Charbel Feliciano Beltran Salto
Expediente 989/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 989/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/12/2023
Partes del expediente
- Charbel Feliciano Beltran Salto
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a cinco de diciembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de ser DESTRUIDO, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción. Asimismo, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Charbel **********, por propio derecho, contra los actos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades, regístrese con el número de juicio 989/2023-IV; y, genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de Litis De la lectura de la demanda que se atiende, se advierte que en el apartado de actos reclamados, la parte quejosa, además de éstos, expuso diversas manifestaciones tendentes a atacar la legalidad de los mismos, a saber: "III.- ACTOS RECLAMADOS LA COMPARENCIA, LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD LA INCONSTITUCIONALIDAD DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE ASUNTOS MERAMENTE ADMINISTRATIVOS, POR PARTE DE LA FISCALÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS, SE DECLARE LA INCOMPETENCIA PARA CONOCER DE ASUNTOS MERAMENTE ADMINISTRATIVOS, POR PARTE DE LA FISCALÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS.". En consecuencia, a partir del análisis integral del escrito inicial que se atiende, se fijan como actos reclamados en el presente sumario, los siguientes: La citación a la audiencia inicial de cuatro de diciembre de dos mil veintitrés (comparecencia), correspondiente a la carpeta judicial **********, seguida en contra del aquí quejoso por el hecho que la ley señala como delito de prevaricación; y, Su ejecución (que el quejoso percibe como privación de la libertad). Ahora, respecto a las manifestaciones consistentes en "LA INCONSTITUCIONALIDAD DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE ASUNTOS MERAMENTE ADMINISTRATIVOS, POR PARTE DE LA FISCALÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS; y SE DECLARE LA INCOMPETENCIA PARA CONOCER DE ASUNTOS MERAMENTE ADMINISTRATIVOS, POR PARTE DE LA FISCALÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS."; las mismas, se tendrán únicamente como conceptos de violación en el presente sumario, toda vez que dichas manifestaciones -se itera- entrañan calificativos y situaciones tendentes a combatir la legalidad de los actos reclamados, por lo que únicamente serían analizadas al momento de resolver el fondo del juicio de amparo, en su caso. IMPROCEDENCIA Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, dicho precepto dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Asimismo, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la procedencia del juicio de derechos, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse preferentemente. En ese sentido, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los interese jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". La causal de improcedencia citada, interpretada en sentido contrario, establece que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, conforme a lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, considerando al efecto, que el perjuicio es la afectación o lesión de un derecho legítimamente tutelado, provocada por la actuación de la autoridad, y que otorga al interesado que sufre de manera directa el perjuicio efectivo, la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que dicho derecho protegido por la ley no le sea violado o para que le sea reparado, perjuicio que, en todo caso, se requiere para la procedencia del juicio de derechos, que de no acreditarse, la acción constitucional resulta improcedente, es decir, para que sea procedente la demanda presentada por el impetrante, es necesario que hubiere sufrido de manera directa un agravio, lesión, afectación o perjuicio a los derechos o intereses de los cuales fuere titular. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues la parte quejosa carece de interés jurídico para reclamar los aludidos actos, ya que no tiene incorporado a su esfera jurídica el derecho a oponerse a que la autoridad responsable la cite a la audiencia inicial donde se podrá o no formular imputación en su contra, toda vez que se trata de una simple comunicación del Juez, a petición de la autoridad investigadora, en la que se requiere la presencia de la justiciable para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y que no incide directamente en su libertad personal; es decir, se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta su libertad personal. Argumentos que son materia de la siguiente jurisprudencia sobre el tema específico, que resolvió en contradicción de tesis la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.". En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por manifiesta e indudable improcedencia. Domicilio Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda. Correo electrónico Ahora, en relación a la solicitud de que sea notificado a través del correo electrónico y número de teléfono que proporciona, no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que la Ley adjetiva no prevé dichos medios y el mismo solo se tendrán como dato de contacto, con la finalidad de que sean utilizados por el personal de este órgano de control constitucional, únicamente en caso de ser necesario. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copia simple o certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese; y, personalmente.
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