Chankin Chambor Chambor

Expediente 1307/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1307/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
07/09/2023

Partes del expediente

  • Chankin Chambor Chambor

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto, el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 22512/2023, de nuestra estadística e informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por ********************, representante legal de ********************, apoderado legal y comunero del pueblo Lacandon, parte quejosa en el juicio agrario ********************, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Tercer Distrito en esta ciudad, contra el auto emitido el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en el presente juicio, recayéndole el número 527/2023. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta; asimismo, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo anterior, quedando a la espera de lo que resuelva la superioridad. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Alejandra Castillo Joachín, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Vistos I. El oficio signado por el Director de Asuntos Federalizados de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, por medio del cual rinde informe del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva; además, señala domicilio, delegados y exhibe constancias en apoyo al mismo. Asimismo, solicita el acceso al expediente electrónico, señalando para tales efectos los usuarios "****", "*****" y "*****". II. El oficio signado por el Coordinador General de Administración Federalizada de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva; además, señala domicilio, delegados y exhibe constancias en apoyo al mismo. Al efecto, se acuerda: En Atención a los consecutivos I y II, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósense a los autos los oficios y anexos de cuenta. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208, fracción II, de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los mismos, y por ofrecidas las pruebas que adjuntan a su informe de cuenta, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, sin perjuicio de obrar digitalizadas en el expediente electrónico y que serán valoradas en el momento procesal oportuno, así como la instrumental de actuaciones que ofrece la autoridad responsable Director de Asuntos Federalizados de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas. Relaciónense en la audiencia relativa al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión. De igual forma, de conformidad con en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que mencionan y como domicilios para oír y recibir notificaciones, el que señalan en su comunicación. Finalmente en atención a la petición efectuada por la autoridad responsable Director de Asuntos Federalizados de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se autoriza la consulta electrónica del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, se instruye al Oficial Judicial "A", en la hipótesis de encontrarse registrado, dar de alta en el presente juicio a los usuarios "****", "***" y "****", para consultar de manera electrónica el presente juicio. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vista; la demanda de amparo promovida por ********************, representante legal de la parte actora en el juicio agrario ********************, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Tercer Distrito en esta ciudad, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo con las constancias que exhibe consistentes en las audiencias de veintiuno de junio y dos de agosto de este año, llevadas a cabo en el juicio agrario en comento; contra el acto y autoridad que indica Lo anterior, al tenor de la jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA PREVENCIÓN A QUIEN PROMUEVE LA DEMANDA OSTENTÁNDOSE COMO APODERADO DEL ACTOR EN EL JUICIO LABORAL PARA QUE LA ACREDITE, NO OBSTANTE QUE EXHIBIÓ COPIA SIMPLE DEL ACUERDO DONDE SE LE RECONOCIÓ TAL CARÁCTER POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ES ILEGAL. Hechos: En un juicio de amparo indirecto el Juez de Distrito requirió a quien se ostentó como apoderado del actor en el juicio laboral para que acreditara su personalidad, no obstante que exhibió copia simple del acuerdo donde la autoridad responsable le reconoció tal carácter. Contra esa determinación aquél interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que la determinación por la que el Juez de Distrito previene a quien promueve la demanda de amparo indirecto ostentándose como apoderado del actor en el juicio laboral para que acredite su personalidad, no obstante que exhibió copia simple del acuerdo donde se le reconoció tal carácter por la autoridad responsable, es ilegal. Justificación: El artículo 11 de la Ley de Amparo dispone que cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable le será admitida, siempre que lo acredite con las constancias respectivas, excepción hecha de la materia penal, y que la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, expresará si el promovente tiene reconocida esa personalidad; por lo que la prevención basada en que el acuerdo exhibido es una copia que no está firmada por la totalidad de los integrantes de la Junta es ilegal, porque para tener por reconocida la representación de quien acude al juicio de amparo no se exigen requisitos formales, aunado a que la autoridad responsable en el informe justificado está obligada a señalar si el promovente tiene el carácter con que se ostenta." REGISTRO. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 1307/2023-II. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones, etcétera) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Para efecto de la admisión de la demanda de amparo, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinara y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145, de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos consistentes en copia simple de las audiencias de veintiuno de junio y dos de agosto de este año, llevadas a cabo en el juicio agrario ********************, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Tercer Distrito en esta ciudad, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La audiencia llevada a cabo el dos de agosto de dos mil veintitrés, en el juicio agrario ********************, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Tercer Distrito en esta ciudad, en la cual la autoridad responsable no admitió a trámite la prueba pericial en antropología social, en virtud de que no tiene relación con la Litis planteada ni era idónea en términos de los artículos 79, 80 y 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Al respecto, tienen aplicación los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dicen: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En razón de lo anterior, se estima que en este asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Dicha aseveración obedece a que el acto reclamado, tiene su origen en un acto intraprocesal, esto es, un acto dentro de juicio que puede repararse a través de una sentencia favorable que llegue a pronunciarse en el asunto de origen y que por lo mismo no se ha consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate, ni tampoco se trata de un acto que sea de imposible reparación. El juicio, para efectos del amparo, inicia con la presentación de la demanda y termina con la sentencia definitiva ejecutoriada o ejecutoria; de manera que todos los actos procesales verificados en el periodo comprendido entre esas dos actuaciones deben considerarse como "actos dentro del juicio". Así, contra los actos dentro de juicio que solamente tengan efectos intraprocesales será improcedente el juicio de amparo indirecto, pues pueden ser reparadas aquellas violaciones al dictarse la sentencia correspondiente y en caso contrario, se pueden reclamar en amparo directo que se promueva contra esta última, en términos de los artículos 170, fracción I y 174, de la Ley de Amparo. Ahora, los actos que en esta instancia se reclaman, no tienen efectos de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, ello porque, en el caso particular la parte quejosa reclama del Tribunal Unitario Agrario del Tercer Circuito, en esta ciudad, la resolución de dos de agosto de este año, emitida en el juicio agrario ********************, de su índice, en la que determinó no admitir a trámite la prueba pericial en antropología social, en virtud de que asevera no tiene relación con la Litis planteada ni era idónea en términos de los artículos 79, 80 y 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pericial que la parte promovente sostiene le resultaría favorable, ya que, acreditaría que pertenecen a un grupo indígena que se rige por sus propios usos y costumbres lo cual tiene relación con sus hechos planteados en la demanda; sin embargo, dicha resolución tiene aspectos meramente procesales, pues si bien la consecuencia de tal determinación, es no desahogar dicha probanza, lo cierto es que ello no da pauta en automático a obtener una sentencia adversa a sus intereses, ya que con independencia de esa prueba la autoridad responsable debe analizar la procedencia de la acción, con el restante cumulo probatoria aportado por las partes. Por lo que se estima que el acto reclamado no produce en contra de los promoventes una afectación material a derechos sustantivos; pues no impide en forma actual, el ejercicio de un derecho, contrario a ello, sólo produce una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por las razones que las informan, resultan ilustrativas las Jurisprudencias de rubros y textos siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. (Énfasis añadido)." Lo anterior, debido a que la parte quejosa se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, pues el acto deriva de un juicio del cual es parte y aun cuando alegue violación a los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, ya que tiene su origen durante la etapa del procedimiento del juicio de origen y, por ende, la demanda de amparo que nos ocupa, es notoriamente improcedente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII, del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, pues dicha actuación repercute únicamente en los derechos adjetivos de las partes, no así en sus derechos sustantivos y, en todo caso, podrían ser materia de amparo directo en caso de que el juicio de origen concluya con una resolución contraria a sus intereses. Así, aplicando lo expuesto al caso de nuestra atención, tenemos que la audiencia impugnada no es de naturaleza irreparable, sino que resulta ser una violación a las leyes del procedimiento, en términos del artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues el resultado del mismo, en todo caso, tendría repercusión directa en los derechos adjetivos de las partes; por tanto, se reitera que el acto reclamado no es de imposible reparación. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito correspondiente, siempre que, como ya se dijo, afecte la defensa de la parte quejosa y trascienda al resultado del fallo adverso. Por el contenido jurídico que la orienta, es aplicable al caso la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción XVIII, ibídem, resulta improcedente el juicio de garantías promovido contra el acuerdo que desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso que denegó la designación de perito tercero en discordia, al no tener aquél una ejecución de imposible reparación, precisamente porque se trata de una violación a las leyes que rigen el procedimiento, reclamable al través del juicio de amparo directo, en el supuesto de que trascienda al resultado del fallo con afectación a las defensas del quejoso." Sin que obste que en la especie asista la figura de la suplencia de la queja en favor un grupo agrario que se auto adscribe como indígena, en términos del numeral 79, fracción lV, de la Ley de Amparo; sin embargo, dicha figura, que es el análisis oficioso en la deficiencia argumentativa de los conceptos de violación, no autoriza a esta potestad a admitir una demanda de amparo notoriamente improcedente. Ello, porque si bien es cierto, el juicio de derechos fundamentales, cumple con las características de un recurso judicial efectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no implica soslayar los requisitos de procedencia y efectividad del juicio de amparo, pues tal circunstancia es obligatoria para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo. Sobre este tema, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 12/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, de la Décima Época, con registro 2010984, intitulada: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. De la interpretación del precepto citado, un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. En este sentido, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cuanto a la idoneidad y la razonabilidad del juicio de amparo, la Corte Interamericana reconoció que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En esa misma tesitura, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo." Máxime que como se sostiene en párrafos precedentes la parte quejosa puede interponer amparo directo contra la sentencia que en su momento se dicte en el juicio agrario ********************, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Tercer Distrito en esta ciudad, en caso de que está no le sea favorable a sus intereses. Los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del asunto controvertido, lo cual resulta indudable, habida cuenta de que, no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por los motivos expuestos es procedente desechar de plano la demanda de garantías, promovida por por ********************, representante legal de la parte actora en el juicio agrario ********************, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Tercer Distrito en esta ciudad, de conformidad con el artículo 113, de la ley de la materia, dado que la causal de improcedencia en mención, es notoria y manifiesta. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Háganse las anotaciones respectivas en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizados para tales efectos a las personadas que menciona, por así haberlo solicitado. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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