Chantal Jessica Gutiérrez León

Expediente 292/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
292/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/06/2021

Partes del expediente

  • Chantal Jessica Gutiérrez León

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede que no se recurrió el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales V.M.G., en contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo otras autoridades, para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Finalmente, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, mediante el cual informa las gestiones tendientes para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada dentro del juicio de garantías en que se actúa. En el entendido que una vez recepcionado el informe que rinda el Banco Nacional de México integrante de Grupo Financiero Banamex (Citibanamex), así como los diversos medios de prueba ofrecidos, lo deberá hacer saber a la brevedad a este Juzgado Federal. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193, 195 y 197 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la ciudad de México (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis), en términos de los numerales 238 y 258 del citado ordenamiento; además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y la consignación. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***, por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales ***, en contra actos del Procurador General de Justicia dl Estado de Hidalgo otras autoridades REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 292/2021-II, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por Chantal Jessica Gutiérrez León, por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales V.M.G., al advertirse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso "b", de la Constitución Federal, que establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan [...]" Ley de Amparo "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior [.] Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Las disposiciones constitucional y legal transcritas se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados; lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Sin que exista obligación de agotar tales medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. Por lo que, para que opere el principio de definitividad, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley, mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad y suspenda el acto; lo cual, acontece tratándose de las omisiones del ministerio público en la etapa de investigación, toda vez que el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen el derecho de la víctima u ofendido a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones en que incurra el ministerio público en el desempeño de su labor investigadora de los delitos, en los términos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones legales aplicables. Por su parte, de dicho código nacional, en su artículo 258 se desprende que en contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el juez de control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, dicho juez citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. De ahí que, de la interpretación sistemática de tales preceptos, se desprende que la víctima u ofendido puede impugnar las omisiones en que incurra el ministerio público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, por tanto, previamente a promover la acción de amparo, deberá agotarse ese medio de impugnación. Lo anterior, con la finalidad de que sea el juez de control quien, de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no; pudiendo en todo caso, la víctima u ofendido, promover juicio de amparo biinstancial en contra de la resolución que emita la autoridad judicial rectora, de así estimarlo conveniente, en virtud de que la decisión del juez de control no admite recurso ordinario alguno. Además, debe precisarse que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral 258 (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del ministerio público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; por lo que, las omisiones del ministerio público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto; además de que, tales actos emisivos deben impugnarse por la víctima u ofendido dentro del plazo de diez días, contados a partir de que tengan conocimiento de la conducta emisiva de la autoridad investigadora, en aras de contribuir con el trámite y resolución ágil del procedimiento penal; en atención a que por especial naturaleza, no se consuman en un momento, sino que se prolongan en el tiempo, mientras no se genere una acción que los haga finalizar. Tales consideraciones se sustentan en la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 945, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017641, que establece: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Así como la Jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 943, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017640, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad.". Ahora, en el caso concreto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte de manera manifiesta e indudable, lo siguiente: Que la parte quejosa tiene el carácter de víctima dentro de la carpeta de investigación con número de caso único (NUC) ***; Que se duele de la omisión de emitir pronunciamiento respecto del ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación con número de caso único **, solicitado por dicha quejosa el dieciocho de enero de dos mil veintiuno; y, c) Que acude directamente al juicio de amparo sin que previamente haya agotado el recurso innominado previsto en el artículo 258 precitado, toda vez que de los antecedentes de su libelo constitucional, los cuales manifestó bajo protesta de decir verdad, no se advierte que así lo hubiere hecho. En razón de lo anterior, no ha lugar a duda que la parte quejosa debe agotar el medio ordinario de defensa ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que cese la omisión de la autoridad ministerial en su facultad investigadora, por medio del recurso previsto en el citado precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; pues no se actualiza ningún motivo de excepción de los contemplados en el numeral 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Máxime, que dicha circunstancia fue analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existiendo jurisprudencialmente el reconocimiento de un recurso ordinario contra actos como el planteado en el caso concreto, sin que haya lugar a diversa interpretación ni mucho menos la inaplicación de la misma por un órgano de menor grado, dada su obligatoriedad de conformidad con el artículo 217 de la ley de la materia. Resulta aplicable, por las razones jurídicas que informa, la tesis jurisprudencial 2a./J. 86/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2017808, de rubro y texto siguientes: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla.". Por lo anteriormente considerado, con fundamento en los artículos 113, en relación con el 61, fracción XX de la Ley de Amparo, se desecha por notoria e indudablemente improcedente la presente demanda de amparo. Cabe precisar que la que suscribe no desconoce la reforma constitucional que integró el principio pro persona consagrado en el artículo 1º de la Norma Fundamental en el País, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once; sin embargo, ello no significa que se soslayen los requisitos de procedencia previstos por la legislación que rige el juicio de amparo, lo anterior, debido a que las formalidades procesales son la vía que hace posible un correcto procedimiento que derive en una adecuada resolución, esto es, el estado de vulnerabilidad que pudiera presentar un quejoso no es obstáculo para ignorar las reglas y principios que rigen el juicio de control constitucional. En ese sentido, al operar la hipótesis de improcedencia abordada, no es factible que deba resolverse conforme con las pretensiones del impetrante de derechos humanos, ya que previamente al análisis de fondo de la cuestión planteada deben observarse las reglas procesales de la institución del amparo, ello en virtud que en todo proceso o procedimiento existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, como son las formalidades previstas por ley que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas, aun cuando el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, el hecho que en el orden jurídico interno se prevean requisitos formales y presupuestos necesarios para su procedencia -como en el caso particular-, no se estima que se vulnere en contra del accionante su derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, como lo es el amparo, ya que puede acudir ante la autoridad judicial responsable para reclamar sus pretensiones. Esto es, aunque el principio pro persona implique que las cuestiones planteadas por los gobernados deban resolverse de manera más favorable a sus pretensiones, ello no implica ignorar las reglas de derecho aplicables en el ordenamiento jurídico inter, como son las reglas de procedencia del amparo indirecto. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1ª./J.10/2014 (10ª,) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 487, Libro 3, correspondiente al mes de Febrero de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional, Décima Época, que establece lo siguiente: GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales Aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Así como la jurisprudencia 1ª./J. 104/2013 (10ª.), sustentada por la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, Libro XXV, correspondiente al mes de Octubre de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Décima Época, del tenor literal siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." DOMICILIO y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta; y, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, , por tener registrada su cédula profesional en el Sistema de Consulta del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que, deberán solicitar a este Juzgado de Distrito, la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma, u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Ahora, tomando en consideración la trascendencia del presente proveído, se comisiona al actuario de la adscripción para que realice la notificación encomendada. Ello, en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Empero, a efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentren adscritos a este juzgado, se determina que cuando se trate de alguna notificación que, por sus características implique un peligro de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID19), la persona a notificar no debe estampar su firma en la constancia respectiva y únicamente el actuario debe hacer constar la manera en la que se cercioró de que es la persona indicada, así como, en su caso, las circunstancias en la que se encuentra. En ese contexto, tomando en consideración la trascendencia del presente proveído, se comisiona al actuario de la adscripción para que realice la notificación encomendada. Ello, en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Empero, a efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentren adscritos a este juzgado, se determina que cuando se trate de alguna notificación que, por sus características implique un peligro de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID19), la persona a notificar no debe estampar su firma en la constancia respectiva y únicamente el actuario debe hacer constar la manera en la que se cercioró de que es la persona indicada, así como, en su caso, las circunstancias en la que se encuentra. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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