Charlotte Tamayo Sierra

Expediente 237/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
237/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • Charlotte Tamayo Sierra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diez de junio de dos mil veintidós. Acusa recibo Agréguese el oficio signado por la Magistrada Presidente y Titular de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, a través del cual acusa recibo del diverso 8922/2022 de uno de abril del año en curso, por medio del cual le fue remitido el expediente 961/2018 de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante quien actúa asistido, del licenciado Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, uno de abril de dos mil veintidós. Autoridad solicita devolución. Agréguese a los autos los oficios signado por el Magistrada Presidente y Titular de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, mediante el cual solicita la devolución del expediente 961/2018-1, de su índice. Devolución de constancias. Atento, a lo anterior y toda vez que en proveído de doce de noviembre de dos mil veinte, causó estado el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Charlotte Tamayo Sierra, por tanto, devuélvase a la Magistrada Presidente y Titular de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el expediente 961/2018-1, que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Julio César López Céspedes, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, doce de noviembre de dos mil veinte. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído del veintitrés de septiembre de dos mil veinte (fojas 99 a 104), en el que desechó la demanda de amparo promovida por Charlotte Tamayo Sierra, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se ordena archivo. En relación al cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión de los autos, se ordena destruir las copias con las que se integró el mismo, a excepción de las constancias originales las cuales deberán glosarse al presente asunto. Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE DESECHADO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Plazo de conservación. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos al no obrar éstos en autos.

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Razón actuarial, se ordena notificar por lista de acuerdos. Agréguese a los autos la razón de cuenta levantada por el actuario adscrito a este juzgado, en atención a su contenido, téngasele manifestando la imposibilidad de notificar a la parte quejosa, los proveídos de veintitrés de septiembre y veintiuno de octubre de dos mil veinte, emitidos en el presente juicio, por los motivos que indica en la misma. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificar al referido quejoso las citadas determinaciones, así como el presente y subsecuentes notificaciones -aún las de carácter personal-, por medio de lista de acuerdos, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Jorge Vallejo Rivera, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe. ACUERDO DEL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE: Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de septiembre de dos mil veinte. Tribunal de alzada declina competencia. Agréguese a los autos el escrito signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; a través del cual, remite los autos del juicio de amparo en que se actúa, la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 307/2019, de su índice, así como las constancias relativas al recurso de revisión 961/2018, del índice administrativo de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Expídase el acuse de recibo correspondiente. Ahora bien, en cumplimiento al fallo de la superioridad, este órgano Jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo que promueve Charlotte Tamayo Sierra, contra actos de la Magistrada de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Se desecha demanda de amparo. Con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte promovente deriva de que el acto reclamado no produce efectos de imposible reparación al quejoso, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En ese sentido, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Como cuestión previa, cabe señalar que el acto reclamado en esta instancia constitucional debe catalogarse como un "acto en juicio", en virtud de que consiste en el acuerdo de cuatro de enero de dos mil diecinueve, dictado por el Magistrado adscrito a la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, dentro del recurso de revisión radicado con el número de expediente 961/2018, por virtud del cual se declaró la terminación de dicho procedimiento por causa sobrevenida. Respecto al recurso de revisión previsto en los artículos 124 a 132 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, ahora Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito judicial, determinó que dicho recurso, a pesar de denominarse de revisión y registrarse en la práctica el expediente respectivo como toca administrativo, no constituye una segunda instancia, ni un recurso, sino un juicio para reclamar la nulidad de un acto administrativo, en el cual se otorga garantía de audiencia a las partes, y de él conoce una autoridad judicial, como lo es la Sala Electoral-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de conformidad con los citados preceptos legales y del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual, en materia procesal, es de aplicación supletoria a la citada ley, pues así lo establece el segundo párrafo de su artículo 3o. Dicho criterio se encuentra en la tesis XXVIII.1 A, consultable en la página 1610, con número de registro 181878, Tomo XIX, Marzo de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del contenido siguiente: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA. CONFORME A SU NATURALEZA JURÍDICA ES PROPIAMENTE UN JUICIO DE NULIDAD. El recurso que se encuentra previsto en los artículos 124 a 132 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, a pesar de denominarse de revisión y registrarse en la práctica el expediente respectivo como toca administrativo, no constituye una segunda instancia, ni un recurso, sino un juicio para reclamar la nulidad de un acto administrativo, en el cual se otorga garantía de audiencia a las partes, y de él conoce una autoridad judicial, como lo es la Sala Electoral-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de conformidad con los citados preceptos legales y del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual, en materia procesal, es de aplicación supletoria a la citada ley, pues así lo establece el segundo párrafo de su artículo 3o." Ahora, sobre los actos cuyos efectos son de imposible reparación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que, al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ahora, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de garantías bi-instancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, visible a página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Lo anterior, resulta relevante en este asunto, pues el acto reclamado en el presente juicio consiste en "la resolución de fecha cuatro de enero de dos mil diecinueve, que me fue notificada el día trece de marzo de dos mil, diecinueve, dictada por la Magistrada de la Primera Ponencia integrante y Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, dentro del Recurso de Revisión número 961/2018, por medio del cual se declara la terminación del procedimiento por causa sobrevenida." Como puede verse, el acuerdo que reclama sólo tiene efectos meramente procesales y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, por lo que debe decirse que dicho acto no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Ello es así, básicamente porque se advierte, que mediante acuerdo de nueve de febrero de dos mil dieciocho, la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa 93/2017/DJ/DRA, determinó admitir unas pruebas y desechar otras de la impetrante de amparo, en consecuencia, la aquí quejosa, interpuso recurso de revocación, el cual quedó registrado con el número R.REV. 11/2018/DJ/DRA, del índice de dicha autoridad, la cual, por resolución de nueve de marzo de dos mil dieciocho, confirmó el acuerdo recurrido de desechamiento de pruebas. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso de recurso de revisión ante la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, quedando registrado bajo el toca administrativo 99/2018, el cual, al extinguirse dicha autoridad, fue radicado por la aquí responsable con el número 961/2018, el cual, mediante determinación de cuatro de enero de dos mil diecinueve, se declaró la terminación de dicho procedimiento por causa sobrevenida, por los motivos ahí expuestos. En esa línea y en concordancia con lo expuesto por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en el juicio de amparo directo 307/2019, se advierte que el acto que impugnado en esta vía deriva de un tema que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, toda vez que al tratarse de una resolución que tiene como origen un acuerdo que determina desechar pruebas, no puede considerarse un acto de imposible reparación. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Atender protocolos y lineamientos de salud. Finalmente, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Jorge Vallejo Rivera, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.LGVR ACUERDO DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE: Se ordena notificar a quejoso. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el veintitrés de septiembre de dos mil veinte (fojas 99 a 104), se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, remitiendo los autos del juicio de amparo en que se actúa, por lo que este juzgado, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, en la cual se desechó por ser notoriamente improcedente. Por tanto, se ordenó notificar a personalmente el auto de veintitrés de septiembre del año en curso; sin embargo, a la fecha no obra la constancia de notificación respectiva al quejoso ********************. En consecuencia, a fin evitar mayores dilaciones, notifíquese personalmente la quejoso ********************, el contenido del auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte. Se requiere a actuario. Derivado de lo anterior, requiérase al Actuario coordinador adscrito a este órgano jurisdiccional a efecto de que informe el nombre del actuario encargado de las notificaciones faltantes, citadas en párrafos precedentes, asimismo, para que manifieste el motivo por el cual no se practicaron las mismas.

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