Charlie Rafael Chan Huchin
Expediente 1085/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1085/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Charlie Rafael Chan Huchin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que el citado auto que sobreseyó en este juicio fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente derivado del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo antes citado, se determina que el incidente de suspensión derivado del presente expediente, es susceptible de conservación. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio y anexo en copia certificada, remitidos por el Juez del Tribunal Primero Laboral del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, mediante el cual informa que las partes en el juicio laboral 148/2023, llegaron a un convenio por así convenir a sus intereses, dando por terminada la controversia laboral entre ellas. Al efecto, la suscrita juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que reclama la quejosa, aun cuando subsiste, no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Al respecto, el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo en vigor dispone: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y [.]." En efecto, en la especie, el quejoso reclama la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio laboral 148/2023, en la cual no se accedió a su petición de llamar a diversas personas como terceros interesados dentro del juicio controvertido. Ahora bien, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conviene tener presente que generalmente la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, siendo el juicio de amparo un medio de control constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta al principio de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII del numeral 61, de la Ley de la Materia, antes transcrita, en la cual el legislador tomó en consideración que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime violado; o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, o porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación. En ese tenor, en el caso concreto, la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias del expediente de origen, que revelan que el catorce de agosto de dos mil veintitrés el Tribunal responsable aprobó el convenio de siete de agosto del año en curso, suscrito por el quejoso Charlie Rafael Chan Huchim, por conducto de su apoderado Gabriel Humberto Cabrera Araujo y la parte demandada en dicho juicio, lo elevó a la categoría de sentencia y ordenó el archivo del asunto. Lo antes expuesto actualiza la causal de improcedencia en estudio, porque a nada práctico conduciría el estudio de los actos reclamados, pues ha quedado superado con la celebración del convenio entre las partes del juicio de origen, que precisamente tiene como fin dar por terminado el conflicto de trabajo. Sobre el particular, norma este criterio la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, correspondiente a diciembre de 2006, página 189, Novena Época; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En esas condiciones, es inconcuso que se surte la improcedencia del juicio contenida en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, es procedente sobreseer en el mismo, acorde a lo dispuesto por la diversa fracción V del artículo 63 de la legislación referida. Por consiguiente, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos el oficio y anexo en copia certificada, remitidos por el Juez del Tribunal Primero Laboral del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, con el cual da cumplimiento al requerimiento que se le efectuó en proveído de diecisiete de julio del presente año; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, dese vista a las partes en este asunto con dichas documentales por el término de tres días, y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Atento a lo anterior, déjese sin efectos el apercibimiento decretado a dicha autoridad, en virtud a lo señalado en líneas precedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/3650/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial de cuenta, de la que se advierte que aún se encuentra transcurriendo el termino otorgado al Tribunal Primero Laboral del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, a fin de que remita las constancias solicitadas en auto de diecisiete de julio de la presente anualidad; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nueva hora y fecha para su celebración a las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/3650/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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