento de sus derechos fundamentales como parte de las medidas de protección reforzada". Sin perjuicio de las medidas que este órgano jurisdiccional emita en relación con los restantes actos reclamados. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 80/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 15, que dispone: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo". Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que de conformidad con los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por tanto, debe cumplir con el diverso artículo 5° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que toda persona privada de su libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano. Así como los Principios Generales y Buenas Practicas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptados por la Comisión durante el 131° periodo ordinario de sesiones celebrado del tres al catorce de marzo de dos mil ocho, entre ellos: a) Trato humano, el cual establece que deberán ser tratados humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales. b) Igualdad y no discriminación, que prevé que todos serán iguales ante la ley, así como que bajo ninguna circunstancia se discriminara, así como que se prohíbe cualquier distinción, exclusión o restricción que tengan como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionales reconocidos. c) Salud en lo relativo a que todos tienen derecho a la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada, disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial, acceso al tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos, así como la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole. d) Alimentación y agua potable, en el sentido que toda persona tiene derecho a recibir una alimentación que responda en cantidad, calidad y condiciones de higiene y nutrición adecuada; así como que tendrán acceso en todo momento al agua potable suficiente y adecuada para su consumo. e) Albergue, condiciones de higiene y vestido, pues toda persona deberá disponer de espacio suficiente exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar en que se encuentra privada de su libertad; así como tener acceso a inhalaciones sanitarias higiénicas y suficientes que aseguren su privacidad y dignidad, así como a productos básicos de higiene personal y agua para aseo personal. Apoyo a lo anterior, la tesis P/LXIV/2010, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero 2011, Pagina 26, Materia Constitucional, Novena Época, de rubro y texto: "DERECHOS A LA INTEGRACION PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTAN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD". En virtud a ello, dígase a las autoridades responsables que deben tomar las medidas necesarias para que se protejan los principios descritos, ya que la omisión a ello traería como consecuencia responsabilidad para el Estado Mexicano en relación a los derechos fundamentales de los quejosos. En el mismo orden de ideas, por lo que se refiere a la detención de los quejosos y como consecuencia de ello, la privación de su libertad o prolongación del alojamiento temporal de que está siendo objeto en las instalaciones de la estación Migratoria en Guadalupe, Nuevo León, se provee: Al respecto, se tiene que el alojamiento temporal de un extranjero en una estación migratoria se rige por el aludido artículo 111 de la Ley de Migración, el cual se encuentra relacionado con el procedimiento administrativo migratorio, a que se refieren los diversos preceptos 77, 78, 79 y 80 del mismo cuerpo normativo. Asimismo, cabe destacar, la litis del presente asunto proviene del derecho administrativo sancionador, el cual es la rama de la ciencia jurídica que se encarga de lo relativo a la potestad sancionadora de los órganos administrativos que implica la acción punitiva del Estado; esto es, la posibilidad jurídica de la imposición de sanciones a particulares o a funcionarios que infringen normas administrativas, o bien, a los servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones transgreden sus mandatos o desconocen sus prohibiciones. El tema del derecho administrativo sancionador es extenso, pues a esta sub-rama de la ciencia jurídica se subdivide a su vez en otras cinco, las cuales son: 1) Sanciones administrativas cometidas contra los reglamentos de policía. 2) Sanciones a que están sujetos los servidores públicos y particulares que tengan control sobre recursos públicos, en términos del Título Cuarto de la Constitución Federal (De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado). 3) Sanciones administrativas en materia electoral. 4) Sanciones a las que están sujetos los agentes económicos y operadores de los mercados regulados en el contexto de la planificación económica y social del Estado. 5) Sanciones a las que están sujetos los particulares con motivo de una actividad de interés público regulada administrativamente (aduanero, inmigración, ambiental, etcétera). Lo anterior, se desprende del criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a. CCCXVI/2014 (10a.), de texto: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEBE MODULARSE EN ATENCIÓN A SUS ÁMBITOS DE INTEGRACIÓN. El ámbito constitucionalmente legítimo de participación de la autoridad administrativa en los procesos de producción jurídica en el derecho administrativo sancionador, debe determinarse por referencia a los imperativos de tres valores en juego, a saber: 1) el control democrático de la política punitiva (reserva de ley); 2) la previsibilidad con la que han de contar las personas sobre las consecuencias de sus actos; y, 3) la proscripción de la arbitrariedad de la autoridad (ambas vertientes del principio de tipicidad). Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suscribe la premisa de que los componentes del principio de legalidad no pueden tener un grado de exigencia idéntico en todos los ámbitos del derecho citado, sino que han de modularse de acuerdo con la función desempeñada por el Estado, por lo que para determinar el balance debido es necesario establecer en qué terreno se encuentra la materia de escrutinio constitucional y cuáles son los elementos diferenciados a considerar. Ahora bien, de una lectura íntegra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que, al menos, existen cinco ramas del derecho referido, sin que ello implique que no puedan aceptarse posteriormente nuevas manifestaciones: 1) las sanciones administrativas a los reglamentos de policía, del artículo 21 constitucional; 2) las sanciones a que están sujetos los servidores públicos, así como quienes tengan control de recursos públicos, en términos del Título Cuarto de la Constitución Federal; 3) las sanciones administrativas en materia electoral; 4) las sanciones a que están sujetos los agentes económicos y operadores de los mercados regulados en el contexto de la planificación económica y social del Estado; y, 5) una categoría residual, donde se prevén las sanciones a que están sujetos los particulares con motivo de una actividad de interés público regulado administrativamente (aduanero, inmigración, ambiental, entre otros). Este listado no tiene el fin de establecer los únicos ámbitos integrantes del derecho administrativo sancionador, pero sí evidencia los que han sido explorados en la jurisprudencia, en que se han fijado distintos balances de acuerdo a los elementos normativos y jurisprudenciales que definen una naturaleza propia que, por ejemplo, en el caso de las sanciones administrativas establecidas en los reglamentos, ha llevado a concluir que no es aplicable el principio de reserva de ley, pero sí el de tipicidad, a diferencia del ámbito donde el Estado se desempeña como policía, en el que los tres principios exigen una aplicación cercana a la exigida en materia penal. Entre ambos extremos, cabe reconocer ámbitos intermedios, donde el Estado desempeña un papel regulador en el que los tres valores adquieren una modulación menor al último pero mayor al primero, pues se permite la integración de los tipos administrativos con fuentes infralegales, pero siempre bajo los lineamientos generales establecidos en las leyes. Por tanto, el grado de exigencia del principio constitucional de legalidad exige un ejercicio previo de reconocimiento del ámbito donde se ubica la materia de estudio". Además, en la jurisprudencia P./J. 43/2014 (10a.), el Pleno del Máximo Tribunal estableció que el principio de presunción de inocencia también debe imperar en el derecho administrativo sancionador, pues ese principio debe ser aplicado en todos los procedimientos que tengan como fin aplicar una pena o sanción al sujeto de ese proceso punitivo; ello, de conformidad con el texto constitucional y convencional. Por tanto, en los procedimientos administrativos sancionadores la carga de la prueba compete a la autoridad, quien deberá acreditar fehacientemente que el sujeto al procedimiento cometió la falta que se le imputa. "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso". De lo expuesto, se desprende: 1. El derecho administrativo sancionador es una rama de la ciencia jurídica que se encarga, entre otros fines, de aplicar las sanciones a las que están sujetos los particulares con motivo de una actividad de interés público regulada administrativamente, como lo es la inmigración. 2. Por su naturaleza punitiva, el derecho administrativo sancionador comparte muchos de los principios rectores del derecho penal, como lo es el de presunción de inocencia. Ahora, uno de los derechos fundamentales que tutela la presunción de inocencia, es el derecho a la libertad, aun cuando pueda encontrarse vulnerado por el actuar de una autoridad jurisdiccional, o incluso, una administrativa en un procedimiento sancionador. Además, mientras la presunción de inocencia opere, el gobernado debe recibir el trato de "no autor o no partícipe del hecho delictivo o infracción a normas administrativas, mientras no se demuestre lo contrario". Así lo determinó la Primera Sala del Máximo Tribunal en la tesis 2a. XXXV/2007, de texto: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. El principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia". Por tanto, toda aquella persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo, como lo es aquél en materia migratoria, gozará del principio presunción de inocencia, y en consecuencia, no se le puede tratar como culpable de la comisión de la falta administrativa que se le atribuye, por tanto, mientras no se demuestre que la cometió, deberá ser tratado como una persona no infractora y, por ello, podrá disfrutar de su libertad. Por otra parte, de conformidad con el ordinal 162 de la Ley de la Materia, cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad, la suspensión tendrá por efecto que cese inmediatamente, tomando el órgano jurisdiccional de amparo, las medidas que aseguren que los quejosos no evadan la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad responsable cuantas veces le sea exigido. Asimismo, atendiendo a lo establecido por el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas, y las mismas no tengan relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sean puestas en libertad. Caso concreto. En el presente caso, de las manifestaciones formuladas por el promovente del juicio de amparo se desprende que los quejosos se encuentran el día de hoy en la "Estación Migratoria Guadalupe" de Nuevo León. Asimismo el citado artículo 111 de la Ley de Migración, señala que el Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación. El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los quince días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de sesenta días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero. Y el dispositivo 148 de la Ley de Amparo estatuye que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso, y respecto de los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación. En consecuencia: a) Si teniendo como base la fecha en que los directamente agraviados fueron detenidos entre los límites de los Estados de Coahuila y Nuevo León y puestos a disposición en la Estación Migratoria en Nuevo León desde el veinte de diciembre de dos mil veintidós, ya transcurrió el plazo de treinta y seis horas previsto por los artículos 68 de la Ley de Migración y el 21, cuarto párrafo, constitucional, con fundamento en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para el efecto de que Charly Noel Edén Pavón y Brayan Estubar Edén Pavón sean puestos en inmediata libertad, y se les entreguen sus documentos de identidad. b) Lo anterior, salvo que: b.1) En caso de no haber transcurrido el aludido plazo de treinta y seis horas, con fundamento en el artículo 160, última parte, de la Ley de Amparo, se concede la medida cautelar para el único efecto de que los quejosos queden en el lugar donde se encuentran a disposición de este órgano de control constitucional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal. En el entendido de que vencido el término de treinta y seis horas de referencia, invariablemente habrá de dejárseles en inmediata libertad en los términos del inciso a) que antecede. b.2) Igual salvedad en el supuesto de que los agraviados estén a disposición de diversa autoridad jurisdiccional en relación con la detención de que se trata. En el entendido de que las autoridades responsables deberán precisar en el informe que se indica en el párrafo siguiente en cuál de los supuestos previstos con antelación se ubican la parte quejosa, esto es, deberán indicar la fecha en que se cumplieron las treinta y seis horas a que hacen referencia los artículos 68 de la Ley de Migración y el referido artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución, o bien la data en que ello acontecerá. Es aplicable al caso por identidad de razón la tesis I.20o.A.19 A (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3551, que dispone: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." Sustenta lo anterior por las razones que la informan, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de anterior conformación, que aparece visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia común, Página 784; así como el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que obra consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228 Sexta parte, Página 637, y que literalmente dicen: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL. El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo". "SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE POR SER ESTE DE ORDEN PUBLICO. La continuidad del procedimiento es de orden público y si se suspende se afectaría el interés general, de manera que la suspensión no puede otorgarse para detener la tramitación de un juicio; máxime que dichos efectos ya no serían para mantener las cosas en el estado en que se encuentran, sino que las retrotraerían al estado en que se encontraban antes de dictarse el acto reclamado; efectos que sólo puede tener la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del amparo". En el entendido de que los quejosos quedan a disposición, en cuanto a su libertad, del Juzgado de Distrito que conozca de este asunto, y de las autoridades responsables migratorias únicamente para la prosecución del procedimiento administrativo respectivo. Atendiendo a la naturaleza de la medida cautelar, esta surte efectos de inmediato, y continuara habiéndolo siempre y cuando se cumplan los lineamentos y medidas de seguridad, siguientes: a) Dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, los quejosos deberán presentarse ante las autoridades responsables para la continuación del procedimiento correspondiente, por ser éste insuspendible, como lo establece el artículo 150 de la Ley de Amparo, y cuantas veces sean requeridos para ello. b) Adicionalmente, deberá presentarse ante la responsable los días lunes de cada quince días, o el siguiente hábil si aquél no lo fuere, motivo por el cual, se instruye a la autoridad responsable a efecto de que establezca un sistema de registro, a fin de que se certifiquen las comparecencias de los quejosos con la finalidad de dar cumplimiento a la presente medida de aseguramiento. Requiriéndose a las autoridades responsables, para que una vez que los quejosos realicen la primera de dichas presentaciones, informen de inmediato a este Tribunal la fecha en que se efectuó, o bien hagan del conocimiento que no se cumplió con esa o cualquier posterior. c) En la misma tesitura, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, deberá proporcionar tanto a las autoridades responsables como al Juzgado de Distrito que conozca de este asunto, su domicilio en Monterrey, Nuevo León, a efecto de que se les pueda practicar las citaciones respectivas. En el entendido de que los quejosos no podrán ausentarse de esa ciudad, sin previa autorización del órgano de control constitucional. III. Solicitud de los informes sobre el cumplimiento de la suspensión de plano. Hágase saber lo anterior a las autoridades responsables, así como que deberán informar en el término de VEINTICUATRO HORAS como lo establece el artículo 15 de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de esta resolución. Asimismo, infórmeseles que tienen expeditas sus facultades legales para dictar las determinaciones que correspondan en el procedimiento administrativo del cual derivan los actos reclamados, siempre y cuando no contravengan o supediten el cumplimiento de la suspensión de plano aquí decretada, ya que tal circunstancia podría actualizar la comisión del ilícito penal que a continuación se precisa. IV. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por el equivalente cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, del ordenamiento legal en cita. Asimismo, hágaseles saber a las responsables que el cumplimiento de la suspensión de plano decretada en este asunto es de orden público y, por ende, la suscrita está obligada a velar por su acatamiento en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo, además de que en caso de incumplir con lo aquí ordenado se puede dar lugar a que se proceda en términos del Título Quinto, Capítulo III, de la citada legislación, e incurrir en el delito previsto en el artículo 262, fracción III, del mismo cuerpo legal, el cual prevé una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, por desobedecer un auto de suspensión debidamente notificado, con independencia de cualquier otro delito en el que se incurra. Además, de que, de conformidad con el numeral 66 de la Ley de Amparo, podrá ordenarse de oficio la apertura del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, previsto por el artículo 206 de la ley en cita. VI. Ratificación de demanda. A fin de lograr la ratificación de la demanda, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado para que se constituya en las instalaciones de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Durango y en el acto de la notificación del presente auto, los requiera para que manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo presentada a su favor, o lo hagan por escrito en el término de tres días, apercibidos que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de la Materia; además, para que haga constar el estado que guarda la integridad física de los directos quejosos. V. Se gira exhorto. Tomando en consideración que del análisis de la demanda de amparo se advierte que los quejosos se encuentran detenidos en la Estación Migratoria en Guadalupe, Nuevo León; por tanto, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remítase exhorto vía electrónica al JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CON RESIDENCIA EN MONTERREY, EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, le notifique el presente auto a la parte quejosa, y los oficios de la suspensión de plano concedida a las autoridades responsables. Por lo anterior, resérvese acordar lo que corresponda en relación con la admisión de la demanda de amparo indirecto hasta en tanto sea diligenciado lo anterior. VI. Autorizado de la parte quejosa. Ténganse como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ángel de Jesús Corona Guerrero, quien cuenta con su cédula profesional registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. VII. Solicitud de consulta del expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Como lo solicita la parte promovente, con fundamento en los artículos 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza consultar el expediente electrónico en la forma propuesta, a través de usuario "*****", asimismo, como lo peticiona expresamente, practíquensele las notificaciones de carácter personal vía electrónica. Se comisiona al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que en dicho sistema ingrese los usuarios respectivos para tales efectos. VIII. Tramitación del juicio en línea. De conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, lo que incluye a las autoridades responsables, para continuar con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). IX. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. X. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. XI. Solicitud de copias. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, como lo solicita el quejoso expídasele a su costa copia certificada del presente proveído, previa razón que de su recibo se deje en autos. Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente XII. Firma del presente acuerdo. Por otro lado, se hace del conocimiento que el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, serán firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica y en casos extraordinarios, previa justificación, se podrá utilizar la firma autógrafa, en términos de lo dispuesto por el aludido Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase.

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